El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para enfrentar a la corrupción administrativa. / Tesis

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE). / Tesis

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción. / Tesis

Aborda el problema de la falta de tipificación de las infracciones constitucionales en el juicio político peruano. Para ello, hace un análisis de la acusación constitucional expresada en el antejuicio y el juicio político, en el desarrollo de esta figura jurídica en la doctrina nacional y comparada, así como en la legislación peruana y extranjera, como también en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido en el Tribunal Constitucional Peruano. Propone, como principal solución, una reforma constitucional y una modificación en el Reglamento del Congreso de la República. / Tesis

La presente investigación, comprende un análisis sobre los efectos que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46° de la Ley N° 27785, emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC, ha ocasionado sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; así como, explorar de manera referencial los efectos que la falta del ejercicio de la potestad sancionadora de dicha Entidad, ha ocasionado respecto a la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional; y, a su vez, realizar un breve análisis respecto a los argumentos planteados en la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31288, que cuestionan la nueva tipificación de las conductas infractoras. Para tal efecto, en la investigación se ha recurrido a la consulta bibliográfica, hemerográfica, documental, normativa, así como a la búsqueda en recursos de internet, tales como blogs y noticias. Como conclusiones de la investigación, se tiene que no obstante el reconocimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría, dicha Entidad no ha podido sancionar a los servidores y funcionarios públicos que incurrieron en inconducta funcional por más de dos años; que los procedimientos administrativos sancionadores que estaban en trámite, han debido ser concluidos por la imposibilidad jurídica de continuarlos; que en el lapso de tiempo en que la Contraloría no pudo ejercer su facultad sancionadora, miles de funcionarios públicos involucrados en inconductas funcionales, no han podido ser sancionados, ocasionándose perjuicio para la Administración Pública; y, que el análisis de la nueva tipificación de las infracciones introducidas por el TC, debe realizarse caso por caso y teniendo en cuenta la definición de conceptos jurídicos indeterminados y la tipificación indirecta. / This investigation includes an analysis of the effects that the declaration of unconstitutionality of Article 46 of Law No. 27785, issued by the Constitutional Court in File No. 00020-2015-PI / TC, has caused on the sanctioning capacity of the Government Accountability Office; as well as, to explore in a referential way the effects that the lack of exercise of the sanctioning capacity, has caused regarding the fight against corruption and functional misconduct; and, in turn, carry out a brief analysis of the arguments raised in the unconstitutionality claim against Law No. 31288, which question the new classification of the offending conducts. For this purpose, the research has resorted to the bibliographic, hemerographic, documentary, and normative consultation, as well as the search in internet resources, such as blogs and news. As conclusions of the investigation, it is necessary to say that despite the recognition of the sanctioning capacity of the Government Accountability Office, this Entity has not been able to sanction the public servants and officials who incurred in functional misconduct for more than two years; also, the administrative sanctioning procedures that were in process must have been concluded, due to the legal impossibility of continuing them; moreover, in the period of time in which the Government Accountability Office was unable to exercise its sanctioning capacity, thousands of public officials involved in functional misconduct have not been able to be sanctioned, causing damage to the Public Administration; and, in addition, the analysis of the new classification of the infractions introduced by the Constitutional Court, must be carried out on a case-by-case, and taking into account the definition of undetermined legal concepts and the indirect typing.

La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para enfrentar a la corrupción administrativa.

La información que llega a las personas de a pie sobre corrupción, falta de ética, comportamiento amoral o abiertamente inmoral de algunos servidores y funcionarios públicos puede provocar, por un lado, indignación, que se expresa en sentimientos de rabia y diferentes formas de protesta; y, por otro lado, desinterés y hasta desprecio por los asuntos públicos. / Tesis

En septiembre del 2017 se aprobó en nuestro país la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, siendo uno de sus objetivos específicos “Instalar y consolidar la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de Intereses en la Administración Pública”, estableciendo como meta contar con un marco normativo que regule la gestión de los conflictos de interés y la gestión de intereses en nuestro país. En diciembre del 2019 se estableció la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de funcionarios y servidores públicos, así como de aquellos que desempeñan función pública y otros, además de otras disposiciones. A partir de estas normativas, se implementó la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, la cual alberga las declaraciones presentadas por todos los funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, las cuales son públicas. Cabe resaltar que la declaración jurada de intereses es un instrumento que busca prevenir posibles conflictos de intereses en el Estado, toda vez que se trasparentan los vínculos familiares, personales y empresariales de funcionarios y servidores públicos. El presente proyecto de innovación aborda la problemática referida a que funcionarios y servidores públicos competentes, así como la ciudadanía no puedan acceder a opciones de búsqueda en la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, para poder identificar posibles conflictos de intereses en la administración pública. En ese sentido, la propuesta de innovación es una mejora a la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses a fin de que sea una herramienta capaz de identificar posibles conflictos de intereses y puedan gestionarse adecuadamente, a la par de poder obtener data estadística que permita conocer el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas, el historial de riesgos de conflictos de intereses de los funcionarios y/o servidores públicos, así como la variabilidad de información contenida en las declaraciones presentadas por los mismos. Este sistema sería utilizado por dos usuarios: i) oficinas institucionales (oficinas de recursos humanos y logística) y ii) ciudadanos. En las entrevistas realizadas ha quedado evidenciada la deseabilidad de contar con estos servicios para que puedan efectuar un mejor filtro y evitar la búsqueda manual o de revisión de cada declaración jurada, así como para conocer si la gestión de las autoridades de está efectuando adecuadamente y no por intereses personales o de terceros. Asimismo, se ha visto que los servicios que se proponen resultan factibles y viables, considerando que existe una base de datos de respaldo y la línea del Estado en la prevención y lucha de actos de corrupción, lo cual ha llevado a que se invierta en el fortalecimiento tecnológico.