La colusión es un delito de infracción de deber tipificado en el artículo 384° del Código Penal peruano que ha sido interpretado de diversas maneras por los operadores de justicia, así como por la doctrina. Sin embargo, pese a su estudio constante no se ha logrado uniformizar la interpretación sobre sus alcances. Tal es el caso de la Casación N° 542-2017 Lambayeque, en la cual los magistrados no llegaron a un consenso sobre la delimitación e interpretación del tipo penal, por ello la aplicación a los hechos resulta discutible, ya que con diversas posturas se puede llegar a soluciones disímiles. Por lo tanto, dado el análisis respectivo se llega a la conclusión de que el bien jurídico aplicable al delito de colusión es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Asimismo, los supuestos del artículo 384° de la citada norma constituyen dos modalidades, una colusión simple y otra agravada. De lo cual, para configurar la primera se requiere de una concertación donde existe un peligro potencial al patrimonio del Estado, mientras que, para la colusión agravada, se requiere de un resultado que implica el perjuicio patrimonial efectivo y cuantificable. Así, en el caso debió probarse la sobrevaloración económica o perjuicio patrimonial para imputar a los procesados el delito de colusión agravada. / Collusion is a crime of infringement of duty typified in Article 384 of the Peruvian Penal Code, which has been interpreted in various ways by justice operators, as well as by doctrine. However, despite its constant study, it has not been possible to standardize the interpretation of its scope. Such is the case of Cassation No. 542-2017 Lambayeque, in which the magistrates didn’t reach a consensus on the delimitation and interpretation of the criminal type, therefore the application to the facts is debatable, since with different positions it is possible come up with dissimilar solutions. Therefore, given the respective analysis, it has concluded that the legal good applicable to the crime of collusion is impartiality in the contractual activity of the State. Likewise, the cases of article 384 of the aforementioned rule constitute two modalities, a simple collusion and an aggravated one. From which, to configure the first, a concertation is required where there is a potential danger to the State's assets, while, for aggravated collusion, a result that implies effective and quantifiable patrimonial damage is required. Thus, in the case, the economic overvaluation or patrimonial damage had to be proven to charge the defendants with the crime of aggravated collusion.

En septiembre del 2017 se aprobó en nuestro país la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, siendo uno de sus objetivos específicos “Instalar y consolidar la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de Intereses en la Administración Pública”, estableciendo como meta contar con un marco normativo que regule la gestión de los conflictos de interés y la gestión de intereses en nuestro país. En diciembre del 2019 se estableció la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de funcionarios y servidores públicos, así como de aquellos que desempeñan función pública y otros, además de otras disposiciones. A partir de estas normativas, se implementó la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, la cual alberga las declaraciones presentadas por todos los funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, las cuales son públicas. Cabe resaltar que la declaración jurada de intereses es un instrumento que busca prevenir posibles conflictos de intereses en el Estado, toda vez que se trasparentan los vínculos familiares, personales y empresariales de funcionarios y servidores públicos. El presente proyecto de innovación aborda la problemática referida a que funcionarios y servidores públicos competentes, así como la ciudadanía no puedan acceder a opciones de búsqueda en la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, para poder identificar posibles conflictos de intereses en la administración pública. En ese sentido, la propuesta de innovación es una mejora a la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses a fin de que sea una herramienta capaz de identificar posibles conflictos de intereses y puedan gestionarse adecuadamente, a la par de poder obtener data estadística que permita conocer el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas, el historial de riesgos de conflictos de intereses de los funcionarios y/o servidores públicos, así como la variabilidad de información contenida en las declaraciones presentadas por los mismos. Este sistema sería utilizado por dos usuarios: i) oficinas institucionales (oficinas de recursos humanos y logística) y ii) ciudadanos. En las entrevistas realizadas ha quedado evidenciada la deseabilidad de contar con estos servicios para que puedan efectuar un mejor filtro y evitar la búsqueda manual o de revisión de cada declaración jurada, así como para conocer si la gestión de las autoridades de está efectuando adecuadamente y no por intereses personales o de terceros. Asimismo, se ha visto que los servicios que se proponen resultan factibles y viables, considerando que existe una base de datos de respaldo y la línea del Estado en la prevención y lucha de actos de corrupción, lo cual ha llevado a que se invierta en el fortalecimiento tecnológico. / Trabajo de investigación

La presente investigación se justifica en la existencia potencial del fenómeno de la corrupción en la realidad contractual de nuestro país, donde la respuesta estatal se ha enfocado principalmente en la persecución del delito en la vía penal; y en el inadecuado tratamiento contractual por las autoridades competentes al detectar su presencia. Estos hechos vuelven necesario el estudio de la corrupción como fenómeno y su vinculación con el contrato (especialmente donde interviene el Estado), además de conocer cómo reacciona el ordenamiento jurídico a través del estudio de sus remedios clásicos de nulidad y anulabilidad. Los objetivos de la presente investigación son determinar si un contrato que proviene de actos de corrupción es nulo o anulable; establecer si es posible convalidar un contrato que procede de actos de corrupción y si la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción podría convalidarlo. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son el método dogmático, comparativo y funcional. La conclusión principal alcanzada a través de la investigación, es que el contrato celebrado a través de actos de corrupción donde participa el Estado es nulo y no anulable a todos sus efectos; y que el Estado, que siempre cautela los intereses generales de la sociedad, no puede recurrir a la convalidación para darle validez a este tipo de contratos bajo ninguna causal, inclusive a través de la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción.

Este trabajo de investigación analiza la problemática de la aplicación no excepcional de la prisión preventiva por parte de los jueces en procesos de corrupción entre los años 2017 y 2019 en el Perú. Con el objetivo de comprender las razones de tal aplicación no excepcional, la tesis recurre al concepto de la indeterminación de los Estudios Críticos del Derecho para indagar cómo se expresa la indeterminación en la aplicación judicial del arraigo del peligro de fuga en la prisión preventiva, en las decisiones judiciales de la CSNJPE sobre los delitos de corrupción de funcionarios en el período mencionado. Para este análisis socio-jurídico, se desarrolla una metodología cualitativa, cuantitativa y jurisprudencial, así como recurre a la recopilación de información documental y un análisis genealógico de la figura del arraigo. Esta aproximación analítica al tema permite concluir que el arraigo es un elemento jurídico indeterminado en la medida que es objeto de distintas interpretaciones judiciales como fundamento del peligro de fuga. Estas interpretaciones diversas responden fundamentalmente a la finalidad que el juzgador prioriza, como el empleo de la medida cautelar como un instrumento de la política anticorrupción, en lugar de priorizar la finalidad legítima de esta medida, que es garantizar la presencia de la persona imputada durante todo el proceso. / This work analyzes the problem of the non-exceptional application of preventive detention by judges in corruption processes between 2017 and 2019 in Peru. With the aim of understanding the reasons for such non-exceptional application, the thesis resorts to the concept of indeterminacy of Critical Studies of Law to investigate how indetermination is expressed in the judicial application of the rooting of the danger of escape in preventive detention, in the judicial decisions of the CSNJPE on crimes of corruption of officials in the aforementioned period. For this socio-legal analysis, a qualitative, quantitative and jurisprudential methodology is developed, as well as the compilation of documentary information and a genealogical analysis of the figure of roots. This analytical approach to the subject allows us to conclude that roots are an indeterminate legal element to the extent that it is the subject of different judicial interpretations as a basis for the danger of flight. These diverse interpretations fundamentally respond to the purpose that the judge prioritizes, such as the use of the precautionary measure as an instrument of anti-corruption policy, instead of prioritizing the legitimate purpose of this measure, which is to guarantee the presence of the accused person throughout the entire period. the process.

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la Casación Nro. 683- 2018/Nacional, el cual versa sobre el caso de gran corrupción: el “Club de la Construcción”. La referida sentencia presenta elementos complejos que permiten realizar un análisis, con base en la doctrina y jurisprudencia, sobre el momento de la consumación del delito de tráfico de influencias cometido en el marco de una organización criminal a fin de evaluar la prescripción de la acción penal. Para ello, se empleará el método dogmático-jurídico a través del cual se analizarán los fundamentos, conceptos y categorías de las instituciones jurídicas relacionadas con el delito de tráfico de influencias, delito de organización criminal, prescripción de la acción penal, concurso real de delitos, delito medio, entre otros. Es con base a ello, en el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de que la comisión del delito de tráfico de influencias en el marco de una organización criminal no afecta su plazo de prescripción de la acción penal, ya que la participación debe ser analizada de manera independiente del delito de organización criminal, pues éste último ilícito es un delito medio para la comisión de varios delitos contra la administración pública, entre los cuales, se tiene el delito de tráfico de influencias. / The general objective of this legal report is to analyze Cassation Nro. 683- 2018/National, which concerns the case of major corruption: the “Construction Club.” The referred sentence presents complex elements that allow for an analysis, based on doctrine and jurisprudence, of the moment of the consummation of the crime of influence peddling committed within the framework of a criminal organization to evaluate the statute of limitations of the criminal action. For this purpose, the dogmatic-legal method will be used, through which the foundations, concepts, and categories of the legal institutions related to the crime of influence peddling, crime of a criminal organization, statute of limitations of the criminal action, real concurrence of crimes, intermediary crime, among others, will be analyzed. Based on this, the present work has concluded that the commission of the crime of influence peddling within the framework of a criminal organization does not affect its statute of limitations for criminal action, as participation must be analyzed independently of the crime of a criminal organization. This latter offense is an intermediary crime for the commission of various crimes against public administration, among which the crime of influence peddling is included.

En los últimos 8 años el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido en el sector de la construcción, habiéndose ejecutado en el Estado obras de gran envergadura, que han generado millones de egresos del erario nacional y que son cuestionadas por la población al haber sido presuntamente ejecutadas irregularmente. Felipe Portocarrero (2005) en “El pacto infame: Estudios sobre la corrupción en el Perú”, define la corrupción como “un mal endémico y casi omnipresente en todas las sociedades antiguas y contemporáneas”. Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional 2012 el Perú se ubica en el puesto 83 de un total de 176 países, con 3,5 puntos, que corresponde a la mitad de tabla de los países de la región, dando la percepción que a nivel de país no se está avanzando en la lucha contra la corrupción.

La Municipalidad Distrital de San Marcos cambió de una etapa de escasez económica a una etapa de bonanza económica (Salas, 2011): pasó de recibir 400 mil soles en el año 2005 a 211.3 millones de soles en el año 2007, y un promedio de 115 millones de soles por año en el periodo 2010-2012 por concepto del canon minero (CEDEP, 2010; Instituto Nacional de Estadística, 2012; MIM, 2012), situación que ha configurado una nueva realidad política, social y económica en la población sanmarquina. Asimismo, esta realidad económica ha despertado intereses personales y de grupo en un sector de la población por ejercer cargos políticos en la municipalidad y así poder ser parte de los funcionarios que administran o toman decisiones sobre el abultado presupuesto municipal, sin importar, en muchos casos, si se adecúa o no a las normas o a los intereses de la ciudadanía. / Tesis

Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas. / Tesis

El informe jurídico ofrece un análisis de los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de negociación incompatible, a través de la Casación N° 23-2016 ICA. Se desarrolla un estudio sobre el rol y responsabilidad penal del tercero o sujeto particular debido a la falta de tratamiento univoco en los tribunales. También, un análisis sobre la “finalidad indebida” como búsqueda de un provecho o beneficio que no requiere concretización. Por último, una reflexión general sobre la aplicación del principio de confianza o principio de desconfianza en los delitos de corrupción de funcionarios, con atención a la división horizontal y vertical de roles. / This legal report offers an analysis of the elements of the objective and subjective typicity of the crime of incompatible negotiation, through Casación No. 23-2016 ICA. It develops a study on the role and criminal responsability of the third party or private individual due to the lack of univocal treatment in the courts. Also, an analysis on the "undue purpose" as a search for an advantage or benefit that doesn’t require concretization. Finally, a general reflection on the principle of trust or the principle of distrust in crimes of corruption of officials, with attention to the horizontal and vertical division of roles.

En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel sub-nacional, las compras irregulares han involucrado a autoridades Regionales y Locales por colusión, sobornos y presupuestos ficticios. En ese contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis los Gobiernos Regionales de Callao y Ancash, durante las gestiones de Félix Moreno, y César Álvarez (2010-2017), quienes se encuentran involucrados en el caso Odebrecht. La constructora brasileña habría realizado una serie sobornos a los exgobernadores regionales mediante un esquema sumamente complejo de corrupción a cambio de ganar licitaciones, luego inflar sus costos con numerosas adendas, y repetir el ciclo de corrupción. Por ello, esta investigación pretende responder qué factores explican el funcionamiento de los mecanismos de corrupción de Odebrecht para adjudicarse contrataciones públicas de infraestructura en dichos gobiernos regionales (2010-2017). Se sostiene que la colusión entre políticos y empresarios depende de tres factores: i) eficacia del contratista, ii) contactos en el Estado y la Sociedad y iii) sofisticación del mecanismo de corrupción. De esa manera, dichos mecanismos pueden funcionar para obtener la buena pro, incluso con el cumplimiento de entrega de la obra en el tiempo acordado. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, el cual realiza entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos fiscales, judiciales y contractuales. Así, esta investigación pretende entender las dinámicas de corrupción en las contrataciones del Estado: un concurso sin competencias