El sistema político pareciera debatirse en una encrucijada: legitimidad técnica o legitimidad política. La primera ha ganado un considerable espacio en relación a la segunda. La atribución de responsabilidades por la ineficiencia o sencilla imposibilidad del Estado recae en ambos lados, dependiendo de quién se sienta en desmedro: el técnico o el político. Pero, ¿porqué más saber especializado, o, porqué más participación? Si observamos los hechos pareciera destacarse la legitimidad técnica, mientras la participación sólo se mantiene en la retórica. Pero finalmente, ¿cuánta participación puede aguantar el sistema político? Pareciese ser que la administración y el Estado tienen grandes dificultades para abrirse a la participación ciudadana, producto de los rezagos dictatoriales, dirán algunos; o porque los problemas sociales que el sistema político debe enfrentar requieren que este mismo tenga un grado considerable de especialización técnica, dirán otros. Pero, ¿qué gana un sistema político al tecnologizar sus procedimientos?, y también ¿qué gana con abrirse a la participación? Las demandas de participación parecen chocar contra una práctica democrática que no conoce más fórmula que la representación, y además los procesos burocráticos adquieren tal nivel de especialización que es muy dificultoso poner a dialogar al técnico de Hacienda con el presidente de una Junta de Vecinos. También es necesario preguntarse si acaso un sistema político permeado por la razón estratégica o la razón comunicativa, deja de ser político, o más bien si sus decisiones pierden el carácter de una decisión política