Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo está destinado a mostrar un completo panorama de los que ha sido la solución de conflictos entre Estados y nacionales de otros Estados, desde los puntos de vista del amparo diplomártico, de la "Cláusula Calvo" y de los Tratados internacionales.

Memoria (magister en derecho) / La investigación que se presenta a continuación consiste en el análisis de un caso particular y ejemplar de solución de una controversia dentro del Procedimiento de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El análisis es casuístico y se centra en una sola controversia para enfatizar el carácter paradigmático de ésta, puesto que se enfrenta una pequeña economía de un estado del Caribe como es Antigua y Barbuda en contra de la primera economía del mundo, los Estados Unidos de América. La finalidad es determinar el nivel de judicialización después de la primera década de funcionamiento del Sistema de Solución de controversias de la OMC, la previsibilidad en los resultados y su cumplimiento, analizando los cambios introducidos al antiguo sistema del GATT y observando el reemplazo de la negociación política por un sistema judicializado en la solución de controversias comerciales multilaterales. La investigación concluye que el sistema de Solución de Diferencias de la OMC es altamente judicializado y que la política tiene muy poca incidencia en la solución de una controversia, pero que al igual que el cumplimiento de cualquier decisión judicial, el cumplimiento dependerá de una decisión política, lo que no resta a la efectividad al sistema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Magíster en Estudios Internaciolanes / En el marco de las organizaciones internacionales de cooperación, así como de los mecanismos de integración latinoamericana y sus acuerdos comerciales, los países que conforman la reciente Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México, Perú, se han marcado el objetivo de ser la integración regional más importante en el continente americano. Frente a los modelos de integración del MERCOSUR o la Comunidad Andina, la Alianza se integra bajo un modelo abierto y como bloque comercial para aprovechar el sistema de producción global o cadenas de valor global, para competir a nivel internacional con sus contrapartes, principalmente, de los países asiáticos del Pacífico; haciéndolo a través de la libertad de circulación de los factores de producción (bienes, servicios, capital y personas), siendo el requisito económico para ser miembro tener previamente suscrito un acuerdo de libre comercio con los otros países miembros.

Es necesario destacar que se ha procurado la inclusión de varios acuerdos internacionales que ejemplifican las materias en comento, al mismo tiempo en que se ilustran a partir de casos prácticos seguidos ante los más diversos órganos judiciales internacionales. Ciertamente, se han escogido los que se han estimado como los más representativos. En aquellos casos en los cuales no exista norma o la situación no haya dado lugar a la fecha a algún procedimiento jurisdiccional, será efectuada la advertencia correspondiente.

Tesis (magíster con mención en derecho económico) / Con ocasión del conflicto “Softwood Lumber Dispute” entre Canadá y Estados Unidos, es posible analizar lo que se conoce como la fragmentación del derecho internacional. La fragmentación es producto de la aparición de regímenes de derecho internacional distintos e independientes; en el caso concreto que estudiaremos, estos regímenes corresponden al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Como consecuencia de la disputa, se vieron obligados a coexistir estos dos acuerdos comerciales, y por ende, a la disputa surgida le fueron aplicables, como resultado, dos cuerpos normativos distintos e independientes. Esto provocó consecuencias que salen del marco teórico de la fragmentación del derecho internacional, toda vez que hubo problemas de índole práctica que tuvieron que resolverse.

Tesis (magíster, con mención en derecho internacional) / En este trabajo se analizó la factibilidad de creación de La Cámara Latinoamericana de Arbitraje, tomando para ello como base la regulación de tratados internacionales, legislaciones de algunos países latinoamericanos, los diversos reglamentos de los centros de arbitraje internacional más relevantes del mundo, así como las opiniones de diferentes autores, cumpliéndose de esta manera con los objetivos planteados al inicio de la investigación. La presente investigación es monográfica a nivel descriptivo, para lo cual se utilizó la técnica de análisis de contenido, análisis comparativo, inducción y síntesis, lo cual permitió hacer un análisis deductivo-inductivo que permitirá enfocar el tema de acuerdo a sus propios criterios, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones, teniendo una apreciación general sobre el problema objeto de estudio. Con la realización de esta investigación se logró formular una propuesta para la creación de un organismo efectivo que permita administrar la resolución de conflictos en Latinoamérica, determinando que aunque existen diversos organismos de índole internacional de reconocida prestancia, estos no cumplen a cabalidad la función de ser medios idóneos para la solución de conflictos en la región, tampoco cumplen esta función los tribunales arbitrales regionales del MERCOSUR, lo que nos hace proponer la creación de una Cámara Latinoamericana de Arbitraje.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Cuando un Estado suscribe un acuerdo en el que otorga algún tipo de protección específica a un inversionista, dentro de los cánones del derecho internacional, debe considerar ciertos elementos que podrán limitar su capacidad de adoptar ciertas conductas, cuando estas puedan perjudicar ciertos intereses o garantías amparadas por los acuerdos. La formulación de las distintas cláusulas, o el mecanismo de incorporación de las mismas dentro de los acuerdos internacionales en materias de inversiones, inciden en gran medida en el grado de laxitud que se otorgará al Tribunal para realizar una interpretación del contenido de la mismas en el momento en que surja una disputa. La expropiación y el trato justo y equitativo no son conceptos estáticos que implique un sólo tipo de interferencia. Las distintas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales hacen evolucionar los conceptos que pueden llegar a implicar un grado de interferencia injustificado por parte de los Tribunales arbitrales internacionales respecto de las potestades soberanas de los Estados. Darle a dichas cláusulas una calificación más precisa para evitar o minimizar el campo interpretativo de los Tribunales arbitrales es a lo que se ha abocado la doctrina más reciente. Por otro lado, siguen vigente aquellas posiciones tendientes a expandir el grado de protección de los inversionistas a través de las interpretaciones jurisprudenciales. El grado óptimo de deferencia necesario para el correcto actuar de un Estado de acuerdo a sus intereses y por otro lado, el nivel debido de protección de la inversión como polo necesario para el desarrollo económico, no deben ser tomados como conceptos dicotómicos. Buscar el equilibrio a través de la transparencia y la correcta formulación de los instrumentos vinculantes hará que las futuras controversias sean más acotadas y den un menor margen de apreciación a los Tribunales ante los cuales se vean enfrentados. Para llegar a estos propósitos pretendemos dilucidar: ¿cuál ha sido el camino tomado por la jurisprudencia en la construcción de los estándares de protección de la vii inversión? Y ¿cómo han evolucionado los distintos instrumentos de protección de inversiones en la formulación de dichas cláusulas?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En mayo de 2004, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado de Chile al pago de casi 6 millones de dólares más intereses, por haber violado el estándar de trato justo y equitativo dispuesto en el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones (APPI) celebrado entre Chile y Malasia. Dicho tribunal sostuvo que Chile había frustrado las expectativas del inversionista al aprobar una inversión que luego no podría concretarse en conformidad a la regulación urbana interna. En mayo de 2008, otro tribunal CIADI condenó a Chile al pago de un poco más de 10 millones de dólares más intereses por haber incumplido, nuevamente, la obligación asumida en el APPI Chile-España de tratar a los inversionistas de forma justa y equitativa. Este último caso se relacionaba con la expropiación, llevada a cabo durante el régimen militar, de una empresa periodística que en esos años estaba a cargo de la circulación de un famoso diario de tendencia contraria a la dictadura (El Clarín). En este caso, el tribunal arbitral se declaró competente para conocer de dichos hechos, a pesar de que el APPI Chile-España había entrado en vigencia en el año 1994. Casi un año antes de esta última decisión, un tercer tribunal CIADI había decidido que no era competente para conocer de una disputa cuyos hechos centrales -la denegación de un permiso de pesca en aguas exteriores y posterior negativa a modificarlo- habían ocurrido antes de la entrada en vigencia del citado APPI Chile-España. En estos tres casos, los tribunales arbitrales basaron su competencia en acuerdos sobre inversión. Estos acuerdos son tratados internacionales que establecen una serie de principios de promoción y protección para la inversión extranjera, imponen diversos estándares de trato que se traducen en obligaciones y deberes respecto de la inversión y del inversionista, y establecen mecanismos para la solución de conflictos entre Estados y entre Estados e inversionistas.