La presente investigación busca profundizar el estudio de las Asociaciones Público- Privadas en el Perú desde el ámbito de la supervisión y con enfoque en el sector transportes. Para ello, se toma como rama de la gestión a los Sistemas de Control de Gestión, cuyos estudios previos están principalmente enfocados desde el sector privado, por lo que se analizan sus aristas orientadas desde el sector público a pesar de las escasas investigaciones existentes al respecto. Luego de ello, se identifican factores clave que determinan el buen desempeño de la supervisión de las Asociaciones Público-Privadas, identificando su importancia y la problemática que se deriva de ellos en la práctica. De tal manera, se agrupan nueve factores clave en el ámbito de la supervisión según diversas investigaciones académicas. A continuación, se diseña una guía de entrevistas semiestructurada como herramienta cualitativa para corroborar los factores clave identificados con diecinueve expertos en la materia pertenecientes a las diversas entidades participantes de las Asociaciones Público-Privadas en el sector transportes de Perú. Finalmente, producto del análisis de la información provista por los expertos y la correspondiente corroboración con la teoría, se deriva en conclusiones que destacan los principales hallazgos tomando en cuenta el contexto particular en el que se basa la investigación y aportando así a los próximos proyectos que se implementen en el sector transportes o aquellos que actualmente se encuentran en la etapa de ejecución contractual.

Como consecuencia de los resultados favorables obtenidos a nivel mundial y regional sobre la participación privada en activos estatales, vía procesos de privatizaciones y concesiones, el Estado Peruano, a partir de la década de los noventa, hizo uso del mecanismo de la Asociación Público Privada (APP) para proveer infraestructura de transporte de uso público (ITUP). Los resultados obtenidos en Perú en el periodo 1990 a 2017 fueron muy importantes para dotar de activos estatales relacionado con la infraestructura de transporte de uso público. De esta forma, mediante las APP se creó nueva infraestructura o se amplió la infraestructura existente de una forma que, bajo la provisión directa del Estado Peruano, a través de la contratación pública tradicional (CPT), no era posible de ser realizado. Sin embargo, aún subsiste una importante brecha de infraestructura de transporte. Los resultados del desarrollo de las APP para los proyectos ITUP en Perú, han venido de la mano de la recurrencia de renegociaciones contractuales que se vienen presentando en los contratos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y materializados en adendas, problema que lleva a preguntarse si la recurrencia en las renegociaciones contractuales se debe a que el Estado Peruano ha venido empleando adecuadamente el mecanismo de las APP para ejecutar estos proyectos. Para responder esta pregunta, en el presente trabajo realizamos una evaluación cualitativa de los contratos de ITUP de uso público a cargo de Ositran, para determinar si el mecanismo de las APP fue el adecuado para los contratos de concesión suscritos. Para ello empleamos los criterios de elegibilidad de los proyectos de APP, que establece el Estado Peruano, para calificar los treinta contratos de concesión vigentes, las cuales se ponen en relación con un indicador de renegociaciones. Posteriormente, se determina que el Estado Peruano, en el periodo 1990 a 2017, ha venido empleando adecuadamente el mecanismo de las APP en la provisión de ITUP y, producto de las relaciones y tendencias que se derivan de las renegociaciones y los resultados de la evaluación cualitativa, se identifican resultados relevantes. La investigación culmina presentando un conjunto de conclusiones y recomendaciones. / As a consequence of the favorable results obtained at a global and regional level on private participation in state assets, through privatization processes and concessions, the Peruvian State (Estado Peruano), from the decade of the nineties, made use of the mechanism of the Public-Private Partnerships (APP) to provide transport infrastructure for public use (ITUP). The results obtained in Peru in the period 1990 to 2017 were very important to provide state asset related to public transport infrastructure. In this way, through the APP, new infrastructure was created or the existing infrastructure was expanded in a way that, under the direct provision of the Peruvian State, through traditional public procurement (CPT), it was not possible to be carried out. However, there is still a significant transport infrastructure gap. The results of the development of APP for ITUP in Peru have come hand in hand with the recurrence of contractual renegotiations that have been presented in the contracts supervised by the Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) and materialized in addenda, a problem that leads to ask if the recurrence in contractual renegotiations is due to the fact that the Peruvian State has been adequately using the APP mechanism to execute these projects. To answer this question, in this work we conducted a qualitative evaluation of the ITUP contracts by Ositran, to determine if the mechanism of the APP was adequate for the concession contracts signed. For this we use the eligibility criteria of the APP projects, which the Peruvian State establishes, to qualify the thirty current concession contracts, which are related to a renegotiation indicator. Subsequently, it is determined that the Peruvian State, in the period 1990 to 2017, has been adequately using the mechanism of APP in the provision of ITUP, and as a result of the relationships and trends that result from the renegotiations and the results of the qualitative evaluation, relevant results are identified. The research culminates by presenting a set of conclusions and recommendations. / Tesis

El presente trabajo se enfocará en el desarrollo de la Política de Transporte Terrestre en el Perú entre los años de 1890 y 1945, específicamente la sustitución que se originó entre el sistema ferroviario y el automotor. Resulta importante estudiar el impacto de la inversión pública en infraestructuras productivas como construcción de carreteras en el crecimiento económico porque a pesar de que dicho proceso se inició hace ya más de un siglo en el Perú, aún en pleno siglo XXI adolecemos de vías de comunicación que conecten las pueblos del interior de nuestro país para facilitar el desarrollo de los mercados y la salida de los productos, lo que ha venido trayendo atraso económico en muchas ciudades de la sierra y selva. El crecimiento económico podrá darse en la medida que la inversión productiva venga acompañada de políticas sociales apropiadas que mejoren los indicadores de educación y salud, lo que permitiría una sólida recuperación de los niveles de vida de la población. De ahí la importancia en la construcción y el mejoramiento de las vías de comunicación porque estas no sólo permiten el traslado de productos si no que permiten la integración social y política entre los pueblos. El desarrollo de la infraestructura vial permite entonces una mayor movilidad social, acceso a mercados, integración política, mejora del nivel de competitividad, reducción de costos de las empresas; por ello el interés en el tema. / Tesis

El Sector Transportes tiene como misión principal la integración interna y externa del país, es decir, mejorar el servicio en transporte de todos los peruanos como el traslado de personas, mercancías, mejorar el sistema agrícola, interconexiones, comunicación, desarrollo económico y social. Para cumplir con la misión del sector transportes es importante realizar un continuo seguimiento en las inversiones que están en ejecución, las cuales hacen sinergia con los planes estratégicos institucionales del sector. Ante ello se desarrolla a líneas generales las pautas de seguimiento y gestión para la Ejecución de Inversiones desarrolladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2021. En ese sentido, el presente documento expone mi experiencia laboral como Analista Financiera en la Dirección de Inversión Privada del sector Transportes, en la cual realizo el seguimiento y monitoreo de acuerdo a la programación multianual de inversiones del presente año fiscal para las concesiones viales, puertos, aeropuertos primer y segundo grupo, ferrocarriles, Línea 2 y disponibilidad de predios de las concesiones asignadas. La información presentada se enfocará en el proyecto de rehabilitación y mejoramiento del Ferrocarril Huancayo Huancavelica a cargo de la Dirección General de Infraestructura en Servicio de Transporte (DGIST-MTC).

La controversia en el expediente se origina a partir de la solicitud de arrendamiento de material tractivo y rodante de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (Fersimsac), nuevo operador de servicios de transporte ferroviario. Fersimsac solicita a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans) el arrendamiento del material tractivo y rodante que este había recibido como parte de la concesión del Ferrocarril Sur Oriente. No obstante, Fetrans alegó que este material había sido arrendado en su totalidad a su empresa vinculada Perurail, quien prestaba los servicios de transporte ferroviario de acuerdo con lo previsto en su contrato de concesión. Lo anterior fue analizado por la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a raíz de una denuncia de Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y Fersimsac en contra de Fetrans por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación. Esta es la controversia que da origen al presente Expediente y cuyos aspectos controvertidos comprenden materias la interpretación del Contrato de Concesión, el análisis de competencia sobre el material tractivo y rodante, así como la participación de OSITRAN en el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, considero que INDECOPI no realizó una correcta interpretación del Contrato de Concesión, la misma que tuvo impacto en una incorrecta delimitación del mercado relevante. Finalmente, OSITRAN no fue incorporado en el procedimiento como correspondía, lo cual fue corregido por el Tribunal. Finalmente, es importante notar que esta controversia se mantiene a nivel judicial. Esta controversia fue materia de pronunciamiento de la justicia constitucional, debido a una acción de amparo presentada por Perurail en la cual cuestionaba la admisión de la apelación de OSITRAN y que tuvo como consecuencia permitir a la Sala conocer la controversia. Si bien ya se contaba con un pronunciamiento de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaraba nula la admisión de la apelación y firme la decisión de la Comisión, todo lo actuado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 18 de agosto de 2020 recaída en el Expediente No. 1484-2015-PA/TC. Así, el Tribunal Constitucional ha ordenado volver a la etapa de admisión de la demanda y la controversia sobre la admisión de OSITRAN en el procedimiento sigue pendiente

La informalidad en el Transporte Terrestre de Personas se define como el desplazamiento sin autorización de personas en las vías terrestres. La presencia de los transportistas informales en las vías nacionales trae graves consecuencias, entre las que se encuentran las fuertes pérdidas económicas de las empresas de TTP formal y la gran magnitud de accidentes de tránsito ocasionados por los informales. Desde el Estado, la autoridad competente de la fiscalización al TTP informal en el ámbito nacional es la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, la cual tiene sedes desconcentradas -llamadas Unidades Desconcentradas- que se encargan de hacer cumplir la normatividad en las regiones del país. En el presente estudio, se trabajará con un caso de relativo éxito en la lucha contra la informalidad en Transporte Terrestre de Personas en el ámbito nacional: la sede desconcentrada de Junín. Así, analizar un caso de relativo éxito permitirá evaluar en qué difiere este de los otros casos y cuáles son las posibles acciones que se pueden implementar, desde la autoridad competente, para resolver los problemas del sector. Asimismo, se demostrará que es fundamental la “buena coordinación” que la sede desconcentrada de Junín sostiene con las distintas instituciones que tienen competencias en el ámbito de transporte para generar acuerdos que fortalezcan los operativos de fiscalización al TTP informal, teniendo como fin la mejora de su capacidad. Al respecto, en la presente investigación se utilizarán los conceptos de “capacidad estatal a nivel subnacional” y de “coordinación en las políticas públicas”. Finalmente, la investigación indicará que lo que contribuyó a la buena efectividad en la lucha contra el TTP informal fue una burocracia activa que ha desarrollado una buena coordinación con otras instituciones y ha encontrado buena receptividad de ellas.

El presente trabajo se enfocará en el desarrollo de la Política de Transporte Terrestre en el Perú entre los años de 1890 y 1945, específicamente la sustitución que se originó entre el sistema ferroviario y el automotor. Resulta importante estudiar el impacto de la inversión pública en infraestructuras productivas como construcción de carreteras en el crecimiento económico porque a pesar de que dicho proceso se inició hace ya más de un siglo en el Perú, aún en pleno siglo XXI adolecemos de vías de comunicación que conecten las pueblos del interior de nuestro país para facilitar el desarrollo de los mercados y la salida de los productos, lo que ha venido trayendo atraso económico en muchas ciudades de la sierra y selva. El crecimiento económico podrá darse en la medida que la inversión productiva venga acompañada de políticas sociales apropiadas que mejoren los indicadores de educación y salud, lo que permitiría una sólida recuperación de los niveles de vida de la población. De ahí la importancia en la construcción y el mejoramiento de las vías de comunicación porque estas no sólo permiten el traslado de productos si no que permiten la integración social y política entre los pueblos. El desarrollo de la infraestructura vial permite entonces una mayor movilidad social, acceso a mercados, integración política, mejora del nivel de competitividad, reducción de costos de las empresas; por ello el interés en el tema.