Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, el nombramiento de parlamentarios como ministros de Estado y la posterior designación de sus reemplazantes por los partidos políticos han sido calificados como poco democráticos por diversos sectores del país, fundándose tales críticas en que, tanto al momento del nombramiento como en la designación hecha en conformidad al mecanismo de reemplazo consagrado actualmente en el artículo 51 de la Constitución Política de la República de 1980, se afectaría la voluntad soberana. Cabe destacar que esta última sólo se manifiesta de forma directa en ocasiones más bien acotadas (por medio de la participación, particularmente, electoral), y en la mayoría de los casos de forma indirecta, mediante las autoridades elegidas democráticamente (por medio de la representación política), de lo cual se desprende la existencia de una tensión entre tales formas de ejercicio democrático. La presente Memoria de Prueba pretende dilucidar –teniendo a la vista la tensión antedicha– si existe algún mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria que sea verdaderamente democrático. Para tal efecto, se analizan los conceptos de soberanía, democracia, participación y representación política, los que luego son utilizados para examinar las distintas fórmulas adoptadas a lo largo de la historia institucional chilena. Finalmente, en base a los resultados evidenciados, se concluye que no existe una fórmula que, en términos absolutos o abstractos, sea totalmente democrática, pues cada una de ellas ha sido reflejo de la situación en que tal tensión se ha hallado en un momento dado. Por ello, si bien el mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria vigente a la presente legislatura resulta legítimo y razonable, la superación del sistema electoral binominal hace necesaria su reforma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se enmarca dentro del ámbito normativo chileno. Tiene por objetivo argumentar que el artículo 2331 del Código Civil chileno se encuentra plenamente vigente y no es contrario a la Constitución Política de la República. Y que por tanto, no dar indemnización por daños morales, en caso de vulneraciones contra el honor, no afecta la esencia de este último derecho. Para lo anterior, se apoyó en el análisis del precepto a través de normas de interpretación, doctrina y también en las justificaciones entregadas en los fallos del Tribunal Constitucional tanto a favor como en contra de la declaración de inaplicabilidad de éste. Tras el análisis, se llega a la conclusión de que existen otras formas de reparación más idóneas para reestablecer las cosas al estado anterior a la vulneración. Asimismo, se concluye que el artículo 2331 queda acotado a determinados casos, debido a la existencia de normas especiales en sede penal y normas aplicables a los medios de comunicación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es importante destacar, tomando en consideración el titulo de este modesto trabajo, que el hecho de tratar el recurso o acción constitucional del artículo 12 de la Constitución en relación con la reforma del 2005 -reparando en que la disposición referida no ha sido objeto de modificación alguna desde su instauración en la Constitución de 1980- no ha sido antojadizo, pues no se puede dejar de observar el grado de influencia que representan las fuentes y las causales de pérdidas de la nacionalidad, contempladas en el articulo 10 y 11 de la Constitución, en las causales hipotéticas que habilitan para entablar la acción que concede el artículo 12 de la Carta Fundamental (mas allá de la causal genérica que contempla la norma constitucional ya señalada). Además de lo expuesto, deseo poner de sobre aviso el enfoque del trabajo en orden al prisma, que diferentes ramas del Derecho, le dan al tema de la Nacionalidad, optándose por la del Derecho Constitucional, que es sin duda donde con mayor amplitud y detención los tratadistas y docentes tratan el estatuto, sin embargo, esto no nos impedirá detenernos, con la atención que merezca, en materias que directa o 8 indirectamente tienen relación con la nacionalidad y que regularmente son tratados en otras ramas del Derecho 2. Luego de la introducción, precisiones y aclaraciones realizadas estamos en condiciones de comenzar la revisión del tema que nos convoca, el cual desarrollaremos de lo general a lo particular tratando de abarcar todos los ámbitos de interés, procurando no apartarnos del objeto y objetivo de esta memoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto efectuar un análisis empírico de la aplicación del sistema vigente de tramitación de exhortos internacionales previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en particular, el procedimiento de aprobación que se sigue ante la Corte Suprema, como etapa intermedia entre tribunales exhortantes y exhortados, a la luz de las exigencias de celeridad y eficiencia que demanda la ejecución de actuaciones procesales de mero trámite que hayan de ejecutarse dentro y fuera de Chile. Para tal efecto, se presentará una investigación destinada a determinar los nudos críticos que exhibe la aplicación práctica del aludido artículo 76, estudiando íntegramente la tramitación ante la Corte Suprema de la totalidad de las solicitudes de exhorto internacional, tanto activas como pasivas, ingresadas a dicho tribunal durante los años 2010, 2011 y 2012 (sólo hasta el día 3 de abril de este último). Finalmente, a partir de las conclusiones que se obtengan de la referida investigación, se propondrán las bases de un sistema alternativo, que se enmarque dentro del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil presentado recientemente al Congreso, y se formulará un proyecto de ley que lo implemente, asegurando la agilidad y eficiencia de las actuaciones procesales. Adicionalmente, se planteará la adopción de una nueva institucionalidad en materia de asistencia y cooperación internacional que opere a nivel local y coordine a los sujetos involucrados en el diligenciamiento de los exhortos internacionales, tanto dentro como fuera de Chile

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A través de este trabajo estudiaremos la historia de la institución de la flagrancia, así como su tratamiento en el derecho comparado. Seguiremos con el análisis de su contenido en nuestro ordenamiento positivo, y posteriormente a través de su práctica, ahondaremos en el concepto que estriba en nuestros tribunales nacionales comparándolo, en lo concerniente a su definición, al CIDH y al caso español. Terminaremos planteando algunas consideraciones que nos merece su contenido, y principalmente su modificación legal. Finalmente, a través de un estudio de campo, consignaremos los resultados de una entrevista realizada a un grupo de jueces de garantía de 7 Santiago. Su fin es exponer, a través de quienes trabajan a diario el concepto de flagrancia, los alcances prácticos de esta institución procesal y su incidencia luego de la reforma del año 2008

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Se revisan los planteamientos sostenidos entorno al concepto de “objetos” del artículo 365 bis del Código Penal Chileno, en relación a la problemática de sí esta voz comprendería o no las partes del cuerpo humano, y por consiguiente, si la introducción de alguna de estas en un contexto sexual representaría conductas sancionables bajo este título. Se plantea como esta discusión ha repercutido negativamente en el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la norma, centrando el debate exclusivamente en este tema, sin reparar en la necesidad de desarrollar una interpretación teleológicamente orientada, que sólo permita afirmar la configuración típica en casos representativos de una vulneración de derechos de una entidad o valoración equiparable a un acceso carnal, que posibilite la restricción del tipo dada su excesiva amplitud formal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El presente trabajo se centra en realizar una interpretación armónica y sistemático jurídica del artículo 20 de la ley 20.084. Nuestro principal interés se centra en establecer cuáles son los objetivos de la pena adolescente y de qué manera se integran entre ellos. Para realizar lo anterior, empezaremos por establecer que el adolescente es sujeto de derechos y que por ello responde penalmente, presupuesto que será analizado, así como la necesidad del establecimiento de un sistema de responsabilidad penal diferenciado del de adultos. Analizaremos los fines preventivos generales de la pena adolescente en sus fases de la conminación y de la imposición judicial, si éstos deben primar por sobre otros fines de la pena. Pero también analizaremos el fin de reinsertar socialmente al adolescente a través de la pena. Para lo anterior, estudiaremos los fines preventivos especiales adolescentes y su interés superior. Concluiremos acerca de la integración necesaria de todos los objetivos de la pena, con el énfasis preponderante de la reinserción social y que nuestro sistema de determinación de la pena en materia juvenil es reglado y sustentado en principios que no pueden ser obviados, impidiendo la verificación de un examen meramente discrecional y sin margen