El presente artículo es una propuesta de metodología para tratar el concepto de receptividad dentro de la teoría de la calidad de la democracia. Una recurrente práctica a la hora de su tratamiento metodológico se apoya en percepciones y sin comparaciones en el tiempo, lo que reduce su alcance connotativo. Se plantea por tanto, a partir de una previa discusión teórica, una mirada más abarcadora y realista dada su importancia comparada con otros componentes que forman parte del corpus teórico de la calidad de la democracia. El artículo comienza situando el debate actual en ciencia política y culmina con indicadores de receptividad democrática.

No existe consenso general sobre los patrones que pueden ser empleados a la hora de analizar la calidad democrática. Es así que el presente trabajo busca analizar uno de los criterios más destacados que constituye la medición de este concepto, la accountability. Nos enfocamos en los países latinoamericanos debido a los altos niveles de corrupción, abusos de poder y arbitrariedad en las tomas de decisiones que presentan sus gobiernos. Es así que el tema de la accountability constituye uno de los principales desafíos para lograr una mejora de la calidad de la democracia en la región. De esta manera, se busca realizar una operacionalización del concepto de accountability democrática para, a partir del mismo, llevar  a  cabo  un  análisis comparativo de dieciocho democracias latinoamericanas.

El ombudsman o Defensoría del Pueblo constituye una institución que se ha venido adoptando en muchos países de la región, a partir de las experiencias de varios países europeos. Tiene por mandato principal la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a las entidades estatales, función a través de acciones de persuasión. Se trata, por lo tanto, de una entidad que desempeña funciones de accountability horizontal que resultan fundamentales para la calidad del desempeño de un régimen democrático, en particular en un contexto de debilidad de las instituciones de control y de desconfianza en el aparato público. El caso de la Defensoría del Pueblo del Perú es particularmente revelador de las posibilidades y límites que enfrenta esta opción institucional para las democracias en América Latina.

El artículo presenta tres grandes secciones. La primera recorre las definiciones de calidad de la democracia y sus componentes, los cuales se asocian a fenómenos heterogéneos pero condensados en un sólo concepto. En la segunda sección se discute la pertinencia de trabajar con un concepto amplio  de  democracia  y  las  definiciones  negativas de los casos en los que los componentes de calidad de la democracia son “subvertidos” (Morlino y Diamond, 2005). Finalmente, en la tercera sección se discuten sus consecuencias para el trabajo empírico a la luz de la recomendación de Sartori de disminuir el número de casos que hacen referencia el concepto a medida que se aumenten los atributos (Sartori, 2007). En suma, queremos responder dos preguntas: ¿cuál es el concepto (implícito) de democracia que resulta de la agregación de estos atributos? y ¿es útil agregar los componentes de la calidad de la democracia en un sólo concepto o es mejor separarlo en varios (Estado de derecho, fuerzainstitucional, ciudadanía, democracia como régimen)?

El presente artículo aborda la relación entre calidad de la democracia ygobierno de la ley. Este tema es particularmente relevante porque la mayoría de los trabajos producidos desde la ciencia política contemporánea que discuten y evalúan la calidad y el desempeño de los regímenes democráticos reconoce el impacto que sobre ella tiene la existencia de un sistema legal efectivo, predecible, igual para todos y capaz de proveer justicia (o’Donnell, 2004, 2007; Morlino y Diamond, 2005; Levine y Molina, 2007b). La primera sección de este trabajo aborda la necesidad de contar con una mirada política del desarrollo del derecho y de las leyes, así como de su impacto sobre la sociedad. La segunda sección presenta y discute las maneras como se entiende el concepto de gobierno de la ley al interior de los argumentos sobre la calidad de la democracia y gobernabilidad democrática. Esta sección ofrece, además, una discusión sobre los planteamientos existentes en relación con la articulación entre gobierno de la ley y las otras dimensiones fundamentales en relación conel funcionamiento de un régimen democrático.

América Latina ha desarrollado una rica tradición de litigio constitucional que combina tanto instituciones extranjeras adaptadas a las circunstancias locales como instituciones nacionales diseminadas en la región. No obstante, esta tradición no ha ido a la par de un compromiso con el constitucionalismo. Sobre la base de un reciente estudio histórico en diecisiete países entre 1900 y 2010, el presente artículo demuestra que no basta el establecimiento de instrumentos legales o de salas judiciales especializadas para el desarrollo del constitucionalismo. Los gobiernos, de manera frecuente, han utilizado las reformas legales como excusa para tomar el control de la judicatura, impidiendo, de este modo, la consolidación de la independencia judicial.