De la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, se pueden decir muchas cosas, quizás más malas que buenas, a raíz de que en su análisis se evidencia un ánimo del legislador de querer ofrecer protección penal dentro de este ámbito del Derecho Penal Económico sin tener en cuenta, en primer lugar, las consecuencias que se pueden suscitar en el litigio diario -debido a una draconiana redacción que generará distintas formas de interpretar y aplicar la norma-; y en segundo lugar, que los diversos pronunciamientos que se emitan podrían generar afectaciones que contravengan un proceso penal con arreglo a ley. / Tesis

De la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, se pueden decir muchas cosas, quizás más malas que buenas, a raíz de que en su análisis se evidencia un ánimo del legislador de querer ofrecer protección penal dentro de este ámbito del Derecho Penal Económico sin tener en cuenta, en primer lugar, las consecuencias que se pueden suscitar en el litigio diario -debido a una draconiana redacción que generará distintas formas de interpretar y aplicar la norma-; y en segundo lugar, que los diversos pronunciamientos que se emitan podrían generar afectaciones que contravengan un proceso penal con arreglo a ley.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar las posibles consecuencias de la aplicación de la Norma XVI del Código Tributario, conocida como norma anti-elusiva general, la cual tiene como propósito luchar contra la evasión y la elusión, producto del diseño y aplicación de planificaciones fiscales agresivas. Es por lo que se hace necesario revisar, evaluar y analizar las acciones determinativas en las que los hechos económicos efectuados por los administrados (contribuyentes) se calificaron como actos simulados o en algunos otros casos se detectaron actos de simulación parcial o fraude a la ley y si tales procedimientos pueden conllevar a que dichas calificaciones tengan un contexto penal. Ante ello, surge la pregunta de hasta qué punto y de qué forma es posible poder imputar una responsabilidad penal a los representantes legales de las empresas a las cuales la administración tributaria ha determinado simulación según la Norma XVI. El tema materia de investigación nos lleva a evaluar las consecuencias que podría acarrear la calificación económica que tendrá incidencia en diferentes impuestos, como el Impuesto a la Renta (en adelante IRTA), el Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), los tributos laborales, entre otros.

La recaudación tributaria de nuestro país se ve afectada a consecuencia de la elusión fiscal, que es practicada desde hace muchos años por los contribuyentes, quienes recurren a expertos en la materia para estructurar planeamientos fiscales agresivos y, de esta manera disminuir su base imponible y obtener beneficios tributarios indebidos. El Poder Ejecutivo con la finalidad de evitar estos actos el 18 de julio del 2012, incorporó la Norma XVI al Título Preliminar del Código Tributario, la misma que fue cuestionada desde su entrada en vigencia por diversos gremios empresariales, debido a sus imprecisiones, razón por la cual en el mes de julio del 2014 sus efectos quedaron suspendidos mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, dado que el Poder Ejecutivo tendría que previamente reglamentar los parámetros de forma y fondo para su aplicación, y en razón a ello, dicha norma fue publicada el 06 de mayo del 2019. La norma antielusiva desde su concepción no fue gratamente percibida por el sector empresarial, ya que les impuso una nueva limitación legal, pero ha llamado bastante la atención, y a su vez ha generado una gran preocupación el haberse establecido un régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada conjuntamente con los miembros del directorio y representantes legales que participen en actos de planificación fiscal. La presente investigación está orientada a demostrar la necesidad de que los directores cuenten con una póliza D&O para salvaguardar su patrimonio personal, como consecuencia del nuevo régimen de responsabilidad solidaria instaurado por el Estado. Así mismo, se ha realizado un análisis comparativo de la norma antielusiva peruana frente a otros países a fin de analizar las críticas que la misma ha recibido al supuestamente vulnerar principios como el de reserva de ley, seguridad jurídica, debido proceso y no ofrecer un procedimiento administrativo garantista.