La potestad sancionadora de la Administración requiere estar sujeta a garantías mínimas que protejan los derechos fundamentales de los administrados, dentro de ellas encontramos al principio de proporcionalidad. Este último exige que la intensidad de la sanción encuentre una relación razonable con la gravedad de la lesión provocada al bien jurídico tutelado. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar a las infracciones tributarias desde su afectación al bien jurídico de recaudación tributaria. Luego del análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera se evidencia que existen infracciones que inciden directamente en ese bien jurídico, como aquella tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Así, se concluye que la sanción vinculada a dicha infracción requiere ser modificada para resultar proporcional al perjuicio generado al fisco. / The sanctioning power of the Administration requires to be subject to minimum guarantees that protect the fundamental rights of the citizens, among them we find the principle of proportionality. The latter requires that the intensity of the sanction be reasonably related to the severity of the harm caused to the protected legal asset. The purpose of this thesis is to study tax offenses from the perspective of their impact on the legal asset of tax collection. After the analysis of legislation, jurisprudence and national and foreign doctrine, it is evidenced that there are offenses that directly affect this legal asset, such as the one typified in paragraph 1 of article 176 of the Tax Code. Thus, it is concluded that the sanction related to that infraction needs to be modified in order to be proportional to the damage caused to the treasury.

Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional de Derecho. El método empleado para la consecución de tal objetivo es el documental o bibliográfico. Mediante dicho método se busca adquirir una completa perspectiva respecto a la figura objeto de estudio, someterla a evaluación y, finalmente, generar una propuesta alternativa suficientemente fundamentada. En la investigación, se llega a la conclusión de que la prescripción de cobro de deudas tributarias afecta a los principios constitucionales de deber de contribuir, capacidad contributiva e igualdad. Dicha afectación es mayor que la satisfacción que ofrece respecto al principio que justifica su existencia: el principio de seguridad jurídica. Así, la prescripción de cobro de deudas tributarias constituye una medida desproporcional, puesto que, de no existir dicha figura, el impacto resulta menor al que se genera con su existencia. En consecuencia, se concluye que se trata de una figura que debe ser expulsada del ordenamiento. Se propone que debe empezar a regir una regla de imprescriptibilidad de cobro de deudas tributarias, la cual tendría que materializarse en una variación normativa del Código Tributario. Se realiza esta propuesta en una búsqueda por el respeto de los principales postulados del Estado Constitucional de Derecho.

La entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1113, sin la inclusión de una disposición transitoria de por medio, impactó las reglas del juego en relación con el inicio del plazo de prescripción para el cobro de deudas tributarias, el cual, generó diversas interrogantes respecto a la aplicación temporal sobre los decursos prescriptorios en marcha. En la actualidad, la prescripción tributaria es una institución jurídica que ha conllevado diversas dificultades e interpretaciones cuestionables en torno a su aplicación. Esta situación se ve agravada con la posterior promulgación del Decreto Legislativo 1421 y el proceso de inconstitucionalidad llevado a cabo ante el Tribunal Constitucional. En atención a ello, esta investigación pretende contribuir y brindar una claridad sobre las reglas de juego aplicable a esta institución en base a las diversas doctrinas y jurisprudencias, así como el derecho comparado.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento tributario que corresponde ante un contrato de cesión de la posición contractual, que tiene como contrato base uno de cesión minera. La complejidad de la investigación se produce debido a que en la operación están involucrados dos activos intangibles, que pueden llevar al contribuyente a dos formas de tratar el egreso, que difieren en el plazo y el momento de la amortización. Siendo que el Perú es un país minero, es necesario tener claridad acerca de las consecuencias de las operaciones del sector minero, ya que en ellas están involucrados considerables sumas de dinero, que para un inversionista no es posible arriesgar, por lo que esa falta de claridad generaría trabas a la actividad minera. En tal sentido, consideramos oportuno abordar el tratamiento tributario de la transferencia de la posición contractual, especialmente, cuando la posición verse sobre un contrato minero para la determinación del Impuesto a la Renta. Para ello vamos a estudiar la naturaleza jurídica del contrato de cesión de la posición contractual y el tratamiento de los activos intangibles de duración limitada, tanto en el ordenamiento general como en la norma especial, que la que esta involucrada en el caso; es decir, el de la actividad minera.

En el presente informe se analizan los problemas jurídicos identificados en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 4968-1-2020, los cuales están vinculados a la aplicación de la facultad de calificación del hecho imponible de la SUNAT, regulada en el primer y último párrafo de la Norma XVI. De ese modo, se buscará determinar si SUNAT aplicó realmente su facultad de calificación al caso materia de controversia, el cual versa sobre tres operaciones societarias que simularían una enajenación de acciones. De igual modo, se analizará si aun en el supuesto de las operaciones recalificadas como enajenación, se determinó adecuadamente la deuda tributaria e identificó al agente de retención obligado al pago de esta. Considerando los argumentos expuestos en la Resolución analizada, la legislación, jurisprudencia y doctrina, se concluye que en el caso no se aplicó la facultad de calificación sino criterios propios de la cláusula antielusiva general. Asimismo, se concluye que no se determinó de forma adecuada la deuda tributaria y tampoco se identificó correctamente al sujeto responsable del pago de la deuda tributaria. / This report analyzes the legal problems identified in Tax Court Resolution No. 4968-1-2020, which are derived from the exercise of the Tax Administration's taxable event characterization faculty, regulated in the first and last paragraph of Rule XVI. Thus, it will be sought to determine whether SUNAT really applied its characterization faculty to the case, which involves three corporate transactions that would simulate a transfer of shares. Likewise, Likewise, it will be analyzed whether even in the case of transactions recharacterized as alienation, the tax debt was adequately determined, and the withholding agent responsible to pay it was identified. Considering the arguments set forth in the Resolution analyzed, the legislation, jurisprudence and doctrine, it is concluded that the characterization faculty was not applied in this case, but rather the criteria of the General Anti-avoidance Rule. Likewise, it is concluded that the tax debt was not adequately assessed and the withholding agent responsible for the payment of the tax debt was not correctly identified.

El presente trabajo tiene por objeto exponer y analizar los efectos jurídicos que posee la caducidad regulada en el artículo 232 de la Ley General de Sociedades (en adelante, Artículo 232 LGS) en el nacimiento de la obligación tributaria de los dividendos no pagados a favor de una empresa no domiciliada en el Perú, aun cuando se haya realizado el acuerdo de distribución de utilidades a través de la Junta General de Accionistas de la empresa constituida en el Perú. El caso es sumamente relevante, ya que la resolución – objeto de analisis del presente trabajo – cuenta con dos (2) razonamientos jurídicos distintos e, incluso, opuestos. Por un lado, los efectos de la caducidad no son relevantes, puesto que el solo acuerdo de la Junta General de Accionista origina el nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto a la Renta (en adelante, OT-IR) sobre los dividendos y, por ende, la debida retención. De otro modo, los efectos de la caducidad son determinantes para señalar que no nació la referida obligación tributaria y, en consecuencia, que la retención efectuada es indebida.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la Casación No. 4795-2018 en la cual se plantea la controversia respecto de la infracción normativa de la Norma III y Norma VIII del Código Tributario vinculada a la interpretación del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta toda vez que se incluyen a las comisiones por operaciones de financiamiento en el concepto de ‘interés’. En ese sentido, el análisis para dilucidar aquello se basa en comprender qué se entiende por fuentes del derecho, cómo se constituyen las fuentes del derecho tributario, cuáles son los métodos de interpretación jurídica, sus resultados y la aplicación de los mismos teniendo en cuenta el paradigma actual que es el Estado Constitucional de Derecho. / This legal report deals with the analysis of Cassation No. 4795-2018 in which the controversy arises regarding the normative infringement of Rule III and Rule VIII of the Tax Code related to the interpretation of Article 41 of the Income Tax Law since commissions for financing operations are included in the concept of 'interest'. In this sense, the analysis to elucidate this is based on understanding what is understood by sources of law, how the sources of tax law are constituted, which are the methods of legal interpretation, their results and their application considering the current paradigm which is the Constitutional State of Law.

La recaudación tributaria de nuestro país se ve afectada a consecuencia de la elusión fiscal, que es practicada desde hace muchos años por los contribuyentes, quienes recurren a expertos en la materia para estructurar planeamientos fiscales agresivos y, de esta manera disminuir su base imponible y obtener beneficios tributarios indebidos. El Poder Ejecutivo con la finalidad de evitar estos actos el 18 de julio del 2012, incorporó la Norma XVI al Título Preliminar del Código Tributario, la misma que fue cuestionada desde su entrada en vigencia por diversos gremios empresariales, debido a sus imprecisiones, razón por la cual en el mes de julio del 2014 sus efectos quedaron suspendidos mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, dado que el Poder Ejecutivo tendría que previamente reglamentar los parámetros de forma y fondo para su aplicación, y en razón a ello, dicha norma fue publicada el 06 de mayo del 2019. La norma antielusiva desde su concepción no fue gratamente percibida por el sector empresarial, ya que les impuso una nueva limitación legal, pero ha llamado bastante la atención, y a su vez ha generado una gran preocupación el haberse establecido un régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada conjuntamente con los miembros del directorio y representantes legales que participen en actos de planificación fiscal. La presente investigación está orientada a demostrar la necesidad de que los directores cuenten con una póliza D&O para salvaguardar su patrimonio personal, como consecuencia del nuevo régimen de responsabilidad solidaria instaurado por el Estado. Así mismo, se ha realizado un análisis comparativo de la norma antielusiva peruana frente a otros países a fin de analizar las críticas que la misma ha recibido al supuestamente vulnerar principios como el de reserva de ley, seguridad jurídica, debido proceso y no ofrecer un procedimiento administrativo garantista.

Una de las actividades más reguladas en el sector de juegos de azar es el de casinos y tragamonedas en virtud de las externalidades negativas que genera, entre ellos, la ludopatía, lo cual ha conllevado que el Estado busque desincentivarlo. Una forma de lograr dicho propósito es a través de la imposición de impuestos. En efecto, además del pago del impuesto a la renta que grava el 29.5 % de sus ingresos y del impuesto al juego, tributo creado especialmente para este sector cuya tasa es del 12% de la renta gravable, el Estado ha decidido gravar a los casinos y tragamonedas con un nuevo tributo, el impuesto selectivo al consumo. La razón de este nuevo impuesto obedece, conforme sustenta el Estado, a tres consideraciones como son: homogenizar la tributación en los juegos de azar, que no se asuman mayores gastos para el tratamiento de la ludopatía y, como fundamento principal, la protección de la salud pública. Es de resaltar que este impuesto incide en un 5% de los ingresos netos de las empresas que operan tales establecimientos de casino, lo que juntamente con el pago de los otros tributos ya mencionados, afectaría en gran medida sus ingresos, no resultando ello proporcional ni acorde a los lineamientos dados por el Tribunal Constitucional sobre la afectación al patrimonio de tales empresas. Sin perjuicio de ello, resulta fundamental analizar si el impuesto dado cumple con la finalidad propuesta, por lo que resultará necesario efectuar una ponderación entre el derecho de propiedad y la salud pública sobre el presente caso, con el fin de determinar si se cumple con el objetivo y dentro de los parámetros constitucionales. / Trabajo de investigación

Este trabajo plantea un análisis de la figura del Establecimiento Permanente, específicamente para el caso de los denominados Establecimientos Permanentes de servicios en base a la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1424. Como se desarrolla a lo largo de la tesis esta nueva regulación, en mi opinión apresurada por nuestro legislador, trajo consigo en lugar de soluciones en la regulación interna del Establecimiento Permanente algunos problemas en su interpretación y aplicación, los cuales serán analizados a lo largo de este trabajo tomando como base el origen histórico de esta figura jurídico-tributaria, así como su evolución a través de los pronunciamientos de la OCDE. Asimismo, consideramos que toda vez que la introducción del artículo 14-B a través del mencionado Decreto tuvo como objetivo el alineamiento de nuestra legislación con las directrices de la OCDE es necesario tomar estos pronunciamiento como un contexto interpretativo para identificar si este intento de unificación o alineamiento está facilitando la aplicación de la figura jurídico- tributaria del Establecimiento Permanente o si, por el contrario, está creando una figura dentro de nuestra legislación interna con vacíos en su interpretación y regulación. Si bien consideramos que estos problemas serán materia de pronunciamiento por los organismos correspondientes, a través de este trabajo intentaremos dar respuesta a alguno de ellos en base a su origen histórico y evolución, sin perjuicio de que sean puestos en debate posteriormente