En la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10577-8-2010, publicada el 14 de diciembre de 2010, se tienen distintas posturas para determinar el tratamiento tributario de dos operaciones que el contribuyente realiza con una empresa no autorizada para realizar arrendamientos financieros. En primer lugar, el contribuyente ha considerado las operaciones como arrendamientos operativos con opción de compra. Por su parte, la Administración Tributaria las considera como compraventas a plazos. El Tribunal Fiscal, concluye que son arrendamientos financieros debiéndose considerar en la tributación las consecuencias que la contabilidad les da. En el presente trabajo se analiza cuál es el tratamiento tributario de la compraventa a plazos, del arrendamiento operativo con opción de compra y del arrendamiento financiero, tanto dentro como fuera del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 299. Para ello, se observará brevemente cuál es la relación de la contabilidad con la tributación. Así también, se recurre a la analogía como un método de integración jurídica, a fin de dar respuesta ante la ausencia de normas tributarias en el arrendamiento financiero fuera del Decreto Legislativo N° 299. De esa manera, se expone cuales han debido ser las consecuencias tributarias para las operaciones del caso, las cuales son arrendamiento y retroarrendamiento financiero, debiéndose poner en el activo a los equipos y maquinarias. / In Tax Court Resolution No. 10577-8-2010, published on December 14, 2010, there are different positions to determine the tax treatment of two operations that the taxpayer carries out with a company that is not authorized to carry out financial leases. On the one hand, the taxpayer has considered the operations as operating leases with purchase option. For its part, the Tax Administration considers them as an installment sale. The Tax Court concludes that they are financial leases, and the consequences that accounting gives them should be considered in taxation. This paper analyzes what is the tax treatment of installment sales, operating leasing with purchase option and financial leasing, both within and outside the scope of Legislative Decree Nº 299. To do that, it will be briefly observed what is the relationship of accounting with taxation. Likewise, the legal analogy is used as a method of legal integration, in order to respond to the absence of tax regulations in financial leasing outside of Legislative Decree Nº 299. In this way, it is exposed what the tax consequences should have been for the operations of the case, which are financial leasing and leaseback, and the equipment and machinery must be put into assets.

Uno de los principales tópicos a tratar de la economía digital es la legislación tributaria, puesto que, con la llegada de la revolución digital, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento acelerado, generando diferencias en la normativa por falta de actualización. La materia de análisis a desarrollar son los servicios de streaming, debido a que su consumo es mayor en personas naturales que en empresas jurídicas, es así que, la legislación tributaria no contempla las personas naturales para la aplicación del IGV por estos servicios. En consecuencia, no se grava el servicio y, por ende, no se recauda el IGV en el territorio peruano. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto del tratamiento tributario del IGV de las empresas de servicio de streaming no domiciliadas en los ingresos tributarios del Estado peruano. Además, los objetivos específicos buscan verificar si el tratamiento tributario del IGV permite gravar el impuesto por estos servicios en el Perú, el impacto del crecimiento del consumo del servicio en la recaudación del IGV y el cumplimiento del principio de neutralidad en estas empresas. Para ello, el trabajo se da mediante un diseño descriptivo, explicativo y correlacional que permita el análisis de los objetivos. Cabe resaltar que el trabajo tiene como finalidad servir como materia de estudio para futuras investigaciones académicas. / One of the main topics to be discussed in the digital economy is the tax legislation, due to the fact that, with the arrival of the digital revolution, the electronic commerce has had an accelerated growth, generating differences in the regulations as a result of the lack of updating. The subject of analysis to be developed are the streaming services, due to the fact that their consumption is higher in natural people than in legal companies, so, the tax legislation does not contemplate natural people for the application of the IGV for these services. Consequently, the service is not taxed and, therefore, the IGV is not collected in the Peruvian territory. The purpose of this research is to determine the impact of the tax treatment of the IGV of non-domiciled streaming service companies on the tax revenues of the Peruvian State. In addition, the specific objectives aim to verify whether the tax treatment of the IGV allows the tax on these services in Peru, the impact of the growth in consumption of the service on the collection of IGV and the compliance with the principle of neutrality in these companies. To this end, the work is done through a descriptive, explanatory and correlational design that allows the analysis of the objectives. It should be emphasized that the work is intended to serve as a subject of study for future academic investigations.

¿Son necesarios los beneficios tributarios en el Impuesto General a las Ventas a las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad se encuentran obligadas a incurrir en la adquisición de bienes o contratación de servicios para poder vivir en igualdad de condiciones. En ese sentido, el gravamen a dichas transacciones puede considerarse un sobrecosto al sobrecosto, ya que, de no encontrarse en situación de discapacidad, no deberían incurrir en estos. Así, es necesario remitirnos a las obligaciones estatales contenidas en la Convención de Personas con Discapacidad y a la Ley General de la Persona con Discapacidad para responder a dicha intriga. En ese contexto, el presente trabajo de investigación busca cuestionarse si el Perú necesita regular beneficios tributarios para las personas con discapacidad en el Impuesto General a las Ventas con la finalidad de cumplir con las obligaciones internacionales y evitar una discriminación indirecta mediante el Sistema Tributario. Para ello, se buscará delinear la estrecha entre la Política Tributaria y los Derechos Humanos por medio de tres vertientes: (i) la recaudación de recursos públicos para la concreción de los Derechos Humanos; (ii) la utilización de la función extrafiscal para reasignar costos y modificar conductas; y, (iii) la injusticia producto del diseño de un Sistema Tributario neutro que no toma en cuenta las desigualdades en la sociedad

El presente trabajo analiza el Expediente E-2719. Esta investigación busca evidenciar la problemática sobre la discordancia existente por la regulación societaria y tributaria y las resoluciones de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, en relación con los requisitos con los cuales deberá contar una operación societaria para que califique como una reorganización simple para efectos fiscales. El objetivo principal de esta investigación es determinar si los criterios establecidos en las resoluciones emitidas por ambas entidades interpretan de manera correcta la normativa societaria y tributaria que regula la reorganización simple. Se parte de la hipótesis de que la normativa fiscal en tanto hace una remisión expresa de lo que se entiende y debe ser considerado como reorganización de sociedades, a la Ley General de Sociedades, lo establecido en dicha normativa deben ser los únicos requisitos para que una reorganización simple califique como tal para efectos fiscales y goce del efecto de neutralidad. Esto se realizará a través de una investigación bibliográfica, donde prima la revisión, análisis y evaluación de fuentes bibliográficas de autores que han examinado este tema para efectos de generar un objetivo, una hipótesis y se llegue a una conclusión como resultado principal de la Investigación. Se llega a la conclusión de que tanto SUNAT y el Tribunal Fiscal hacen una interpretación extensiva y por tanto contra la ley, de los requisitos indicados por las normas societarias para que una operación societaria califique como una reorganización simple y por tanto (en tanto la propia normativa fiscal hace remisión a la Ley General de Sociedades) no genere impacto tributario ya sea respecto al impuesto a la renta (IR) como para el impuesto general a las ventas (IGV).

La indebida aplicación del artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal genera que las municipalidades en aquellos casos donde dos o más personas se disputan la titularidad de un predio como propietarios o poseedores y solicitan su inscripción como contribuyentes, procedan al reconocimiento de ambos sujetos como deudores tributarios del Impuesto Predial, amparándose indebidamente en la citada norma. El citado actuar tiene como consecuencia que las municipalidades dirijan su acción de cobro a dos o más sujetos de forma simultánea, lo que conlleva a un doble cobro del impuesto o un doble pago por parte de más de un supuesto deudor tributario, lo que no resulta arreglado a ley. Si bien existen diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal en relación a nuestra problemática, no obstante, la jurisprudencia no ha definido cuál es la forma de otorgar la calidad de contribuyente cuando hay dos o más personas que afirman ser deudores tributarios directos, y entre los cuales existe un conflicto de propiedad. En ese sentido, resulta necesario plantear alternativas para hacer frente a la citada problemática, determinando que más allá de la verificación de los medios probatorios presentados por las partes, es necesaria la adopción de medidas legislativas, dado que en nuestra legislación existe un sistema consensual de transferencia de propiedad inmobiliaria, por lo que no hay reglas claras para determinar quién es el propietario.

La presente investigación se enmarca en un procedimiento de fiscalización que realiza la Administración Tributaria a Ecromsa Industrial S.A.C., por el Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2004, mediante el cual se reparó el gasto por depreciación de bienes que forman parte del activo fijo del contribuyente, los cuales fueron aportados en propiedad por uno de los accionistas de la compañía, en el marco de un aumento de capital por aporte de bienes no dinerarios. Así, del expediente materia de análisis surgen diversas problemáticas jurídicas vinculadas al derecho societario y derecho tributario, por lo que, el presente trabajo tiene como objetivo dilucidar dichas problemáticas que se desprenden de cada una de las ramas del derecho mencionadas. En ese sentido, en la primera sección del presente informe se desarrollan las principales cuestiones que surgen en materia de derecho societario, a fin de determinar si el aumento de capital por aporte de bienes no dinerarios celebrado a favor de Ecromsa Industrial S.A.C., se realizó válidamente en el marco de la normativa societaria. Asimismo, en la segunda sección del presente informe se desarrollan las principales cuestiones que surgen en materia de derecho tributario, a fin de establecer si la depreciación de los bienes aportados a Ecromsa Industrial S.A.C., es deducible para la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2004. Además, en la tercera y última sección del presente trabajo, se desarrollan las principales cuestiones que surgen en materia de derecho constitucional tributario, a fin de determinar si, en el marco del procedimiento de fiscalización, la actuación de la Administración Tributaria deviene en la afectación de principios constitucionales de derecho tributario, tales como la legalidad, la seguridad jurídica y la capacidad contributiva. Para desarrollar la presente investigación se hace uso del método dogmático-jurídico, en tanto se realiza un estudio de las normas, la doctrina y la jurisprudencia aplicables al caso concreto. Además, se analiza las normas, la doctrina y las distintas figuras jurídicas considerando los pronunciamientos de la SUNAT, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Finalmente, la presente investigación es de relevancia, toda vez que, los conceptos analizados revelan la importancia de comprender la naturaleza de las distintas operaciones que realizan los particulares en el marco de sus actividades empresariales, a fin de otorgarles el tratamiento societario y tributario adecuado, considerando las disposiciones legales aplicables. Además, no se debe perder de vista que, la Administración Tributaria, en el marco del desarrollo de sus funciones, debe sujetar su actuación a la Constitución y a la ley, con el fin de garantizar los límites de la potestad tributaria y la vigencia de los derechos de los administrados en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.

Esta investigación tiene por objetivo plantear un mecanismo que permita contrarrestar las operaciones no reales que sustentan el saldo a favor del exportador, para lo cual se ha tomado los fundamentos de la Ley Lacey establecida en Estados Unidos para delitos medioambientales, que tiene como premisas el hacer responsable al importador de su cadena de comercialización cuando el recurso natural que busca comercializar tiene origen ilegal, y la de basarse en los hechos y no en los documentos, cabe señalar que ambas premisas discrepan de lo establecido por la Jurisprudencia en nuestro país para el caso de las operaciones no reales. En este escenario se ha optado por revisar lo que existe en nuestro país a nivel legislativo y jurisprudencial para contrarrestar las estructuras empresariales creadas con el único fin de evadir el impuesto, también se ha analizado lo establecido por la Jurisprudencia de los países de la Comunidad Económica Europea y se ha revisado los mecanismos implementados en los mencionados países para combatir este tipo de prácticas, llegando a la conclusión de la importancia que adquiere el Principio de Buena Fe y el de debida diligencia y cuidado al elegir a los proveedores y cómo este principio es el que determinaría la responsabilidad del exportador de su cadena de comercialización.

El objetivo de la presente investigación es efectuar un análisis sobre la viabilidad legal y económica de los proyectos de Ley, relativos al denominado: “Impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza” propuestos por tres grupos políticos del congreso (Período legislativo 2020- 2021) como una solución a la baja recaudación tributaria. Este tipo de iniciativas genera preocupación debido a que los referidos proyectos de Ley, no contienen una evaluación de las implicancias legales y económicas de su aprobación. En general, consideramos que cualquier norma que crea o incrementa impuestos debe tener una evaluación legal y económica previa respecto de sus consecuencias. Aplicando el método comparado en Latinoamérica y Europa, observamos que la tendencia mundial, sobre todo en Europa ha sido derogar el impuesto al patrimonio o a la riqueza debido a que finalmente este impuesto no cumple con los objetivos de su creación y lejos de generar beneficios, provoca reducción de inversiones, fuga de capitales y evasión tributaria. Efectuado un análisis legal y jurisprudencial (Test de proporcionalidad), un posible impuesto a la riqueza resulta inconstitucional por vulnerar derechos y principios constitucionales y una sobre carga de impuestos a un determinado grupo de contribuyentes. Desde el punto de vista económico, este tipo de impuestos genera, evasión tributaria y fuga de capitales. Como resultado tenemos que el impuesto a la riqueza o al patrimonio no representa la fórmula adecuada para solucionar el problema de la caja fiscal o mejorar la economía nacional, debido a que existen otros factores ligados a la recaudación fiscal que se deben mejorar (informalidad, ineficiencia de gestión y gasto público y corrupción). En conclusión, un impuesto de esta naturaleza es negativo desde todo punto de vista porque no representa una solución a la recaudación y al déficit fiscal, fomenta la evasión tributaria y fuga de capitales; y vulnera derechos constitucionales.

En el Perú, los roles de género siguen limitando la libertad individual y económica de las mujeres. ¿Puede el sistema tributario contribuir a contrarrestar los efectos de esta construcción social? El presente trabajo estima cambios en las distribuciones de ingresos laborales de trabajadores formales del Perú, identificados por género, a partir de la aplicación de políticas tributarias como el pago de impuestos directos y la promulgación de la Ley N° 30296 en 2014. El objetivo de este trabajo es el de analizar la relevancia de incluir a la política tributaria en el diseño e implementación de políticas transversales que busquen la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, se calculan indicadores de desigualdad (Gini, Generalizados de Entropía y Atkinson) y de bienestar (Atkinson y Sen), además de la construcción de Curvas de Lorenz Interdistribucionales. Los principales resultados a nivel general indican que los impuestos directos en Perú son progresivos y que la distribución de ingresos tanto de mujeres como de hombres es más desigual en 2015 que en 2014. Por otra parte, los resultados por género indican que ambas políticas tienen un efecto progresivo en género, es decir, disminuyen la brecha salarial entre mujeres y hombres. Finalmente, un análisis desagregado de estas distribuciones indica que dicho efecto progresivo no es constante a lo largo de la curva sino solo para una parte de ella. Se concluye que la política tributaria puede mejorar la posición relativa de las mujeres respecto a los hombres, sin embargo, se recomienda considerar un análisis desagregado de desigualdad que permita evaluar el efecto de la política en mujeres pertenecientes a distintos tramos de la distribución de ingresos.

El informe jurídico versa sobre la aplicación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas a las operaciones internacionales de compraventa de metales en las que media la emisión de certificados de entrega futura de parte del vendedor al comprador produciéndose posteriormente la entrega real de los metales en el exterior. Asimismo, el informe jurídico justifica su investigación debido a la vigencia del debate sobre diversos temas de naturaleza constitucional, civil y tributaria que contiene el expediente. De tal modo, en el informe jurídico se investiga las instituciones jurídicas aplicadas en el expediente a fin de determinar su correcta aplicación. El objetivo del informe jurídico es demostrar en función a argumentos jurídicos y el análisis de elementos fácticos la correcta aplicación de las normas del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, respectivamente. Asimismo, en virtud de una interpretación de las normas, revisión de la doctrina y jurisprudencia; así como, de la naturaleza jurídica de los impuestos se ha logrado advertir la correcta aplicación de las normas jurídicas. En función a lo anterior, se ha concluido que las operaciones materia de reparo no se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta ni con el Impuesto General a las Ventas.