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Memoria para optar al título profesional de periodista / Hablar de género no es sólo hablar de las mujeres. Si bien son éstas las que se han apropiado y dado uso a este término con mayor fuerza para evocar las temáticas que les conciernen, el género es una categoría que remite a un componente cultural propio tanto de hombres y mujeres, y que tiene que ver con la forma en que, socialmente, se nos “etiqueta”, se nos determina, se nos diferencia en nuestras identidades subjetivas. Ya en los años ‘70, las feministas comenzaron a utilizar el término género, cuestionando la histórica comprensión sobre las formas de comportamiento tanto de hombres y mujeres. Si bien –sostenían- nacemos biológica y genéticamente diferentes, en función de características físicas que así lo demuestran, el origen del comportamiento de cada sexo estaría dado, en gran medida, por componentes sociales y culturales, los que, más allá de lo biológico, son los que determinan totalmente las ideas sobre los roles apropiados para hombres y mujeres, así como las relaciones adecuadas entre ambos (Scott, 1990). A través de esta aseveración, proveniente principalmente de teóricas de la antropología, el concepto de género comenzará a tener no sólo un uso analítico, como una nueva dimensión para comprender la relación social entre hombres y mujeres y la interacción humana en general (Lamas, 1999), sino también un rol político en la medida en que permitirá reivindicar el papel femenino, históricamente afectado por el determinismo biológico. El mismo que atribuía las diferencias sociales, políticas y culturales entre hombres y mujeres a razones físicas o “naturales”, distinguiendo así que “las características humanas consideradas ‘femeninas’ era adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse ‘naturalmente’ del sexo” (Lamas, 1999: 147). Plantear el género como una construcción cultural, enseñada y aprendida, y por lo mismo, también mutable y modificable, será entonces fundamental para sostener que las diferenciaciones entre ambos sexos responden a esta misma lógica. Permite criticar no sólo la brusca diferenciación de roles, comportamientos y espacios que separan y pre configuran la vida de hombres y mujeres, sino, especialmente el rol social, político, económico y cultural secundario que estas últimas han encarnado a lo largo de la historia. Muchas mujeres –y también muchos hombres- de diversas regiones, edades, disciplinas y bagajes culturales, han buscado la manera de introducir esta perspectiva en el quehacer social y político, a fin de erradicar la desigualdad o discriminación femenina, para así construir sociedades más igualitarias para hombres y mujeres. Incorporar esta perspectiva de género, a las instituciones político/culturales, con tal de modificar las desiguales prácticas sociales (Lamas, 1990), apuntando así a un verdadero desarrollo democrático, será el desafío adquirido no sólo por los organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través de su Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), sino por gran parte de los Estados, incluyendo a Chile, en su afán de consolidar su efectiva democracia luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). La presente crónica periodística –Una historia de las políticas públicas con perspectiva de género en los gobiernos de la Concertación-, constituye el resultado de una investigación que busca, precisamente, relatar el desarrollo de esos esfuerzos por incorporar –no sin dificultades y resistencias- la perspectiva de género en la gestión institucional entre 1990 y 2010, esto es, durante los 20 años de gobierno de la Concertación. Reconstruyendo los hitos, tanto políticos, como sociales y culturales, que incentivaron dichas políticas, se ofrecen antecedentes que permiten entender la situación actual de la (des)igualdad de género en Chile. Éste es un intento por colarse entre los intersticios menos conocidos de esta historia, adentrarse en lo que no se vio ni escuchó, pero que permite comprender lo que se quiso hacer, lo que realmente se hizo y lo que falta por hacer en esta materia. Los objetivos de esta investigación se pueden sintetizar en cuatro puntos fundamentales: reconstruir el contexto político y social que contribuyó a la gestación de las demandas de género desde el mundo feminista durante la transición política; describir la incorporación de dichas demandas en la institucionalidad política una vez recuperada la democracia en Chile; analizar los ejes políticos de la Concertación para abordar la temática de género, a través de hitos particulares en esta materia; y evaluar el efectivo avance en la igualdad de género durante el período mencionado, así como los elementos que condicionaron este desarrollo y sus deudas. Para reconstruir el período, con sus aciertos y pendientes, se revisaron fuentes secundarias; se entrevistó en profundidad a mujeres protagonistas del movimiento feminista a partir de los años ‘80; a expertas en género; a mujeres integrantes de la sociedad civil que velaron y velan por la igualdad de género en distintos ámbitos; a mujeres políticas que, durante el período señalado, participaron tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo y que promovieron gestiones en pro de la igualdad de género; así como también se entrevistó a subsecretarias y ministras del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), de los gobiernos de la Concertación. La siguiente es una crónica de los intentos por implementar políticas con perspectiva de género durante los gobiernos de la Concertación. Esta historia detalla cómo se incorporó dicha mirada al quehacer institucional del Chile democrático. Indaga en las voluntades, desafíos y vaivenes políticos, sociales y culturales, tanto internos como externos a la política institucional, que han influido -y muchas veces coartado- las maneras de plantear, conceptualizar, gestionar y desarrollar una efectiva igualdad de género en Chile, requisito necesario para construir una sociedad más igualitaria y democrática.

Memoria para optar al Título de Periodista / Desde los ’80 en Chile, como en el mundo entero, tomó fuerza un tipo de agrupaciones que asumieron como misión reflexionar y pensar el país desde una óptica menos política y más intelectual. Se denominaron centros de pensamiento o think tanks (tanques de pensamiento) y su meta fue impulsar políticas públicas desde fuera de los partidos políticos, aunque reconociendo cercanía con uno u otro color político. Sin embargo, durante la dictadura en Chile el libre pensamiento estuvo prohibido. Es por eso que esta tendencia cobró real importancia una vez retornada la democracia, en los ’90. Desde entonces, varios grupos han aparecido con la tarea de aportar al debate público, algunos con mayor éxito que otros. En marzo de 2001 se celebró el lanzamiento oficial de Corporación Expansiva. Lejos de perfilarse como un centro de pensamiento más dentro del espectro de think tanks chilenos, Expansiva inmediatamente comenzó a sobresalir. La elegancia de sus ceremonias, su trabajo sólo a través de una página web y el perfil de sus integrantes, todos con estudios en el extranjero, inmediatamente posicionó a la Corporación como un grupo de intelectuales de élite. Si bien algunos de sus socios fundadores ya habían tenido antes acercamientos con el mundo de la política, lo cierto es que para la opinión pública nombres como Andrés Velasco, Pablo Halpern o Eduardo Bitrán eran prácticamente desconocidos. A diferencia de los otros centros de pensamiento que se reconocen como progresistas y pro Concertación, como Chile 21 o el Instituto Igualdad, Expansiva logró hacerse de un lugar en los medios de comunicación y en los debates políticos y sus expertos se hicieron escuchar, influencia que de la que en Chile históricamente han gozado los think tank ligados a la derecha, como Libertad y Desarrollo. Pero su momento de gloria Expansiva lo vivió cuando en 2006 Michelle Bachelet asumió la presidencia y en su gabinete de ministros se posaron cuatro expansivos: Andrés Velasco en Hacienda, Vivianne Blanlot en Defensa, Eduardo Bitrán en Obras Públicas y Karen Poniachik en Minería y Energía. Con ellos, se instaló también en el aparato estatal otro grupo de investigadores de Expansiva que participaron en comisiones y consejos en distintas áreas, pero con principal presencia en temas económicos, salud y educación; todos éstos ejes del programa de gobierno de Bachelet. La prensa de entonces reconoció en Expansiva una especie de "quinto partido de la Concertación" y vio en Andrés Velasco al hombre fuerte del gobierno. Indiscutible fue su influencia y el hecho de que se convirtiera en uno de los tres ministros que se mantuvo durante toda la gestión de Bachelet -además de Paulina Urrutia en Cultura y Patricia Poblete en Vivienda- demostró la confianza que tenía la ex presidenta en él. ¿Cómo lograron los expansivos esta presencia en el Gobierno? ¿Qué papel jugaron en la administración de la única presidenta mujer del país? ¿De qué forma pusieron en sello del pensamiento de Expansiva en las políticas públicas que impulsó ese gobierno? En este reportaje de investigación responderemos estas interrogantes haciendo un recorrido por los principales hitos que marcaron la historia de Corporación Expansiva y dando a conocer quiénes son y cuál es el pensamiento de los “expansivos” que llegaron al poder. Pero para abocarnos a Expansiva antes es necesario conocer cómo está estructurado el mundo de los think tanks en Chile, cuál es su función y de qué manera trabajan para contextualizar en qué lugar Expansiva logró convertirse en el centro de pensamiento donde había que estar. Finalmente, daremos a conocer qué pasó con este think tank una vez que llegaron a la cúspide de la influencia pública y cómo han sorteado la pérdida del gobierno de la Concertación, de manera de establecer el nuevo desafío y camino a seguir para mantener el estatus adquirido.

Sociólogo / El 11 de marzo de 2010 concluyeron dos décadas de mandatos presidenciales de la coalición política gobernante más longeva de la vida republicana de Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia; cuyos orígenes se remontan a la unión de dos, hasta el 11 de septiembre de 1973, tenaces adversarios, cuando no declarados enemigos: la Democracia Cristiana, principal representante del centro político desde la década de los sesenta, y los partidos de izquierda que conformaron la Unidad Popular, con la excepción, lejos de ser irrelevante, del Partido Comunista. Este inusual vínculo, fracasado en otras latitudes, se gestaría en los largos años de la dictadura al alero de los múltiples procesos de transformación a los que se vio arrojada la sociedad chilena tras el profundo descalabro que implicó el golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Salvador Allende. Uno de los más importantes para el origen de dicha coalición y para el devenir político de Chile, fue el proceso de transformación ideológica en el que se embarcó la mayoría de la izquierda chilena1, desde mediados de los años setenta, tanto en el país como en el exilio, y que implicó una profunda revisión crítica de lo que habían sido hasta ese momento las estrategias, ideologías, metas y alianzas políticas que le habían dado sustento durante el siglo XX

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Socióloga / En la actualidad se asiste a un proceso en el cual las transformaciones estructurales y culturales han debilitado los lazos entre la sociedad y el Estado, pero éste y la política continúan siendo referentes importantes de los países y de los grupos que los conforman. Así, se puede mencionar la presencia de dos procesos que han impactado desde en dos niveles distintos, desde arriba la globalización y, desde abajo, la explosión de identidades dentro los Estados nacionales, lo que ha reconfigurado los ejes de la acción colectiva y la relación de los sujetos con el Estado. En particular, uno de los efectos de la globalización ha sido el de configurar una orientación común de los movimientos de mujeres y feminista. Esta identidad, que desborda al Estado nación, apunta hacia el problema de la definición de la ciudadanía y la participación en el Estado, con miras a la democratización social y política en todas aquellas instancias de encuentro y discusión supranacionales. Dichas orientaciones y articulaciones han permitido presionar colectivamente para la implementación de medidas de acción positivas, como se expresa literalmente en la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y por la necesidad de alcanzar la paridad en los regímenes democráticos. Si bien, ha sido principalmente en los Estados desde donde se han adoptado las cuotas y la paridad, el primero en adoptar este tipo de medida fue el Partido Verde Alemán, posteriormente lo hicieron los grandes partidos políticos de los países nórdicos. Producto de una fuerte presión de los grupos feministas, han sido estos países quienes han alcanzado el mayor éxito en cuanto a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el espacio político. En América Latina, tras el derrocamiento de las dictaduras y las transiciones hacia la democracia, se aprecia que los procesos democratizadores no se encuentran en modo alguno cerrados ni completos; pero también se observa que para avanzar hay Estados que han visibilizado y, en algún grado, reconocido la situación de exclusión de grupos tales como los pueblos originarios o las mujeres. Se debe relevar que desde el punto de vista del movimiento de mujeres y feminista, la ausencia de mujeres en las instancias estatales o más bien la existencia de una distribución desequilibrada en cuanto al poder político se refiere, desproporcionadamente favorable a los hombres, se ha puesto en cuestión la legitimidad del orden democrático. En occidente, según manifiestan estos movimientos, bajo la idea del resguardo de la universalidad y la supuesta neutralidad del sujeto político, se esconde la imagen persistente del hombre como el sujeto político. Es así, como en el pensamiento clásico, según la crítica feminista, la ciudadanía habría sido construida sobre el supuesto de universalidad del sujeto político, sin género y abstracto, justificado en la idea de que la política está sobre la diferencia sexual. Sin embargo, dicha neutralidad ha puesto al hombre como centro de la constitución de ciudadanía ya que al omitir precisar el sexo el sujeto de la democracia deviene masculino. Cómo expresión de la lucha de diversos grupos por su reconocimiento como ciudadanos/as frente al Estado moderno, los procesos democratizadores han tendido hacia una exclusión decreciente en el ámbito de la democracia formal. Sin embargo, el Estado y las modalidades de participación en él encarnan las diferencias sociales de poder. Junto a los principios racionalmente deducidos y universalmente aceptados de igualdad y libertad formal para todos los miembros de una sociedad, conviven las desigualdades sociales y materiales que tienen efectos, su vez, en las formas que adopta la participación en los sistemas democráticos. Lo cual se expresa como posibilidades desiguales de ciertos sectores de acceder a los diferentes niveles de la participación política, dadas determinadas reglas (sistema electoral y sistema de partidos). Existen profundos desafíos en términos de la calidad de la democracia y las tensiones entre sus aspectos formales y reales así lo evidencian. La importante historiadora y teórica, Joan Scott, ha elaborado una de las principales aportaciones a la conceptualización del género, en la que reconoce cuatro aspectos en los que opera el género y que se interrelacionan; símbolos culturales; conceptos normativos; ámbito político (instituciones y organizaciones sociales) y la identidad subjetiva. En este sentido, hemos recogido la importancia de estudiar los factores político- institucionales en su relación a otros aspectos como los símbolos culturales del poder y la jerarquía. A partir de lo cual se ha realizado una aproximación teórica que toma las aportaciones de las teorías sociológicas de Touraine y M. A. Garretón, junto con las de teóricas feministas que han estudiado en profundidad y por décadas estos problemas, entre ellas MacKinnon, Marquez-Pereira, Phillips. Rescatamos de estas posiciones una mirada crítica de las desigualdades, pero a la vez que reconoce los procesos de transformación de las sociedades lejos de todo determinismo puramente estructural.