A lo largo del presente texto se buscará reflexionar en torno a la inclusión explícita de las diversidades de género y orientación sexual en el texto constitucional. Ello como parte de una solución de justicia en términos de reconocimiento y redistribución, y bajo la premisa de la invisibilización, censura y violencia histórica contra las personas de la comunidad LGBT. Este texto es un esfuerzo por concretizar una de las demandas más grandes del movimiento, que ha luchado para ser visibles e identificados por un estado que aún no les incluye como parte del pueblo peruano. / Trabajo académico

El presente informe pretende analizar y profundizar en la Resolución N° 4035-2014/SPC-INDECOPI: Maricela Díaz Díaz contra Supermercados Peruanos S.A., identificando los motivos por los cuales el accionar de Supermercados Peruanos al registrar al menor hijo de la Sra. Maricela Díaz cuando se activaron sus alarmas, vulnera el deber de idoneidad referente a los servicios complementarios de seguridad de Supermercados Peruanos S.A. Con dicho fin, en el presente documento se abordará primero los conceptos esenciales del deber de idoneidad para posteriormente poder desarrollar su concepto, el cual se verá dirigido específicamente a un servicio conexo como son los servicios de seguridad privada respecto de los servicios de expendio de alimentos y bebidas en supermercados. Posteriormente, y de manera central, se examinará la garantía implícita del deber de idoneidad, siendo uno de los aspectos más abstractos de dicha obligación jurídica que tiene todo proveedor. Dentro de ello se revisará el debatido concepto del “consumidor razonable”. Finalmente, a la luz de jurisprudencia del INDECOPI, se brindarán alcances más específicos respecto de las opciones legalmente viables que un proveedor de estos servicios puede tomar encontrándose en el mismo supuesto, o con pequeñas variables, para reducir los riesgos de una sanción ante la incertidumbre que brinda un malfuncionamiento de las alarmas de seguridad de dichos establecimientos.

Hoy en día a razón de que vivimos en un medio globalizado, el intercambio de nuestros datos personales se hace cada vez más frecuente y común, por lo que a la fecha distintos ordenamientos jurídicos, incluido el peruano, regulan el derecho fundamental a la protección de datos personales, indispensable para otorgar seguridad de nuestra vida privada. Es a partir de ello y a las características que presenta el consentimiento para el tratamiento de datos personales, que el derecho de información con el que cuenta el titular del dato personal se ha convertido en la piedra angular como característica de la legalidad del tratamiento de los datos personales y es menester realizar un análisis respecto a su regulación en nuestro ordenamiento y referirnos si a partir del artículo 18 de nuestra Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, existe o no tensión entre las obligaciones que de dicho derecho emanan para el titular del banco de datos personales; todo ello, partiendo de que en la Unión Europea, ordenamiento que inspiró nuestras normas en ésta materia, se ha expresado a partir de las Autoridades de Protección de Datos Personales, que existe tensión respecto a las obligaciones que emanan del principio de transparencia, el cual se encuentra muy ligado a el derecho de información regulado en nuestro ordenamiento; por tanto siguiendo ésta línea, en nuestro ordenamiento encontraríamos una tensión similar a la manifestada en la Unión Europea.

El estudio presenta como objetivo, establecer los criterios jurídicos adecuados para que, en el ejercicio del poder de dirección, el empleador no afecte el derecho al libre desarrollo de la personalidad del trabajador en su ámbito personal y familiar. Se formuló un estudio cualitativo – descriptivo, de diseño transversal no experimental, donde las variables estudiadas fueron el poder de dirección del empleador y el derecho al libre derecho de la personalidad del trabajador en su ámbito personal y familiar. La técnica de recolección de información fue el análisis documental, y se centró en la recolección de casos jurídicos que abarquen las variables estudiadas en su contexto nacional e internacional. Como parte de los resultados, se obtuvo principalmente que el poder de dirección del empleador debe tomar en consideración el respeto a la dimensión humana del trabajador, procurando establecer cambios en la prestación laboral con criterios de razonabilidad con bases en la individualidad, circunstancias propias del trabajador y no solo en las necesidades de la empresa.

Conforme al artículo 95°-A del Código Tributario, la consulta particular, especie del instituto de la consulta tributaria, es un procedimiento que permite a los deudores tributarios consultar a la Administración Tributaria sobre el régimen jurídico aplicable a hechos o situaciones concretas, vinculados con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de esta y obtener una respuesta por escrita por parte de aquella, siendo que los criterios esbozados en dicha respuesta son vinculantes para los distintos órganos de la SUNAT, de este modo se otorga seguridad jurídica a un acto declarativo de la Administración, que permite a los deudores tributarios tener elementos suficientes para tomar decisiones con una posición clara y predictible respecto a las consecuencias jurídicas de sus actividades y de ser el caso determinar correctamente su obligación tributaria. La presente investigación analiza mediante la argumentación jurídica y el estudio de casos, la naturaleza jurídica de la consulta particular, partiendo del estudio de la consulta tributaria y de la consulta institucional, así como del uso de la legislación comparada. La investigación concluye determinando que la consulta particular viene a ser una manifestación del derecho de petición reconocido en el inciso 20 del artículo 2° de la Constitución Política, así como de los principios de seguridad jurídica, predictibilidad o de confianza legítima. Además, se identifica que la regulación actual constituye una barrera de acceso a la consulta particular que ha determinado que en los más de seis años de vigencia del artículo 95°-A del Código Tributario, únicamente la SUNAT haya atendido una consulta, poniendo en evidencia la necesaria reforma normativa de esta.

En la actualidad, el reconocimiento del alcance relativo de los derechos fundamentales es casi inobjetable. Esto nos permite considerar que los derechos son limitados. Es por ello por lo que el desenvolvimiento del derecho de una persona tendrá que convivir con los derechos de los demás integrantes de la comunidad y demás bienes constitucionales que limitan el ámbito de protección de los derechos fundamentales, o también con las limitaciones que el legislador ha establecido en referencia a un mandato constitucional. En ese sentido, en la presente tesis se plantea establecer una propuesta del sistema de los límites a los derechos fundamentales que se expresan en la Constitución Política de 1993 considerando que esta no establece cláusula general alguna sobre las limitaciones de dichos derechos. Para ello, es pertinente establecer el concepto de límite que se desprende de ella, su utilidad o fundamento, así como los tipos de limitaciones que existen en el marco de las disposiciones constitucionales y finalmente el régimen normativo de las restricciones. Para esta tarea se ha tomado en cuenta la doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la materia, llegando a concluir que estamos ante una categoría dogmática-constitucional determinante para el sistema constitucional, que debe cumplir ciertas condiciones para su conformación.

El expediente a analizar expone como problemática jurídica principal, el uso de una garantía de acción popular para cuestionar una norma infralegal, cuyo contenido deroga otra norma del mismo rango, trayendo como consecuencia la permisión de la exposición de detenidos por la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión de actos delictivos. Es así que, la presente investigación se justifica en dos razones motivo de análisis: la afectación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia a partir de la concepción errónea del concepto de eficacia preventiva y punitiva amparado en la medida estatal en cuestión; y la verificación de la eficacia de la norma constitucional y de los derechos fundamentales mediante procesos constitucionales, tal como se realiza en un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, resulta importante resaltar el notorio aporte jurisprudencial de este caso, como es la observancia de la presunción de inocencia como límite a actuaciones procesales. En ese sentido, se sustenta como hipótesis que sí es posible tutelar el derecho a la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales a través del proceso de acción popular. A pesar de que la norma impugnada sea de contenido derogatorio de otra norma del mismo rango, siempre y cuando se demuestre que la existencia de la norma en mención genere la afectación de principios constitucionales, en este caso, la presunción de inocencia y la supremacía de la constitución. Para efectos de sustentar lo anterior, se empleó como metodología la revisión de jurisprudencia y doctrina relacionada, empleando el método dogmático-jurídico. Finalmente, se concluye que los derechos fundamentales pueden ser tutelados a través de la acción popular, independientemente del contenido de la norma infralegal, siempre y cuando existan motivos fundados que puedan advertir el peligro de la afectación de los mismos.

En este trabajo académico, la autora hace un análisis de la aporofobia, término novedoso acuñado por la filósofa Adela Cortina, la cual es entendida como el rechazo u odio al pobre, a través de la óptica de la discriminación estructural. En tal sentido, se parte del estudio de lo que implica el derecho a la no discriminación tanto a nivel nacional como a través de los diversos instrumentos internacionales, para luego enfocarse en el concepto de discriminación estructural como fenómeno intergrupal y sistémico. Además, para comprender mejor el concepto de aporofobia se hace un desarrollo de lo que se ha venido entendiendo por pobreza tanto a nivel económico, filosófico y doctrinal. De esta manera, se pasa al análisis teórico de lo que implica la aporofobia y cuáles son sus orígenes, para vincular este concepto con una forma de discriminación por motivos económicos. Así se llega a señalar que la aporofobia se manifiesta a través de la discriminación estructural de las que son victimas diversos grupos a los que se identifica como pobres. Siendo que a los individuos de estos grupos sociales se les atribuirá diversos estereotipos y prejuicios negativos que justifican las actitudes aporófobas. Por último, una vez señalado este problema estructural, se desarrollan algunas propuestas para contrarrestar tal situación en la sociedad peruana. / In this academic work, the author makes an analysis of aporophobia, a novel term coined by the philosopher Adela Cortina, which is understood as the rejection or hatred of the poor, through the perspective of structural discrimination. In this sense, it starts from the study of what the right to non-discrimination implies both at the national level and through the various international instruments, to then focus on the concept of structural discrimination as an intergroup and systemic phenomenon. In addition, to better understand the concept of aporophobia, development is made of what has been understood by poverty both at an economic, philosophical and doctrinal level. In this way, we proceed to the theoretical analysis of what aporophobia implies and decisions are its origins, to link this concept with a form of discrimination for economic reasons. Thus, it is pointed out that aporophobia manifests itself through the structural discrimination suffered by various groups that are identified as poor. Being that the individuals of these social groups will be attributed various negative stereotypes and prejudices that justify aporophobic attitudes. Finally, once this structural problem has been pointed out, some proposals are developed to counteract this situation in Peruvian society.

El reconocimiento formal de los derechos sociales como derechos fundamentales en el Perú resulta una tarea acabada. Sin embargo, en la actualidad, se presenta un segundo desafío que consiste en asegurar su plena efectividad. Por ello, esta tesis tiene como fin responder a la interrogante de cómo las sentencias estructurales pueden convertirse en una herramienta en manos del Tribunal Constitucional para contribuir con la efectivización de estos derechos. En ese sentido, a partir de un análisis jurisprudencial comparado y doctrinal interdisciplinario, concluimos que el Tribunal Constitucional al expedir una sentencia estructural asume el rol de decisor dentro del ciclo completo de formación de una política pública. Con lo cual, se le otorga la oportunidad excepcional de crear un plan de acción que coadyuve a efectivizar realmente los derechos sociales en favor, en este caso específico, de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. De esa manera, será oportuno establecer la definición de este tipo de sentencia y la de una política pública, la conexión entre ambas; así como, los principales obstáculos que impiden la concreción de los derechos sociales en Perú. Ello a fin de visibilizar la diferencia entre un proceso tradicional de gestación de una política pública social en la que no interviene el Tribunal Constitucional y otro anclado en el marco de una sentencia estructural.

El rango constitucional del derecho al agua potable ofrece una serie de aspectos que constituyen un amplio espacio de análisis, el cual trasciende al enfoque estrictamente constitucional o ambiental, e incluso al enfoque jurídico general; no obstante, el ámbito que aborda este trabajo se encuentra motivado principalmente por el proceso de desarrollo que ha merecido el contenido de dicho derecho fundamental, durante estos quince (15) años trazados, entre la labor jurisdiccional y legislativa; sin perder de vista, cuáles han sido los principales problemas que se han advertido, a partir del paralelismo de ambas funciones ejercidas desde el poder público. Asimismo, el análisis realizado asume el esfuerzo de compatibilizar el desarrollo jurisprudencial con el desarrollo legislativo, desde un punto de vista complementario; en dicho intento se evidencian diversos tópicos que fundamentan el contenido del derecho al agua potable, los cuales a su vez proporcionan relevantes factores o parámetros de interpretación para todo el ordenamiento jurídico relativo a recursos hídricos y saneamiento. Finalmente, luego de una revisión teórica o abstracta sobre contenidos jurídicos; este trabajo no deja de lado la necesidad de reseñar cuáles son las implicancias y/o efectividad del reconocimiento del derecho al agua potable, en función a los principales problemas que se presentan a nivel país, relacionados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población respecto a los servicios de saneamiento.