Tesis para optar al grado de Magíster en Comunicación Política / Los últimos 20 años Chile ha vivido un progresivo proceso de privatización de servicios como salud, educación y previsión. El Estado chileno adscribe a diversos tratados internacionales que lo obligan a garantizar derechos mínimos, sin embargo, en el marco de Estado subsidiario, lo hace a través de bonos y subsidios que no afectan las políticas macroeconómicas que profundizan la desigualdad, mala distribución de los ingresos y segregación social. El año 2009 se crea la red de protección social, la cual en sus intenciones expresas se encuentra garantizar derechos mínimos para todos los chilenos. Propone un cambio de enfoque en las prestaciones del Estado y políticas públicas: antes con un enfoque asistencialista, ahora con un enfoque de derechos. Por otro lado, se puede afirmar que la sociedad actual se encuentra altamente mediatizada. Los medios de comunicación –televisión, prensa radio y publicidad- se configuran como articuladores de la vida social, económica y política: son referentes sociales y valóricos que contribuyen en la construcción de la realidad social. La publicidad estatal es un medio efectivo de comunicación entre el Estado (y/o gobierno) y las personas, capaz de informar, educar y transmitir valores consecuentes con los valores de la nación. Es en este sentido que la campaña publicitaria de la ‘Red Protege’ tuvo la posibilidad de promover el cambio de enfoque -desde uno asistencialista a otro de derechos- y de derechos ciudadanos a través de la representación que se hizo en las piezas publicitarias de las prestaciones, de los usuarios, y de la racionalidad narrativa general de la campaña. La presente investigación sometió las piezas de la campaña a un análisis semiótico, intentando determinar si las representaciones de la red de protección social en su campaña de lanzamiento son coherentes con la intención manifiesta de los creadores de la ‘Red Protege’ de promover la garantía de derechos ciudadanos, con un enfoque de derechos. Los resultados arrojaron el posicionamiento de ‘marca’ de la Red Protege. Es decir, se propone una interpelación emocional, que incentiva la atracción hacia la campaña a través de una 4 interpelación afectiva con poco anclaje en lo real, y se incentiva a su vez el “consumo” de las piezas publicitarias sin ofrecer información sobre las características de esta red. El análisis de la campaña demuestra finalmente la dificultad de promover derechos sociales a través de un formato y herramienta propia del mercado (publicidad), y de esta manera se testimonia y explicita la dificultad de combinar el actuar restrictivo de un Estado subsidiario con la garantía de derechos.

En este artículo, César Landa da cuenta del proceso de constitucionalización de los derechos sociales, su exigibilidad y su judicialización en América Latina. Para ello el autor hace referencia a la situación económica y  política actual de los países latinoamericanos, que es la que ha marcado el derrotero de los derechos sociales en la región, en el presente, y es producto de un pasado dictatorial de reciente data. En el documento se hace especial referencia a los derechos a la salud, al trabajo y el derecho a la educación, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y chileno, así como de la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Costa Rica, entre otros. En ese sentido, el  artículo tiene un cariz comparativo que resalta el rol de las cortes constitucionales en la protección y desarrollo de los contenidos de los derechos sociales. In this article, César Landa realizes the process of constitutionalization of social rights, their enforcement and prosecution in Latin America. For this, the author refers to the economic and political situation in Latin American countries, which is what has marked the track of social rights in the region, in the present, and is the result of a fairly recent dictatorial past. The document makes specific reference to the rights to health, work and the right to education, from the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru and Chile, as well as Colombia’s Constitutional Court, the Supreme Court of Costa Rica , among others. In that sense, the article has a comparative aspect that highlights the role of constitutional courts in the protection and development of the content of social rights.

Objetivo general Analizar la valoración que hacen las familias (como unidades domésticas) titulares de derecho de la Asignación Universal por Hijo, en la ciudad de Mar del Plata, a dos años de su implementación. Objetivos específicos 1) Indagar acerca de percepción que las familias titulares de la AUH construyen acerca de su economía doméstica en relación a dicha política. 2) Describir la valoración de las condicionalidades educativas y su influencia en la situación de escolaridad en la familia a partir la percepción de la AUH. 3) Analizar la recepción de las condicionalidades sanitarias planteadas por la AUH.

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La obra pretende encontrar una explicación al estado actual de exigibilidad y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

This paper explores some of the main contributions developed bylegal theory in favour of social rights enforcement. The first part is devotedto the concept of subjective right and particularly to the conceptions due toRobert Alexy and Luigi Ferrajoli. The second part includes the analysis ofthe relationship between social rights and the principle of equality. Specialattention will be given to Luis Prieto’s theory. Finally, both post-positivisticand neo-constitutionalistic theories of Law will be evaluated in terms of theirdegree of recognition and defence of social rights. / En este trabajo se exponen algunas de las principales contribuciones de la teoría del Derecho a la exigibilidad de los derechos sociales. La primera parte está dedicada al concepto de derecho subjetivo y especialmente a las propuestas de Robert Alexy y Luigi Ferrajoli. En la segunda parte, se analiza la relación de los derechos sociales con el principio de igualdad y, más concretamente, la propuesta de Luis Prieto. Finalmente, se exploran las posibilidades que tanto la teoría pospositivista del Derecho como la neoconstitucionalista ofrecen para un mayor grado de reconocimiento y eficacia de los derechos sociales.

Submitted by Morgana Silva (morgana_linhares@yahoo.com.br) on 2016-06-30T19:32:42Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1478104 bytes, checksum: b0c4c9056c07808d9bcaeff4f0e075cf (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-30T19:32:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1478104 bytes, checksum: b0c4c9056c07808d9bcaeff4f0e075cf (MD5) Previous issue date: 2016-02-17 / La presente disertación trata sobre un estudio realizado sobre los Derechos Sociales en el Siglo XXI, teniendo como objeto de estudio el contexto de (no) concretización en la socialización capitalista. Las razones que imponen el sentido de materialización de la norma están relacionadas con la opción política del estado capitalista de actuare en la sociedad predicando, por momentos el laissez-faire, en otro una dinámica cuja acción dirige la atención a los intereses del capital. A partir de la observación de la práctica es que se puede tratar el problema de esta investigación que seria la concepción de los Derechos Sociales en la sociedad capitalista en cuanto mera garantía formal, podría materializarse a tal punto de promover condiciones igualitarias de derechos a todos los pueblos? Las contradicciones sociales son notorias en el siglo XXI, siendo a partir de sus razones los puntos de partida para determinación de una respuesta a la cuestión presentada. Asi, la hipótesis para el problema, delante de estos esbozos, surge porque el foco de la sociedad capitalista ante los Derechos Sociales, constituye un discurso ideológico para justificar y perpetuar el poder del capital. El interese de los dominadores constituye el pilar de la vida social, de modo que, las conquistas oriundas de las tensiones sociales, generan normas sociales para satisfacción del consenso. En lo concreto, su contenido se manifiesta más en el plano formal de que en el plano material. La movilidad de la fase esta, en principios, en el propio sentido de la norma, cuyo contenido se vuelca para la atención de grupo situados, demostrando así, que el mecanismo social es un mecanismo de justificación cuyo resultado solamente acentúa las diferencia sociales en torno a la relaciones económicas. La lógica capitalista es legitimada por la sociedad al absorber sus ideologías, con conceptos reductores, que imponen sobre el ser, considerado individualmente, la carga de promover la transformación de su propia condición social. A partir de esta diferencia se constata la inefectividad de la norma al tender a la satisfacción de los intereses de los dominantes, pues posibilita mantener la relación de dominadores y dominados. El referencial teórico y metodológico utilizado para el análisis es el trabajo de Karl Marx, específicamente, los textos de juventud que discuten el derecho y las relaciones sociales en torno a las relaciones concretas e históricas. Siendo por tanto, un estudio volcado a la dialéctica histórica y material, que prima por la observación de la práctica social en cuanto determinante de ideologías o aporías. Cave resaltar que no fueron desconsiderados otros estudios cuyo contenido tienen relación con el discurso marxista y su explicación de la actuación del capital en el presente siglo. / Trata a presente dissertação de examinar os Direitos Sociais no século XXI tendo como objeto de estudo o seu contexto de (não) efetivação na sociabilidade capitalista. As razões que impõem o sentido da materialidade da norma estão relacionadas com a opção política do Estado capitalista em atuar na sociedade pregando, ora o laissez-faire, ora uma dinâmica cuja ação volta-se ao atendimento dos interesses do grande capital. É da observação da prática social que se torna possível aventar o problema desta pesquisa, qual seja, a concepção de Direitos Sociais, na sociabilidade capitalista, enquanto mera garantia formal, poderia materializar-se a ponto de promover condições igualitárias de direitos a todos os povos? As contradições sociais apresentam-se notórias no século XXI, sendo, a partir de suas razões os pontos de partida para determinação de uma resposta à questão aventada. Assim, a hipótese para o problema, diante deste escorço, surge porque o foco da sociabilidade capitalista ante os Direitos Sociais, constitui-se num discurso ideológico de justificação e perpetuação do poder do capital. O interesse dos dominadores constitui o pilar da vida social, de modo que, as conquistas, oriundas das tensões sociais, geram normas sociais para a satisfação do consenso. Na concretude, o seu conteúdo manifesta-se mais no plano formal do que material. A móbil face está, a princípio, no próprio sentido da norma, cujo conteúdo volta-se para atendimento de grupos situados, demonstrando, assim, ser o conteúdo social um mecanismo de justificação cujo resultado, tão somente, acentua as diferenças sociais em torno das relações socioeconômicas. A lógica capitalista é legitimada pela sociedade ao absorver as suas ideologias, com conceitos redutores de direitos, que impõe sobre o ser, individualmente considerado, o ônus de promover a alteração de sua própria condição social. Dessa inferência constata-se a inefetividade da norma como sendo tendente à satisfação dos interesses dos dominantes, pois possibilita manter a relação de dominantes e dominados. O referencial teórico e método utilizados para darem aporte às análises suscitadas é o trabalho de Karl Marx, especificamente, os textos de juventude que discutem o direito e as relações sociais em torno das relações concretas e históricas. Sendo, portanto, seu estudo voltado à dialética, histórica e material, que prima pela observação da prática social enquanto determinante de ideologias ou aporias. Ressalta-se não terem sido desconsideradas outras doxografias cujo conteúdo tem relação com o discurso marxista e sua explicação da atuação do capital no presente século.

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la necesidad del acceso a internet como derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano a fin de salvaguardar este nuevo derecho y reducir el problema de la brecha digital. Es debido a ello que, analizamos la figura del internet como derecho fundamental desde una perspectiva constitucional y filosófica, con apoyo de informes estadísticos de la realidad del Perú y su implementación en la legislación internacional. La metodología empleada es el enfoque cualitativo de nivel no experimental, el mismo que nos permitió llegar a la conclusión que, sí es necesario, reconocer el acceso a internet como un derecho fundamental en nuestra Constitución, mediante la reforma constitucional, incorporar el artículo 14-A dentro de su Capitulo II, que trata a los “Derechos Sociales y Económicos”. En la medida en que, favorece el desarrollo humano al contribuir con el goce efectivo del ejercicio de otros derechos fundamentales, de ese modo, pueda ser el medio para superar desigualdades y conseguir una mayor inclusión entre los peruanos.

El reconocimiento formal de los derechos sociales como derechos fundamentales en el Perú resulta una tarea acabada. Sin embargo, en la actualidad, se presenta un segundo desafío que consiste en asegurar su plena efectividad. Por ello, esta tesis tiene como fin responder a la interrogante de cómo las sentencias estructurales pueden convertirse en una herramienta en manos del Tribunal Constitucional para contribuir con la efectivización de estos derechos. En ese sentido, a partir de un análisis jurisprudencial comparado y doctrinal interdisciplinario, concluimos que el Tribunal Constitucional al expedir una sentencia estructural asume el rol de decisor dentro del ciclo completo de formación de una política pública. Con lo cual, se le otorga la oportunidad excepcional de crear un plan de acción que coadyuve a efectivizar realmente los derechos sociales en favor, en este caso específico, de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. De esa manera, será oportuno establecer la definición de este tipo de sentencia y la de una política pública, la conexión entre ambas; así como, los principales obstáculos que impiden la concreción de los derechos sociales en Perú. Ello a fin de visibilizar la diferencia entre un proceso tradicional de gestación de una política pública social en la que no interviene el Tribunal Constitucional y otro anclado en el marco de una sentencia estructural.

La presente investigación asume el derecho a la pensión como fuente generadora de derechos y obligaciones, con la finalidad de poder garantizar la protección judicial y la justiciabilidad en favor de los pensionistas adscritos en los decretos leyes 19990 y 20530, tanto de las pensiones principales y sus derivados. No obstante, para concretar sus derechos pensionarios, deben acudir a sede judicial, donde existen excesivos retrasos por barreras normativas que frenan su goce efectivo y pleno. De esta forma, impide la ejecución de manera oportuna y eficaz, tornándose que las sentencias judiciales sean vistas como actos aislados de victoria frente a consecuencias naturales propias del ser humano (fallecimiento). Por ello, el estudio de la ejecución de sentencias judiciales se ha efectuado desde la revisión de la finalidad del derecho a la pensión, para obtener una celeridad adecuada e idónea de materialización, con ello, elevar la calidad de vida de los pensionistas (vida digna). Además, se ha relacionado con los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, las pensiones en nuestro país pasan por esferas impropias a los estándares jurisprudenciales fijados en sede convencional, porque la regulación es contraria al contenido esencial por la mutilación de dos parámetros: las pensiones deben ser oportunas y sin demoras, así como, disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una violación del derecho a la seguridad social. No obstante, podrá ser reversible con la modificación normativa del Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley del Proceso Contencioso Administrativa y el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440. De este modo, se permitirá una nueva visión integral al cumplimiento de sentencias judiciales, para visibilizar y enfocar el problema de los pensionistas. Finalmente, los procesos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca permiten contrastar las barreras normativas que afectan el derecho a la pensión, como garantía propia de derecho alimentario y objetivo de no aplazar por tiempos irrazonables la etapa de ejecución, sin tener una solución de efectividad y justiciabilidad. / This research assumes the right to a pension as a source of rights and obligations, with the purpose of guaranteeing judicial protection and justiciability in favor of the pensioners of Decrees Law 19990 and 20530. However, to materialize their pension rights, they must go to court, and many times these are delayed by regulatory barriers that hinder their effective and full enjoyment, preventing their execution of the judicial sentences in a short term, becoming isolated acts of victory in the face of natural consequences of the human being (death). Therefore, the study of the execution of judicial rulings has been worked from the verification of the purpose of the right to the pension, rights and principles that frame our legal system and conventional rights, to obtain an adequate and suitable celerity for its materialization, thus, raising the quality of life of pensioners (dignified life). Additionally, it has been linked to jurisprudential standards set by the Inter-American Court of Human Rights. Currently, pensions in our country fall short of jurisprudential standards set in conventional settings due to regulations contrary to essential content, by mutilating two parameters: Pensions must be timely and without delays and to have effective mechanisms musy be available for claming violations of the right to social security. However, this could be reversible with normative modifications in the New Constitutional Procedural Code, Administrative Litigation Process Law, and Article 73 of Legislative Decree 1440. Finally, judicial processes from the Superior Court of Justice of Cajamarca allow for contrasting that the normative barriers affecting the right to the pension, as a guarantee of a alimentary right and with the objective of no delaying the execution stage unreasonably without an effective and just solution.