La intervención del Tribunal Constitucional en las políticas públicas se da través de sus decisiones jurisdiccionales y esta intervención se puede plasmar en distintos momentos de las etapas del ciclo de la política pública, tanto en la definición del problema como en el diseño de la política pública. Si de la comparación de la política original propuesta por el Legislativo o el Ejecutivo se verifica luego una modificación de la política pública, en cualquiera de esas etapas, estableciendo o ampliando el problema, estableciendo facultades, identificando o incluyendo actores, estableciéndose mecanismos de adecuación e implementación de la política pública a consecuencias de las decisiones del Tribunal Constitucional, entonces, la decisión jurisdiccional ha tenido efectos y el Tribunal Constitucional se habrá convertido en un actor relevante para el análisis de la política pública.

En este artículo, César Landa da cuenta del proceso de constitucionalización de los derechos sociales, su exigibilidad y su judicialización en América Latina. Para ello el autor hace referencia a la situación económica y  política actual de los países latinoamericanos, que es la que ha marcado el derrotero de los derechos sociales en la región, en el presente, y es producto de un pasado dictatorial de reciente data. En el documento se hace especial referencia a los derechos a la salud, al trabajo y el derecho a la educación, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y chileno, así como de la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Costa Rica, entre otros. En ese sentido, el  artículo tiene un cariz comparativo que resalta el rol de las cortes constitucionales en la protección y desarrollo de los contenidos de los derechos sociales. In this article, César Landa realizes the process of constitutionalization of social rights, their enforcement and prosecution in Latin America. For this, the author refers to the economic and political situation in Latin American countries, which is what has marked the track of social rights in the region, in the present, and is the result of a fairly recent dictatorial past. The document makes specific reference to the rights to health, work and the right to education, from the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru and Chile, as well as Colombia’s Constitutional Court, the Supreme Court of Costa Rica , among others. In that sense, the article has a comparative aspect that highlights the role of constitutional courts in the protection and development of the content of social rights.

An approach of corrective roles of judges within the constitutional interpretation demands a number of parameters that must necessarily be made compatible with the principles, values  and guidelines pursuant to contemporary legal systems. This study covers the dimensions of these corrective roles in the attempt to set reference lines on the delicate task of the constitutional judges in the defense of the effective exercise of the fundamental rights and the regulations’ primacy of the Constitution. Finally, this study investigates if there is a jurisdictional government and to what extent the neoconstitutionalism turns out to be a relevant matter in the interpretation of the Constitution. / Un enfoque de roles correctores de los jueces en la interpretación constitucional demanda una serie de parámetros que necesariamente deben ser compatibilizados con los principios, valores y directrices que informan los ordenamientos jurídicos contemporáneos. El presente estudio abarca las dimensiones de esos roles correctores en la pretensión  de establecer líneas referenciales sobre la delicada labor de los jueces constitucionales en la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución. Indaga finalmente, si acaso existe un Estado jurisdiccional y en qué medida el neoconstitucionalismo resulta ser un elemento material relevante en la interpretación de la Carta Fundamental.