la teoría de separación de poderes organiza el Estado en tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. El primero ejercido por el parlamento, cuya función es derogar las leyes; el Poder Ejecutivo se encarga de su cumplimiento ; el tercero, administra la justicia a nombre de la nación. En teoría, el Estado dividido en estas funciones no seria una tiranía y tendría mas garantías que un poder concentrado en una sola persona o institución. El mito de la separación de poderes lo convierte en el principal garante del Estado de Derecho, basado en el "imperio de la ley", y se asocia con conductas democráticas. Para abordar el tema de la tesis, he planteado inicialmente las cuestiones metodológicas y en seis capítulos se ha desarrollado el tratamiento de los problemas esbozados.

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La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias. / Tesis

La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias.

En la actualidad, en el Perú se está produciendo una descomposición constitucional -tal como lo entiende la teoría constitucionalista de Jack Balkin- ya que existe una fuerte pérdida de confianza en la clase gobernante, polarización política extrema e incremento de la desigualdad. Sin embargo, el caso peruano tiene un rasgo característico y es el hecho de que esta descomposición está siendo ejecutada, principalmente, por el Poder Legislativo que ha vulnerado el principio de separación de poderes en detrimento del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y varios Organismos Constitucionalmente Autónomos. Por lo mismo, este ensayo se propone visibilizar que nos encontramos frente a una dictadura parlamentaria donde estos actores políticos -a través de un juego rudo constitucional- instrumentalizan la normativa y anteponen los intereses privados de grupos de poder por encima del bien común. Para fundamentar esta postura, el ensayo hará uso de teoría constitucional, de ciencias sociales y notas periodísticas. Por último, de las principales conclusiones extraídas se destaca que la solución a este entrampamiento no se encuentra en la clase política o en una reingeniería constitucional, sino en la promoción de participación y movilización ciudadana por parte del poder constituyente. / Currently, a constitutional rot is occurring in Peru, in the terms of the constitutionalist Jack Balkin, since there is a strong loss of confidence in the government, extreme political polarization and an increase in economic inequality. However, the Peruvian case has a characteristic feature and it is the fact that this decomposition is being carried out, mainly, by the Legislative Branch, which has violated the principle of separation of powers to the detriment of the Executive Branch, the Judicial Branch and various Constitutionally Autonomous Institutions. For this reason, this essay aims to make visible that we are facing a parliamentary dictatorship where these political actors - through constitucional hardball- instrumentalize the norms and put the private interests of powerful groups above the common good. To support this position, the essay will make use of constitutional theory, social sciences and journalistic notes. Finally, from the main conclusions drawn, it is highlighted that the solution to this entrapment is not found in the political class or in constitutional reengineering, but in the promotion of citizen participation and mobilization by the constituent power. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico abordará el tema de la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, a raíz de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si cabía la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronunciara acerca del problema de fondo en su Sentencia (más allá de los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió), que es la interpretación de este “mecanismo de control institucional”, teniendo en consideración el contexto político y social en el cual se encontraba el país en noviembre de 2020; un período de conflicto institucional bastante álgido y complejo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de una crisis política y sanitaria. Y si fuera así -que el Tribunal se hubiera encontrado en el deber de interpretar la Permanente Incapacidad Moral- cómo es que debería haber resuelto el presente caso. En ese sentido, a través del crítico análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del problema principal y de los problemas secundarios, se llegó a concluir que nos encontramos ante una figura de características sumamente complejas y abstractas en demasía. No solo por la amplia tipificación del Art. 113.2 de la Constitución Política del Perú, que da salida a una interpretación subjetiva del parlamentario, sino también por el sistema presidencial atenuado en el que nos encontramos. Del mismo modo, se concluirán posibles lineamientos que el Tribunal debió tomar en cuenta para resolver el caso. / This Legal Report will address the issue of the Presidential Vacancy due to the Permanent Moral Incapacity, as a result of the Judgment issued by the Plenary of the Constitutional Court No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether it was possible for the Plenary of the Constitutional Court to rule on the substantive problem in its Judgment (beyond the singular votes that each of the magistrates issued), which is the interpretation of this "institutional control mechanism", taking into account the political and social context in which the country found itself in November 2020; a period of quite acute and complex institutional conflict between the Executive and Legislative powers, within a political and health crisis. And if that were the case - that the Court had found itself in the duty of interpreting the Permanent Moral Incapacity - how is it that it should have resolved the present case. In this sense, through the critical normative, doctrinal and jurisprudential analysis of the main problem and the secondary problems, it was concluded that we are facing a figure with extremely complex and excessively abstract characteristics. Not only because of the broad classification of Art. 113.2 of the Political Constitution of Peru, which gives a way to a subjective interpretation of the parliamentarian, but also because of the attenuated presidential system in which we find ourselves. In the same way, possible guidelines that the Court should have taken into account to resolve the case will be concluded.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se introdujo en el sistema jurídico peruano una nueva técnica de uniformización jurisprudencial: la “doctrina jurisprudencial”, luego denominada “precedente vinculante” (artículo 400). A la luz de dicha disposición normativa, las Salas Civiles de la Corte Suprema han encontrado respaldada su facultad para emitir, en el marco de los plenos casatorios, sentencias plenarias que consagran reglas jurisprudenciales vinculantes. En la presente investigación se busca demostrar que el “modelo” de emisión de enunciados jurisprudenciales vinculantes (manipulativos de la legislación), no es respetuoso de nuestro ordenamiento constitucional toda vez que los jueces civiles de la Corte Suprema asumen un rol equiparable a la de un legislador positivo lo cual quebranta el principio de separación de poderes, rasgo de identidad de nuestro ordenamiento constitucional. En atención a ello, se ofrece una propuesta interpretativa del artículo 400 del Código Procesal Civil que insta a la adopción de un trabajo con precedentes basado en hechos compatibilizando, de esta manera, la praxis de las Salas Civiles de la Corte Suprema con el principio de separación de poderes. / With the enactment of the Civil Procedure Code, a new technique for standardizing jurisprudence was introduced into the Peruvian legal system: “consolidated case law doctrine” later called “binding precedents” (Article 400). In light of this normative provision, the Civil Chambers of the Supreme Court have felt empowered to issue, in the framework of the cassation hearings, plenary judgments that enshrines binding jurisprudential rules. The present work shows that the “model” of issuing binding jurisprudential rules (manipulation of legislation) is not respectful of our constitutional order, since the civil judges of the Supreme Court assume a role comparable to that of a positive legislator, which violates the principle of separation of powers, a significant feature of our constitutional order. In response to this, an interpretative proposal is offered for article 400 of the of the Civil Procedure Code, which advocates for the adoption of a work with factual precedents, thus making the practice of the Civil Chambers of the Supreme Court compatible with the principle of separation of powers.

El Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial aduciendo que la revisión de sus actos en el marco de tres procesos de amparo afectaba sus competencias exclusivas y excluyentes y que, por lo tanto, la parte demandada había incurrido en vicios competenciales que ameritaban la intervención del máximo intérprete de la Constitución. Ante ello, el Tribunal Constitucional determinó -bajo una interpretación de espaldas al principio de separación de poderes- que existían zonas exentas del control constitucional y, con ello, abrió paso la doctrina de las “political questions” en el Perú. Dicha postura ignoró, plenamente, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, la cual había establecido largamente que, en tanto la norma fundamental vinculaba a todos los poderes públicos, no era posible concebir que alguno realizase actos que no pudiesen ser controlados constitucionalmente. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional desnaturalizó el proceso competencial y se advocó al análisis de fondo de los procesos de amparo que fueron motivo de la demanda, a fin de resolver las controversias bajo su propio criterio. Al hacerlo, no solo comprometió diversos principios constitucionales, sino que, a su vez, permitió la vulneración de derechos fundamentales y se advocó a causas pendientes ante órganos jurisdiccionales. / The Congress of the Republic filed a jurisdictional claim against the Judiciary, arguing that the review of its actions within the framework of three amparo processes affected its exclusive and excluding competences. Consequently, the defendant had committed jurisdictional errors that warranted intervention by the highest interpreter of the Constitution. In response, the Constitutional Court, under an interpretation that disregarded the principle of separation of powers, determined that there were areas exempt from constitutional control. This paved the way for the doctrine of 'political questions' in Peru. Unfortunately, this stance completely ignored the jurisprudence of the highest interpreter of the Constitution, which had long established that all public powers were bound by the fundamental norm, making it impossible for any of them to perform acts beyond constitutional scrutiny. Furthermore, the Constitutional Court distorted the jurisdictional process by delving into the substantive analysis of the amparo cases that were the subject of the claim. In doing so, it not only compromised various constitutional principles but also allowed for the violation of fundamental rights and deferred to pending cases before judicial bodies.

El caso aborda una disputa entre el Congreso del Perú y el Poder Ejecutivo, iniciada cuando el Primer Ministro, Aníbal Torres Vásquez, presentó una cuestión de confianza ( en adelante CDC) relacionada con el Proyecto de Ley ( PL) 3570/2022- PE. El problema principal radica en si esta CDC significa un ejercicio irregular de competencias del Ejecutivo y vulneró las atribuciones constitucionales del Congreso. Además, se examinan problemas secundarios sobre la competencia para determinar el rechazo de la CDC y la validez de interpretaciones implícitas de dicho rechazo. Los instrumentos normativos empleados incluyen los artículos 132,133 y 134 de la Constitución, el reglamento del Congreso, la ley N° 31355, los cuales regulan la CDC y su procedimiento. Además, se consideraron sentencias previas del TC que abordan la interpretación y los límites de este mecanismo, como la Sentencia 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC y la Sentencia 00006-2003-AI/TC. Las principales conclusiones indican que el planteamiento de la CDC por el Ejecutivo con el objetivo de conseguir la aprobación del PL 3570/2022-PE fue irregular y vulneró las competencias del Congreso. Se concluye que el Congreso tiene la competencia para determinar el rechazo de la CDC y que tal rechazo debe ser explícito para evitar interpretaciones arbitrarias. El fallo resalta la necesidad de respetar la separación de poderes y los límites constitucionales establecidos para preservar el equilibrio democrático en el país. / The case addresses a dispute between the Congress of the Republic of Peru and the Executive Branch, initiated when the Prime Minister, Aníbal Torres Vásquez, raised a vote of confidence related to Bill 3570/2022-PE. The main issue revolves around whether this vote of confidence constituted an irregular exercise of Executive powers and undermined the constitutional powers of the Congress. Additionally, secondary issues regarding the competent authority to determine the rejection of the vote of confidence and the validity of implicit interpretations of such rejection are examined. The regulatory instruments employed include Articles 132, 133, and 134 of the Political Constitution of Peru, the Congress's regulations, Law No. 31355, which regulate the vote of confidence and its procedure. Furthermore, previous judgments of the Constitutional Court addressing the interpretation and limits of this mechanism were considered, such as Judgment 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC, and Judgment 00006-2003-AI/TC. The main conclusions indicate that the Executive's proposal of the vote of confidence for the approval of Bill 3570/2022-PE was irregular and violated the powers of the Congress. It is concluded that the Congress has the authority to determine the rejection of the vote of confidence, and such rejection must be explicit to avoid arbitrary interpretations. The ruling highlights the need to respect the separation of powers and the constitutional limits established to preserve the democratic balance in the country.

In the last years, there is a gradually participation of the Judicial Branch in the Congress competences and functions to supervise and inquire into issues of public interest. As a result, it has questioned the separation of powers principle. In that context, this article focuses on analyzing what the judicial supervision limits of the due process in the procedures before the inquiry commissions in the Congress are. / Durante los últimos años se observa una paulatina intervención del Poder Judicial en las competencias y atribuciones del Parlamento para fiscalizar o investigar asuntos de interés público, llegando a cuestionarse el propio principio de separación de poderes. En dicho contexto, el presente artículo busca analizar cuáles son los límites del control judicial del debido proceso sobre los procedimientos que se desarrollan a través de las comisiones de investigación del Congreso de la República.