la teoría de separación de poderes organiza el Estado en tres poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. El primero ejercido por el parlamento, cuya función es derogar las leyes; el Poder Ejecutivo se encarga de su cumplimiento ; el tercero, administra la justicia a nombre de la nación. En teoría, el Estado dividido en estas funciones no seria una tiranía y tendría mas garantías que un poder concentrado en una sola persona o institución. El mito de la separación de poderes lo convierte en el principal garante del Estado de Derecho, basado en el "imperio de la ley", y se asocia con conductas democráticas. Para abordar el tema de la tesis, he planteado inicialmente las cuestiones metodológicas y en seis capítulos se ha desarrollado el tratamiento de los problemas esbozados.

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La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias. / Tesis

La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias.

En la actualidad, en el Perú se está produciendo una descomposición constitucional -tal como lo entiende la teoría constitucionalista de Jack Balkin- ya que existe una fuerte pérdida de confianza en la clase gobernante, polarización política extrema e incremento de la desigualdad. Sin embargo, el caso peruano tiene un rasgo característico y es el hecho de que esta descomposición está siendo ejecutada, principalmente, por el Poder Legislativo que ha vulnerado el principio de separación de poderes en detrimento del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y varios Organismos Constitucionalmente Autónomos. Por lo mismo, este ensayo se propone visibilizar que nos encontramos frente a una dictadura parlamentaria donde estos actores políticos -a través de un juego rudo constitucional- instrumentalizan la normativa y anteponen los intereses privados de grupos de poder por encima del bien común. Para fundamentar esta postura, el ensayo hará uso de teoría constitucional, de ciencias sociales y notas periodísticas. Por último, de las principales conclusiones extraídas se destaca que la solución a este entrampamiento no se encuentra en la clase política o en una reingeniería constitucional, sino en la promoción de participación y movilización ciudadana por parte del poder constituyente. / Currently, a constitutional rot is occurring in Peru, in the terms of the constitutionalist Jack Balkin, since there is a strong loss of confidence in the government, extreme political polarization and an increase in economic inequality. However, the Peruvian case has a characteristic feature and it is the fact that this decomposition is being carried out, mainly, by the Legislative Branch, which has violated the principle of separation of powers to the detriment of the Executive Branch, the Judicial Branch and various Constitutionally Autonomous Institutions. For this reason, this essay aims to make visible that we are facing a parliamentary dictatorship where these political actors - through constitucional hardball- instrumentalize the norms and put the private interests of powerful groups above the common good. To support this position, the essay will make use of constitutional theory, social sciences and journalistic notes. Finally, from the main conclusions drawn, it is highlighted that the solution to this entrapment is not found in the political class or in constitutional reengineering, but in the promotion of citizen participation and mobilization by the constituent power. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico abordará el tema de la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, a raíz de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si cabía la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronunciara acerca del problema de fondo en su Sentencia (más allá de los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió), que es la interpretación de este “mecanismo de control institucional”, teniendo en consideración el contexto político y social en el cual se encontraba el país en noviembre de 2020; un período de conflicto institucional bastante álgido y complejo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de una crisis política y sanitaria. Y si fuera así -que el Tribunal se hubiera encontrado en el deber de interpretar la Permanente Incapacidad Moral- cómo es que debería haber resuelto el presente caso. En ese sentido, a través del crítico análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del problema principal y de los problemas secundarios, se llegó a concluir que nos encontramos ante una figura de características sumamente complejas y abstractas en demasía. No solo por la amplia tipificación del Art. 113.2 de la Constitución Política del Perú, que da salida a una interpretación subjetiva del parlamentario, sino también por el sistema presidencial atenuado en el que nos encontramos. Del mismo modo, se concluirán posibles lineamientos que el Tribunal debió tomar en cuenta para resolver el caso. / This Legal Report will address the issue of the Presidential Vacancy due to the Permanent Moral Incapacity, as a result of the Judgment issued by the Plenary of the Constitutional Court No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether it was possible for the Plenary of the Constitutional Court to rule on the substantive problem in its Judgment (beyond the singular votes that each of the magistrates issued), which is the interpretation of this "institutional control mechanism", taking into account the political and social context in which the country found itself in November 2020; a period of quite acute and complex institutional conflict between the Executive and Legislative powers, within a political and health crisis. And if that were the case - that the Court had found itself in the duty of interpreting the Permanent Moral Incapacity - how is it that it should have resolved the present case. In this sense, through the critical normative, doctrinal and jurisprudential analysis of the main problem and the secondary problems, it was concluded that we are facing a figure with extremely complex and excessively abstract characteristics. Not only because of the broad classification of Art. 113.2 of the Political Constitution of Peru, which gives a way to a subjective interpretation of the parliamentarian, but also because of the attenuated presidential system in which we find ourselves. In the same way, possible guidelines that the Court should have taken into account to resolve the case will be concluded.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se introdujo en el sistema jurídico peruano una nueva técnica de uniformización jurisprudencial: la “doctrina jurisprudencial”, luego denominada “precedente vinculante” (artículo 400). A la luz de dicha disposición normativa, las Salas Civiles de la Corte Suprema han encontrado respaldada su facultad para emitir, en el marco de los plenos casatorios, sentencias plenarias que consagran reglas jurisprudenciales vinculantes. En la presente investigación se busca demostrar que el “modelo” de emisión de enunciados jurisprudenciales vinculantes (manipulativos de la legislación), no es respetuoso de nuestro ordenamiento constitucional toda vez que los jueces civiles de la Corte Suprema asumen un rol equiparable a la de un legislador positivo lo cual quebranta el principio de separación de poderes, rasgo de identidad de nuestro ordenamiento constitucional. En atención a ello, se ofrece una propuesta interpretativa del artículo 400 del Código Procesal Civil que insta a la adopción de un trabajo con precedentes basado en hechos compatibilizando, de esta manera, la praxis de las Salas Civiles de la Corte Suprema con el principio de separación de poderes. / With the enactment of the Civil Procedure Code, a new technique for standardizing jurisprudence was introduced into the Peruvian legal system: “consolidated case law doctrine” later called “binding precedents” (Article 400). In light of this normative provision, the Civil Chambers of the Supreme Court have felt empowered to issue, in the framework of the cassation hearings, plenary judgments that enshrines binding jurisprudential rules. The present work shows that the “model” of issuing binding jurisprudential rules (manipulation of legislation) is not respectful of our constitutional order, since the civil judges of the Supreme Court assume a role comparable to that of a positive legislator, which violates the principle of separation of powers, a significant feature of our constitutional order. In response to this, an interpretative proposal is offered for article 400 of the of the Civil Procedure Code, which advocates for the adoption of a work with factual precedents, thus making the practice of the Civil Chambers of the Supreme Court compatible with the principle of separation of powers.

In the last years, there is a gradually participation of the Judicial Branch in the Congress competences and functions to supervise and inquire into issues of public interest. As a result, it has questioned the separation of powers principle. In that context, this article focuses on analyzing what the judicial supervision limits of the due process in the procedures before the inquiry commissions in the Congress are. / Durante los últimos años se observa una paulatina intervención del Poder Judicial en las competencias y atribuciones del Parlamento para fiscalizar o investigar asuntos de interés público, llegando a cuestionarse el propio principio de separación de poderes. En dicho contexto, el presente artículo busca analizar cuáles son los límites del control judicial del debido proceso sobre los procedimientos que se desarrollan a través de las comisiones de investigación del Congreso de la República.

This article is about new constitutional order in Russia emphasizing fundamental areas as the role of judiciary in the Russian Constitutional System from 1993 Constitution, the one which replaced the 1978 Russian Soviet Federative Socialist Republic Constitution based on communist ideology. Therefore, it is intended to examine the principle of separation of powers, constitutionally recognized human rights and liberties, relationship between international bodies’ case law of human rights and the Russian Constitutional Court, among others issues. / El presente artículo se detiene a analizar el papel de la judicatura en el sistema constitucional ruso a partir de la Constitución de 1993, aquella que sustituyó a la Constitución de 1978 de la República Socialista Federativa de la Unión Soviética que estaba basada en la ideología comunista. Así, con la finalidad de dar cuenta del nuevo orden constitucional, enfatiza en importantes aristas como el principio de separación de poderes, los derechos humanos y libertades reconocidos constitucionalmente, la interrelación entre la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos y la Corte Constitucional de Rusia, entre otros.

An approach of corrective roles of judges within the constitutional interpretation demands a number of parameters that must necessarily be made compatible with the principles, values  and guidelines pursuant to contemporary legal systems. This study covers the dimensions of these corrective roles in the attempt to set reference lines on the delicate task of the constitutional judges in the defense of the effective exercise of the fundamental rights and the regulations’ primacy of the Constitution. Finally, this study investigates if there is a jurisdictional government and to what extent the neoconstitutionalism turns out to be a relevant matter in the interpretation of the Constitution. / Un enfoque de roles correctores de los jueces en la interpretación constitucional demanda una serie de parámetros que necesariamente deben ser compatibilizados con los principios, valores y directrices que informan los ordenamientos jurídicos contemporáneos. El presente estudio abarca las dimensiones de esos roles correctores en la pretensión  de establecer líneas referenciales sobre la delicada labor de los jueces constitucionales en la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución. Indaga finalmente, si acaso existe un Estado jurisdiccional y en qué medida el neoconstitucionalismo resulta ser un elemento material relevante en la interpretación de la Carta Fundamental.