Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Posterior a la llegada del hombre blanco europeo, Estados Unidos de América se ha configurado como un centro de atracción para muchas personas que, por diversos motivos, han puesto su confianza en el porvenir en este territorio. En lo que respecta a los procesos migratorios contemporáneos, la hegemonía económica, social y cultural que ha ejercido a partir del siglo XX le ha permitido imponer sus intereses en el concierto internacional, y la prosperidad alcanzada en estos ámbitos atrae a millones de personas que buscan establecerse de forma permanente en su territorio, por cualquiera de las variadas razones que impulsan los movimientos migratorios actuales, que van desde verse obligados a una reubicación y búsqueda de mejores condiciones de vida, a cumplir el afán de conocer aquél lugar en que tantos dicen haber logrado un sueño, el “sueño americano” de bien estar, entre muchas otras. Ninguno de los procesos migratorios que ha visto dicha tierra ha estado exento de polémica, y los conflictos de diversa naturaleza parecen estar íntimamente ligados a dichos fenómenos. En la actualidad la política migratoria de dicho país se encuentra en constante debate en el interior del mismo, especialmente aquella que respecta a los inmigrantes ilegales o indocumentados. A nivel internacional, en tanto, se cuestiona su nivel de compromiso con los derechos sociales en general, y de personas inmigrantes en particular, a partir de la no ratificación y, en algunos casos, ni siquiera la firma de ciertos tratados considerados fundamentales al respecto. Siendo Estados Unidos el centro de inmigración por excelencia a nivel internacional, nos interesa aquí analizar la forma en que éste cumple con estándares internacionales en el reconocimiento de derechos sociales para inmigrantes, o bien, determinar su vi carácter deficitario, tanto en atención a un estándar general internacional, como a las obligaciones jurídicas que este país puede presentar en atención a su calidad de miembros de distintas organizaciones internacionales. Para ello se analiza la figura del Green Card y la posibilidad real de su obtención, las dificultades para lo mismo y, más importante aún, los derechos que a través de ella se adquieren, con el fin de hacer la comparación necesaria con instrumentos internacionales. Para un mejor entendimiento, se explica de forma previa la forma de Estado que ha adoptado el país en análisis, para luego dar a conocer la forma en que se configura su sistema migratorio, pues consideramos que no es posible comprender a cabalidad el segundo sin conocerse el primero.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo principal de esta tesis fue estudiar el procedimiento de expulsión de extranjeros en Chile, de modo de verificar si es vulneratorio de los principios que integran el debido proceso -expresados por la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile-, y en términos específicos, analizar el funcionamiento de la institución para determinar si en el país existe la práctica de las expulsiones colectivas. Para ello, en la primera parte del trabajo se hizo un análisis de la legislación chilena relativa a la expulsión de extranjeros en perspectiva histórica, con el fin de entender la evolución que ha tenido la institución en los últimos cien años, para luego, a la luz del procedimiento establecido por ley para expulsar a un extranjero, determinar si éste se ha adecuado o no a los requisitos del debido proceso establecidos en la Convención. Finalmente se examinó la expulsión colectiva y su protección normativa en el derecho internacional, así como sus elementos, que se desprenden de la jurisprudencia de tribunales internacionales, para determinar con esas herramientas, y en base a casos de expulsiones conocidos por tribunales chilenos, si en Chile se realizan este tipo de prácticas. Al respecto se llegó a la conclusión de que si bien las expulsiones no se adecuaron al debido proceso, no se realizaron en grupo, no pudiendo acreditarse en consecuencia que se lleven a efecto expulsiones colectivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La llamada “crisis” migratoria experimentada por Europa en los últimos años ha puesto de relieve los múltiples inconvenientes derivados de la aplicación del sistema de Dublín. Este trabajo analiza los orígenes y objetivos del sistema desde una perspectiva crítica, inspirada por la finalidad de protección propia del derecho internacional de los refugiados. Asimismo, a la luz de los estándares europeos e internacionales relevantes, se identificarán algunas de las principales dificultades que implica el funcionamiento del sistema, abordando especialmente algunos desafíos que enfrenta a causa de su oposición con ciertos derechos fundamentales de los solicitantes y ciertos aspectos de su diseño que son problemáticos desde el punto de vista de su eficacia. Hacia el final, se evaluarán los motivos que podrían justificar la conservación de su diseño y se concluirá señalando que la lógica subyacente al sistema se ha mantenido constante desde sus inicios.

La integración migratoria es un proceso dirigido al reconocimiento, valoración y adaptabilidad entre las personas migrantes y las sociedades de acogida. Para ello, resulta necesario identificar los actores y dimensiones involucradas a fin de lograr una cohesión social basada en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, así como la prevención y eliminación progresiva de la xenofobia y discriminación. Asimismo, se requiere la aplicación de un enfoque inclusivo en el cual se promueva la plena participación de la persona migrante en los ámbitos políticos, sociales y comunitarios. Por último, se destaca que la aplicación de la integración migratoria no es ajena a nuesta región, sin embargo, resulta necesario otorgar efectividad a los actuales compromisos internacionales. El caso del contexto peruano da cuentas de la inaplicación de una política migratoria dirigida a la integración, pues resulta evidente la formulación progresiva de proyectos de ley dirigidos a la criminalización, fomento de la irregularidad migratoria y xenofobia institucional por parte de los principales poderes del Estado. En ese sentido, se infiere que el Estado peruano tiene graves problemas relacionados a la integración migratoria porque cuenta con una política migratoria integral basada en el reconocimiento de los actores involucrados, así como los fines propios de una integración inclusiva. / Trabajo académico

Se estima que en los últimos años han salido de Venezuela más de cuatro millones de personas, y que el ochenta por ciento de esta población se dirige hacia países de Latinoamérica. En este sentido, la migración venezolana se ha convertido en un gran reto para los países de la región, quienes han respondido de manera muy diversa frente a este nuevo fenómeno. Debido a que la crisis migratoria se ha incrementado en los últimos años, es a partir del 2016 que algunos países comenzaron a implementar políticas migratorias dirigidas específicamente a la población venezolana. Colombia, Perú y Ecuador son los países que han recibido mayor número de población venezolana. Es por lo anterior que la pregunta que guía la presente investigación se cuestiona por los elementos que influyeron en las políticas de recepción de migrantes venezolanos en estos tres países en los años 2016 al 2018. Como respuesta se establece que es el predominio de la ideología política o de la política interna lo que condiciona el accionar de cada gobierno. Así, con esta investigación se busca determinar qué elemento tuvo mayor influencia en cada gobierno, debido a que en los años estudiar los tres países tuvieron un cambio de presidente, lo que complejiza la variable gobierno. De tal manera que la investigación presenta una comparación a doble nivel: entre los gobiernos del mismo país y entre los tres países a estudiar.

Colombia, Ecuador y Perú son los tres países que más migrantes venezolanos han recibido desde el 2016, año en el que el ritmo de salida de Venezuela creció exponencialmente. De los 3.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residían en América Latina y el Caribe a diciembre de 2019, 2.9 millones, es decir el 74 por ciento, se encontraban solo en esos tres países. Frente a esta abrumadora presión, en el 2017, los gobiernos reconocieron la importancia de cooperar y coordinar acciones con el fin de gestionar la crisis migratoria, y empezaron a reunirse. Sin embargo, a pesar de la manifiesta voluntad de los Estados por trabajar en conjunto y abordar el fenómeno migratorio venezolano desde un enfoque humanitario, en la práctica muchas de las acciones emprendidas no cumplieron e incluso fueron en contra de lo acordado en el ámbito multilateral. Es por eso que la pregunta que guía la presente investigación busca explicar las razones por las cuales la cooperación entre Colombia, Ecuador y Perú tuvo un impacto limitado en las políticas implementadas en el ámbito interno en los años 2017 al 2019. Como respuesta se establece que la securitización de la migración constituye el factor limitante más importante y sirve para explicar el predominio de la agenda nacional de seguridad sobre la multilateral de corte más humanitario. Para cumplir con el mencionado objetivo se presenta un análisis de doble nivel, el regional y el nacional, y se busca analizar las respuestas de los tres países mencionados utilizando la Teoría de la Securitización propuesta por los teóricos de la Escuela de Copenhague.

El contexto de la movilidad de personas venezolanas en el Perú ha despertado nuevos retos en el Derecho internacional, en especial en lo vinculado al respeto y garantía de derechos de personas refugiadas y migrantes. Esto no ha pasado desapercibido en el contexto del desplazamiento de la población venezolana en el Perú, el cual ha venido en escalada desde el 2017 y ha favorecido la adopción de distintas disposiciones orientadas a la regulación del ingreso y permanencia en el territorio. Este estado de la cuestión es la principal justificación de esta investigación, ya que uno de los principales impactos que se evidencia es que, tras la aprobación de una medida migratoria como la visa humanitaria para las personas venezolanas, se creó un procedimiento de asilo en la frontera norte, que es el puesto fronterizo con mayor afluencia de personas venezolanas en el país. En esa línea, la hipótesis que se sostiene es que el endurecimiento de la política migratoria peruana en relación con la población venezolana ha impactado en el proceso de determinación del estatuto de refugiados en la frontera norte del Perú, brindando menos garantías para la observancia de los derechos al debido proceso e igualdad y no discriminación. Para acreditar ello, se ha empleado una metodología cualitativa que consistió en el empleo de fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, solicitudes de acceso a información pública, y principalmente, la realización de entrevistas a expertos de diversos ámbitos, que han contribuido sustantivamente a sostener la hipótesis planteada. La conclusión principal es que -en efecto- existen sendas carencias en cuanto a la creación de un procedimiento de asilo en la frontera norte, así como en el procesamiento mismo de las solicitudes, que evidencian serias falencias en el ejercicio de dos derechos. El derecho al debido proceso, y las etapas procedimentales que se siguen en la frontera norte. Y, el derecho a la igualdad y no discriminación por tratarse aparentemente de una medida de discriminación indirecta.

El contexto actual de movilidad de personas ha implicado nuevos retos y desafíos para la comunidad internacional, sobre todo respecto a la respuesta adoptada por los Estados. En el caso de nuestro país, el desplazamiento de personas venezolanas que ha ido incrementándose desde 2017, sumado a la pandemia por la COVID 19 declarada en 2020 que conllevó a decretar un estado de emergencia nacional en el Perú, ha generado nuevos escenarios tanto fácticos como jurídicos en relación con las obligaciones internacionales del Estado peruano derivadas de la protección de los derechos humanos. Frente a ello, la presente investigación analiza las medidas adoptadas (cierre de fronteras, expulsión de extranjeros y limitaciones al sistema de asilo) en el contexto de la crisis sanitaria por la COVID 19 para determinar si el Perú ha vulnerado el Principio de no devolución (non refoulement). A partir del estudio de este principio y de sus estándares de protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la conclusión principal de la presente tesis es que, por haber adoptado medidas vulneratorias del Principio de no devolución durante la crisis sanitaria originada por la COVID 19 en el periodo 2020-2021, el Estado peruano ha cometido un hecho internacionalmente ilícito y, en consecuencia, ha incurrido en responsabilidad internacional que se podrá hacer efectiva en el SIDH. / The current context of human mobility has brought new challenges for the international community, especially regarding the response adopted by States. For instance, the cross- border displacement of Venezuelan persons that has been increasing in our country since 2017, in addition to the COVID 19 pandemic declared in 2020, which led to a National Emergency State in Peru, have generated new factual and legal scenarios to the Peruvian Government as international obligations arose concerning the protection of human rights. On that premise, this research analyzes the adopted measures (e.g., border closures, expulsion of non-nationals and restrictions on access to asylum procedures) in the middle of the COVID 19 crisis in order to determine whether Peru violated the principle of non-refoulement. Based on the study of this principle and its Inter-American Human Rights System (IAHRS) standards, the main conclusion is that the Peruvian State committed an international wrongful act because it adopted measures in breach of the principle of non-refoulement during the health emergency caused by COVID 19 in the period 2020-2021. Therefore, Peru has incurred international responsibility that can be enforced in the IAHRS.

En los últimos años, una de las migraciones forzosas más relevantes en el mundo ha sido la migración venezolana. Frente a ello, no ha sido fácil para los Estados receptores el determinar qué tipo de medidas migratorias les correspondía emitir, dada su naturaleza particular, donde motivaciones políticas, económicas, entre otras, se han encontrado presentes. En ese sentido, a pesar de que el Perú tomó la decisión de otorgarles un permiso migratorio especial como el PTP y destinó otras medidas a fin de evitar que caigan en situación de irregularidad, a abril 2021, existían más de cuatrocientos mil (400.000) ciudadanos venezolanos con estatus migratorio irregular, ello sin contar el número de personas que han ingresado al país por pasos no regulados. En razón de lo anterior, se ha desarrollado el presente proyecto de innovación denominado “Servicio de información, orientación y difusión ‘Somos Regulares’”, cuya propuesta es ofrecer una plataforma web única que centralice la información de manera amigable sobre los procedimientos de regularización migratoria vigentes al año 2021; así como, ofrecer un servicio de orientación virtual y presencial, a través de voluntarios capacitados y; finalmente, ofrecer el servicio de difusión de las diversas iniciativas de la sociedad civil. A través del proyecto, se busca atacar las tres causas identificadas del problema público, producto de una investigación cualitativa, la cual pudo detectar que, el ciudadano venezolano requiere pagar un alto costo de los procedimientos de regularización migratoria, muchas veces presenta temor y/o desconocimiento del sistema migratorio y de refugio peruano; y, se ve expuesto a enfrentar errores y barreras impuestas por la propia administración migratoria. / In recent years, one of the most important forced migrations in the world has been Venezuelan migration. Faced with this, it has not been easy for the receiving States to determine what type of migratory measures corresponded to them to issue, given their particular nature, where political, economic motivations, among others, have been present. In this sense, despite the fact that Peru made the decision to grant them a special immigration permit such as the PTP and allocated other measures in order to prevent them from falling into an irregular situation, as of April 2021, there were more than four hundred thousand (400,000) citizens Venezuelans with irregular migratory status, without counting the number of people who have entered the country through unregulated steps. Due to the above, the present innovation project called "'Somos Regulares' information, orientation and dissemination service" has been developed, whose proposal is to offer a unique web platform that centralizes information in a friendly manner on immigration regularization procedures, valid for the year 2021; as well as, offer a virtual and face-to-face orientation service, through trained volunteers and; finally, offer the service of diffusion of the diverse initiatives of the civil society. Through the project, it seeks to attack the three (03) identified causes of the public problem, product of a qualitative investigation which was able to detect that the Venezuelan citizen needs to pay a high cost for the migratory regularization procedures; often fears and/or ignores the Peruvian migration and refugee system; and, is exposed to face errors and barriers imposed by the immigration administration itself.

La presente investigación presenta una visión panorámica y exploratoria sobre el reciente fenómeno migratorio de españoles a territorio peruano, consecuencia directa de la crisis social, económica y política del 2008. En este sentido, el presente estudio pretende dar una breve visión en conjunto de las motivaciones, expectativas, demandas y experiencias de este nuevo sector de inmigrantes en el Perú a través de la aplicación de una serie de encuestas. Por otro lado, por medio de entrevistas dirigidas a representantes de asociaciones de españoles en el Perú, analizamos en qué medida estas organizaciones están respondiendo ante la actual envergadura de las necesidades de adaptación y posicionamiento que esta población requiere, en el ámbito laboral, residencial y legal. A lo largo del texto se presentan también algunas hipótesis interpretativas en relación al papel de las asociaciones de españoles ante este fenómeno y finalmente invitamos a futuras investigaciones al análisis desde distintas perspectivas sobre este fenómeno para una mayor profundización sobre el tema.