Esta tesis doctoral es un estudio en profundidad y un análisis crítico de la política migratoria llevada a cabo por el Estado ecuatoriano en el periodo comprendido entre el año 2007 al 2013. La propuesta y la ejecución de estas políticas son producto de un proceso de transformación que vive Ecuador después de la irrupción de la peor crisis de su historia contemporánea, que propició la salida masiva de ecuatorianos al exterior como alternativa de vida social y colectiva. Esta transformación se realiza a la luz de una nueva visión de desarrollo, alternativa a las políticas neoliberales aplicadas en Ecuador y en América Latina en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI, en la que se pone en el centro de las preocupaciones a las personas y no a los intereses del capital. La nueva política migratoria responde a esta visión de desarrollo y pretende garantizar los derechos de los migrantes y reconocerles el papel como actores transnacionales de desarrollo humano, en consonancia con el compromiso del nuevo gobierno y los preceptos de la Constitución de la República refrendada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. Para formular y ejecutar esta política se crea en 2007 una nueva institución: la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) que desarrolla proyectos innovadores que pretenden ser coherentes con la apuesta política del momento. Ecuador, en este periodo, asumió una vocería en la región Suramericana en defensa de la primacía de los derechos de las personas en movilidad y el correspondiente rechazo a todas las formas de discriminación a nivel social o institucional, logrando incorporar en la agenda regional elementos importantes de su propuesta de desarrollo humano para las migraciones. La lógica que subyace a esta investigación es demostrar la hipótesis que sustenta este trabajo: la coherencia entre la política pública propuesta y ejecutada en estos años con la realidad del país, las demandas de las personas migrantes y su nueva visión de desarrollo.