El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia dentro del sistema jurídico internacional. Más aún, busca ser un espacio para la reflexión sobre la importancia de la incorporación de un sentido transformador en las reparaciones, dado por la Corte IDH a partir del caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, así como la incorporación de un enfoque de género. El caso Campo Algodonero consituyó un momento clave en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana y permitió el desarrollo de reparaciones cuyo objetivo está enfocado en lograr un impacto en la discriminación estructural que se presenta en nuestra sociedad, respecto a ciertos grupos vulnerables como las mujeres y niñas. Solo mediante un enfoque transformador y de género es posible contar con reparaciones que tengan realmente un efecto trascendental y positivo hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, quienes son víctimas constantes de violencia. Esto último debido a que el origen del problema radica en la propia estructura de la sociedad y en los estereotipos de género en los que la misma se sostiene. Las reparaciones tienen la finalidad de resarcir a las víctimas. Pero, ¿cómo podría ser posible esto si únicamente restituimos a las víctimas a una situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos si ya desde antes vivían en una situación de desigualdad y vulnerabilidad? Sólo tomando en consideración un enfoque transformador, donde el enfoque de género se encuentre presente, se podrá consolidar una reparación adecuada para las mujeres que hayan visto vulnerados sus derechos. Para los fines de este trabajo se hará uso de la metodología documental.

En el presente informe se identifica que el problema jurídico que surge a partir de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 05179-2-2004 es dilucidar cuál es el correcto tratamiento jurídico que se le debe otorgar a la solicitud de prescripción tributaria. En dicha Resolución, el Tribunal Fiscal concluyó que al momento que el contribuyente solicitó la prescripción de la deuda tributaria por concepto de arbitrios municipales del ejercicio 1998, esta deuda aún no había prescrito debido a que se habían dado actos que suspendían e interrumpían la prescripción tributaria. Entre los actos de interrupción, el Tribunal Fiscal consideró a la solicitud de prescripción, pues, según su criterio, ésta es un reconocimiento expreso de la obligación tributaria y, por tanto, la prescripción tributaria se había interrumpido. Para solucionar el problema jurídico, se ha analizado los fundamentos jurídicos de la prescripción en el derecho constitucional, civil y tributario. Asimismo, se ha revisado la regulación y efectos jurídicos del reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como la naturaleza jurídica de la solicitud de prescripción a fin entender si ésta califica o no como un supuesto de reconocimiento expreso de la obligación tributaria y, por ende, un acto de interrupción de la prescripción, tal como lo establece el artículo 45 del Código Tributario. / In this report, it is identified that the legal problem that arises from the Tax Court Resolution No. 05179-2-2004 is to elucidate what is the correct legal treatment that should be granted to the request for tax prescription. In said Resolution, the Tax Court concluded that at the time that the taxpayer requested the prescription of the tax debt for municipal excise taxes for the fiscal year 1998, this debt had not yet expired due to the fact that there had been acts that suspended and interrupted the tax prescription. Among the acts of interruption, the Tax Court considered the prescription request, since, according to its criteria, this is an express recognition of the tax obligation and, therefore, the tax prescription had been interrupted. To solve the legal problem, the legal bases of prescription in constitutional, civil and tax law have been analyzed. Likewise, the regulation and legal effects of the express recognition of the tax obligation have been reviewed, as well as the legal nature of the prescription request in order to understand whether or not it qualifies as a case of express recognition of the tax obligation and, therefore, an act of interruption of the prescription, as established in article 45 of the Tax Code.

El presente trabajo centra su análisis en el Caso Hermanas Cieza y la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp.00853-2015-PA/TC). A partir de ello, se abordan los problemas de forma y, en mayor medida, los de fondo, donde se concentra la complejidad del caso. Los derechos cuestionados en el caso son igualdad y educación. Respecto al primero, se afirma que el Tribunal no debió aplicar el test de igualdad, pues, con respecto a la demandada UGEL-Utcubamba, se trata de un caso de discriminación por indiferenciación, así como indirecta. Asimismo, el déficit de accesibilidad y disponibilidad del servicio educativo rural identificado en la sentencia se debió explicar a partir de un análisis sobre discriminación interseccional y estructural. Por tanto, la UGEL-Utcubamba vulneró el derecho a la igualdad de las recurrentes. En consecuencia, el Tribunal debió evaluar en el fondo este principio-derecho. Respecto a la educación, la UGEL-Utcubamba vulneró este porque su rechazo a la solicitud de las demandantes de reconocer sus matrículas en un CEBR, en lugar de un CEBA, impidió su acceso al servicio educativo. Además, el caso da cuenta de que las instituciones estatales no han cumplido con asegurar las condiciones mínimas del servicio educativo rural. Finalmente, en el trabajo se afirma que la declaración del ECI por parte del Tribunal fue correcta, porque se cumplieron los requisitos para su dictado y porque sirve como una medida de reconocimiento. / This paper focuses its analysis on the Cieza Sisters Case and the judgment issued by the Constitutional Court (Exp.00853-2015-PA/TC). From this, it addresses the problems of form and, to a greater extent, those of substance, where the complexity of the case is concentrated. The rights challenged in the case are equality and education. Regarding the former, it is argued that the Court should not have applied the equality test, since, with respect to the defendant UGEL-Utcubamba, it is a case of discrimination by indifference, as well as indirect discrimination. Likewise, the deficit of accessibility and availability of the rural educational service identified in the judgment should have been explained on the basis of an analysis of intersectional and structural discrimination. Therefore, the UGEL-Utcubamba violated the appellants' right to equality. Consequently, the Court should have evaluated this principle-right on the merits. With respect to education, the UGEL-Utcubamba violated this right because its rejection of the plaintiffs' request to recognize their enrollment in a CEBR, instead of a CEBA, prevented their access to educational services. In addition, the case shows that state institutions have failed to ensure the minimum conditions for rural educational services. Finally, the paper affirms that the Court's declaration of the ECI was correct, because the requirements for its issuance were met and because it serves as a measure of recognition.

El presente informe tiene por objetivo realizar una valoración jurídica con enfoque de género de los aspectos sustantivos del caso Gladys Carol Espinoza Gonzáles vs. Perú. En 1993, Gladys Carol fue detenida, procesada y condenada durante la vigencia de una legislación antiterrorista de emergencia que suspendió garantías procesales y concedió máximas licencias a las fuerzas armadas y policiales, instituciones hiper masculinizadas y violentas. Para ello, tras la exposición de los hechos del caso (fondo, contexto y procedimiento) e identificar los problemas jurídicos, se procede a realizar el análisis del caso a partir de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la materia. Se encuentra así que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por incumplir la obligación de proteger y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección contra penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Gladys Carol. Interesa, a efectos de este trabajo, conocer los impactos diferenciados de estas vulneraciones en la vida de las mujeres desde un análisis interseccional, así como visibilizar nuevas aristas del caso que no fueron apreciadas en la resolución.

La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia distintas nociones. Frente a dicha situación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se presenta como una fuente jurídica que permite abordar la teoría del servicio público de una manera sistemática y de aplicación concreta a la realidad peruana. El objetivo de la tesis es determinar y analizar la construcción propuesta de la noción de servicio público realizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al rol del Estado y el contexto económico de nuestro país. Por ello, la hipótesis de trabajo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha moldeado un nuevo concepto de servicio público, dejando atrás la noción clásica o tradicional. Noción que se encuentra más acorde a nuestro ordenamiento jurídico como resultado de un proceso de liberalización de la economía y el nuevo rol del Estado. Para ello se realiza el desarrollo histórico de la noción de servicio público para determinar sus fines y objetivos dentro de un contexto determinado. Se estudia el régimen jurídico de la Comunidad Europea respecto de los servicios de interés general y cómo es que éste plantea nuevos objetivos y características para la noción de servicio público. Y se realiza un estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir los alcances y características del concepto de servicio público y sus implicancias en el contexto socio económico peruano. Como resultado de ello se ha permitido encontrar un concepto de servicio público objetivo y de corte económico que excluye a la titularidad del Estado como característica principal, así como también se proponen nuevos supuestos para determinar qué actividades pueden ser catalogadas como servicio público.

El presente artículo busca analizar aspectos esenciales de la Resolución Nº 2758-2019/SPCINDECOPI, la cual declara fundada la denuncia contra el restaurante “La Rosa Náutica” por cometer actos de discriminación en el consumo en contra de las mujeres al entregarles Cartas – Menú sin precio cuando acudían a su local en pareja; desde un enfoque más profundo donde la cultura y las costumbres influyen al sector gastronómico de nuestro país. Ante esto, la Resolución surge en un contexto social de fortalecimiento de la protección y el amparo de los derechos de las mujeres, lo cual ha influido en la Sala Especializada decidiendo multar al restaurante sin tener en cuenta ciertas consideraciones (como la elección del consumidor, las costumbres socioculturales del país, la libertad de desarrollo del mercado, entre otros) que serán analizadas en el esquema. Se estudia, además, como es que la posición, fundamento y argumentos de La Rosa Náutica han sido determinados a partir de un desarrollo de estrategias comerciales basadas en su libertad. Luego, se establece si la discriminación en el consumo está siendo desarrollada e implementada de manera adecuada o existe aún un cuestionable apartamiento sobre la esencia de la protección de los derechos a la libertad y a la dignidad de las personas. Finalmente, se demuestra que la responsabilidad administrativa puede llegar a verse afectada e, incluso, eximida por la costumbre.

En el presente trabajo, se analiza la regulación de la conducta de hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil como un crimen internacional en el derecho penal internacional. El interés por explorar este tema surge de la situación de padecimiento de hambre en situaciones de conflicto armado actuales (por ejemplo, en Sudán del Sur o en Yemen), así como en situaciones que no necesariamente se enmarcan en conflictos armados (por ejemplo, en Venezuela). En tal sentido, se analiza la conducta antes mencionada cuando es criminalizada como crimen de guerra, pero, además, considerando la posibilidad de que sea juzgada como un crimen de lesa humanidad. Asimismo, se analiza la posibilidad de la adopción de una enmienda para la inclusión de un tipo penal autónomo sobre la conducta de hacer padecer hambre intencionalmente. Por otro lado, se considera la posibilidad de que la emergencia humanitaria sea investigada como un crimen de lesa humanidad, en particular, como un acto inhumano del artículo 7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el último apartado, se recurre a informes de distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, así como a información en prensa, en torno a la situación en Venezuela, los cuales brindan indicios de la intención del régimen en Venezuela de causar la inanición. A partir de ello, se determina que la situación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela podría ser investigada bajo el artículo 7.1.k del Estatuto (otros actos inhumanos).

El presente informe tiene como objetivo identificar y cuestionar la interpretación en torno al cumplimiento del requisito al que se refiere el Decreto Supremo No. 090-2008-EF (en adelante, “D.S. No. 090- 2008-EF”) a efectos de poder aplicar los beneficios contemplados en un Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante, “CDI”). Ello a propósito de los fundamentos planteados por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 03701-9-2020 (en adelante, “Resolución”), cuya fuerza de observancia obligatoria establece un criterio unificado y relevante concluyendo que, tratándose del supuesto regulado en el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del IR (en adelante, “LIR”), referido a la obligación de efectuar el abono equivalente a la retención por la contabilización del gasto o costo respectivo, a efectos de poder aplicar un determinado CDI, no se requiere exhibir un Certificado de Residencia (en adelante, “CR”). Sin perjuicio de ello, el presente trabajo encuentra su justificación en las consecuencias jurídicas generadas por las conclusiones a las que además arriba el Tribunal Fiscal en los siguientes extremos: (i) las empresas deben contar con el CR en la fecha del pago por el servicio prestado por el sujeto no domiciliado (ii) el CR debe acreditar la residencia del sujeto no domiciliado correspondiente al periodo en el que se prestó el servicio; e, (ii) independientemente de su fecha de emisión, los Certificados de Residencia están referidos a un período anterior a la fecha de la solicitud. Así pues, en la medida en que estas afectarán directamente a quienes opten por aplicar los beneficios en aplicación de un CDI, se busca analizar los problemas jurídicos suscitados de tal interpretación, ello en el contexto de los criterios jurídicos especiales propios del Derecho Tributario / The objective of this report is to identify and criticize the interpretations carried out regarding compliance with the formal requirement referred to in Supreme Decree No. 090-2008-EF in order to be able to apply the benefits contemplated in the Double Taxation Treaty (hereinafter, "DTT"). This will be carried attending to the legal arguments raised by the Tax Court in Resolution No. 03701-9-2020, whose mandatory enforcement finally establishes a unified criterion regarding the problem under analysis pronouncing on the second paragraph of article 76 of the Income Tax Law (hereinafter, "ITL") which establishes that, at the time of accounting for the expense or cost, in order to apply a DTT, it is not required to exhibit the respective Certificate of Residence. However, this work finds its justification in the legal consequences generated by the conclusions reached by the Tax Court insofar as these will directly affect the taxpayers in the following points: (i) the companies must have the certificate of residence on the date of payment for the service rendered by the non-domiciled subject; (ii) the certificate of residence must accredit the residence of the non-domiciled subject corresponding to the period in which the service was rendered; and, (ii) regardless of their date of issue, the certificates of residence refer to a period prior to the date of the application. Therefore, to the extent that these will directly affect taxpayers who choose to apply a DTT, the purpose is to analyze the legal problems arising from such interpretation, taking into account the characteristics of Tax law.

Existen tres supuestos posibles de intervención de terceros Estados en las controversias ante la Corte Internacional de Justicia. La intervención por interés de orden jurídico y la intervención por la interpretación de una convención se encuentran estipuladas en el Estatuto de la CIJ, pero la intervención por necesidad de consentimiento de una parte indispensable ha sido establecida en la jurisprudencia del referido tribunal. Dentro de este artículo se busca detallar cada supuesto, así como los lineamientos y/o criterios establecidos por la propia CIJ, los cuales han dotado de contenido a los conceptos establecidos en sus disposiciones, ya sea en el Estatuto o en su Reglamento. Para estos efectos, se analiza su jurisprudencia en casos con solicitudes de intervención a fin de identificar denominadores comunes en sus pronunciamientos. El supuesto teórico en el que se sustenta es que la CIJ debe poseer criterios uniformes al momento de analizar las solicitudes. Sin embargo, hemos podido observar, a modo de conclusión, que no logra establecer lineamientos únicos, ya su pronunciamiento, al parecer, depende de la oposición o no de los Estados en controversia a que un tercer Estado intervenga; así también a su interés particular de seguir siendo la opción deseable de los Estados al someter sus controversias en dicho tribunal.

El objetivo principal del presente informe jurídico consiste en delimitar el alcance y contenido de los criterios que emplean los jueces al momento de declarar improcedentes las demandas de amparo, sustentando su decisión en la causal referida a la existencia de procesos ordinarios específicos e igualmente satisfactorios, para la tutela del derecho constitucional cuya vulneración o amenaza de vulneración se alega. El análisis del alcance de dichos criterios tendrá como punto de partida la Sentencia Interlocutoria recaída en el Expediente N° 4565-2019-PA/TC. En dicha Sentencia, el Tribunal Constitucional (en adelante “Tribunal Constitucional o TC”) desestimó el recurso de agravio constitucional (en adelante “RAC”) interpuesto por la demandante, en tanto la cuestión de derecho invocada habría contravenido las reglas establecidas como precedente vinculante en el caso “Elgo Ríos Núñez”. Así pues, en el presente estudio se empleará un método de investigación dogmático jurídico (o documental), puesto que analizaremos lo que ya se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia nacional respecto del tema que nos ocupa. A partir de ello, concluiremos que en tanto los criterios empleados por la judicatura constitucional para declarar la improcedencia de una demanda de amparo sobre la base de la causal referida a la existencia de procesos específicos e igualmente satisfactorios al proceso de amparo, establecidos en el caso “Elgo Ríos Núñez”, contienen conceptos generales, indeterminados y abstractos, existe la necesidad de que dichos criterios sean dotados de contenido, cuanto menos, suficiente, a fin de que sean empleados por la judicatura de manera razonable, adecuada y justificada, evitando de esa manera la vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia. / The main objective of this legal report is to delimit the scope and content of the criteria used by judges when declaring amparo suits inadmissible, basing their decision on the cause referred to the existence of specific and equally satisfactory ordinary proceedings for the protection of the constitutional right whose violation or threat of violation is alleged. The analysis of the scope of such criteria will have as a starting point the Interlocutory Judgment issued in Case No. 4565-2019-PA/TC. In said Judgment, the Constitutional Court (hereinafter "Constitutional Court or TC") dismissed the constitutional grievance appeal (hereinafter "RAC") filed by the plaintiff, inasmuch as the question of law invoked would have contravened the rules established as binding precedent in the "Elgo Rios Nuñez" case. Thus, in this study we will employ a dogmatic legal (or documentary) research method, since we will analyze what has already been said in doctrine and national jurisprudence regarding the issue at hand. From this, we will conclude that the criteria used by the constitutional judiciary to declare the inadmissibility of an amparo claim on the basis of the cause referring to the existence of specific and equally satisfactory processes to the amparo process, established in the "Elgo Rios Nuñez" case, contain general, indeterminate and abstract concepts, there is a need for such criteria to be endowed with at least sufficient content, so that they may be used by the judiciary in a reasonable, adequate and justified manner, thus avoiding the violation of the right of access to justice.