La presente tesis pretende realizar el análisis de la situación de la minería ilegal e informal en el Perú, el tratamiento legal de estas actividades y las políticas implantadas por el gobierno para ponerle fin, buscando determinar los posibles fundamentos que promuevan la erradicación de la minería ilegal y la formalización de la minería informal, basados en el Teorema de Ronald Coase. El estudio teórico realizado de la minería ilegal e informal, nos muestra el impacto que estas actividades generan, este es un fenómeno que extiende la brecha de la pobreza, estos datos nos permiten cuantificar en la medida posible el daño causado tanto al ecosistema y a la ciudadanía. Una vez examinado el marco legal de estas actividades ilícitas, notamos las deficiencias que presentan las acciones de erradicación y las posibles causas por las que no han tenido resultados. El estudio de la teoría de Ronald Coase, determina qué semejanzas se encuentran entre esta teoría y la actual legislación sobre la minería ilegal e informal, además nos muestra qué deficiencias encontramos en ella, qué implicaría su aplicación en el sistema legal peruano, cuáles serían las posibles consecuencias, que riesgos presentaría y cuáles serían las razones por las que no se pueden aplicar en el Perú. / Tesis

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En cada sociedad, las personas necesitan bienes y servicios que les permitan sobrevivir y prosperar. Un principio fundamental en economía es que estos bienes y servicios deben ser producidos. Sin producción de alguna clase, la supervivencia sería virtualmente imposible. Afortunadamente, cada sociedad cuenta con recursos que pueden ser utilizados para producir bienes y servicios. Estos recursos, llamados recursos productivos (factores de producción), pueden ser clasificados en tres grupos: recursos naturales (tierra), recursos (humanos) laborales, y recursos de capital.

Memoria para optar al título de periodista

Memoria para optar al título de Periodista / Producción limpia, entendida en términos simples como una estrategia de prevención aplicada a las actividades productivas, es un término más bien desconocido para la mayoría de los chilenos, aunque fácil de relacionar con otros conceptos como economía sustentable, desarrollo sustentable, medio ambiente, entre otros. Este desconocimiento, provocado en parte por su reciente desarrollo, ha generado que las indagaciones y estudios sobre la materia sean escasas y provengan en su mayoría de fuentes que intervienen directamente en el proceso. Eso fue, precisamente, lo que motivó el comienzo de esta investigación sobre el estado de la producción limpia en Chile. Uno de los factores relevantes que se trabajó se vinculó con revisar el nivel de desarrollo de esta iniciativa en comparación a estándares internacionales, relacionados con lo que establecen organismos de carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que han manifestado la importancia de una economía sustentable y amigable con el medio ambiente, coincidiendo –incluso desde su perspectiva liberal- en que ésta repercute directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población e inclusive en la conservación de la especie humana a largo plazo. El informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), publicado en 2007, advierte que para el año 2050 -si persiste el enfrentamiento producción-consumo versus medio ambiente- gran parte de la población no tendrá cómo satisfacer sus necesidades e inclusive en una situación critica podríamos llegar a necesitar dos planetas como la Tierra para abastecer necesidades básicas. En este contexto, el impulso de la producción limpia se sitúa como trascendental, ya que implica un compromiso directo de las empresas (privadas y gubernamentales) -principales entes contaminantes- y aborda el fondo del problema producción-consumo versus medio ambiente, ya que promueve la idea del desarrollo de una economía sustentable, es decir, una economía, o una forma de producción que entiende el desarrollo económico vinculado a la equidad social y la responsabilidad medioambiental.

La presente investigación busca analizar la problemática ambiental-social del distrito de la Victoria en cuanto a la generación y gestión de residuos sólidos urbanos; teniendo como objetivo la implementación de un equipamiento destinado al reciclaje de los residuos inorgánicos y a fomentar la educación ambiental como alternativa para contrarrestar las nuevas necesidades del consumismo excesivo. Así pues se realizó un estudio exhaustivo de la situación actual del distrito donde se recogió datos como ubicación de los puntos de acumulación de basura, el estudio de caracterización de residuos, la condición actual de los recicladores, entre otros; los cuales son puntos primordiales para plantear estrategias ambientales y de diseño del proyecto. De la misma manera se indago sobre los procesos industriales de tratamiento de residuos inorgánicos para poder seleccionar el método adecuado según la realidad del distrito y ofrecer una propuesta integral basada en la sostenibilidad y el reciclaje. / Tesis

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia / No autorizada para ser publicada a texto completo a petición de su autor / Este estudio pretende conocer a los miembros de la clase media en Chile que según las estadísticas corresponderían a un ochenta por cien de la población,2 y más aún, el caso particular de los trabajadores de la tierra, campesinos y propietarios de parcelas y de maquinaria agrícola que han logrado conservar sus tierras y que obtienen de ellas, gracias al trabajo y a la buena administración, un gran sustento que les permite sostener su peculiar estilo de vida, propio de las nuevas clases medias chilenas.

Memoria para optar al título de Periodista / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El surgimiento de lo que se podría denominar una “conciencia medioambiental” tiene en Chile dos grandes hitos: la abrumadora oposición que generaron los ensayos nucleares practicados por Francia en el Atolón de Muroroa en 1995 y el informe realizado ese mismo año por el economista Marcel Claude, en el seno del Banco Central, acerca de los efectos de la sobreexplotación del bosque nativo. El polémico documento elaborado por Claude, hasta abril de 2002 presidente de la Fundación Terram y entonces jefe de la Unidad de Cuentas Ambientales del instituto emisor, describía un desalentador panorama para las especies originarias, algunas de las cuales desaparecerían en 20 años si no se tomaban medidas para impedirlo. Ambos hechos, aunque de muy distinto tipo, remecieron a la ciudadanía y fortalecieron el incipiente movimiento ambiental que había surgido tímidamente en la década del ’80. Las serie de pruebas nucleares ejecutada en el Pacífico Sur durante el gobierno de Jacques Chirac, así como la preocupante sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación vinculada a la actividad económica del país dieron pie al debate sobre el desarrollo sustentable, que en esa época se encontraba ya bastante avanzado en el contexto internacional. El primer antecedente importante a nivel institucional en este tema es el artículo N°19 de la Constitución de 1980, que concede a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Y aunque desde algunos sectores se criticó el citado artículo porque significaría una “estatización” del tema medioambiental, lo cierto es que marcó el inicio de una preocupación por el problema por parte de las autoridades. Pero no fue sino hasta el Gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994) que el Estado contó con herramientas concretas para conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Hasta la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA, Ley 19.300, del 9 de marzo de 1994), la autoridad no tenía instrumentos para hacer una efectiva gestión ambiental. Los cuerpos legales para fiscalizar los daños al medioambiente se encontraban dispersos en una multiplicidad de servicios, lo que redundaba en una carencia de uniformidad y criterios objetivos. El programa de gobierno de Aylwin abordó el desafío ambiental debido a que el problema se veía como un obstáculo para la modernización del sector productivo, cuyo desarrollo debía ir de la mano con la conservación de los recursos y de un entorno sano. Para alcanzar ese objetivo se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), cuya primera tarea fue la recopilación de toda la legislación ambiental vigente y la elaboración de un diagnóstico de los principales problemas ambientales del país. La política que dio origen a la Ley de Bases tuvo por principios rectores el realismo, en el sentido de plantear objetivos alcanzables teniendo en cuenta la magnitud de los problemas y los recursos disponibles, y el gradualismo, que significaba reconocer que más que medidas efectistas de corto plazo, se requería de modificaciones estructurales cuyos resultados se darían en el largo plazo . Uno de los objetivos del Gobierno era prevenir la emergencia de conflictos ambientales debidos a la contraposición de intereses entre proponentes y las comunidades afectadas por los proyectos. Los inversionistas, por su parte, esperaban contar con una normativa clara y precisa.