¿El concepto de orden público –uno de los pilares del sistema de Derecho Privado-, propuesto desde el siglo XIX en los Títulos Preliminares de los Códigos Civiles como marco imperativo que limita la autonomía de la voluntad, puede ser entendido hoy de un modo acorde con el ideal contemporáneo de una sociedad más participativa, igualitaria y diseñada para satisfacer las necesidades de todos sus miembros de la mejor manera considerando la escasez de algunos bienes y recursos? En la actualidad sólo un sistema jurídico que pudiera ser de ese modo democrático y eficiente podría ser considerado justo desde un punto de vista valorativo. ¿Han existido o existen acaso criterios definidos para saber qué es y qué no es “de orden público”? La determinación de estos criterios es de suma importancia ya que la validez misma de los actos jurídicos depende de que sus fines sean contrarios o no a las normas imperativas consideradas de orden público. Asimismo, ello condiciona la aplicación de normas tales como la que permite la disolución de personas jurídicas cuyos fines son contrarios al orden público, y la que señala que son nulos los pactos de irresponsabilidad por violación de normas de orden público. Incluso nuestro Derecho Internacional Privado conceptúa que existe un orden público nacional y un orden público internacional del Perú. En determinadas épocas y lugares fue de orden público que seres humanos pudiesen ser reducidos a la esclavitud y que pudiesen ser comprados, vendidos o arrendados. Fue también de orden público –hasta hace muy poco tiempo en el Perú- que la mujer casada tuviese una capacidad de ejercicio disminuida frente a la de los varones y mujeres solteras. Es hoy de orden público en el Perú, y no así en otros países, que en el Derecho sucesorio existan “herederos forzosos”. En occidente es de orden público la monogamia. Es de orden público que el divorcio no se produzca, salvo el caso del mutuo disenso, sino por determinadas causales preestablecidas por el Código Civil actualmente vigente. También es de orden público que no existan más derechos reales que los previstos por la ley. Asimismo, que la mayoría de edad se alcance a los dieciocho años y ya no a los veintiuno, como fue anteriormente. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria pretende presentar la Soberana y Militar Orden de Malta de un modo expositivo y crítico, centrándose especialmente en la problemática jurídica de su soberanía como Estado independiente, ya que al no tener territorio para algunos y prácticamente carecer de población, nos lleva a tener que replantear el concepto de lo que debemos entender por un Estado. Pero no obstante, ser este el punto central de la presente memoria, creemos indispensable abordar otros temas relacionados con la Orden de Malta como lo son su carácter hospitalario o funcional y militar, como así mismo la historia de la Orden, temas sin los cuales no es posible entender la soberanía de la Orden de Malta. Por último presentamos algunos problemas jurídicos que se podrían plantear con ocasión de la soberanía de la Orden, la extraterritorialidad de sus dependencias, la nacionalidad de sus miembros, el derecho a mantener F.F.A.A. y a declarar la guerra, para finalmente proponer algunas conclusiones de carácter jurídico que pudiesen facilitar la labor benéfica de la Orden en pro del bien común tanto de Chile como del mundo.

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Zugl.: München, Univ., Diss., 2009

Diss.--Philosophische Fakultät--Erlangen-Nürnberg--Friedrich-Alexander-Universität, 1990.

Habilitationsschrift--Philosophische Fakultät--Köln--Universität, 1988.

Diss.--Hamburg, 1964. / "Quellen und Literatur": p. 262-268.

Texte remanié de: Dissertation--Universität Berlin, 1992. / Bibliogr. p. 294-304.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Me referiré a la evolución histórico constitucional del estado empresario, así como a su nueva dimensión dentro del orden público económico que asienta nuestra carta fundamental. Analizaremos los principios e ideas fuerzas sobre los cuales descansa la actividad empresarial del estado, y el porqué resulta imperioso que se la límite al máximo. Junto con ello expondremos cómo organiza el estado dicha actividad, y cuáles son las nuevas tendencias en materia de privatizaciones; cuáles son las empresas que el estado debe privatizar y cuáles son aquellas cuya privatización merecen un análisis más de fondo. Para finalizar señalaremos los mecanismos jurisdiccionales, de rango constitucional y simplemente leal, de que dota nuestro ordenamiento jurídico, a los particulares, para cautelar sus libertades económicas frente a una acción empresarial del estado sobrepasada o abusiva.

En el presente artículo de divulgación se expone un gran aporte que Gerard Debreu hizo en el tema de representación de relaciones en (4). En realidad, su aporte yace dentro de la demostración del Lema 1 de (4), donde reconstruye la imagen de una funión con valores en R para conseguir continuidad, este hecho es lo que posteriormente se hace referencia como el Lema Gap de Debreu. Aquí exponemos las construcciones de Debreu para conseguir una función continua que represente a una relación completamente ordenada definida en un espacio topológico.