El siguiente informe jurídico analiza si la decisión de la Casación N° 2179-2013- Ica emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, amparó adecuadamente el Principio del Interés Superior del Niño y el enfoque de género al declarar infundado el recurso de casación. Los instrumentos normativos analizados incluyen la Observación General N° 14- 2013 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley 30466, que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del Principio del Interés Superior del Niño, junto con su reglamento del 2018. También, se analizan los instrumentos vigentes al momento del caso como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Opinión Consultiva N°17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Asimismo, se analizan las Reglas de Brasilia y el Protocolo de administración de justicia con enfoque de género para el Perú. Finalmente, las conclusiones principales del informe indican que la decisión de la Corte no amparó adecuadamente el Principio del Interés Superior del Niño, puesto que no se valoraron de manera adecuada los elementos y garantías procesales asociados con este principio. Asimismo, en dicha decisión se identifica un estereotipo de género al momento de evaluar a la madre, lo que contrasta con la consideración positiva del rol del padre. En conclusión, la Corte no aplicó correctamente las normativas vigentes para asegurar el Principio del Interés Superior del Niño al momento de dictar su fallo, y reflejó un sesgo de género que afectó la evaluación justa del caso. / The following legal report analyzes whether the decision of Cassation No. 2179- 2013-Ica issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic, adequately protected the Principle of the Best Interest of the Child and the gender approach by declaring the cassation appeal unfounded. The normative instruments analyzed include General Comment No. 14-2013 of the United Nations Committee on the Rights of the Child and Law 30466, which establishes parameters and procedural guarantees for the primary consideration of the Principle of the Best Interest of the Child, together with its 2018 regulation. Also, the instruments in force at the time of the case are analyzed, such as the Convention on the Rights of the Child and Advisory Opinion No. 17 of 2002 of the Inter-American Court of Human Rights. Likewise, the Brasilia Rules and the Protocol for the Administration of Justice with a Gender Approach for Peru are analyzed. Finally, the main conclusions of the report indicate that the Court's decision did not adequately protect the Principle of the Best Interest of the Child, since the elements and procedural guarantees associated with this principle were not adequately assessed. Furthermore, the decision identifies a gender stereotype when evaluating the mother, which contrasts with the positive consideration of the role of the father. In conclusion, the Court did not correctly apply the regulations in force to ensure the Principle of the Best Interests of the Child at the time of rendering its decision, and reflected a gender bias that affected the fair evaluation of the case.

El tema de investigación es el derecho al nombre del hijo inscrito en el Registro Civil únicamente con los apellidos de un solo progenitor que fuese reconocido como tal en un momento posterior a la inscripción de su nacimiento, y que por el lapso de tiempo transcurrido entre ambos momentos ha sido identificado e individualizado plenamente con el nombre (prenombre y apellidos) inicialmente asignados. En atención a las reformas normativas del 2006 y 2007, una vez ocurrido el reconocimiento de filiación extramatrimonial, el nombre del hijo debe ser modificado para incorporar el apellido del padre reconociente. Este cambio se produce administrativamente a través de la expedición de una nueva acta de nacimiento. No se considera la edad del hijo y tampoco se admite su participación. Se postula la incorporación del consentimiento del hijo como requisito de eficacia, de manera que sea él quien decida si admite o no la modificación de sus apellidos. La tesis se estructura sobre la base de tres conceptos: el interés del hijo en los efectos del reconocimiento, la identidad construida en su medio social; y el derecho a conservar los apellidos originariamente atribuidos. Se llega a la conclusión que un menor de dieciséis años se encuentra legitimado para intervenir consintiendo o no, y que de existir oposición será el juez quien resuelva evaluando las repercusiones en su vida social; pero si el hijo es mayor de edad, deberá decidir libremente acerca de sus apellidos. Se podrá notar que los postulados esgrimidos también pueden ser invocados en los procesos de impugnación de reconocimiento y de exclusión del nombre.

El Estado debe velar para que los derechos fundamentales de niños y adolescentes no se vean conculcados en ninguna situación, procurando que sus derechos a tener una familia y a crecer en un ambiente de afecto y seguridad moral, no se vean menoscabos por sus progenitores tras la ruptura del vínculo matrimonial, más aun, cuando se concede a un padre la tenencia y al otro un régimen de visitas, para garantizar su bienestar en aplicación del principio del interés superior del niño; recogido de forma implícita en el artículo 4° de la Constitución Política, y que establece la obligación del Estado, de los poderes públicos y de la comunidad de proteger al niño y al adolescente, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Ese marco constitucional protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y al menor que por la vulnerabilidad propia de su edad merece especial protección, por ello, se procura que ante la separación de los padres, este siga en contacto con el padre no custodio; sin embargo, en ocasiones el otro progenitor obstaculiza el régimen de visitas, impidiendo el normal desarrollo de la relación del menor con el padre que no vive. Ello hace necesario el establecimiento de medidas adicionales a las ya establecidas en nuestra legislación para el efectivo cumplimiento de dicho régimen. Nuestro principal resultado es que las medidas a tomarse son: la implementación de casas de encuentro familiar en todo el territorio nacional y ante la persistencia del padre custodio de impedir el régimen de visitas, el pago de una indemnización por daño moral al padre no custodio.

Esta tesis busca comprobar: (i) si los criterios utilizados por los jueces de familia y magistrados del Poder Judicial para resolver los procesos de tenencia coinciden con la regulación legal y aplican el interés superior del menor de edad; y, (ii) si las resoluciones de vista y casaciones presentan deficiencias en desmedro de sus derechos. Como resultado del análisis crítico realizado a una muestra de dieciocho (18) resoluciones de vista y casaciones elegidas de manera aleatoria, se verifica que los jueces de familia y magistrados resuelven los procesos de tenencia utilizando criterios legales y extra-legales en los que no necesariamente se aplica el interés superior del niño. Para ello, se desarrolla la tesis en cuatro (4) capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. En el primero se define y se explica el interés superior del niño y qué se entiende por “niño, niña y adolescente”. En el segundo, por un lado, se definen y se exponen las instituciones jurídicas de Derecho de Familia: patria potestad, tenencia y régimen de visitas; por otro lado, se desarrolla la propuesta del Comité de los Derechos del Niño para la aplicación del interés superior del niño y sus garantías procesales. En el tercero se efectúa un análisis de la muestra exponiendo los principales criterios utilizados por el sistema de justicia para resolver un proceso de tenencia y sus deficiencias. Finalmente, en el cuarto, se busca hacer efectiva la participación de un grupo de menores de edad a fin de conocer su definición sobre el interés superior del niño y los criterios que proponen para determinar la tenencia en un caso hipotético.

El presente informe tiene como objetivo, analizar el cumplimiento y correcta aplicación, por parte de las autoridades administrativas y judiciales, del principio del Interés Superior del Niño y Adolescente, el mismo que fue recogido, con carácter vinculante para los estados firmantes, por la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Al ser este tratado ratificado por el Estado Peruano forma parte de nuestro ordenamiento legal interno. Para el informe hemos elegido como caso concreto, el expediente N° 279-2013-MIMP-DGNNA DIT en el cual la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP abre investigación tutelar por presunto estado de abandono de un menor, quien contaba con sus progenitores, vivía con su padre, pero era testigo de las continuas disputas entre estos por su tenencia. Previo a esta investigación administrativa, la madre había demandado la tenencia del menor en la vía judicial. La metodología empleada para el presente informe, es el estudio de cada una de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa y también el estudio de las principales resoluciones emitidas en el proceso de tenencia, a fin de determinar si en cada una de ellas se resolvió priorizando el Interés Superior del Niño o no se aplicó correctamente, a pesar de ser este término invocado constantemente. Previamente, definimos que se entiende por Interés Superior del Niño de acuerdo a la legislación internacional, nacional y doctrina y, finalmente, analizamos la actual normativa nacional relacionada al cumplimiento del Interés Superior del Niño en los procesos tutelares. Nuestra conclusión principal es que, si bien en la resolución de procedimientos tutelares, las autoridades constantemente invocan el principio del Interés Superior del Niño, en la práctica resuelven sin considerarlo y sin evaluar cuál es la mejor decisión para preservar los derechos del menor, en especial el derecho a la familia. Esto nos lleva a afirmar que los procesos administrativos tutelares subsiste la ya superada doctrina de la “Situación Irregular” en el que las autoridades determinan que es lo mejor para un menor de acuerdo a sus criterios y sin considerar la opinión ni el respeto a sus derechos del tutelado. Respecto al proceso judicial de tenencia, si bien se advierte una mayor comprensión del significado del principio de Interés Superior del Niño, por parte de los jueces, se advierte que la excesiva demora temporal para resolver los procesos, causa una afectación al menor, lo que también atentaría contra su interés superior.

El presente informe tuvo como propósito identificar problemas netamente jurídicos en los que incurrió el juzgador del Vigésimo Juzgado Especializado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima al momento de emitir la Sentencia (Resolución N° Veintinueve); teniendo en cuenta que esta no fue la primera sentencia que había emitido el juzgador en el presente proceso. Para lo que se utilizó una metodología de investigación de enfoque cualitativo, de tipo básica, bajo la teoría fundamentada y un método deductivo, que respalda la doctrina y postura de la autora en lo largo del informe. Llegando a las conclusiones que existieron errores materiales y vicios en la sentencia de primera instancia y que se mantuvieron en la resolución que es menester de investigación en el presente informe. Asimismo, se establecieron los remedios necesarios para subsanar dichos errores, cuidando los requisitos estipulados por la ley, por la jurisprudencia vinculante y los datos doctrinarios recopilados en transcurso de la investigación. Finalmente se emiten recomendaciones propias del autor, dirigidas a la facultad y las posibilidades que tiene el colegiado de instancia superior para identificar, subsanar y pronunciarse sobre los errores materiales o agravios, como en el presente caso, a los principios de congruencia, preclusión o eventualidad en los procesos de familia. / The purpose of this report was to identify purely legal problems incurred by the judge of the Twentieth Specialized Family Court of the Superior Court of Justice of Lima when issuing the Judgment (Resolution No. Twenty-Nine). It is worth noting that this was not the first judgment issued by the judge in the ongoing case. To achieve this, a qualitative research methodology was employed, using a basic approach, grounded theory, and a deductive method that supports the author's doctrine and position throughout the report. The conclusions drawn from the investigation revealed the existence of material errors and flaws in the initial judgment, which persisted in the resolution and necessitated further investigation. In order to rectify these errors, the necessary remedies will need to be implemented, while adhering to the requirements stipulated by law, binding precedent, and the doctrinal data collected during the course of the research. Finally, the author provides recommendations aimed at the authority and the possibilities available to the higher court to identify, rectify, and pronounce upon material errors or grievances, as in the present case, with regard to the principles of congruence, preclusion, or eventuality in family proceedings. It is essential to thoroughly examine the legal issues raised in this report, as they have significant implications for the fairness and effectiveness of the judicial process. By addressing these concerns and implementing the recommended remedies, the court can ensure that its decisions align with legal principles and uphold the rights of the parties involved.

Hoy en día son varios los casos en los que al fallecer uno de los padres, la tenencia de un menor es discutida ya que no necesariamente el padre que aún le sobrevive puede ser el más idóneo para continuar con su crianza. El presente informe, aborda el tema de la tenencia por parte de los abuelos y pretende exponer y analizar una situación que en la actualidad se presenta continuamente. Si bien es cierto la tenencia parte de un derecho derivado de la patria potestad, qué sucede cuando nos encontramos en situaciones que ameritan una aplicación más flexible de las normas en favor del bienestar de los niños y adolescentes. Para ello, partimos de un análisis inicial de nuestra legislación nacional para luego pasar a estudiar de forma sistemática los principios recogidos en los tratados internacionales y que son de carácter vinculante. Asimismo, analizamos la casación Casación N° 4881-2009 - Amazonas a la luz de los conceptos de la tenencia, principio de interés superior del Niño o adolescente y derecho a la identidad. Finalmente, con este informe pretendemos estudiar los conflictos que pueden generarse al no encontrarse de forma precisa los supuestos en lo que, a pesar de que uno de los padres sobreviva al hijo, muchas veces resulta más beneficioso para el menor que se otorgue su tenencia a sus abuelos. E incluso también a familiares con los que ha desarrollado un vínculo afectivo importante. / Nowadays, there are several cases in which when one of the parents dies, the tenure of a child is disputed since the other parent may not necessarily be the most suitable one to continue with the child's upbringing. This report approaches the issue of grandparents' tenure and aims to expose and analyze a situation that constantly occurs today. While it is true that tenure is a right derived from parental authority, what happens when we find ourselves in situations that merit a more flexible application of the national legislation in favor of the wellbeing of children and adolescents? Therefore, we begin with an initial analysis of our national legislation and continue to study the principles of binding international treaties systematically. Furthermore, we analyze the cassation in question in light of the concepts of tenure, the principle of the best interests of the child or adolescent, and the right to identity. Our final objective is to study the conflicts that may arise when the assumptions are not precisely found. Instead of one of the parents being responsible for the child, it is usually more beneficial for the child to grant custody to the grandparents. In some cases, the child may be awarded to relatives with whom the child has developed a strong emotional bond.