El arbitraje se ha convertido en un mecanismo idóneo para resolver conflictos intersubjetivos de intereses, siendo que en el ámbito de las contrataciones públicas con el Estado resulta obligatorio recurrir a dicha vía jurisdiccional cuando existen controversias. En el presente artículo el autor analiza el hecho de que algunos árbitros se han extralimitado en sus facultades, siendo que por medio de medidas cautelares lograron suspender una sanción administrativa emitida por el Tribunal de Contrataciones del OSCE.De esta manera, se analiza la Ley de Contrataciones con el Estado y su relación con la figura del Arbitraje, señalándose al final del artículo una modificación legislativa para corregir un vacío legislativo que estaría dañando la efectividad del arbitraje y generando que proveedores culpables eludan su responsabilidad.