Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo órgano de la Administración del Estado debe realizar un trabajo de interpretación para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas que le confieren competencia y regulan su procedimiento. Si bien es cierto la ley le confiere, en varios casos, una potestad expresa para interpretar las normas, también lo es que, aunque no las posean, igual deben realizar una tarea interpretativa. Estas las hemos conceptualizado como las facultades implícitas de interpretación. Puede suceder que el organismo administrativo cambie el criterio de su interpretación, y por lo mismo adopte medidas opuestas a las que venía realizando con anterioridad. Esta realidad puede originar vulneraciones a diferentes principios del Derecho Administrativo como a las garantías constitucionales de las personas. Esta problemática se dará con mayor frecuencia en el caso de los cambios de criterios interpretativos en los órganos administrativos con potestad sancionadora. En efecto, se pretende dilucidar en el presente trabajo los conflictos entre los cambios de criterio, en uso de las facultades interpretativas, con los principios del Derecho Administrativo Sancionador, y garantías constitucionales como los principios de igualdad jurídica, actos propios de la Administración, igualdad ante la ley, confianza legítima, irretroactividad, culpabilidad, y otros que se estudiarán. Se buscará precisar la problemática, y dar ciertas luces de soluciones a ellas. Para el desarrollo se estudiará, en primer lugar, lo que se debe entender por Derecho Administrativo Sancionador como sus elementos y características. En segundo término, entraremos en el estudio de la Infracción y Sanción Administrativa. En tercer lugar, veremos el concepto de potestad interpretativa sancionadora, como los conflictos con los principios y garantías aludidas. Finalmente, para comprender mejor la problemática, haremos un análisis de lo estudiado en el caso de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a los señores Piñera y Cueto, según se analizará.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / 23/12/2017

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Initially the exercise of sanctioning powers is contextualized in the field of government procurement in Colombia, regulatory and jurisprudential development of this power and the procedure envisaged by the legislature for the imposition of sanctions is exposed when a violation or breach of it becomes apparent the contractor’s obligations, specifying the scope and gaps that the process involves. Then the consecration of the sanctioning power of the administration is presented in the Peruvian law, marking the differences with the model adopted by the Colombian law, to conclude with some perspectives on the subject. / Inicialmente se contextualiza el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la contratación estatal en Colombia. Se expone el desarrollo normativo y jurisprudencial de esta facultad y el procedimiento que ha previsto el legislador para la imposición de sanciones cuando se evidencie una infracción o incumplimiento de las obligaciones del contratista, precisándose el alcance y los vacíos que el procedimiento comporta. En seguida, se presenta la consagración de la potestad sancionadora de la administración en el derecho peruano, marcando las diferencias con el modelo adoptado por la legislación colombiana, para concluir con algunas perspectivas sobre el tema.

In the first part of this article develops concepts and policy aspects of the right to health, in order to reveal the nature of the interference of the State in the field of health and the content of the law that aims to protect and restore with the exercise of administrative powers to impose penalties; also formulates a brief overview of health reform in the Peru, undertaken with the package of legislative decrees issued by the Executive, published between September 12 and December 07, the year 2013, in accordance with the powers conferred by the legislature through the law N ° 30073, in order to explain the context in which was given powers to impose penalties in the field of health the national Superintendence of health (SUSALUD).The central aspect of the proposal is the administrative penalties procedure for SUSALUD: its background, actors, structure, infractions, sanctions, interim measures and corrective measures; finally, a few lines are dedicated to the transfer of the competence to protect the rights of consumers of health services of INDECOPI to SUSALUD. / En la primera parte del presente artículo se desarrollan conceptos y aspectos normativos del derecho a la salud, a fin de evidenciar la naturaleza de la injerencia del Estado en el ámbito de la salud y el contenido del derecho que se pretende proteger y restituir con el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; asimismo, se formula una breve reseña de la Reformade Salud en el Perú, emprendida con el paquete de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, publicados entre el 12 de septiembre y el 07 de diciembre del año 2013, conforme a las facultades conferidas por el Legislativo mediante la Ley N° 30073, con la finalidad de exponer el contexto en el cual se confirió la potestad sancionadora en materia de salud a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). En el aspecto central de la propuestase presenta el procedimiento administrativo sancionador de SUSALUD: Sus antecedentes, actores, estructura, infracciones, sanciones, medidas provisionales y medidas correctivas; finalmente, se dedican unas líneas a la transferencia de la competencia de proteger los derechos de los consumidores de servicios de salud de INDECOPI a SUSALUD.

The right to health is a universal right of second-generation, classified in the setof social, economic and cultural rights of mankind; gaining acceptance worldwide for its programmatic nature. On the verge of reaching 100 years of that recognition, its character of constitutionally recognized, operational, enforceable or subjective right has been consolidated thanks to the development of the jurisprudence of the constitutional courts; subsequent to this legal phenomenon, its enforceability trough protective process of amparo in the constitutional code of procedure is regulated in our country and expands its protection, in both areas, the powers assigned to the regulatory and supervisory body of the health sector at the national level, of administrative sanctioning power. / El derecho a la salud es un derecho universal de segunda generación clasificado en el conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales de la humanidad siendo aceptado en el mundo por su carácter programático. A punto de llegar a los cien años de ese reconocimiento, su carácter de derecho operativo, exigible y tutelable o subjetivo constitucionalmente reconocido se ha venido consolidando gracias al desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales; posteriormente a ese fenómeno jurídico, en nuestro país, se regula su exigibilidad vía proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional y se amplía su protección, en ambos ámbitos, con las facultades asignadas al órgano regulador y fiscalizador del sector salud a nivel nacional, de potestad administrativa sancionadora.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

On the basis of the revision of the power to impose on government procurement matter, the author analyses the content and scope of Plenary Court agreement 1/2015-TCE; to the light of the juridical and factual that will occur with the emission and issue of this binding precedent.In addition, the author works a prediction of the eventual contradictions on the application of the Plenary Court agreement that may occur in the juridical administrative system and the harmful consequences of the effectiveness of it. / A partir de la revisión de la potestad sancionadora en materia de contratación pública, elautor analiza el contenido y los alcances del Acuerdo de Sala Plena 1/2015-TCE; a la luz de las implicancias jurídicas y fácticas que se presentarán con la emisión y publicación de este precedente vinculante.Adicionalmente, se prevé las eventuales contradicciones en que la aplicación de este Acuerdo de Sala Plena puede generar en el ordenamiento jurídico administrativo; así como las nefastas consecuencias de su vigencia.