The present article explains the main impediments for being a supplier of State in the actual regulation for public procurements. Then, the author analyses the way a wrong interpretation of the law can turn into a distortion of the legal propose, bringing a number of barriers that, in practice, affect the main goal the public procurement. / El presente artículo nos muestra los principales impedimentos existentes para ser proveedor del Estado en el actual régimen de contratación pública.Acto seguido, el autor analiza cómo una interpretación inadecuada de la norma puede llegar a desvirtuar el propósito para la que fue creada, creando una seria de trabas que, en la práctica, perjudican finalmente el objetivo de las contrataciones del Estado.

A partir de The Global Competitiveness Report 2010-2011, se presenta la situación del Perú a nivel internacional en cuatro indicadores relacionados al manejo de fondos públicos; pagos irregulares y sobornos; favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno; y despilfarro del gasto público. Se compara al Perú con España y los países más grandes de América Latina, y se observa que esta en un nivel intermedio, aunque por encima de la mayoría de los países de América Latina. También se identifican los principales aspectos que contribuyen a la transparencia en las compras públicas, ello a partir de la Ley de Contrataciones aprobada por el decreto legislativo 1017: la existencia del Registro Nacional de Proveedores; limitar la participación como proveedores del Estado hasta doce meses después de haber ejercido el cargo a los altos funcionarios del Estado, a sus parientes cercanos y a los altos funcionarios de los gobiernos regionales y locales en el gobierno regional o local en que fueron autoridad; la obligatoriedad de que toda entidad pública cuente con un Plan Anual de Contrataciones, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y la prohibición del fraccionamiento. Se mencionan también otros aspectos de la normativa que no facilitarían la transparencia, entre los cuales está no registrar información por parte de las entidades públicas por los bienes y servicios adquiridos y obras ejecutadas por debajo de 3 unidades impositivas tributarias(UIT)-que en 2011 equivalen a S/. 10 800-, y se toma en cuenta, además, que estos son aproximadamente cien mil procesos.

This article shows the results of the Public Procurement Administrative Court’s performance from 2012 to 2014, mainly referred to opportunity and predictability on resolutions issuing process, supporting on statistics the evolution of the caseload as well as the time record of closing the procedures related to matters of Administrative Court’s jurisdiction which had a direct effect on the public procurement contracts’ efficiency.Additionally, we go through some Plenary Chamber Rulings, witch jointly with uniform interpretation criteria are the best mechanism to ensure equality in law application and thus institutional framework of Public Procurement Administrative Court. / En el presente artículo, se muestran los resultados de la gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado en los años 2012 a 2014, referidos, principalmente, a la oportunidad y predictibilidad en la emisión de resoluciones.Apoyada de algunos datos estadísticos, se muestra la evolución de la carga procesal del Tribunal de Contrataciones y los tiempos de atención de los procedimientos de competencia del Tribunal y que inciden, directamente, en la eficiencia de la compra pública. Asimismo, se revisan algunos de los Acuerdos de Sala Plena emitidos, que junto a criterios de interpretación uniforme, son el mejor mecanismo para garantizar la igualdad en la aplicaciónde la ley y por tanto, la institucionalidad del Tribunal de Contrataciones del Estado.

The first part of the article proposes a theoretical-doctrinaire analysis about the sanctioning authority of the Public Administration and explains the sanctioning authority of the Supervisory Agency for Government Procurement. On the other hand, the second part of the article examines the definitions related to the personal liability concerning government procurement issues. Finally, the article explains the strict liability in this respect. / En la primera parte del artículo se propone un desarrollo teórico-doctrinario sobre la potestad sancionadora administrativa de la Administración Pública. Asimismo, se desarrolla una explicación en relación a la potestad administrativa sancionadora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. En la segunda parte del artículo se analizan los conceptos sobre la responsabilidad subjetiva en materia de contrataciones con el Estado,terminando con explicar acerca de la responsabilidad objetiva en la misma materia.

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

On the basis of the revision of the power to impose on government procurement matter, the author analyses the content and scope of Plenary Court agreement 1/2015-TCE; to the light of the juridical and factual that will occur with the emission and issue of this binding precedent.In addition, the author works a prediction of the eventual contradictions on the application of the Plenary Court agreement that may occur in the juridical administrative system and the harmful consequences of the effectiveness of it. / A partir de la revisión de la potestad sancionadora en materia de contratación pública, elautor analiza el contenido y los alcances del Acuerdo de Sala Plena 1/2015-TCE; a la luz de las implicancias jurídicas y fácticas que se presentarán con la emisión y publicación de este precedente vinculante.Adicionalmente, se prevé las eventuales contradicciones en que la aplicación de este Acuerdo de Sala Plena puede generar en el ordenamiento jurídico administrativo; así como las nefastas consecuencias de su vigencia.