El autor en el presente artículo analiza, de manera minuciosa, la composición de los contratos que celebra el Estado, resaltando el desenvolvimiento del mismo dentro de la esfera contractual, en cuanto a los derechos y obligaciones que surgen. Así mismo, re conceptualiza los elementos presentes en la contratación pública y presenta un desarrollo más que meramente legislativo, proponiendo un modelo que sea coherente con la naturaleza propia de la institución estudiada. Por ultimo, el autor concluye en la complejidad de la contratación publica, destacando la relevancia que presenta el interés de las partes en la dinámica contratante – contratista.

En este artículo, se analiza, a través de la interpretación de las últimas modificaciones de la normativa y conforme a los principios de la contratación pública, la posibilidad de ampliar el espectro de análisis de acreditación de experiencia de una persona jurídica cuando esta pertenece a un grupo económico. Para ello, se basa en el desarrollo de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, en conjunto con el papel que tiene la OSCE. Luego desarrolla la actuación de las Personas Jurídicas, que conforman grupos económicos, en la ejecución de obras, para poder acreditar la experiencia requerida por la normativa. Se concluye el artículo haciendo una comparación a través del derecho comparado para así implementar una nueva interpretación de la norma de contratación pública. In this article, the author discusses, through the interpretation of recent changes in regulation and according to the principles of public procurement, the possibility of extending the range of accreditation of experience analysis to legal persons when belongs to an economic group. This is based on the development of the State Procurement Act, as amended, in conjunction with the role it plays the OSCE. Then develops the performance of legal persons, that form economic groups, in the execution of projects, in order to prove the experience required by the regulations. Finally, the article makes a comparison by comparative law in order to implement a new interpretation of the law on public procurement.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar la limitada participación de las MYPEs inscritas en el Registro Nacional de Proveedores en las Contrataciones del Estado en la Región Arequipa, durante el año 2016. Para tal efecto se solicitó información a las entidades competentes; una vez recopilada, fue ordenada y procesada. Dicha información refiere la cantidad aproximada de MYPEs inscritas en el REMYPE (Registro de Micro y Pequeñas Empresas), con ella se procedió a determinar cuántas de éstas MYPEs cuentan con inscripción vigente en el RNP (Registro Nacional de Proveedores), para finalmente concluir cuántas de ellas participan activamente en los procedimientos de contrataciones públicas en sus diferentes modalidades y rubros; del mismo modo se ha elaborado una encuesta cerrada a un número determinado de Micros y pequeños empresarios, considerando que son la parte medular del problema identificado. Como consecuencia del análisis se ha detectado entre otros factores directamente referidos a nuestro objeto de estudio, la predominante presencia de barreras de acceso tales como: legales, informativas, administrativas y técnicas que en conjunto no incentivan la participación de las MYPEs. Frente a tal diagnóstico, hemos elaborado propuestas y algunas recomendaciones a fin de estimular una participación más activa de las MYPEs; fomentando de ésta manera una competencia más equitativa entre los Proveedores, resultando de imperiosa necesidad la exigencia del cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado a través de la efectiva supervisión del organismo competente, (OSCE), mediante un seguimiento aleatorio de los procedimientos y contratos suscritos, implementándose la aplicación de control preventivo de forma efectiva y de oficio. / This research’s objective is to analyze the limited participation from the MYPES subscribed in the national providers’ registry from the contracts of the Region of Arequipa in 2016. For that purpose, we solicited information from all the competitive entities. Once we gathered all the information, we processed it and organized it. This information contains the approximate quantity of MYPEs subscriptions in the REMYPE (Registry of Micro and Small Enterprises). Along with this quantity, we determined how many of those MYPES have their inscriptions up to date at the national providers’ registry. From that research, we could finally conclude how many of these MYPES actively participate on the procedures of the public contracts at their different field and methods. In the same way it has been made a close survey to a certain number of Micro and small companies, taking in consideration that they are the central part of the identified problem. As a consequence of this extensive research, we could find that in between other factors directly connected to our objective, the prominent presence of access barriers are legal, informative, administrative and technical. These access barriers do not motivate the participation of the MYPEs. With such diagnosis, we have come up with some recommendations to stimulate a more active participation from the MYPEs. Having a more active participation, there could be a more even competence between providers. As a result, it is of extremely necessity the compliance of the contract’s law through the OSCE (Contracting State Supervisor Organism). Compliance that could be reached by an extensive tracking, implementing preventive control in both ways; effective and spontaneously. / Trabajo de investigación

A partir de The Global Competitiveness Report 2010-2011, se presenta la situación del Perú a nivel internacional en cuatro indicadores relacionados al manejo de fondos públicos; pagos irregulares y sobornos; favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno; y despilfarro del gasto público. Se compara al Perú con España y los países más grandes de América Latina, y se observa que esta en un nivel intermedio, aunque por encima de la mayoría de los países de América Latina. También se identifican los principales aspectos que contribuyen a la transparencia en las compras públicas, ello a partir de la Ley de Contrataciones aprobada por el decreto legislativo 1017: la existencia del Registro Nacional de Proveedores; limitar la participación como proveedores del Estado hasta doce meses después de haber ejercido el cargo a los altos funcionarios del Estado, a sus parientes cercanos y a los altos funcionarios de los gobiernos regionales y locales en el gobierno regional o local en que fueron autoridad; la obligatoriedad de que toda entidad pública cuente con un Plan Anual de Contrataciones, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y la prohibición del fraccionamiento. Se mencionan también otros aspectos de la normativa que no facilitarían la transparencia, entre los cuales está no registrar información por parte de las entidades públicas por los bienes y servicios adquiridos y obras ejecutadas por debajo de 3 unidades impositivas tributarias(UIT)-que en 2011 equivalen a S/. 10 800-, y se toma en cuenta, además, que estos son aproximadamente cien mil procesos.

On the basis of the revision of the power to impose on government procurement matter, the author analyses the content and scope of Plenary Court agreement 1/2015-TCE; to the light of the juridical and factual that will occur with the emission and issue of this binding precedent.In addition, the author works a prediction of the eventual contradictions on the application of the Plenary Court agreement that may occur in the juridical administrative system and the harmful consequences of the effectiveness of it. / A partir de la revisión de la potestad sancionadora en materia de contratación pública, elautor analiza el contenido y los alcances del Acuerdo de Sala Plena 1/2015-TCE; a la luz de las implicancias jurídicas y fácticas que se presentarán con la emisión y publicación de este precedente vinculante.Adicionalmente, se prevé las eventuales contradicciones en que la aplicación de este Acuerdo de Sala Plena puede generar en el ordenamiento jurídico administrativo; así como las nefastas consecuencias de su vigencia.