Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos. Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente, generando costos innecesarios a la Administración. Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio. / In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location, or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of legal notices. The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is inefficient, and creates unnecessary administrative costs. It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile. / Trabajo de investigación

In the first part of this article develops concepts and policy aspects of the right to health, in order to reveal the nature of the interference of the State in the field of health and the content of the law that aims to protect and restore with the exercise of administrative powers to impose penalties; also formulates a brief overview of health reform in the Peru, undertaken with the package of legislative decrees issued by the Executive, published between September 12 and December 07, the year 2013, in accordance with the powers conferred by the legislature through the law N ° 30073, in order to explain the context in which was given powers to impose penalties in the field of health the national Superintendence of health (SUSALUD).The central aspect of the proposal is the administrative penalties procedure for SUSALUD: its background, actors, structure, infractions, sanctions, interim measures and corrective measures; finally, a few lines are dedicated to the transfer of the competence to protect the rights of consumers of health services of INDECOPI to SUSALUD. / En la primera parte del presente artículo se desarrollan conceptos y aspectos normativos del derecho a la salud, a fin de evidenciar la naturaleza de la injerencia del Estado en el ámbito de la salud y el contenido del derecho que se pretende proteger y restituir con el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; asimismo, se formula una breve reseña de la Reformade Salud en el Perú, emprendida con el paquete de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, publicados entre el 12 de septiembre y el 07 de diciembre del año 2013, conforme a las facultades conferidas por el Legislativo mediante la Ley N° 30073, con la finalidad de exponer el contexto en el cual se confirió la potestad sancionadora en materia de salud a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). En el aspecto central de la propuestase presenta el procedimiento administrativo sancionador de SUSALUD: Sus antecedentes, actores, estructura, infracciones, sanciones, medidas provisionales y medidas correctivas; finalmente, se dedican unas líneas a la transferencia de la competencia de proteger los derechos de los consumidores de servicios de salud de INDECOPI a SUSALUD.

One of the most important transformations of contemporary Administrative Law Penalties is the one related to the openness to cooperation with private actors, considering that one of its expressions is the commitment to cease.In this academic paper, the author realizes a theoretical approach on the legal concept of concerted administration regarding penalties, and analyzes its regulation within sectoral rules. Finally, he offers some criticisms of the use of this concept by the public administration. / Una de las transformaciones más importantes del Derecho Administrativo Sancionador contemporáneo es la relativa a la apertura a la concertación con los agentes privados, siendo una de sus expresiones el compromiso de cese. En el presente artículo, el autor realiza un acercamiento teórico a la figura de la administración concertada en el ámbito sancionador, y analiza su regulación en normas sectoriales. Finalmente, ensaya críticas sobre la utilización de esta figura por parte de la Administración Pública.

El presente informe tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas jurídicos del expediente N° 0061-2019-OEFA/DFAI/PAS, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en contra de Pan American Silver Huarón S.A. por la comisión de dos (2) presuntas infracciones, tras el reporte de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017, ocurrida en el depósito de relaves N° 5 de su unidad minera “Huarón”, ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco. Sobre el particular, los principales problemas jurídicos que versan en el referido expediente son los siguientes: Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de verdad material; Determinar si la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de tipicidad; y, Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio del debido procedimiento. / Trabajo de suficiencia profesional

El Expediente Público materia del presente Informe Jurídico contiene un proceso administrativo sancionador iniciado en el marco de una contratación pública. En atención a ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado ejerce su potestad sancionadora por lo cual analiza la presunta responsabilidad que se le imputa al postor durante el proceso de selección convocado por la Entidad, a efectos de verificar la comisión de la infracción consistente en presentar “información inexacta”. Las resoluciones emitidas por el órgano resolutivo, mediante la cual se dispuso en un inicio la apertura del proceso sancionador y de forma posterior declarar no ha lugar la imposición de sanción analizan la configuración del quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad y el Principio de Integridad por parte del postor. / Trabajo de suficiencia profesional

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

El presente estudio tiene por finalidad determinar de qué manera la regulación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ha afectado la seguridad jurídica y la protección al medio ambiente, respecto de las actividades de la industria manufacturera. De acuerdo a ello, en el presente estudio se expone de manera general la potestad sancionadora de la Administración Pública; definición y elementos de las infracciones administrativas; los eximentes de responsabilidad administrativa, la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad, las obligaciones ambientales aplicables a los titulares de la industria manufacturera, entre otros. Asimismo, para determinar el efecto mencionado, se ha evaluado la normativa y las resoluciones emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el sector industria manufacturera, desde el año 2017 al 2019. Verificándose una afectación negativa tanto a la seguridad jurídica como a la protección al medio ambiente, respecto de las actividades de la industria manufacturera. Motivo por el cual, se recomienda la modificación de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Reglamento de Supervisión del OEFA. / The purpose of this study is to determine how the regulation of voluntary remedy as an exemption from responsibility in the Law 27444, Law of General Administrative Procedure has affected the legal security principle and the protection of the environment, regarding of the activities of the manufacturing industry. Therefore, this research exposes about the sanctioning power of the Public Administration; the definition and elements of administrative infractions; exemptions of administrative responsibility, the voluntary remedy as a responsibility exemption, the environmental obligations applicable to the holders of the manufacturing industry, and others. Also, to determine the aforementioned effect, the regulations and resolutions issued by the Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), in the manufacturing industry sector from 2017 to 2019, have been evaluated in this study. Verifying a negative impact on both legal security principle and environmental protection, regarding of the activities of the manufacturing industry. Accordingly, it´s recommended the modification of the Law 27444, Law of General Administrative Procedure and the Supervision Regulation of the OEFA. / Trabajo de investigación