En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental / Tesis

En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado. / Trabajo académico

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención. / Trabajo académico

Aborda el problema de la falta de tipificación de las infracciones constitucionales en el juicio político peruano. Para ello, hace un análisis de la acusación constitucional expresada en el antejuicio y el juicio político, en el desarrollo de esta figura jurídica en la doctrina nacional y comparada, así como en la legislación peruana y extranjera, como también en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido en el Tribunal Constitucional Peruano. Propone, como principal solución, una reforma constitucional y una modificación en el Reglamento del Congreso de la República. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objetivo desarrollar uno de los temas más controversiales que se han suscitado en nuestro ordenamiento: El Derecho Administrativo Sancionador. La calificación de controversial se debe a que, en cada etapa de su reciente desarrollo, existen voces disidentes. En un primer momento, una parte de la doctrina calificó las potestades sancionatorias de la Administración como inconstitucionales, mientras otros abogaban por su legitimidad. Luego, la discusión se refirió a los principios y normas que informan esta disciplina y, al respecto, mientras algunos se inclinan por situarla dentro del Derecho Penal, otros afirman que se trata de una disciplina autónoma que, por su escaso desarrollo normativo, puede ser integrada por los principios del orden punitivo. Actualmente, el estado de la discusión no ha progresado sustancialmente, a pesar de algunas notables contribuciones desde la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, hoy la discusión se encuentra entrabada en el alcance de la aplicación de dichos principios penales. Por estas consideraciones, este trabajo se configura como un intento por colaborar en la sistematización del Derecho Administrativo Sancionador y entenderla como una rama específica, estableciendo su distancia con el Derecho Penal, abordando particularmente la manifestación de la actividad punitiva de la Administración ejercida por la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de la cual se han suscitado ciertos debates y ciertas controversias que no tienen una posición pacífica en la doctrina, ni en la jurisprudencia nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Los presupuestos de la RPA son todas aquellas circunstancias, condicionamientos o requisitos cuya común ocurrencia imponen a un organismo administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio la obligación de reparar a un particular un perjuicio injustamente sufrido o injustamente causado

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los factores que influyen en la implementación del compliance en las pequeñas y medianas empresas, de la región de Lambayeque, Chiclayo. Para ello fue necesario establecer la necesidad de la incorporación del compliance en las PYMES e identificar los factores que influyen en la implementación del compliance en las pequeñas y medianas empresas, es así como se optó por realizar una metodología mixta, es decir el presente artículo, está compuesto por una parte cualitativa y una parte cuantitativa, que nos ayudaron a desarrollar el presente trabajo, siendo de real importancia destacar que se realizó un cuestionario dirigido a los empresarios, con el fin de poder determinar que las personas jurídicas que deseen contratar con el Estado, deben de contar obligatoriamente con sistemas preventivos que ayuden a evitar la comisión de actos ilícitos, para poder así garantizar al Estado Peruano que no se cometerá delito alguno mientras suscriba un contrato con esta persona jurídica.

Las encuestadoras son el reflejo de las preferencias de aquellos que participan de modo global para unas posteriores elecciones, herramienta últimamente utilizada para el ámbito político donde muchas veces se ha visto transgredido nuestro sistema democrático, cuestionándose una serie de dudas por el surgimiento de suspicacias al momento de designar al ganador de las encuestas electorales, que muchas veces termina siendo la persona que nos dirige durante todo un periodo de gobierno. Problemática surgida los últimos años, donde la ambición de llegar al poder es muchas veces más grande que se opta por una serie de hechos ilícitos actuando como nexo causal los medios de comunicación y las encuestadoras; ambas transgrediendo la forma sistemática que delega cada elector a través de su intención de voto. Aparentemente se optó por una serie de modificaciones, pero se constatan que no han sido suficientes para combatir y sancionar correctamente hacia aquellos que los incumplen. Ello resulta necesario establecer y modificar parámetros ya establecidos para asegurar nuestra forma de gobierno y que, por ende, debe ser respetado dentro de los límites que nuestra carta magna establece.

El incremento del uso de la tecnología, producto de la pandemia, ocasionó que las entidades financieras crearan nuevas formas de realizar transacciones bancarias mediante el uso de la banca por internet y aplicativos móviles, pero a la vez se generaron nuevas formas siniestros o fraudes cibernéticos, entre ellos el phishing. Los usuarios al verse afectados por estos sucesos acudieron al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en adelante Indecopi, a interponer sus diversos reclamos por operaciones no reconocidas; sin embargo, esta entidad en sus resoluciones finales, analizaba el deber de idoneidad del proveedor financiero a partir del correcto ingreso de los datos confidenciales sin tomar en cuenta otras medidas de seguridad que a este tipo de servicios les competen, para así, finalmente, declarar responsable de su realización al consumidor. Por ello, la presente investigación analizó dichos criterios jurídicos ya establecidos, el deber de idoneidad, las normas complementarias de las entidades financieras y jurisprudencia a nivel internacional para finalmente establecer los criterios jurídicos adecuados mediante un precedente de observancia obligatoria que deberían seguir las resoluciones de Indecopi para determinar responsabilidad administrativa en este tipo de situaciones. Siendo un trabajo interpretativo, de tipo documental el cual, en su desarrollo, ha utilizado un modelo de investigación bibliográfica analizando resoluciones finales de este tribunal durante enero del 2020 – octubre del 2022.