En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental / Tesis

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención. / Trabajo académico

Aborda el problema de la falta de tipificación de las infracciones constitucionales en el juicio político peruano. Para ello, hace un análisis de la acusación constitucional expresada en el antejuicio y el juicio político, en el desarrollo de esta figura jurídica en la doctrina nacional y comparada, así como en la legislación peruana y extranjera, como también en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido en el Tribunal Constitucional Peruano. Propone, como principal solución, una reforma constitucional y una modificación en el Reglamento del Congreso de la República. / Tesis

El presente informe tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos de la Resolución N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, la cual halló responsable a Lan Perú S.A. por la infracción del deber de idoneidad, en tanto se habría acreditado que canceló sin justificación objetiva el vuelo 2383 en la ruta Iquitos – Lima programado para el día 5 de noviembre de 2015. Para ello, el informe jurídico evalúa la competencia de Indecopi para pronunciarse sobre infracciones que se encuentran reguladas en la Ley de Aeronáutica Civil. En segundo lugar, se desarrolla el contenido del deber de idoneidad y garantías, así como las causas objetivas que configuran la fractura del nexo causal y liberan de responsabilidad administrativa al proveedor. De esta manera, haciendo uso de la doctrina y jurisprudencia, se analiza si Lan Perú S.A. infringió el deber de idoneidad o si se configuró una falla técnica ajena al mantenimiento programado de la aeronave, circunstancia imprevista que está reconocida en la Decisión 619 de la Comunidad Andina y eximiría de responsabilidad a la administrada. Finalmente, se evalúa la pertinencia de que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome posición sobre controversias de protección al consumidor relacionadas al servicio de transporte aéreo. / The objective of this paper is to analyze the legal problems of Resolution N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, which blamed Lan Perú S.A. for the violation of the duty of suitability, as it would have been proven that flight 2383 on Iquitos – Lima route scheduled for 5th of November 2015 was canceled without justification. For that, the legal report evaluates Indecopi's competence to rule on infractions that are regulated in the Civil Aeronautics Law. Secondly, the content of the duty of suitability and the guarantees is discussed, as well as the objective causes that structures the rupture of the causal nexus and exempt the company from administrative responsibility. Thereby, using the doctrine and jurisprudence, it is analyzed if Lan Perú S.A. breached the duty of suitability or if it was a technical failure unrelated to the scheduled maintenance of the aircraft, which is an unforeseen circumstance that is recognized in Decision 619 of the Andean Community and would exempt the company from liability. Finally, is discussed the relevance of the General Directorate of Civil Aeronautics taking a position on consumer protection controversies related to the air transport service.

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención.

En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental

En el presente trabajo analizamos la responsabilidad administrativa de los empleadores por el incumplimiento de nuevas obligaciones o mejoras en materia de facilidades sindicales introducidas por convenio colectivo, a partir de la reflexión de la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las disposiciones normativas sobre las facilidades sindicales y de la finalidad del sistema de inspección de trabajo, como una tutela adicional para la garantía de los derechos fundamentales laborales del trabajador. La naturaleza dual de los tipos de cláusula del convenio colectivo nos lleva a la conclusión que la tipificación de la infracción administrativa referida al incumplimiento de las facilidades sindicales puede ser llenada o complementada por las cláusulas normativas de los convenios colectivos, mas no, por las cláusulas obligacionales. / In this paper, we analyze the administrative responsibility of employers for non compliance with new obligations or improvements related to the granting of facilities for the exercise of union activity introduced by collective agreement, based on the study of the clasification as a seriuos infracctionof non-compliance with the normative provisions related to the granting of facilities for the exercise of union activity and the purpose of the labor inspection system, as an dditional protection for the guarantee of the fundamental rights of the worker. The dual nature of the types of clause in the collective agreement leads us to the conclusion that the classificaction of administrative infraction referring to the failure to comply with union facilities can be complemented by the normative clauses of the collective agreements, but not by the obligatory clauses. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico se justifica en la necesidad de otorgar de insumos a la Contraloría General de la República para que ejerza plenamente su potestad sancionadora, debido a que mediante STC 00020-2015-PI/TC se declara inconstitucional el catálogo de infracciones consagrado en el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, por contravenir el principio de tipicidad. Bajo dicho escenario, el objetivo del presente Informe Jurídico es realizar un análisis sobre la STC 00020-2015-PI/TC y proponer una lectura constitucional del artículo 46 de la Ley 27785, con la finalidad de rescatar la constitucionalidad parcial de dicha disposición normativa. Del análisis de la STC 00020- 2015-PI/TC se identifican cuatro problemas jurídicos. Primeramente, determinar si los artículos 45 y 51 de la Ley 27785, incorporados por el artículo 1 de la Ley 29622, son inconstitucionales por contravenir el principio de independencia, imparcialidad y no regresividad de derechos sociales. En segundo lugar, determinar si el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de tipicidad y ne bis in ídem. En tercer lugar, determinar si el artículo 47 inciso 1, literal a, de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de acceso a la función pública y el de proporcionalidad. Por último, determinar si las demás disposiciones de la Ley 29622 son inconstitucionales por conexidad. La metodología del Informe Jurídico para el análisis de los cuatro problemas jurídicos se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos de los principios vulnerados y la aplicación de los principios constitucionales de interpretación. La conclusión principal es que el inciso b y d del artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es constitucional, en armonía con los conceptos de relación de sujeción especial y colaboración reglamentaria, además si se interpreta que el inciso b hace referencia al Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815- y el inciso d refiere al Reglamento de Organización y Funciones, al Manual de Organización y Funciones o los términos de referencia, según sea el caso

En el presente informe se hace un recorrido a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizara problemas jurídicos surgidos a lo largo del procedimiento, los argumentos presentados por las partes basado en normas legales e interpretación de cláusulas contractuales, colocando mayor énfasis en la cuestionable actuación de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del OSITRAN, que además de alargar innecesariamente el procedimiento en perjuicio del privado, perdió la oportunidad de establecer el punto de partida para reconocer y corregir ese grave problema señalado en el párrafo precedente. Lo anterior hubiera sido muy importante a la hora de establecer un nuevo marco normativo donde se determine con precisión la separación entre obligaciones legales y obligaciones contractuales, así como, reservar al procedimiento administrativo sancionador solo para sancionar incumplimientos de las normas de policía correspondiente a su actividad regulada, en lugar de hacer malabares jurídicos aplicando figuras propias del derecho civil para determinar la responsabilidad o no de una supuesta infracción administrativa, o aplicar figuras propias del derecho administrativo sancionador para evaluar la exigibilidad o no de una obligación contractual desvirtuando lo pactado.