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En el presente trabajo de investigación, se centra en analizar si la exigencia de la titularidad de la propiedad; regulado bajo el régimen de propiedad exclusiva y régimen común, afectaría o vulneraría el ejercicio del derecho de voto en junta de propietarios, es decir, saber si aquel propietario que no posee su titularidad inscrita en los Registros Públicos se le puede negar su derecho a voto en junta de propietarios, aun cuando la Ley N° 27157 no lo exige de manera taxativa. Para lo cual, esta investigación ha sido dividida en tres capítulos, en los cuales de manera progresiva daremos respuesta al problema planteado. Los apartados se centrarán el primero: en los aspectos generales del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, el segundo apartado realizaremos un análisis de la naturaleza jurídica de la junta de propietarios y el último, el cual dará respuesta a nuestro problema planteado, en saber si existe o no vulneración al derecho a voto a los propietarios que no poseen su derecho inscrito en los registros públicos.Para culminar, la investigación se centra en que la exigencia de la inscripción de la titularidad del derecho de propiedad de los miembros regidos bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no es requisito previsto en la ley, por tanto, su exigibilidad, afecta el derecho al voto, porque al supeditar la aplicación del mismo a tener el derecho inscrito restringe al propietario del bien a decidir sobre el dominio común y exclusivo. / Tesis

Hoy en día, el sector inmobiliario es una de las actividades económicas de mayor desarrollo a nivel mundial con perspectivas de crecimiento muy interesantes; debido a la atractiva rentabilidad que genera y al crecimiento de la demanda cada año, en nuestro país esta industria ha tenido una excelente acogida debido a las diferentes empresas nacionales e internacionales que han invertido en la construcción de condominios de gran envergadura y a la flexibilidad de las financieras de poder acceder a un crédito hipotecario. Estos dos factores mencionados han permitido que el mercado inmobiliario tenga un rápido crecimiento; sin embargo la mayor parte de estas inversiones se concentran en nuestra capital (Lima), dejando un mercado amplio para las provincias puesto que los indicadores estadísticos indican que existe un gran porcentaje de demanda insatisfecha lo cual genera una gran oportunidad de negocio para la inversión de un condominio multifamiliar ofreciendo un producto de calidad con valor agregado. El presente estudio de investigación es un proyecto de inversión que tiene como finalidad demostrar la viabilidad de la construcción de un condominio multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – Chiclayo, con el objeto de atender y satisfacer al mercado interno chiclayano, con un producto de calidad y a la vez promover la inversión privada generando trabajo. La metodología desarrollada tiene como principal objetivo determinar la viabilidad estratégica, viabilidad de mercado, viabilidad técnica – operativa, viabilidad organizacional y por último la viabilidad económica – financiera. Este estudio demostró la viabilidad del proyecto de inversión, ya que los indicadores financieros afirmaron que con la puesta en marcha de dicho proyecto se obtendrá rentabilidad asiendo atractiva dicha de negocio. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La necesidad de maximizar la utilidad de los espacios de territorio en una ciudad determinada ha sido una política de Estado durante la mitad del último siglo. ¿Los motivos? La gran explosión demográfica, la tendencia a la longevidad de la población y la eficiencia del uso de los suelos; factores que se han caracterizado por fomentar el establecimiento de nuevas leyes y planes reguladores que tienden a la protección de la seguridad pública, los intereses generales de la nación, la salubridad pública, y la conservación del patrimonio medio ambiental mediante la utilización de instrumentos jurídicos, arquitectónicos y económicos que han favorecido a un mayor beneficio de una misma coordenada espacial. Dentro de estos elementos recién mencionados podemos encontrar las nuevas construcciones urbanas que transforman el clásico concepto de propiedad basado en el poder exclusivo y excluyente de una sola persona sobre una cosa a ideas comunitarias de copropiedad. El objeto de este trabajo se vincula precisamente al concepto de propiedad horizontal, pero en específico al desarrollo de las relaciones de vecindad dentro de la legislación, jurisprudencia y praxis, respecto a los inmuebles que se conceptualizan en el Art.2, inciso primero de la Ley Nº 19.537 que distingue entre dos tipos de unidades: Las unidades A: que son aquellas construcciones divididas en unidades emplazadas en terreno de dominio común, y ; Las unidades B: que son aquellos predios con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existen simultáneamente sitios que pertenecen en propiedad exclusiva a cada propietario y terrenos de dominio común. En el primer capítulo, se determinará el concepto de Relación de Vecindad, su naturaleza jurídica, su función limitadora de dominio y su vinculación con la idea de inmisión. En el segundo capítulo, se abordarán los tópicos clásicos del concepto de inmisión entre los vecinos, y que tocan las fronteras de su licitud o no, su fundamento normativo y acción de la víctima en contra del victimario agresor. El tercer capítulo, se centrará en el tratamiento legislativo que ha recibido en Chile en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y en el Código de Bello. La crítica a la ausencia de una reglamentación especifica, en una ley, que trate las relaciones de vecindad. Una breve visión al derecho comparado en especial en España y Sudamérica. Un cuarto capítulo, analizará la evolución de la jurisprudencia nacional y extranjera en este tema y el criterio de los jueces para verificar la ilicitud de las conductas entre los vecinos y la justificación de sus decisiones. Y un quinto capítulo final planteará las conclusiones del trabajo

La masificación contractual, la velocidad en la transacción de productos uniformes y la conveniencia de disminuir costos ha llevado a las empresas a utilizar contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, que suponen una aceptación de las estipulaciones no negociadas con los adquirentes. Las leyes a nivel mundial y el ordenamiento jurídico argentino en especial no prohíben los contratos celebrados bajo esta modalidad y, al igual que cualquier otro tipo de contratos, quedan sujetos al régimen de fondo que permite al afectado demandar la nulidad de sus cláusulas cuando fueran abusivas. Por otra parte, en la legislación argentina no existe prohibición alguna para que el propietario pueda subdividir un inmueble, luego edificar sobre su terreno un edificio de una o varias plantas y a su vez fraccionar éstas en departamentos. Sin embargo, a los fines de la división jurídica del edificio, para que cada piso o departamento pueda pertenecer a propietarios distintos, es necesario someter el inmueble al régimen de la propiedad horizontal, confeccionar los planos que delimitan las distintas unidades, redactar el reglamento de propiedad horizontal, y proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad. En la generalidad de los casos, estas tareas son llevadas a cabo únicamente por el propietario constructor del edificio, a pesar de lo cual el reglamento inscripto que conforma la base del sistema de propiedad horizontal pues crea el marco legal de actuación para el ejercicio de los derechos individuales— debe ser acatado por los adquirentes que no participaron en su redacción. Por esta causa, reviste la naturaleza de contrato por adhesión, al igual de los que se valen las empresas, y quien adquiere se limita a aceptarlo. Debido a que, según la ley, el reglamento pasa a integrar el contrato de adquisición de las unidades y ambos constituyen un todo inseparable, no sólo no está en condiciones de discutir sus cláusulas del reglamento sino que incluso a veces ni sabe de su existencia o de su contenido, pues en cada instrumento por el que se adquiere una unidad se inserta una fórmula mediante la cual el nuevo propietario declara conocer y aceptar el reglamento en cuya redacción no participó. Cabe preguntarse entonces si las respuestas legales frente a las cláusulas del reglamento que se descubran como abusivas son suficientes para proteger a quien adquiere unidades funcionales, sea en el marco de una relación de consumo o no. A responder esa pregunta se dirige esta investigación. / The contracts massification and the increasing speed of transactions with uniform products, led companies to use adhesion contracts with pre-formulated terms that are accepted without negotiation by the acquirer. Foreign and Argentinean legislation, do not forbid this kind of contracts but, like in any other contract, their unfair terms can be object of action for nullity. Furthermore, Argentinean legislation do not forbid the owner to divide a real estate property into different parts, then build over the land different flats and also divide each flat into different apartments or units. However, in order to make a legal division of the building, with each flat or apartment for different owners, it is necessary to submit it to the legislation of "horizontal property", to elaborate the plans to separate the units, to draft the internal regulation and to register the division at the property registry. Usually, these tasks are made by the constructor of the building, even though the registered internal regulation -which is a key element of the horizontal property system, because it rules the individual rights for the parties involved-, is mandatory to acquirers that have not participated in its draft. Therefore, this internal regulation is an adhesion contract, as those used by companies, and the acquirer just accepts it without negotiation. According to Argentinean legislation, the internal regulation integrates the acquisition contract of the units under a horizontal property system and they both must be considered as a whole. However, acquirers are not able to negotiate the terms of the internal regulations and most of the times they do not even know of its existence or content, because in each document to acquire a unit it is requested to the acquirer to sign a statement that says he knows and accept the internal regulation -in which they did not participate-. The question is whether legal solutions against abusive terms in these internal regulations are enough to protect acquirers of units under a horizontal property system, when the consumer protection is applicable and when it is not applicable. To answer that question is the aim of this research.

The present research work deals with the alienation of sections of exclusive property, whose ownership corresponds to the Board of Owners, within the framework of the horizontal property regime. Firstly, the legal nature of the Board of Owners is addressed in order to explain its relative legal subjectivity, which allows it to act in a unitary manner in the legal sphere, but with joint and several liability of its members. Secondly, I disagree with the position taken by the Registry Court which states that a qualified majority is required to have exclusive sections: I argue that only an absolute majority is required. Thirdly, I point out that, in order for the disposal of an exclusive section to proceed with the absolute majority that I propose, the purpose of the property must be the subsequent sale, and the third party acquirer will have good faith only if such purpose of the property existed in the deeds filed at the time of the sale; if the purpose was not that, then a qualified majority must be required (this constitutes an exception to the rule that I propose of absolute majority). Then, I indicate that the formalization of the transfer agreement of exclusive sections is materialized by Public Deed and publicized through the registry registration, in order to comply with the principle of authentic title and registry public faith respectively. Finally, I recommend amending articles 43 of Law 27157 and 135 of its Regulations to indicate that the Board of Owners may dispose of sections of exclusive property; as well as amending articles 47 of the same Law and 145 of its Regulations. / Trabajo académico

En el actual escenario económico y legal de nuestro país, la venta de unidades inmobiliarias en proyecto es una de las principales modalidades de adquisición de inmuebles, ya sea como viviendas, departamentos, oficinas, centros comerciales, entre otros. No obstante, a nivel registral se ha establecido una marcada diferencia en la venta de unidades inmobiliarias en proyecto, según éstas se encuentren sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o al régimen de independización y copropiedad. Esta distinción ha determinado que las unidades inmobiliarias en proyecto puedan ser considerados como bienes presentes y/o futuros, determinando el producto y procedimiento bancario para su adquisición y gravamen, así como la oportunidad de la inscripción de dichos actos en el registro / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis forma parte del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, desarrollando específicamente las leyes sobre copropiedad inmobiliaria. Dicho proyecto busca como objetivo efectuar una recopilación de los fallos relevantes en materia civil dictados por los tribunales superiores de justicia durante los años 1995 a 2010. A fin de que este proyecto se realizara de manera más detallada, el departamento de derecho civil de la Universidad de Chile procedió a dividir las aéreas a ser desarrolladas asignando cada una a un respectivo taller de memoria. Mi tesis, que se encarga de actualizar el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia en materias de copropiedad inmobiliaria, se desarrolló en varias etapas. En primer lugar, llevé a cabo una recopilación y extracto de los fallos más relevantes en relación al libro segundo de nuestro Código Civil “De Los Bienes”. Posteriormente el trabajo continuó con la redacción de extractos sobre fallos atingentes a la materia específica en mi estudio, la copropiedad inmobiliaria, que hubiesen sido dictados entre los años 1995 y 2010, buscando especialmente aquellas que establecieran nuevos criterios jurisprudenciales. Luego de eso se realizó una breve explicación sobre la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto de actualización para así dar paso a la parte gruesa de mi trabajo. Éste comienza con una introducción que pretende dar a conocer cuál era la realidad jurisprudencial en materia de copropiedad inmobiliaria hasta el año 1995, señalar los temas que principalmente se trataban en los fallos y cuáles eran las directrices al momento de dictar fallos sobre la materia, además de dar a conocer los cambios que había experimentado la legislación a través de los años. Se prosigue con la presentación de la actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia realizada en materia de copropiedad inmobiliaria hecha a través de los fallos extractados en dicha área. Finalmente, para dar término a la presente tesis, se presenta una conclusión que buscó desarrollar un paralelo entre los temas más destacados en materia de copropiedad inmobiliaria antes de la actualización y después de ella y a su vez, señalar los cambios que presentó la jurisprudencia en esta materia junto con presentar las nuevas discusiones que surgieron con la nueva legislación que rige a la actualidad

Hoy en día, el sector inmobiliario es una de las actividades económicas de mayor desarrollo a nivel mundial con perspectivas de crecimiento muy interesantes; debido a la atractiva rentabilidad que genera y al crecimiento de la demanda cada año, en nuestro país esta industria ha tenido una excelente acogida debido a las diferentes empresas nacionales e internacionales que han invertido en la construcción de condominios de gran envergadura y a la flexibilidad de las financieras de poder acceder a un crédito hipotecario. Estos dos factores mencionados han permitido que el mercado inmobiliario tenga un rápido crecimiento; sin embargo la mayor parte de estas inversiones se concentran en nuestra capital (Lima), dejando un mercado amplio para las provincias puesto que los indicadores estadísticos indican que existe un gran porcentaje de demanda insatisfecha lo cual genera una gran oportunidad de negocio para la inversión de un condominio multifamiliar ofreciendo un producto de calidad con valor agregado. El presente estudio de investigación es un proyecto de inversión que tiene como finalidad demostrar la viabilidad de la construcción de un condominio multifamiliar ubicado en la urbanización San Eduardo – Chiclayo, con el objeto de atender y satisfacer al mercado interno chiclayano, con un producto de calidad y a la vez promover la inversión privada generando trabajo. La metodología desarrollada tiene como principal objetivo determinar la viabilidad estratégica, viabilidad de mercado, viabilidad técnica – operativa, viabilidad organizacional y por último la viabilidad económica – financiera. Este estudio demostró la viabilidad del proyecto de inversión, ya que los indicadores financieros afirmaron que con la puesta en marcha de dicho proyecto se obtendrá rentabilidad asiendo atractiva dicha de negocio.

En el presente trabajo de investigación, se centra en analizar si la exigencia de la titularidad de la propiedad; regulado bajo el régimen de propiedad exclusiva y régimen común, afectaría o vulneraría el ejercicio del derecho de voto en junta de propietarios, es decir, saber si aquel propietario que no posee su titularidad inscrita en los Registros Públicos se le puede negar su derecho a voto en junta de propietarios, aun cuando la Ley N° 27157 no lo exige de manera taxativa. Para lo cual, esta investigación ha sido dividida en tres capítulos, en los cuales de manera progresiva daremos respuesta al problema planteado. Los apartados se centrarán el primero: en los aspectos generales del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, el segundo apartado realizaremos un análisis de la naturaleza jurídica de la junta de propietarios y el último, el cual dará respuesta a nuestro problema planteado, en saber si existe o no vulneración al derecho a voto a los propietarios que no poseen su derecho inscrito en los registros públicos.Para culminar, la investigación se centra en que la exigencia de la inscripción de la titularidad del derecho de propiedad de los miembros regidos bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no es requisito previsto en la ley, por tanto, su exigibilidad, afecta el derecho al voto, porque al supeditar la aplicación del mismo a tener el derecho inscrito restringe al propietario del bien a decidir sobre el dominio común y exclusivo.