A pesar de la pluralidad étnica que existe en el país (INEI, 2017) esta no se ve reflejada en la composición de las instituciones encargadas de la representación política. En ese sentido, los pueblos indígenas y campesinos han sido privados de la participación en los procesos que los gobiernan (Chuecas, 2007). Frente a esto, en el año 2002 el Perú decidió aplicar la cuota nativa, la cual establecía la inclusión del 15% de candidatos indígenas con el objetivo de promover la participación de los miembros de las comunidades nativas en la esfera política regional y municipal. Sin embargo, casi dos décadas después de su aplicación, parecería que este mecanismo no ha logrado el objetivo planteado de aumentar los niveles significativos de representación política indígena, además, ha mostrado tener distintas falencias dentro de las cuales se menciona la división interna del movimiento indígena peruano. Así, la presente investigación se propuso realizar una revisión de la literatura bajo la hipótesis de que la cuota nativa debido a su carácter de obligatoriedad en un contexto de poca representación por parte de los partidos políticos, afecta de manera negativa la dinámica de las organizaciones indígenas: descabezándola de sus líderes principales y dividiendo el voto. Al final de la revisión, se puede concluir que la cuota nativa, en efecto, tiene consecuencias negativas en la conformación del movimiento indígena, no obstante, este efecto está relacionado no solo al funcionamiento de la cuota sino también al estado actual del movimiento indígena.

La presente investigación se centra en explorar las narrativas y experiencias de cuidado, durante la pandemia de la COVID-19, en relación con las nociones de enfermedad y cuerpo en la comunidad kukama kukamiria Nueva Santa Rosa. Cabe notar que este es un territorio afectado por derrames de petróleo, al igual que epidemias recurrentes. En consideración de las concepciones específicas referidas a salud y enfermedad, desde un enfoque etnográfico y con metodología cualitativa, se realizaron estudios de caso de personas que hayan estado contagiadas de COVID-19 y sus respectivas redes de cuidado. Esta investigación es relevante porque permitirá profundizar en la compleja y conflictiva relación con el cuerpo en vista del coronavirus, en función de las experiencias de cuidado. Esta propuesta parte de un enfoque relacional del cuidado y de la corporalidad en la Amazonía. En ese sentido, los hallazgos están divididos en tres secciones que involucran diferentes actores y espacios. Es decir, los casos principales de contagios, sus redes, autoridades comunales y al personal del tópico de Nueva Santa Rosa y el módulo de salud de Cuninico. Primero, se analizarán las narrativas que han circulado sobre el COVID-19 en la comunidad. Esto comprende la manera en que las narrativas toman forma en vista de la información difundida, pero también de las memorias de enfermedades y las experiencias colectivas e individuales sobre el coronavirus. Segundo, se expondrá las maneras en que las nociones del cuerpo son construidas a partir de las experiencias de cuidado en el contexto de pandemia. Si bien el foco principal son los casos de contagios, debido al contagio colectivo, los demás actores también son relevantes y los cuidados comprenden desde las prácticas preventivas hasta las posteriores a los contagios. Por último, se examinarán las respuestas de los lazos de convivialidad a las tensiones de cuidado de cuerpos sanos y cuerpos enfermos. Dichas categorías de cuerpos sanos y cuerpos enfermos son de por sí inestables, así que el nuevo virus dificulta y cuestiona estas nociones.

Con ocasión de mi visita al pueblo Kandozi, en Loreto en el 2010, conocí el problema de salud que viene sufriendo dicho pueblo con posterioridad a la llegada de terceros en su territorio, debido a las actividades extractivas de una empresa petrolera. El 90% del pueblo Kandozi viene sufriendo la enfermedad de Hepatitis B. Dicha enfermedad puede llevar a los Kandozi a la extinción. Esta situación me motivó a estudiar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Más adelante, tuve la oportunidad de conocer el caso de las comunidades campesinas y rondas campesinas de las provincias de Celendín, HualgayocBambamarca y Cajamarca de la región Cajamarca, quienes se autoidentifican como descendientes de los pueblos indígenas Chachapoyas, Coremarcas, Caxamarcas y otros. Actualmente, el Estado busca imponer por la fuerza el megaproyecto minero Conga a tales pueblos. Dicho megaproyecto supone el secamiento de todo el sistema hídrico que constituye la base de la subsistencia social, económica y cultural de las comunidades y rondas mencionadas. La imposición de este megaproyecto por el Estado ha tenido como resultado, a la fecha, la muerte de cinco personas y un número indeterminado de heridos, teniendo entre sus víctimas mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas.

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial.

Una de las principales demandas de los pueblos indígenas es el reconocimiento y seguridad jurídica de sus territorios. En Perú se realiza a través del otorgamiento de títulos a comunidades nativas, política que se viene dando desde la década de los setenta, pero que a la fecha no ha culminado, existiendo todavía una demanda considerable de comunidades nativas por titular. La presente investigación estudia cómo las organizaciones indígenas amazónicas peruanas han logrado influenciar en las políticas nacionales de reducción de deforestación para implementar el proceso de titulación de comunidades nativas. Para ello se estudia a las redes transnacionales de advocacy formadas para este fin, quienes siguiendo el patrón boomerang , emplean la presión a organismos internacionales y otros Estados como Noruega, los cuales a su vez generan influencia, para lograr cambios en las políticas domésticas. Así, los pueblos indígenas amazónicos se posicionaron en las discusiones internacionales sobre la reducción de la deforestación y el cambio climático, generando redes transnacionales que les permiten tener influencia a nivel nacional e internacional, y fueron exitosos en conseguir recursos financieros de la cooperación internacional climática para culminar los procesos de titulación de las comunidades nativas en el país. / Tesis

Esta tesis desarrolla las consecuencias de coexistencia conflictiva entre el Estado y los Pueblos Indígenas en el Perú: comunidad indígena Kechua de Talwis. Se toma como referencia de estudio esta comunidad, que está ubicada en el Distrito de Colcabamba sobre los 3850 m.s.n.m., Provincia de Tayacaja Región Huancavelica. La motivación surge, primero, por la forma de organización comunal “tradicional-vigente”, por su orden y control social basado en sus costumbres e instituciones; no obstante, del conflicto con las instituciones del Estado (situación típica de coexistencia conflictiva). El Estado ha intentado homogenizar bajo una sola cultura, un solo idioma así como un ordenamiento jurídico único, positivo, de carácter obligatorio y coercitivo, sin considerar que las sociedades existentes en el Perú son diversas, heterogéneas en culturas, costumbres y visiones. El estudio es relevante para la ciencia jurídica porque permitirá que el Estado asuma, reconozca y respete la diversidad como pueblo que son 72 Nacionalidades/Pueblos existentes en el ande y la amazonía con su propia cultural, modo de vida, valores, lengua y pluralidad jurídica distinta al “oficial”. Un estudio como este −con criterio intercultural y equidad− puede ayudar a la sociedad dominante, instituciones del Estado y operadores jurídicos a entender de la existencia de diferentes pueblos; además, la investigación tendría como relevancia social generar un espacio a las organizaciones indígenas y autoridades comunales para conocer sus derechos, sus capacidades, basados en las costumbres y resolución de conflictos; su lucha por el territorio/tierra o territorios indígenas no sólo considerándolos como un recurso productivo, y desde luego, no son simples bienes en el mercado. Los territorios indígenas están vinculados a la propia existencia de cada pueblo formando una unidad inseparable reforzada por lazos culturales y espirituales, que históricamente les corresponde con su propia cosmovisión, principios, recursos, conocimientos colectivos y respeto de sus derechos humanos. / Tesis

Desde el fin del siglo XX, las diferentes formas de construcción de fronteras vinculadas a procesos que transitan entre lo global y cotidiano han mostrado cambios notables extendiéndose a través de nuevas configuraciones físicas y simbólicas, y perspectivas renovadas. Partiendo de ese marco, la presente investigación aterriza en el territorio indígena del Cenepa, habitado predominantemente por el pueblo Awajún, para indagar en la producción del espacio fronterizo, actualmente marcado por el acelerado esparcimiento de la minería ilegal e informal desarrollada tanto por actores foráneos como por pobladores indígenas. Se plantea entender el caso a partir de la producción histórica del espacio y un enfoque interseccional de la ‘frontera’ que mire más allá del límite nacional en el que se ubica, atendiendo al resto de fronteras situadas en él y recogiendo en el tiempo la multiplicidad de actores y procesos socio-territoriales conducentes a la llegada del extractivismo. El espacio fronterizo del Cenepa es explicado entonces como resultado de la interacción histórica de 4 tipos de frontera –la frontera nacional, étnica, de conservación y extractiva– a lo largo de tres períodos transcurridos entre los años 1929 y 2021. Estas fijan 5 modos de asociación entre sí definidos por relaciones de oposición, superposición, alianza, resistencia y negociación, que se hallan atravesadas por diversas concepciones, prácticas y resignificaciones simbólicas sobre el espacio. Así, se identifica un primer momento histórico (1929-1995) en donde la búsqueda estatal de integrar la emergente frontera nacional mediante la desintegración de la frontera étnica de los pueblos indígenas determina entre ambas fronteras una relación inicial de oposición. En el periodo siguiente (1995-2009), dicha relación se transforma a una de alianza en tanto los pueblos indígenas participan activamente del proceso de delimitación de la frontera nacional y del establecimiento de la frontera de conservación mediante la creación de un Parque Nacional. No obstante, la posterior intervención de los intereses mineros y la debilidad institucional del Estado para preservar la agenda de conservación conducirán, por un lado, a una nueva relación de alianza, ahora entre la frontera nacional y de conservación con la extractiva, y, por el otro, a una de superposición entre la frontera extractiva y la étnica. Se abre paso, finalmente, al boom del oro en el Cenepa (2010-2021) con el profundo avance de la frontera extractiva en el territorio. Su cruce con la frontera indígena estará organizado por diferentes formas de relación oscilantes entre la resistencia y la negociación de los habitantes nativos, las cuales complejizan la narrativa del conflicto asociada a la expansión extractivista en territorios originarios.

El desplazamiento interno producto del Conflicto Armado No Internacional peruano (1980 a 2000) ha dejado un número elevado de víctimas que, en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas, aspecto que ha complejizado obtener reparaciones integrales adecuadas, pues la percepción del daño y reparación varía dependiendo de quién la percibe. En ese sentido, desde una cosmovisión indígena, el daño sufrido puede ser entendido de forma diferente que desde una visión occidentalizada. Por dicho motivo, la reparación debe ser planteada reconocimiento estas diferencias e incorporándolas. Sin embargo, en el Perú, la reparación, ha sido planteada sin evidenciar las grandes diferencias culturales preexistentes y sin ofrecer medidas de reparación que incluyan la perspectiva de la víctima, la lengua, cosmovisión, entre otros aspectos. Por ello, existe un número creciente de desplazados internos que no consideran haber sido reparados adecuadamente. Frente a ello, en la presente investigación, se plantea la interculturalidad crítica como una vía que posibilita la reparación integral de las víctimas y que permite la incorporación de sus perspectivas en las medidas que se formulen para su reparación. De esta manera, las víctimas pueden ser partícipes del diseño de reparaciones y sujetos activos de un proceso de reparación transformativo que permita superar los daños del conflicto y llegar a soluciones duraderas. Asimismo, en la investigación se propone algunos lineamientos para el diseño de reparaciones desde la interculturalidad crítica.

En múltiples ocasiones, los conflictos socioambientales en el Perú han sido una muestra panorámica del arraigo institucional a una visión netamente antropocéntrica que, con gran frecuencia, tiende a desconocer la significación de la naturaleza en sí misma, invalidando las proposiciones reinvindicatorias de los pueblos originarios y generando condiciones de evidente rechazo a su identidad étnica y cultural, fragmentando el país y debilitando el rol de la administración pública. Consciente de ello, se pretende analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo 1079, que precisamente se emite en un contexto agitado por los conflictos socioambientales a raíz de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos (en adelante TLC). En ese sentido, se propone abordar históricamente el contexto en el que se desarrolla el Decreto referido, a fin de identificar los principales puntos problemáticos de su emisión, y confrontarlos de cara a la casuística, doctrina y regulación nacional como internacional. De tal forma, se hace necesario fomentar una discusión académica sobre las implicancias y consecuencias en torno a la posición adoptada por el Tribunal Constitucional; por lo cual, propongo una evaluación socio – jurídica que cuestiona una gestión pública que desconoce las obligaciones asumidas por el Estado y que redunda en la transgresión de derechos, afirmando la necesidad de consolidar el rol de la administración ambiental en defensa de las Áreas Naturales Protegidas (en adelante ANP’s), pero con un enfoque transversalmente intercultural. / On multiple occasions, socio-environmental conflicts in Peru have been a panoramic example of the institutional roots of a clearly anthropocentric vision that, very often, tends to ignore the significance of nature itself, invalidating the original peoples' vindicatory proposals and generating conditions of evident rejection of their ethnic and cultural identity, fragmenting the country and weakening the role of public administration. Aware of this, we intend to analyze the constitutional validity of Legislative Decree 1079, which was issued precisely in a context agitated by socio-environmental conflicts as a result of the accession of our country to the Trade Promotion Agreement signed with the United States (hereinafter FTA). In this sense, it is proposed to historically approach the context in which the Decree is developed, in order to identify the main problematic points of its issuance, and to confront them in the face of casuistry, doctrine and national and international regulation. Thus, it is necessary to promote an academic discussion on the implications and consequences of the position adopted by the Constitutional Court; therefore, I propose a socio-legal evaluation that questions a public management that ignores the obligations assumed by the State and that results in the transgression of rights, affirming the need to consolidate the role of the environmental administration in defense of the Natural Protected Areas (hereinafter NPA's), but with a cross-cultural approach.

El presente informe profesional se desarrolla en base a mi experiencia como consultora de investigación y desarrollo para el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Profonanpe, entidad encargada de recaudar, administrar y canalizar fondos para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la agenda ambiental del Perú. En esta oportunidad se mostrarán los avances en el diseño e implementación de una herramienta de gestión de la información territorial organizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una particularidad de esta herramienta es su análisis a nivel de unidades geográficas denominadas localidades, espacios donde habitan pueblos indígenas u originarios y donde se desarrollan ecosistemas biodiversos. El objetivo principal de esta herramienta es mejorar la planificación y gestión de la cartera de intervenciones de la institución a través del acceso oportuno y confiable a datos estadísticos y geográficos de las localidades en los ámbitos de intervención de los programas y proyectos, que a su vez incorpore indicadores interculturales relevantes desde la perspectiva propia de los pueblos indígenas u originarios.