En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Si bien se han realizado esfuerzos para regular este tipo de procesos, los mismos no han sido homogéneos ni ordenados, existiendo casos (como el de Argentina) donde el desarrollo es jurisprudencial y no legislativo. En el Perú, la regulación ha sido muy escaza, desordenada y poco conectada (por decir lo menos), lo cual ha generado la casi nula existencia de este tipo de procesos en la práctica. Lo cierto es que este tipo de procesos es una importante herramienta para la tutela de una serie de derechos de especial naturaleza como lo son los derechos colectivos. El presente trabajo comenta analiza el caso específico de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. De los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa es un tema complejo puesto que está compuesto por una serie de otros derechos fundamentales y porque su desarrollo convencional y su delimitación constitucional y legal en el Perú ha sido errática. En ese sentido, un desarrollo errático del derecho a la consulta previa y una escaza regulación y cultura de la tutela colectiva en el Perú hacen que este tipo de procesos sean casi inexistentes y que se deban enfrentar a serias complicaciones. En el presente artículo analizamos los supuestos de legitimación para obrar en la tutela de este derecho en particular, diferenciándolo de la representación procesal. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales respecto de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. / Trabajo académico

Tesis

El presente Informe analiza la Sentencia de Inconstitucionalidad recaída en el Expediente No. 023-2009-PI/TC, interpuesta por el señor Gonzalo Tuamana Tuamana (en representación de 5000 ciudadanos), contra el Decreto Legislativo No. 1079. Este Decreto, establece mecanismos de tutela de las Áreas Naturales Protegidas y regula las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP. Por ello, se analizará normativa interna, instrumentos internacionales, doctrina y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por el máximo Tribunal de otros países de la región. En base a lo descrito, plantearé mi postura respecto a la constitucionalidad del presente Decreto, con la finalidad de identificar si se debió realizar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas antes de emitir este Decreto. Al respecto, es necesario comprender el sistema que regula a estas áreas, por lo cual las describiré, con la finalidad de demostrar que este Decreto no afectó materialmente a los pueblos indígenas que habitan en ellas. Finalmente, analizaré el derecho a la consulta previa contenida en el Convenio 169 de Organización Mundial del Trabajo con la finalidad de identificar su contenido y alcances, lo que permitirá reafirmar mi postura respecto a la constitucionalidad de este Decreto. / This report analyzes the Unconstitutionality Ruling in Case No. 023-2009-PI/TC, filed by Mr. Gonzalo Tuamana Tuamana (on behalf of 5000 citizens), against Legislative Decree No. 1079. This Decree establishes mechanisms for the protection of Natural Protected Areas and regulates the competencies of the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP. Therefore, we will analyze internal regulations, international instruments, doctrine and jurisprudence issued by the Inter-American Court of Human Rights, as well as by the highest Court of other countries in the region. Based on the above, I will present my position regarding the constitutionality of this Decree, in order to identify whether the process of prior consultation with indigenous peoples should have been carried out before issuing this Decree. In this regard, it is necessary to understand the system that regulates these areas, for which I will describe them, with the purpose of demonstrating that this Decree did not materially affect the indigenous peoples that inhabit them. Finally, I will analyze the right to prior consultation contained in Convention 169 of the World Labor Organization in order to identify its content and scope, which will allow me to reaffirm my position regarding the constitutionality of this Decree.

En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Si bien se han realizado esfuerzos para regular este tipo de procesos, los mismos no han sido homogéneos ni ordenados, existiendo casos (como el de Argentina) donde el desarrollo es jurisprudencial y no legislativo. En el Perú, la regulación ha sido muy escaza, desordenada y poco conectada (por decir lo menos), lo cual ha generado la casi nula existencia de este tipo de procesos en la práctica. Lo cierto es que este tipo de procesos es una importante herramienta para la tutela de una serie de derechos de especial naturaleza como lo son los derechos colectivos. El presente trabajo comenta analiza el caso específico de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. De los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa es un tema complejo puesto que está compuesto por una serie de otros derechos fundamentales y porque su desarrollo convencional y su delimitación constitucional y legal en el Perú ha sido errática. En ese sentido, un desarrollo errático del derecho a la consulta previa y una escaza regulación y cultura de la tutela colectiva en el Perú hacen que este tipo de procesos sean casi inexistentes y que se deban enfrentar a serias complicaciones. En el presente artículo analizamos los supuestos de legitimación para obrar en la tutela de este derecho en particular, diferenciándolo de la representación procesal. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales respecto de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa.

El Tribunal Constitucional, como institución autónoma e intérprete de la Constitución, además de ser escenario en el que se realiza argumentación jurídica, también es espacio de disputa de discursos políticos, pues es a través de los fundamentos de sus sentencias en que se legitiman ideologías. En la línea de las aproximaciones que los magistrados constitucionales peruanos realizan acerca del sistema de justicia indígena-comunal y de su comprensión de las circunstancias sociales, culturales y jurídicas que rodean a la diversidad de Pueblos Indígenas existentes en el Perú, se evidencian una serie de discursos jurídicos que, aunque intenten partir de una igualdad jurídica abstracta y apelen al reconocimiento jurídico de una pluralidad étnica y un pluralismo jurídico, en la realidad de los hechos evidencian relaciones de tensión, dado que sus interpretaciones acerca del artículo 149° de la Constitución reproducen preconcepciones y reflejan un abanico de posturas que, al explicitarse en sus sentencias, legitiman ideologías en las que no necesariamente se reconoce la autonomía jurisdiccional indígena ni la igualdad de condiciones entre las formas de justicia ordinaria y comunal. El presente texto propone analizar el corpus de seis sentencias del Tribunal Constitucional peruano, emitidas de 2009 a 2017, en las que dicho órgano interpretó los alcances del artículo 149°. A partir de ello, se busca determinar si es que los discursos jurídico-constitucionales expresados en dichas sentencias contemplan (o no) posturas de negación, asimilación, subordinación o de apertura hacia el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional indígena-comunal; para lo cual se hace uso del Análisis Crítico del Discurso (ACD) como método de deconstrucción de las argumentaciones jurídicas seleccionadas. Finalmente, se hace una reflexión sobre el Derecho como instrumento que emplea modos de acción discursivos que proyectan y a su vez son reflejo de las tensiones en la praxis social cotidiana.

Si el próximo lunes le encargasen participar en el equipo responsable de una consulta previa, ¿cómo se imaginaría el proceso?, ¿qué consideraciones cree que tendría que tomar?, ¿cómo se prepararía?, ¿qué coordinaciones haría? La mayoría de personas en nuestro país no conoce en qué consiste la consulta previa así como tampoco conoce a los pueblos indígenas. En ese contexto, emergen discursos y se construyen nuevos con el propósito de cubrir o abordar dichos temas. La implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas en el Perú constituye uno de los retos más complejos para la sociedad y la administración pública - encargada de realizarla-. Dicho derecho presupone el reconocimiento y valoración de las diversas identidades indígenas como fundamento para la exigibilidad y el respeto de derechos específicos de los pueblos indígenas, incorporando sus consideraciones en las decisiones estatales que los involucren. El desarrollo normativo del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas significa, formalmente, el establecimiento de un proceso que busca proteger el conjunto de sus derechos e implica, por tanto, un cambio en la manera de entendernos como sociedad y como Estado. En la consulta previa, las decisiones estatales que involucran a pueblos indígenas se toman “con” ellos y no “para” ellos. Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidos en la normativa nacional e internacional vigente por lo que nos parece primordial concentrar esfuerzos en el establecimiento de mecanismos para hacerlos efectivos. En ese sentido, la presente memoria profesional nace de nuestra preocupación por poner en práctica el derecho a la consulta previa.

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.