Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del Derecho Internacional, los Estados comprometen su responsabilidad frente a las obligaciones de las cuales es sujeto pasivo, originadas, ya sea, a partir de un tratado, la costumbre o las normas ius cogens. El incumplimiento de una obligación internacional, genera la responsabilidad del Estado infractor, de cara al titular del derecho vulnerado que, generalmente, será otro Estado. En virtud de dicha responsabilidad el Estado infractor, se verá compelido jurídicamente a resarcir los daños que su incumplimiento imputable generó, en otras palabras, el infractor deberá reparar los daños que su conducta provocó a los sujetos afectados.

Muchos autores han descrito a la responsabilidad como necesaria para la existencia del derecho. De este modo, “la existencia de un orden legal internacional establece que los sujetos a los cuales se les impone obligaciones deben ser responsables en el caso de fallar con el cumplimiento de esas obligaciones”. Esto inclusive es aplicado en el derecho doméstico de los Estados en donde la violación de una norma determina la responsabilidad del infractor y, por lo tanto, su sanción. Asimismo, Paul Reuter declaró que “la responsabilidad se encuentra en el corazón del derecho internacional […] esta constituye una parte esencial de lo que puede ser considerado la Constitución de la comunidad internacional”. La responsabilidad internacional constituye, de este modo, una pieza clave del derecho internacional, más aun, de su existencia y efectividad, y ha ido evolucionando a raíz de su desarrollo. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el cual las medidas de reparación se han diversificado para otorgar una protección más íntegra a las víctimas. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El desarrollo histórico de la humanidad ha estado siempre marcado en forma determinante por el fenómeno de la guerra, la cual ha sido un importante impulsor de las acciones del ser humano. Este fenómeno de características extremas, siempre ha estado de una u otra forma ligado con aspectos de carácter económico, los cuales han influido tanto en su origen, en su desarrollo y también jugando un rol determinante en su conclusión. Así como resulta ser un estado tan particular, es natural que se recurra a ciertas prácticas que no ocurrirían en situaciones normales o en estados de paz, algunas de las cuales resultan ser necesarias, dadas las circunstancias, mientras que otras pueden ser consideradas reprochables desde un punto de vista ético y jurídico. A medida que la civilización ha evolucionado, también lo ha hecho el fenómeno de la guerra. En lo que corresponde al derecho, al ser éste un elemento regulador de la paz social, también ha evolucionado junto a los conflictos armados. Es así como dentro de las ramas clásicas del derecho, ha surgido el llamado Derecho de Guerra o Derecho de los Conflictos Armados, el cual se preocupa de la creación de normas aplicables a los estados de guerra, es decir, de otorgar un marco jurídico a los conflictos armados, lo cual abarca, desde la declaración misma de guerra hasta las circunstancias posteriores al término de las hostilidades. Si bien se ha intentado regular el Derecho de Guerra, esta regulación no ha sido sistemática, ya que las convenciones internacionales que se han ocupado de estas problemáticas no han podido abarcar todo el espectro jurídico relativo a los conflictos armados, por lo cual, han sido los tratados de paz, los que se han ocupado de aquello y han marcado ciertas pautas que han sido recogidas por tratados posteriores, pero aplicables, sólo a casos concretos.

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Muchos autores han descrito a la responsabilidad como necesaria para la existencia del derecho. De este modo, “la existencia de un orden legal internacional establece que los sujetos a los cuales se les impone obligaciones deben ser responsables en el caso de fallar con el cumplimiento de esas obligaciones”. Esto inclusive es aplicado en el derecho doméstico de los Estados en donde la violación de una norma determina la responsabilidad del infractor y, por lo tanto, su sanción. Asimismo, Paul Reuter declaró que “la responsabilidad se encuentra en el corazón del derecho internacional […] esta constituye una parte esencial de lo que puede ser considerado la Constitución de la comunidad internacional”. La responsabilidad internacional constituye, de este modo, una pieza clave del derecho internacional, más aun, de su existencia y efectividad, y ha ido evolucionando a raíz de su desarrollo. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el cual las medidas de reparación se han diversificado para otorgar una protección más íntegra a las víctimas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Monografía podría resumirse como un intento conciente de responder una sola pregunta: “¿Qué se puede esperar de un mecanismo de solución amistosa?”. En efecto, este trabajo de investigación aspira a servir como justificación teórica de aquellas muchas soluciones amistosas que ya se han gestado en la práctica y que podrían seguir aumentando en número en el futuro en la medida que este particular mecanismo sea efectivamente considerado por los distintos operadores jurídicos del Sistema Interamericano como: i) una forma racional y pacífica de resolución de conflictos; ii) una forma de reforzar una educación para la paz en la región americana; iii) una alternativa real para el acceso de la víctima a la justicia interamericana; y iv) una herramienta que logra armonizar la justicia de la solución con la economía de los recursos del Sistema

El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia dentro del sistema jurídico internacional. Más aún, busca ser un espacio para la reflexión sobre la importancia de la incorporación de un sentido transformador en las reparaciones, dado por la Corte IDH a partir del caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, así como la incorporación de un enfoque de género. El caso Campo Algodonero consituyó un momento clave en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana y permitió el desarrollo de reparaciones cuyo objetivo está enfocado en lograr un impacto en la discriminación estructural que se presenta en nuestra sociedad, respecto a ciertos grupos vulnerables como las mujeres y niñas. Solo mediante un enfoque transformador y de género es posible contar con reparaciones que tengan realmente un efecto trascendental y positivo hacia este grupo en situación de vulnerabilidad, quienes son víctimas constantes de violencia. Esto último debido a que el origen del problema radica en la propia estructura de la sociedad y en los estereotipos de género en los que la misma se sostiene. Las reparaciones tienen la finalidad de resarcir a las víctimas. Pero, ¿cómo podría ser posible esto si únicamente restituimos a las víctimas a una situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos si ya desde antes vivían en una situación de desigualdad y vulnerabilidad? Sólo tomando en consideración un enfoque transformador, donde el enfoque de género se encuentre presente, se podrá consolidar una reparación adecuada para las mujeres que hayan visto vulnerados sus derechos. Para los fines de este trabajo se hará uso de la metodología documental.

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Los hechos acontecidos durante la etapa de la Dictadura cívico-militar en Argentina han trascendido hasta la actualidad por las graves violaciones de derechos humanos que se han padecido en ese entonces y las consecuencias que conllevan. Así, el presente informe analiza el Caso de la Familia Julien Grisonas, quien alude a Argentina como responsable internacional de los hechos que se le practicaron durante la operación militar del 26 de septiembre de 1976. Los mismos que transgredieron sus derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y actualmente se encuentran prohibidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En ese sentido, analizaremos los problemas jurídicos del presente Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico sobre el tiempo que tarda en emitir el informe o elevarlo ante la Corte. Asimismo, se observará sobre los derechos alegados por la parte demandante, observando que la Corte se extralimita al pronunciarse sobre algunos que no son parte del petitorio y por reconocer el derecho a la búsqueda, el cual consideramos pertinente, pero también observamos contradicciones con el derecho internacional. Para concluir, consideramos importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice y emita sus Informes de manera célere con el objetivo de la protección de los derechos humanos invocados en la petición. Además, señalamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para interpretar las normas jurídicas internacionales, mas no tiene permitido crear nuevos derechos / The events that occurred during the period of the civic-military dictatorship in Argentina have transcended to the present day due to the serious human rights violations that have been suffered at that time and the consequences that they entail. Thus, this report analyzes the Case of the Julien Grisonas Family, who alludes to Argentina as being internationally responsible for the acts that were carried out during the military operation of September 26, 1976. The same ones that violated their rights recognized in the American Convention of Human Rights and are currently prohibited in the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons and in the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture. In this sense, we will analyze the legal problems of this Case before the Inter-American Commission on Human Rights, specifically on the time it takes to issue the report or submit it to the Court. Likewise, the rights alleged by the plaintiff will be observed, observing that the Court exceeds its limits when ruling on some that are not part of the petition and by recognizing the right to search, which we consider pertinent, but we also observe contradictions with the right international. To conclude, we consider it important that the Inter-American Commission on Human Rights analyze and issue its Reports promptly with the objective of protecting the human rights invoked in the petition. In addition, we point out that the Inter-American Court of Human Rights is competent to interpret international legal norms, but it is not allowed to create new rights.