En el presente Artículo pretende resaltar la importancia de la necesidad de la regulación de las Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS) en nuestro país en base a una investigación académica realizada respecto al desarrollo y evolución de estas TERAS, así como su relevancia para que las personas que padecen de infertilidad puedan ejercer su Derecho a la Reproducción, derecho que se pretende demostrar que está recogido por nuestro ordenamiento. En ese sentido y desde un punto de vista de Derecho de Protección al Consumidor, se va también a demostrar cómo es que este servicio médico es importante para los consumidores que adquieren este servicio, en tanto que actualmente se viene brindando por entidades públicas y privadas de salud. Esto a razón de un caso práctico llevando ante INDECOPI, donde se trató acerca de la idoneidad de una de las TERAS, esto es, la Fertilización in Vitro, en función a su propia naturaleza y además se señalará la importancia de la uniformización de un formulario de consentimiento informado cuando se adquiera este tipo de servicios. / This Article aims to highlight the importance of the need for the regulation of Assisted Reproduction Techniques (ART) in our country based on an academic research carried out regarding the development and evolution of these ART, as well as its relevance for people who suffer from infertility can exercise their Right to Reproduction, a right that is intended to demonstrate that it is included in our legal system. In that sense and from a Consumer Protection Law point of view, it will also be demonstrated how this medical service is important for consumers who purchase this service, as it is currently being provided by public and private entities. of health. This is due to a practical case brought to INDECOPI, where it was discussed about the suitability of one of the ART, that is, IFV, according to its own nature and also the importance of the standardization of a form was pointed out. informed consent when acquiring this type of service.

El presente informe jurídico analiza el Expediente No. 582-2013/CC1, el cual aborda la denuncia interpuesta por Oscar Ezequiel Segovia Trauco contra Pacífico Peruano - Suiza CIA Seguros y Reaseguros debido a la exclusión de cobertura de enfermedades preexistentes previamente cubiertas por una Entidad Prestadora de Salud a la cual se encontraba afiliado el denunciante, en el marco del seguro de salud denominado “Seguro de Continuidad” contratado con dicha compañía de seguros. A partir de los hechos denunciados, en primer lugar, se evalúa si la Ley del Contrato de Seguro establece la obligación de las compañías de seguros de brindar cobertura en el supuesto de preexistencias cruzadas, determinando la interpretación más idónea del artículo 118 de dicha norma. En segundo lugar, se analiza la vigencia de la Ley del Contrato de Seguro y su aplicación en el tiempo de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano, a efectos de corroborar si esta norma resultaba aplicable a una relación contractual que se originó de manera previa a la entrada en vigencia de esta norma. En tercer lugar, se ahonda respecto al deber de idoneidad que tenía Pacífico Seguros frente a el Señor Segovia para concluir si, a la luz del Código de Protección y Defensa del Consumidor, este fue infringido al excluir de cobertura a las atenciones médicas derivadas de enfermedades preexistentes. Finalmente, se analiza la medida correctiva impuesta por el INDECOPI en el caso concreto, a efectos de determinar si esta resultaba suficiente e idónea para atender los derechos de los consumidores, o si existían medidas correctivas adicionales o alternativas que podrían haber sido adoptadas para tal efecto.

El presente informe se centra primeramente en identificar al proceso de amparo como la vía procesal más idónea para tutelar el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente en La Oroya y, por otro lado, también se busca señalar una afectación al principio de corrección del buen gobierno por parte del Tribunal Constitucional al declarar fundada en parte la primera pretensión de la demanda. La justificación de este informe es la de proponer una vía procesal más idónea a la utilizada por los demandantes y asimismo a la luz del principio de corrección proyectar una justificación inadecuada por parte del Tribunal Constitucional en su decisión final. Mis hipótesis respecto a los problemas jurídicos hallados en la sentencia son las siguientes: (i) estratégicamente en materia procesal se debió iniciar en primer lugar un proceso de amparo; y (ii) el Tribunal Constitucional debió declarar fundada en su totalidad la primera pretensión de la demanda ya que con ello se respeta el principio de corrección del buen gobierno. Sobre el marco teórico, he utilizado contenidos del derecho constitucional y del buen gobierno para el análisis de la mencionada sentencia. La conclusión principal para ambas hipótesis es la siguiente: La afectación al derecho a la salud y al derecho al medio ambiente en la Oroya es provocada por la actividad de la empresa Doe Run Perú y por la inacción del Estado, con lo cual el proceso de amparo en este caso en particular permite que a nivel procesal el petitorio y la parte demandada sean dirigidos directamente hacia los responsables de los derechos afectados, y por consiguiente se lograría una tutela más idónea. Por otro lado, optar por declarar fundada en su totalidad la primera pretensión de la demanda reflejaría una actuación acorde al principio de corrección por parte del Tribunal Constitucional, en tanto como resultado en la decisión final se consideró como incumplido por parte del Ministerio de Salud y DIGESA, el mandato legal objeto de evaluación. / This report focuses first on identifying the amparo process as the most suitable procedural route to protect the right to health and the right to the environment in La Oroya and, on the other hand, it also seeks to point out an affectation to the principle of correction good governance by the Constitutional Court by declaring partially founded the first claim of the claim. The justification of this report is to propose a more suitable procedural route to the one used by the plaintiffs and also, in light of the principle of correctness, to project an inadequate justification by the Constitutional Court in its final decision. My hypotheses regarding the legal problems found in the judgment are the following: (i) strategically in procedural matters, an amparo process should have been initiated first; and (ii) the Constitutional Court should have declared the first claim of the lawsuit founded in its entirety, since this respects the principle of correctness of good governance. Regarding the theoretical framework, I have used contents of constitutional law and good governance for the analysis of the aforementioned sentence. The main conclusion for both hypotheses is the following: The impact on the right to health and the right to the environment in La Oroya is caused by the activity of the company Doe Run Peru and by the inaction of the State, with which the process of Amparo in this particular case allows the request and the defendant to be directed directly at the procedural level to those responsible for the affected rights, and therefore a more suitable protection would be achieved. On the other hand, choosing to declare the first claim of the lawsuit founded in its entirety would reflect an action in accordance with the principle of correction by the Constitutional Court, as a result of the final decision it was considered as non-compliant by the Ministry of Health and DIGESA, the legal mandate under evaluation.