"La investigación del patrimonio del ejecutado" analiza los arts. 589, 590 y 591 de la Ley española 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.El estudio abarca el conjunto de mecanismos legales previstos para determinar el objeto del embargo, a saber, la manifestación de bienes del ejecutado, la investigación judicial, la colaboración de terceros y la investigación del ejecutante. La tesis analiza en profundidad el régimen jurídico de dichos medios de investigación y sus límites (en particular, los derechos fundamentales del ejecutado), proponiendo formas de rellenar las lagunas legales y de mejorar la coordinación entre los distintos medios de investigación.La tesis examina asimismo el Derecho comparado, buscando en él soluciones practicables para el Derecho español. / The thesis analyzes Articles 589, 590 and 591 of the Spanish Code of Civil Procedure (Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).The study focuses on the instruments for the disclosure of assets in order to enforce judicial decisions. These instruments are the debtor's declaration of assets, the tracing of assets by the Court, the collaboration of third parties and the tracing of assets by the creditor.The thesis makes an in-depth analysis under Spanish law of these mechanisms and its limits (in particular, the fundamental rights of the debtor). It also proposes ways to fill the gaps of the Spanish legislation and to improve the coordination between each of the instruments to trace and disclose the debtor's assets for enforcement purposes.The study also analyses Comparative Law, in the search of other practical solutions for Spanish Law.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente tesis, estudia la acción pauliana de familia o acción revocatoria especial, contenida en el artículo 5 inciso 7° de la Ley 14.908, por la cual son revocables los actos jurídicos, fraudulentos, simulados o aparentes, distinguiéndola como una figura autónoma del derecho procesal de familia. Se conceptualiza y analiza entonces, su naturaleza jurídica, requisitos, especificidades, efectos y procedimiento incidental en un juicio de alimentos. Lo anterior, únicamente posible si se vincula este incidente revocatorio a una interpretación hermenéutica del deber y obligación de esclarecimiento patrimonial del alimentante contenido en el artículo 5 inciso 1° de la misma Ley. Por ello, es que es menester desentrañar las implicancias del principio de buena fe en el proceso de alimentos que devienen de este deber de transparencia patrimonial, reconduciendo así a los deberes de veracidad, completitud y coherencia, y como operan éstos, en dinámica con la propia sanción revocatoria.