El desarrollo tecnológico de la sociedad postindustrial del siglo XX ha generado un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida, de los sistemas de información y comunicación y en el que la información, lógicamente, se configura como un bien de inusitado valor. Este incremento del valor de la información en la sociedad actual y, específicamente, en la economía de mercado, también asume una especial incidencia en el seno de la empresa. De una parte, la información empresarial reservada se erige en un instrumento de primer orden, imprescindible para subsistir y progresar en un mercado internacional intensamente competitivo. De otra, la integración en Internet de las actividades empresariales y el proceso de globalización que caracteriza la economía moderna suscitan profundas transformaciones y posibilitan un nueva forma de investigación y una nueva forma de organización de la producción y de la comercialización, caracterizada por su dimensión transnacional. Así, en este mercado, definido por el carácter mundial de su estructura, estrategia y funcionamiento, el secreto empresarial se erige en una importante arma competitiva de los agentes u operadores económicos profesionales, que serán juzgados, ante todo, por su eficiencia. En esta medida, una correcta comprensión jurídica del secreto empresarial, así como el arbitrio de su régimen jurídico se revelan como una cuestión crucial para el intercambio y el crecimiento económico.Configurado como interés esencialmente económico, la especificidad funcional propia del secreto, que lo diferencia del resto de valores o intereses económicos susceptibles de tutela penal (de las modalidades de propiedad industrial e intelectual y, en suma, de otros delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico), viene suministrada por el derecho de la competencia y, en concreto, por la competencia desleal. En esta medida, el acercamiento desde la perspectiva económica y jurídico-mercantil de estas instituciones ha sido indispensable a los efectos de delimitar y precisar el bien jurídico protegido en los artículos 278 a 280 del Código penal. Ello reclama la necesaria vinculación entre el secreto y las reglas de la competencia, en general y la ley de competencia desleal española, en particular, como presupuesto indispensable para la interpretación de los preceptos del código penal.Partiendo de dichos postulados, la tesis doctoral ha perseguido elaborar una teoría jurídica del secreto empresarial, en la que se ha abordado como cuestión previa la formulación de un concepto jurídico de secreto y su caracterización jurídica, para posteriormente abordar, desde dicho sustentáculo teórico, una adecuada delimitación del bien jurídico protegido en los delitos reguladores del secreto empresarial. / The technologic evolution's postindustriral society of Modern Age has generated a social model whose progress depend on information and comunication systems. For many firms, trade secrets provide a crucial competitive advantage. Consistently, in recent years, businesses have turned more and more to trade secret law to protect their interests. Despite its growing practical importance, however, the law of trade secrets -and specially the criminal law has developed sporadically, and the concept, statute and limits between intellectual and patents property and trade secrets remain unclear. This tesis raises some juridics of trade secrets statute and sketches a juridic theory of trade secrets in an information age. For this construction is a principal question to bind trade secrets law to unfair competition. In these case, unfair competition implies a misappropriation of a competitor's trade values and a misappropriation of somebody else's effort.

La tesis versa sobre la implementación del trabajo productivo en el ámbito de la reclusión penal, en un contexto de cambio de paradigma, tanto en lo penológico (de la “rehabilita-ción” a la “incapacitación”, en cuanto finalidad asignada a la pena), como en lo estruc-tural (del “fordismo” al “postfordismo”, en cuanto a estructura económico-política). La investigación se enfoca en la gestión del trabajo penitenciario en Cataluña, España, por la singular modalidad mixta (público-privada) que lleva a cabo la empresa pública CIRE. Se analizan los conflictos y desafíos que plantea la aplicación del modelo penitenciario consagrado normativamente por el Estado español, por los posibles roles añadidos y significaciones económicas de aquel modelo de gestión. Al postular la hipótesis de su posible funcionalidad económica, la tesis apunta a una desviación de la normativa, que deriva en una opción “economicista” contraria al plexo normativo español, ya que éste le asigna al trabajo penitenciario una función clave en la finalidad de reinserción social y repele, en forma taxativa, que se supedite al aprovechamiento institucional. Siguiendo la plataforma epistemológica de la sociología jurídico penal, la tesis aborda dos niveles de análisis: uno específico, referido a la normativa que regula el trabajo productivo recluso y su contraste con la aplicación concreta de tal objetivo penitenciario, y otro general, referido al modelo penológico como respuesta adaptada a la estructura económica, política y social que lo sustenta. Para ello, se vale del modelo teórico propuesto por Georg Rusche y Otto Kirchheimer en su obra clásica “Pena y Estructura Social”, a partir del cual se revisan tres arquetipos penitenciarios (correccionalista, progresivo y de incapacitación) que marcaron la historia de la prisión, condicionada y modelada según los ciclos del capitalismo. Al analizar, en concreto, el modelo del CIRE, se contrasta con el sistema de California, a modo de referencia, por constituir uno de los ejemplos más representativos de aprove-chamiento de la mano de obra reclusa en los Estados Unidos de América (cuya adminis-tración privada de su sistema productivo carcelario es realizada por el CALPIA). El estudio no elude la consideración del inédito crecimiento del encarcelamiento en el mundo entre 1980 y 2010 (cuyo ejemplo más extremo está dado, precisamente, en los EE.UU.), como posible factor de incidencia que alienta el usufructo de una mano de obra en reclusión de gran magnitud y libre disposición. La confrontación entre el funcionamiento de ambos modelos de gestión productiva del trabajo penitenciario permite observar la gravitación que ejercen las condiciones econó-micas estructurales sobre los sistemas penitenciarios, ya que, cuando éstos asimilan la lógica de mercado y relativizan el objetivo de la resocialización, parecen asimilarse sus prácticas, independientemente del contexto en que cada modelo se ubique e, incluso, por encima de la normativa que lo sustente. El estudio del trabajo intramuros toma también en consideración la situación del trabajo extramuros y las condicionantes macro-económicas que, en las últimas décadas, han ve-nido socavando en Europa las bases sociales del llamado “Estado de Bienestar”. El cambio radical de paradigmas (tecnológicos, económicos, sociopolíticos, culturales, etc.) trajo aparejada la afectación de objetivos sociales como el del “pleno empleo” o la caducidad de concepciones como la del “trabajo estable”. En este contexto, el trabajo intramuros no puede escapar a la lógica del mercado laboral extramuros. Las conclusiones apuntan, en síntesis, la idea de que “la cuestión del trabajo penitenciario frente al cambio de paradigma” puede leerse como el desajuste entre un modelo norma-tivo/institucional y las condiciones estructurales en las que se inscribe. En este sentido, se explican las razones por las que la búsqueda del objetivo de reinserción social puede cons-tituir, o bien una utopía (o “retro-topía”), o bien una aporía. / This thesis deals with the issue of productive work in prison, in a context of paradigm shift, both criminal (of "rehabilitation" to the "incapacitation", on the purpose assigned to the punishment) and structural (from "Fordism" to "post-Fordism", as political economic structure).The research focuses on the management of CIRE in Catalonia, Spain, because of its singu-lar mixed system (public-private), and postulated the hypothesis of a possible economic functionality that contradicts the Spanish law, since it assigns to prison labour purpose of social reintegration and repels institutional profitability.According to the epistemology of legal sociology, the analysis covers two levels: the nor-mative, contrasted with the concrete implementation, and the structural, referred to the penal model as a response adapted to the social, political and economic system that sus-tains it. The research relies on the theoretical model proposed by Georg Rusche and Otto Kirchheimer (in its classic "Punishment and Social structure"), in order to review, from there, the prison archetypes that marked the history of this institution.In economic terms, CIRE model is contrasted with the system applied by the CALPIA in California, as one of the most representative examples of exploitation of prison labor in the United States of America. This confrontation shows common characteristics that de-monstrate the gravity exerted structural conditions on the prison systems, regardless of their particular context and, even, above the norm that informs them.The conclusions pointed out the idea that "the question of prison labour in a context of the paradigm shift" can be read as the disconnect between a legal and institutional model and the structural conditions in which it is inscribed. In this regard, are there explained the reasons why the pursuit of the goal of resocialization may constitute, or a utopia (or "re-tro-topia"), either an aporia.

Podeu escriure el text directament o arrossegar-lo des d'un altre documentEn los últimos años el fenómeno de las bandas callejeras integradas por jóvenes latinoamericanos ha atraído la atención de los medios de comunicación y de diferentes grupos políticos. Colectivos de estos jóvenes con frecuencia acaban siendo descritos como "bandas" y presentados como grupos altamente delictivos que tienen como propósito perturbar la paz pública. Esta investigación, llevada a cabo en Cataluña, desmitifica muchos tópicos difundidos dentro de la población. Se muestra que las bandas callejeras de origen latinoamericano no son grupos delictivos. La participación de sus miembros en la delincuencia constituye una parte menor de entre todas sus actividades. Son grupos que carecen de una estructura fuerte y de organización jerárquica suficiente para que puedan ser catalogados como organizaciones criminales. Tales grupos, además, no mantienen relaciones de carácter instrumental con sus homólogos en los países de América Latina y no han sido implantadas por voluntad de estos. / Recently, the phenomenon of the street gang, whose members are very often youths with Latin-American backgrounds, has attracted the interest of mass media and different political groups. These groups of youths are frequently described as "gangs" and are presented as groups with high levels of delinquency, whose aim is disturbing the established order.This research, which has been carried out in Catalonia, dispels this image of high level delinquency in these groups which has become the popular belief. This study stresses that Latin street gangs are not criminal groups. Member involvement in crime is loose and criminal activities are only a small part of all gangs' activities. These groups are not criminal organizations: these groups do not have a strong hierarchical organization and leadership. Latin street gangs do not keep close ties with gangs from South America and they have not been influenced by them.

Estudio de los límites entre el conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición, proponiéndose una reducción de sus límites psicológicos al conocimiento de la prohibición penal de la conducta y del grado de certeza a la seguridad o conocimiento de la alta probabilidad de su prohibición. Sin embargo, estos límites pueden ampliarse a otros supuestos mediante la ponderación de los motivos que explican la falta de conocimiento perfecto.

Aufgrund der bekannten Probleme der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung versucht der deutsche Gesetzgeber seit einiger Zeit, die eigenverantwortliche Altersvorsorge zu fördern. Häufig steht dabei die betriebliche Altersversorgung (bAV) im Fokus. In dieser Arbeit wird mittels Experten- und Arbeitnehmerinterviews ausführlich herausgearbeitet, wo zentrale Verbreitungshemmnisse der bAV liegen und wie diese durch Anpassung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen adressiert werden können. Wesentliche Elemente dieser Reformüberlegungen sind in das zum 01.01.2018 in Kraft getretene Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeflossen. Daneben wird in dieser Arbeit mithilfe einer experimentalökonomischen Analyse gezeigt, wie verschiedene Arten der Besteuerung individuelle Sparentscheidungen beeinflussen können. Dabei wird deutlich, dass Individuen die Wirkung einer nachgelagerten Besteuerung häufig nicht korrekt wahrnehmen. / Individuals make numerous decisions that affect their financial situation. Saving in general and saving for old age in particular are two of these decisions. Experimental economics investigate the influence of taxes on such individual decisions. The results show that the decisions actually made may differ from those predicted by model theory. So far, this was primarily shown for the influence of taxes on investment and labor supply decisions. It is found that in some cases individuals make biased decisions due to a misperception of certain fiscal regulations, such as tax treatments. Such findings are the motivation for the first part of this work: Using experimental methods, I show how different forms of taxation influence the decision between immediate consumption and saving. The parameters are chosen in such a way that the treatments “No Tax”, “Front-loaded Taxation” and “Deferred Taxation” have identical net payoffs, which should induce the same decision-making patterns. However, I find that these expectations are only met for the comparison of the No Tax treatment and the Front-loaded Taxation treatment. The participants in the treatment Deferred Taxation decide less often in favor of saving. This effect can be attributed to a misperception of this form of taxation. The individuals assess its influence as more negative than it actually is. Moreover, my findings show that the advantages from deferred or front-loaded taxation compared to a classic income tax are only partially recognized. While in the case of deferred and front-loaded taxation the periodic return is tax-free, this return is taxed in the system of a classic income tax. The latter should have a negative effect on the savings decision. The results of the experiment suggest that this is only true for the comparison of the income tax with the front-loaded taxation. Since the deferred taxation distorts the participants’ decisions negatively, I find no difference to the classic income tax. The second part of this work deals with the current and future legal regulations regarding company pension schemes (CPS) as a form of state-subsidized old-age provision. Although tax regulations are the main focus, social security law is also dealt with as it often corresponds to tax law. For some time now, the German legislator has been trying to increase the attractiveness of CPS in an attempt to encourage its wider use. There is considerable potential for this especially among earners of low and very low incomes. Therefore, this study examines obstacles to the continued spread of CPS by using qualitative methods, i.e. guided interviews with experts as well as partially standardized interviews with employees from this target group. On this basis, I consider potential reforms that may prove effective in addressing the identified obstacles. I then subject these reform ideas to an empirical review that involves interviews again with earners of low and very low incomes. It is shown that a “CBS subsidy” could be introduced, which involves granting a statutory subsidy to employers who contribute a certain minimum amount to the CPS on behalf of their employees. As a consequence, employees would be able to participate in a CPS without having to make a contribution of their own, which would induce the desired effect especially for earners of low and very low incomes. Besides that, already existing support schemes, i.e. the “Riester subsidy”, could be made more attractive by making appropriate adjustments. These analyses took place before the Company Pensions Strengthening Act (CPSA) was passed and thus before it came into force. Accordingly, the comments on the legal and initial situation refer to the status as of December 31, 2017. Some of the adjustments implemented in the CPSA are based on the reform proposals discussed in this work.

Damit bei Wegfall einer Person deren Rechts- und Pflichtenstellung weder untergeht noch herrenlos wird, ordnet das zivilrechtliche Gesamtrechtsnachfolgeprinzip den Übergang des Vermögens vom Rechtsvorgänger auf den Gesamtrechtsnachfolger an. In den verwaltungsrechtlichen Gesetzen fehlen derartige allgemeine Regelungen. Dabei ist auch im Hinblick auf verwaltungsrechtliche, insbesondere einkommensteuerrechtliche Positionen darüber zu entscheiden, ob diese mit dem Rechtsvorgänger untergehen oder noch dessen Vermögen beeinflussen oder unmittelbar dem Gesamtrechtsnachfolger zuzurechnen sind. Gerade ein und derselbe einkommensteuerrelevante Umstand kann bei Rechtsvorgänger und Gesamtrechtsnachfolger zu ganz unterschiedlichen Folgen führen. Im ersten, allgemeinen Teil der Arbeit wird ein System erarbeitet, mit dessen Hilfe über das Schicksal verwaltungs- einschließlich steuerrechtlicher Positionen bei Gesamtrechtsnachfolge entschieden werden kann. Im zweiten, einkommensteuerrechtlichen Teil folgt die Probe aufs Exempel: Fallgruppenweise wird untersucht, wie sich der Erbfall als der Urtyp der Gesamtrechtsnachfolge auf die Einkommensteuer des Rechtsvorgängers und des Gesamtrechtsnachfolgers auswirkt. Behandelt werden die „fertigen“ Ansprüche aus dem Einkommensteuerschuldverhältnis bei ledigem und verheiratetem Erblasser sowie die Einkünfte einschließlich der Verluste des Erblassers. Ein besonderes Augenmerk wird auf die sog. unfertigen Rechtslagen gelegt, insbesondere die sog. nachträglichen Einkünfte bei gespaltener Tatbestandsverwirklichung, die sog. stillen Reserven bei Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens, die Wertsteigerungen im Privatvermögen einschließlich Anschaffungsvorgang und vom Rechtsvorgänger ausgelöster Fristen, schließlich auch die einkommensteuerrechtlichen Wahlrechte.

Damit bei Wegfall einer Person deren Rechts- und Pflichtenstellung weder untergeht noch herrenlos wird, ordnet das zivilrechtliche Gesamtrechtsnachfolgeprinzip den Übergang des Vermögens vom Rechtsvorgänger auf den Gesamtrechtsnachfolger an. In den verwaltungsrechtlichen Gesetzen fehlen derartige allgemeine Regelungen. Dabei ist auch im Hinblick auf verwaltungsrechtliche, insbesondere einkommensteuerrechtliche Positionen darüber zu entscheiden, ob diese mit dem Rechtsvorgänger untergehen oder noch dessen Vermögen beeinflussen oder unmittelbar dem Gesamtrechtsnachfolger zuzurechnen sind. Gerade ein und derselbe einkommensteuerrelevante Umstand kann bei Rechtsvorgänger und Gesamtrechtsnachfolger zu ganz unterschiedlichen Folgen führen. Im ersten, allgemeinen Teil der Arbeit wird ein System erarbeitet, mit dessen Hilfe über das Schicksal verwaltungs- einschließlich steuerrechtlicher Positionen bei Gesamtrechtsnachfolge entschieden werden kann. Im zweiten, einkommensteuerrechtlichen Teil folgt die Probe aufs Exempel: Fallgruppenweise wird untersucht, wie sich der Erbfall als der Urtyp der Gesamtrechtsnachfolge auf die Einkommensteuer des Rechtsvorgängers und des Gesamtrechtsnachfolgers auswirkt. Behandelt werden die „fertigen“ Ansprüche aus dem Einkommensteuerschuldverhältnis bei ledigem und verheiratetem Erblasser sowie die Einkünfte einschließlich der Verluste des Erblassers. Ein besonderes Augenmerk wird auf die sog. unfertigen Rechtslagen gelegt, insbesondere die sog. nachträglichen Einkünfte bei gespaltener Tatbestandsverwirklichung, die sog. stillen Reserven bei Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens, die Wertsteigerungen im Privatvermögen einschließlich Anschaffungsvorgang und vom Rechtsvorgänger ausgelöster Fristen, schließlich auch die einkommensteuerrechtlichen Wahlrechte.

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