La investigación busca identificar los factores que impiden la puesta en práctica de los principios del Gobierno Abierto al servicio de los ciudadanos, desde la percepción de los actores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el contexto del covid-19, durante el periodo 2020 – 2021. Dicha investigación nace a raíz de las medidas drásticas de aislamiento y cuarentena, con la finalidad de evitar más contagios por el covid-19, por lo cual los gobiernos locales suspendieron la atención de sus servicios, afectando los trámites, solicitud de información, las oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la gestión municipal, limitando el ejercicio de los derechos ciudadanos de mantenerse informado y participar activamente. En ese sentido, el objetivo general de la investigación es conocer los factores que impiden la puesta en práctica de los principios del Gobierno Abierto en el contexto del covid-19, durante el periodo 2020 - 2021, analizando la percepción de los ciudadanos y describiendo su implementación para identificar estrategias que permitan la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información en la MPCH. La investigación es un estudio de caso, con diseño cualitativo, bajo un enfoque fenomenológico, por el cual se analiza el contexto, los sucesos y las situaciones generadas para la puesta en práctica de los principios de Gobierno Abierto en tiempos de covid-19, describiendo cómo se manifestaron en la MPCH, en concordancia con el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2020 – 2021. Siendo una investigación cualitativa, la determinación de la muestra no exige validez estadística y es de tipo no probabilístico, permitiendo aplicar un cuestionario a 04 funcionarios, 04 regidores provinciales, 05 actores sociales y 04 ciudadanos; una guía de preguntas a 02 funcionarios municipales, 01 regidor y 02 actores sociales vinculados a la gestión municipal; y una ficha de análisis documental para recopilar y cruzar información de las distintas normas legales que amparan los principios de Gobierno Abierto y su implementación en el gobierno municipal de Chiclayo. En consecuencia, la investigación concluye, desde el análisis de la percepción política, técnica y ciudadana que en tiempos de covid-19 la Municipalidad Provincial de Chiclayo tuvo ausente una cultura de principios, normas y procedimientos para revalorar la transparencia, la apertura, la colaboración y la participación que permita el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de los servicios que ofrece la gestión gubernamental. Respecto a la implementación, se describe que la municipalidad ha tenido capacidades institucionales limitadas para desarrollar un modelo de Gobierno Abierto, que el presupuesto participativo y la rendición de cuentas se ha aplicado con restricciones que obstaculizaron el ejercicio del derecho ciudadano para participar activamente, que ha existido poca disponibilidad política y técnica para cumplir con las normas que regulan la entrega de información; y que el poco compromiso del servidor afecta el cumplimiento de los plazos para dar atender al ciudadano con la información pública. Finalmente, la investigación identifica estrategias para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, poner en práctica la transparencia y promover el uso de plataformas virtuales para acceder a la información pública en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, centradas en la estimular la voluntad política para escuchar a los ciudadanos, así como desarrollar capacidades de conocimiento, habilidad y actitud del servidor municipal.

En los últimos años, viene surgiendo un grupo de consumidores que antes de adquirir un bien o servicio toma en cuenta los impactos ambientales o sociales relacionados a su producción, uso o disposición final, con el fin de orientar sus preferencias hacia aquellos que generan un menor impacto, incluso, aun cuando el precio pueda ser superior. Estos consumidores, son denominados en diversa literatura como “consumidores responsables”; y a través de su decisión de compra no solo procuran satisfacer sus propias necesidades, sino que además, van más allá del ámbito particular, toman en cuenta las posibles consecuencias públicas derivadas de su consumo, e intentan utilizar su poder adquisitivo como un medio para impulsar cambio en la sociedad premiando con su decisión de compra a aquellas empresas que ofrecen productos o servicios con menores impactos sociales o ambientales, es decir, a aquellas empresas que operan con formas de producción sostenibles. La información que requiere este consumidor para formar una decisión de compra es diversa, especializada y muchas veces no se encuentra fácilmente a su alcance. Y, por otro lado, aparentemente el alcance del derecho al acceso a la información de la que gozan todos los consumidores no sería suficiente para permitirle al consumidor responsable acceder a la información que requiere. En este sentido, en esta investigación abordaremos el fenómeno social de la aparición de los consumidores responsables y si sus expectativas de información sobre los impactos sociales o ambientales de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado encuentran o no un respaldo en la legislación peruana. / Trabajo de Investigación

La presente investigación analiza las implicancias de las normas sobre Transparencia de la Información emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, con la finalidad de reducir la asimetría informativa de los consumidores al adoptar decisiones de consumo sobre los productos financieros que ofrecen los bancos. La protección a los usuarios financieros es necesaria debido a que ellos tienen un menor conocimiento de los productos y servicios financieros de las empresas del sistema financiero, pero el mecanismo propuesto por la Ley de Transparencia, de brindar a los usuarios información, no resulta necesariamente en una efectiva protección debido a que el exceso de información que les brindan los bancos por exigencia de la Superintendencia de Banca y Seguros no corresponde a la real necesidad de información que los consumidores requieren, y no necesariamente constituye información relevante para tomar una decisión de consumo adecuada. En conclusión, una mayor protección al usuario financiero en realidad equivale a una menor protección para él. Los consumidores financieros no sofisticados requieren protección y herramientas para tomar conocimiento de las condiciones aplicables a los productos financieros, pero estas herramientas no pueden abrumar al usuario, sino que deben facilitarle la vida, por lo que la data que se le debe entregar debe ser únicamente la necesaria y suficiente para conocer las principales condiciones que lo conduzcan a una adecuada decisión de consumo. / The present investigation analyzes the implications of the rules on Transparency of Information issued by the Superintendency of Banking and Insurance, with the purpose of reducing the informational asymmetry of the consumers when adopting consumption decisions on the financial products offered by the banks. The protection of financial users is necessary because they have less knowledge of the financial products and services of financial system companies, but the mechanism proposed by the Transparency Law, to provide users with information, does not necessarily result in an effective protection because the excess of information provided by banks as required by the Superintendency of Banking and Insurance does not correspond to the real need for information that consumers require, and does not necessarily constitute relevant information to make an adequate consumption decision . In conclusion, greater protection for the financial user is actually equivalent to less protection for him. Unsophisticated financial consumers require protection and tools to become aware of the conditions applicable to financial products, but these tools can not overwhelm the user, but should make life easier for them, so the data that should be delivered should be only the necessary and sufficient to know the main conditions that lead to an adequate consumption decision. / Tesis

El problema principal del caso de la Resolución 3282-2023/SPC-INDECOPI se centra en determinar si Decor Center infringió el deber de idoneidad y deber de información como proveedor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú. Los consumidores alegaron que no se les informó adecuadamente sobre las características del porcelanato, específicamente su pandeo, ni sobre el modo correcto de empleo de la fragua, según lo indicado en el etiquetado del producto. Los instrumentos normativos empleados fueron el Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente los artículos relacionados con el deber de información y el deber de idoneidad de los productos. Asimismo, se hace empleo de la doctrina y jurisprudencia de Indecopi. La resolución destacó la obligación de los proveedores de ofrecer información clara y suficiente a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas, así como la necesidad de que los productos sean adecuados para los fines a los que están destinados. En conclusión, el caso subraya la importancia de la protección al consumidor en el contexto de las relaciones de consumo, donde la correcta aplicación de las normas busca equilibrar la libertad de mercado con la tutela de los derechos fundamentales de los consumidores. El análisis de la resolución considera la relación entre los deberes de información e idoneidad, y como la afectación del primero genera afectación en el segundo. / The main issue in Resolution 3282-2023/SPC-INDECOPI revolves around determining whether Decor Center breached its duty of suitability and duty of information as a provider, according to Peru's Consumer Protection and Defense Code. Consumers claimed they were not adequately informed about the characteristics of porcelain tiles, particularly their buckling, nor about the correct use of grout as indicated on the product labeling. The regulatory frameworks employed included the Consumer Protection and Defense Code, specifically the articles related to the duty of information and product suitability. Additionally, the resolution referenced Indecopi's doctrine and jurisprudence. It emphasized the providers' obligation to provide clear and sufficient information to consumers to enable informed decision-making, alongside ensuring products are fit for their intended purposes. In conclusion, the case underscores the importance of consumer protection within the framework of consumer relations, where proper application of regulations seeks to balance market freedom with safeguarding fundamental consumer rights. The resolution's analysis considers the interplay between the duties of information and suitability, highlighting how a breach in the former can impact the latter.

El objetivo de esta investigación es describir la naturaleza de TV Perú y las implicancias de ser un “canal de todos los peruanos”, a través de la indagación en su modo de construir contenidos periodísticos (agenda building), su aporte a la calidad democrática como agente de supervisión de otras agencias estatales y en cuán representativo resulta para una ciudad rural del Perú como Maras (Urubamba, Cusco). Para ello, estudia las relaciones que se tejen entre los encargados de emitir información y las fuentes de información que utilizan o personajes influyentes, tomando en cuenta que su modelo de gestión y fuentes de financiamiento otorgan al medio televisivo ciertas características específicas. En el camino se reconoce las expectativas de sus televidentes del ámbito rural que prácticamente no cuentan con otra opción televisiva de nitidez y alcance nacional y cuyas posibilidades de participar en el medio de comunicación como espacio público, ser “fuente de información” para sus periodistas o “influenciar la agenda mediática” son menores. / Tesis

This paper analyses the body of law governing the right to access environmental information in Spain, paying particular attention to law 27/2006, of July 18th, which regulates the right of access to information, public participation and access to justice on environmental issues. The analysis focuses on both the active aspects of access to environmental information (the obligation that the public authorities have to collect and communicate environmental information) and the passive aspects (the right to request access to environmental information). Particular attention is paid to the advances made by this legislation and its possible implications, but no attempt is made to conceal the problems of application that it still has to face and the pending challenges. / Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes.Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

El presente trabajo ha sido elaborado en atención a que el uso de las redes sociales por parte de la Administración Pública contribuye el Buen Gobierno; dado que, permite impulsar la transparencia y brindar mayor legitimidad a las instituciones y funcionarios que la conforman. Asimismo, está relacionada con la rendición de cuentas y su fomento para una mayor participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, en el que las redessocialessirven como foro público digital para que se genere un acercamiento entre Estado y ciudadano. Sin embargo, la falta de regulación en el uso de redes sociales por parte de la Administración Pública conlleva a que se generen determinados riesgos, como es el caso en que, un servidor público utiliza su red social personal para compartir información relacionada con el ejercicio de sus funciones, generando un desorden y decantando en vulneración a derechos fundamentales; tales como, los derechos a libertad de información y expresión. Por otro lado, cómo en situaciones de emergencia, similar a la que estamos enfrentando a consecuencia de una pandemia, tanto las instituciones públicas y los funcionarios han recurrido al uso de las redes sociales, a efectos de publicar información sobre asuntos de interés público, con la finalidad de que la población conozca en tiempo real, el actuar de la administración pública y los diversos funcionarios que la representan. En consecuencia, debido al auge e incremento de las actividades por parte de la Administración Pública en las redes sociales, en el presente trabajo se plantea establecer su regulación y desarrollo de políticas que permitirán estandarizar la actuación de todas las entidades del Estado; así como, de los funcionarios públicos que la conforman.

Ante los hechos de corrupción suscitados en nuestro país, se impone la obligación a los entes públicos como a la sociedad en general de prevenir y detectar indicios de corrupción en la Administración Pública. En tal sentido, las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos constituyen un importante mecanismo de prevención que permite detectar si el funcionario público ha utilizado de manera ilícita los recursos estatales. De conformidad al mandato constitucional que contempla la obligación de realizar declaración jurada, éstas deben publicarse periódicamente en el diario de mayor difusión. No obstante, hoy en día no es posible acceder a dicha declaración en su integridad por considerarse que la información declarada se encuentra exceptuada del derecho de acceso a la información pública, en la medida que con su divulgación se estaría afectando el derecho a la intimidad del funcionario. En ese sentido, se postula que dicha restricción obstaculiza, de manera ilegítima, el derecho fundamental al acceso a la información pública, así como el derecho de fiscalizar la gestión pública de las autoridades. De ahí que, de la interpretación de los objetivos perseguidos mediante la publicidad de las declaraciones juradas, tales como la vigencia del derecho de acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción, se defiende la tesis que la información declarada debe encontrarse de manera accesible y completa.

El desarrollo del presente trabajo pretende analizar el criterio de confidencialidad adoptado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el marco de una investigación por delitos ambientales, a efectos de determinar si es correcta su aplicación al analizar el marco jurídico completo, buscando consolidar los procesos de coordinación interinstitucional y remisión de información entre elMinisterio Público y el OEFA, en esta accesoriedad administrativa de la investigación por comisión de ilícitos ambientales. El OEFA tiene establecido como criterio, restringir el acceso a la información solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por delitos ambientales, aduciendo el carácter confidencial regulado en el Inc. 3 del Artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. La adopción de este criterio es basado únicamente en una excepción contemplada en La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, no analiza que dicho pedido fiscal no se realiza por una solicitud de acceso a la información pública; por el contrario, el pedido tiene un marco especial, Ley General del Ambiente y el Reglamento del Inc. 149.1 del Art. 149 de la Ley General del Ambiente, que no solo reglamentan las disposiciones relativas a la emisión del informe fundamentado; sino también, la aplicación para toda investigación por la comisión de delitos ambientales. Las consecuencias que analizaremos en este trabajo corresponden a la configuración del delito por rehusamiento de actos funcionares en los que incurriría los funcionarios del OEFA, la anulación de las prerrogativas del Ministerio Público en la investigación penal y la limitación del ius puniendi del Estado.

El consentimiento informado es un documento que debe ser trasladado al paciente por el médico previo a la realización de alguna intervención quirúrgica, por lo cual el mismo debe contener toda información relevante sobre el servicio a contratar. Sin embargo, es común que los especialistas en salud solo informen al usuario sobre los riesgos inherentes de la intervención médica, pero no los riesgos reales derivados de la salud y condición actual del paciente. Toda vez que de informar ello podría generar un cambio en la decisión del consumidor si someterse o no a la intervención médica. Por ello, el objetivo del presente trabajo de investigación es la de determinar la importancia de tener un consentimiento informado que posea información relevante y que el mismo no se agota con la entrega del documento sino que requiere la comprensión del contenido por parte del paciente. Por lo tanto, se concluirá que el consentimiento informado debe adoptar una mayor similitud a lo regulado en la normativa española, toda vez que ello podría fortalecer la relación médico-paciente; la tutela de los derechos de información, salud, seguridad e integridad del usuario; reducir las contingencias por infracción administrativa al deber de información por parte del proveedor; y que permitiría la conformación de consentimientos informados personalizados cuya particularidad sería la de comunicar los riesgos reales de la condición actual de salud del paciente vinculadas a la intervención médica. / The informed consent is a document that must be transferred to the patient by the physician prior to the performance of any surgical intervention, so it must contain all relevant information about the service to be contracted. However, it is common that health specialists only inform the user about the inherent risks of the medical intervention, but not the real risks derived from the patient's health and current condition. This information could lead to a change in the consumer's decision whether or not to undergo the medical intervention. Therefore, the objective of this research work is to determine the importance of having an informed consent that contains relevant information and that it is not exhausted with the delivery of the document but requires the understanding of the content by the patient. Therefore, it will be concluded that the informed consent should adopt a greater similarity to that regulated in the Spanish regulations, since this could strengthen the doctor-patient relationship; the protection of the user's rights to information, health, safety and integrity; reduce the contingencies for administrative infringement of the duty of information, and would allow the creation of personalized informed consents whose particularity will be to communicate the real risks of the patient's current health condition linked to the medical intervention. / Trabajo académico