No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por finalidad exponer el deber que tienen los órganos administrativos de fundamentar sus resoluciones que dicten, centrándose en la experiencia nacional y demostrando su amplía aplicación práctica en la vida del Derecho. Para ello, se analiza y se reflexiona sobre buena parte de la doctrina y normativa nacional y comparada sobre el particular, deteniéndose y exponiendo la jurisprudencia nacional tanto judicial como administrativa relevante. Por último, se adjunta a esta memoria de prueba todo el material jurisprudencial analizado en su integridad, el cual consiste en 121 sentencias de los Tribunales de Justicia y 400 dictámenes de Contraloría General de la República, todo ello en formato digital, y se espera que él pueda ser un aporte efectivo y substancial a la doctrina administrativa de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Desde su plena entrada en vigencia en el año 1997Note2. , el SEIA se ha constituido en un pilar fundamental del orden público ambiental chileno existiendo, hasta el mes de julio de 2009, más de 14.300 proyectos evaluados por un valor aproximado de 185.000 millones de dólares americanosNote3. . Más allá de su propio ámbito regulativo la implementación de la LBGMA ha constituido un campo de experimentación de muchas instituciones hoy, ampliamente difundidas en el derecho administrativo nacional. Es el caso, por ejemplo, de la participación ciudadana así como del establecimiento de la institución del silencio positivo administrativo. Paralelamente a su impulso renovador, el derecho ambiental ha debido enfrentar y asumir no pocos riesgos. En especial, ha debido aceptarse que el ejercicio de un importante número de actividades quede sujeto al otorgamiento previo de una autorización administrativa en un área normativa donde por su inmadurez, existen todavía importantes vacíos conceptualesNote4. . De esta manera, incluso definiciones esenciales como “medio ambiente” y “contaminación” están lejos de suscitar acuerdos en la jurisprudencia o doctrina e incluso en la propia legislación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas. / Hasta la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA), en el año dos mil tres, habían conceptos tan relevantes como el de acto administrativo, que no tenían una definición legal expresa, en norma general, sino, sólo las contenidas en la jurisprudencia administrativa expresada en dictámenes de la Contraloría General de la República ( CGR ), institución que tantas veces ha debido suplir por esa vía los vacíos que nuestro ordenamiento presenta en materias de nuestra disciplina. Otro de los temas que vino a tratar de forma orgánica y completa la ( LBPA ), fue el tópico de la presente memoria, esto es, los modos de extinguir los efectos de los actos de la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado de Derecho, concepto permanentemente advocado por iuspublicistas y estudiosos del derecho en general, lo podemos aproximar como la existencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales que, trazado en la Constitución, se desarrolla normativamente y es vivenciado en la práctica con la finalidad de hacer respetar y promover en la mayor medida posible, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Este Estado de Derecho es actualmente concebido también como un instrumento configurador de uno de los fines mas elevados del sistema y ethos social; el bien común. La doctrina concuerda en el requerimiento de un ordenamiento jurídico que rija la vida en sociedad dentro de todo sistema de poder, y cuyas normas se apliquen en forma objetiva e impersonal a gobernantes y gobernados. Además, resulta imprescindible que las funciones del poder se distribuyan entre órganos separados, y que cada autoridad actúe dentro de las competencias que la constitución y la ley les atribuyan. Se agrega a ello, que la interpretación de las normas jurídicas debe ser de aproximación objetiva, esto es, con desatención de criterios ideológicos, y preferentemente razonada por tribunales independientes en base a una separación real y no meramente teórica respecto de otras potestades. Por último, uno de los más importantes factores relativos a este orden ideal, consiste en realizar la seguridad jurídica en el entendido de que el obrar de las autoridades sea calculable en sus efectos para todo ciudadano y en consecuencia aquellas sean responsabilizadas por sus actos, toda vez de ejercer sus atribuciones lo hagan conforme al marco jurídico que las rige. Ahora, para la concreción de dicho ideal resulta imprescindible la existencia de un control jurídico efectivo encomendado a órganos independientes de las actuaciones, por ejemplo, de la Administración Pública; a fin de precaver que su interferencia en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo ocurra en aquellos casos excepcionales previstos por la norma jurídica en general.

A través del presente trabajo se busca analizar la aplicación y cumplimiento de las medidas correctivas, poniendo como ejemplo un caso representativo denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental interpuso a la empresa Pluspetro Norte S.A. la medida correctiva de compensación Ambiental. Las medidas correctivas son actos administrativos de gravamen, que tienen como objeto el revertir los daños o afectación que se hubieran generado. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuenta con la función de fiscalización y sanción, la cual comprende, la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas y la imposición de sanciones y medidas administrativas, entre las cuales se encuentran las medidas correctivas. En el presente trabajo se analiza la imposición de la medida correctiva que se dio en el caso denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental determinó imponer un medida correctiva de compensación ambiental, la cual consistió en generar una nueva laguna o, de ser el caso, potenciar o proteger un cuerpo de agua o zona dentro del área de influencia del lugar afectado, según sea determinado mediante un estudio hidrogeológico que la empresa Pluspetrol Norte S.A. debía realizar previamente. A la fecha, la empresa Pluspetrol ha cumplido con realizar el pago de la multa impuesta, sin embargo, lo referido al cumplimiento de la medida correctiva no se ha concluido. Es importante realizar el análisis de este caso, con la finalidad de dar cuenta de la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas correctivas, ya que ante un incumplimiento no solo vulnera la facultad fiscalizadora, sancionadora y de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental sino que principalmente no se repara el ecosistema vulnerado, lo cual muchas veces genera aún mayores consecuencias. / Trabajo académico

Tesis (Magister en Derecho con Mención en Derecho Público)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La ejecución de los actos administrativos cuenta con una regulación parcial en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que recién cumple treinta años de vigencia, y con una regulación sectorial que ha venido desarrollándose durante las últimas dos décadas y que ha contribuido a ampliar las modalidades de ejecución contempladas en la ley, mediante la adopción de medidas administrativas cautelares o provisionales que adopta la administración pública en el marco de los procedimientos administrativos.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / En relación con la potestad discrecional que los artículos 73 y 74 de la ley Nº 18.834 conceden a la autoridad administrativa para destinar a sus funcionarios fuera del lugar de su residencia, se plantea la problemática relativa a los límites que tiene tal potestad, considerando que en su ejercicio no sólo se pueden vulnerar derechos fundamentales del servidor público afectado, como los derechos a la función y a la dignidad funcionaria, sino que también principios esenciales de la administración pública, como son la certeza jurídica y, por cierto, el de la razonabilidad que debe imperar en la dictación de todo acto administrativo. En efecto, si bien la justificación normativa de esta potestad se encuentra consultada en el artículo 73 de la ley Nº 18.834, conforme al cual, los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, en cuanto así lo ordene el jefe superior de la respectiva institución, en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía, el ejercicio de tal potestad discrecional no está ajena a dificultades, tomando en consideración que tal decisión afecta a un funcionario que puede tener hogar, familia e hijos estudiando en el lugar de su desempeño habitual, además de otros beneficios laborales asociados a este último, panorama que se agrava en situaciones en que ambos cónyuges forman parte de la misma repartición pública, caso en el cual el artículo 74 del mismo texto legal precitado permite persistir en ella, en la medida que se destine a ambos, simultáneamente y a un mismo punto.