La presente investigación analiza los efectos y alcances de la declaración de nulidad de los actos administrativos, emitidos por la Administración Tributaria, respecto a la suspensión del plazo prescriptorio, que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o proceso contencioso administrativo, en los que se declara dicha nulidad. Ello con el fin de determinar si el penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario, incorporado por el Decreto Legislativo Nº 981, y la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00161-1-2008, emitida con el carácter de precedente de observancia obligatoria, esto es, norma y jurisprudencia administrativa vinculante, se condicen con el principio de seguridad jurídica que fundamenta la institución de la prescripción. Para tal efecto, la citada investigación se dividirá en tres capítulos: El primero denominado “Estado del Arte” nos detallará las instituciones jurídicas, tales como, entre otros, la prescripción, la seguridad jurídica, la suspensión del plazo prescriptorio y la nulidad; el segundo denominado “Problema de la Investigación”, nos mostrará la problemática del evento materia de estudio, tanto para los casos comprendidos antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 981, donde se advierte la diferente interpretación realizada por los operadores jurídicos a nivel administrativo y judicial, como para los hechos ocurridos dentro de la vigencia de dicho decreto, donde se analiza los fundamentos contenidos en su Exposición de Motivos, esto bajo los métodos jurisprudencial, argumentación jurídica legislativa y argumentación jurídica constitucional; y, el tercer capítulo denominado “Discusión” en que se formula la hipótesis de que no debe tener como efecto la suspensión del plazo prescriptorio, la tramitación del procedimiento contencioso tributario o proceso contencioso administrativo, que declaran la nulidad de un acto administrativo, en función de los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 27444, y las razones por las que se considera a dicha tramitación como causal de suspensión; advirtiéndose que, en el caso que nos convoca, existe un hecho imputable a la Administración Tributaria. Por lo tanto, se concluye que la norma y la jurisprudencia vulneran el principio de seguridad jurídica, siendo que además la mencionada norma, resultaría inconstitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema que abordaremos, adquiere importancia, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con un gran número de personas que se encuentran sujetas a la supervigilancia de Gendarmería de Chile. Así por ejemplo, al 31 de marzo de 2014, el total de atendidos (hombres y mujeres) por la administración penitenciaria ascendió a la suma de 121.506 personas6. Todas estas personas pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, cuando se cumplen los supuestos estipulados en el Reglamento Penitenciario para que ello ocurra. Adoptaremos una posición crítica de nuestro sistema Disciplinario Penitenciario actual, dado que éste no resulta ser coherente con los estándares internacionales y que han sido aceptados por nuestro país, pues es posible evidenciar que ciertas características del marco normativo vigente, propician la violación de determinados derechos que deberían tener un mayor grado de protección. Además, se intentará dejar en evidencia ciertos problemas que nuestro sistema penitenciario actual presenta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurìdicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es estudiar a fondo la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para ello se estudia la legislación comparada de procedimientos administrativos. En Chile se dictó la ley de la materia sólo en 2003, por lo que debemos estudiar si esta es la tendencia a nivel mundial. Asimismo, debemos conocer si la presunción de legalidad ha sido consagrada a nivel legal, qué sanciones existen para los actos ilícitos, y qué facultades se le otorga a la Administración de cada país en esta materia. Luego, se estudia a la doctrina comparada. No todos los países contemplan la existencia de la presunción de legalidad, por lo que debemos estudiar qué fundamento entregan los autores en Europa y en Latinoamérica para ella en el caso que se la reconozca. Del mismo modo, es importante saber cómo han surgido estas ideas en otros países, considerando que en Chile nació gracias a un dictamen de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se estudia todo lo que ha señalado históricamente la doctrina chilena, clasificándola en dos distintas etapas: durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 y durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. En este último caso, se distingue entre antes y después de la dictación de la Ley N° 19.880. Finalmente, se estudia la jurisprudencia nacional en la materia. Siendo en Chile la presunción de legalidad una creación contralora, lo señalado por esta entidad reviste de gran importancia, en especial si durante muchos años fue la única fuente de la misma. También se estudia lo señalado por el Tribunal Constitucional. Si se ha acusado a esta institución de inconstitucionalidad, será este el órgano que tenga la última palabra en la materia. Asimismo, se estudia lo señalado por los tribunales ordinarios, como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos efectuados por la Administración en el ejercicio de sus facultades

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La liberalización y la privatización de la economía ha significado la ampliación de los márgenes de libertad de los particulares y el impulso al Estado para redefinir su rol en este nuevo contexto. Debido a esto, aquellos órganos que realizan actividades regulatorias y fiscalizadoras, han sido dotados de una serie de potestades, dentro de las cuales se encuentra interpretar administrativamente la ley como mecanismo de regulación, control y vigilancia. La vinculación entre la facultad de interpretar y la de fiscalizar permite conocer la forma en que el fiscalizador entiende la ley le permite no exponerse a un incumplimiento de ésta. Esto también les da la seguridad de que están actuando de acuerdo con la Legislación. La finalidad del órgano administrativo permite —en ciertos casos donde el sentido de la ley no es especialmente claro— llevar a cabo interpretaciones que tengan un efecto acorde con los propósitos con los que el legislador mandata al órgano administrativo. Esta función debe ser ejercida mediante un acto administrativo destinado a interpretar las leyes o reglamentos; por tanto, su realización debe provenir de un procedimiento administrativo que, según los principios que lo guían, produzca un acto administrativo terminal. Este acto consiste en el apropiado entendimiento con que el servicio público juzga el sentido que le dio el legislador a determinada norma que se encuentra dentro del ámbito de su potestad.

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objeto resolver los diversos problemas jurídicos, en materia de Protección al Consumidor y Derecho Administrativo, surgidos a partir de un procedimiento sumarísimo iniciado ante INDECOPI por infracción al deber de idoneidad. La relevancia del caso materia de análisis recae, entre otros, en la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual ya que, mediante este, la Sala estableció un cambio de criterio del alcance del deber de idoneidad por la venta de producto defectuoso. Ante esto, se plantea la interrogante de si la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso o si, por el contrario, debe analizarse a partir del comportamiento desplegado por el proveedor una vez que este ha tomado conocimiento del defecto del producto. Dada la complejidad del tema, a nivel doctrinario existen aún posiciones discordantes al respecto. Sin embargo, como posición personal considero que la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso ya que, precisamente la finalidad de las leyes promulgadas en materia de consumidor tiene como finalidad su protección dada su clara posición desventajosa en el mercado. Asimismo, en cuanto al análisis del procedimiento mismo, se ha advertido la vulneración del principio de debido procedimiento referido a la debida motivación del acto administrativo. Esto, a raíz de una declaratoria de nulidad parcial contraria al ordenamiento jurídico y por vulneración del principio de congruencia que debe revertir a todo contenido del acto administrativo. Para arribar a las diversas conclusiones se ha hecho uso de doctrina, jurisprudencia nacional pertinente al caso, así como de las normas vigentes entre los años 2011 y 2013 y de aquellas vigentes en la actualidad.

El presente informe analiza los principales problemas jurídicos presentes en la tramitación del procedimiento administrativo trilateral seguido por Azteca contra Enel a cargo de los órganos de solución de controversias de OSIPTEL, recaído en el Expediente N°008-2018-CCO-ST/CI, donde se discute la devolución de supuestos montos cobrados por la empresa eléctrica que superaron el precio máximo legal establecido para el concepto de la contraprestación periódica por acceso y uso de infraestructura eléctrica, concepto regulado en la fórmula reglamentaria establecida bajo el Ley de Banda Ancha. Inicialmente, se analiza la competencia del Cuerpo Colegiado Ad Hoc para resolver las pretensiones de Azteca, en contraposición de lo resuelvo en Laudos Arbitrales emitidos en paralelo, que declaran su propia competencia. En la segunda parte, se analiza la cuestión de fondo de la controversia, que implica tomar posición respecto a la correcta interpretación de la fórmula reglamentaria que determina el monto de la contraprestación periódica antes referida. Asimismo, el presente informe está enfocado, desde una perspectiva práctica, en establecer un panorama general sobre la situación de las quince (15) reclamaciones similares interpuestas por Azteca y así poner de manifiesto los distintos criterios utilizados por los operadores jurídicos para resolver esta controversia. / This report analyzes the main legal problems present in the processing of the trilateral administrative procedure (PAT) followed by Azteca against Enel in charge of the dispute resolution organs of OSIPTEL, filed in Case N°008-2018-CCO-ST/CI, where the refund of alleged amounts charged by the electric company that exceeded the maximum legal price established for the concept of the periodic consideration for access and use of electric infrastructure, a concept regulated in the regulatory formula established in the Broadband Law Regulation, is discussed. Initially, the competence of the Ad Hoc Collegiate Body to resolve Azteca's claims is analyzed, as opposed to what was resolved in Arbitral Awards issued in parallel, which declare its own competence. The second part of the report analyzes the merits of the dispute, which involves taking a position on the correct interpretation of the regulatory formula that determines the amount of the periodic consideration referred to above. Likewise, this report is focused, from a practical perspective, on establishing an overview of the situation of the fifteen (15) similar claims filed by Azteca and thus highlighting the different criteria used by the legal operators to resolve this controversy.

El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el acto. En esta se explicará la problemática de los actos que reconocen el beneficio económico de promoción económica en el sistema administrativo de la Policía Nacional dicho beneficio se reconoce de manera excepcional y es cuando los policías en cumplimiento del deber fallecen o adquieren una discapacidad. La finalidad del beneficio es incrementar la pensión en un tiempo determinado de años tanto en las categorías de suboficiales y oficiales según los topes determinados por ley. Por ello la motivación administrativa es una garantía de todo procedimiento administrativo y permite una estructura sólida del acto. El presente artículo usará un enfoque de dogmática jurídica inteàreas aplicando instituciones jurídicas relacionadas a la problemática y explicativa por mostrar las causas y consecuencias que se han generado la falta de motivación administrativa de ciertos actos administrativos del beneficio que han llevado a un reconocimiento indebido a administrados y generando expectativas que el acto administrativo está debidamente motivado. Esta investigación explica las consecuencias de del error en la de motivación en los beneficios de promoción económica

El presente informe jurídico analiza la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y América Móvil Perú S.A.C. a raíz de la solicitud formulada por esta empresa que tenía como finalidad la regularización de una infraestructura de telecomunicaciones instalada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Dicha solicitud fue denegada fácticamente por la municipalidad puesto que no se habrían cumplido con ciertos requisitos. Al respecto, América Móvil Perú S.A.C. consideró que dicha denegatoria fue ilegal debido a que la municipalidad no habría hecho efectiva la aplicación del Silencio Administrativo Positivo por lo que, tras presentar el recurso correspondiente, la controversia llegó a instancias judiciales. En ese sentido, postulamos como principal hipótesis que no correspondía aplicar el Silencio Administrativo Positivo toda vez que sí ha existido una actividad material por parte de la municipalidad, la cual a su vez desembocó en un acto administrativo. Dicho acto, pese a su ilegalidad manifiesta, produjo efectos jurídicos debido a la presunción de validez del acto administrativo. Dicho ello, al haber existido un pronunciamiento denegatorio por parte de la municipalidad correspondía la interposición de recursos impugnatorios. Para llegar a dicha conclusión, recurrimos, en primer lugar, a revisar el marco normativo del sector telecomunicaciones vigente durante el acaecimiento de los hechos, así como el ordenamiento jurídico relativo a las funciones y competencias de los gobiernos locales. Posteriormente, se analizó la naturaleza jurídica del acto administrativo con la finalidad de verificar la validez jurídica de los actos y declaraciones emitidas por la Municipalidad. Finalmente, analizamos la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo para poder conocer sus principales características y formular nuestra toma de posición respecto a la principal controversia tramitada en este expediente.

Analizaremos el acto administrativo contractual como forma de manifestación de la voluntad de una entidad en el marco de una relación contractual de derecho publicó a propósito del procedimiento de liquidación del contrato de obra pública, distinguiéndolo del acto administrativo y de la manifestación de voluntad entre privados. Considerando que este trabajo de suficiencia profesional implica analizar un caso contrato, estudiaremos el laudo arbitral asignado durante el curso de seminario de investigación académica, identificando los argumentos de los árbitros con la finalidad de expresar nuestra postura concordante y las diferencias de opinión sobre lo decidido. Para el tribunal, las entidades manifiestan su voluntad a través de actos administrativos, por ello declara el consentimiento de la liquidación del contratista debido a la falta de pronunciamiento de la entidad, sostiene que, si bien se pronunció dentro del plazo, tal pronunciamiento no cumple los requisitos de validez del acto administrativo según la ley del procedimiento administrativo general. Respetuosamente discrepamos, sostenemos que el referido pronunciamiento no es un acto administrativo sino un acto administrativo contractual, de manera que de haber adoptado dicha figura el resultado del arbitraje sería distinto. Dejando de lado lo anterior, examinaremos como problemas secundarios lo relativo a las reclamos por elaboración deficiente del expediente técnico, la oportunidad en la entrega de los certificados de prestación, y por último si la figura del acto administrativo contractual afecta o no la arbitrabilidad de las decisiones de las entidad dentro de un contrato. Esta investigación no sería posible sin la ayuda de autores como Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos entre otros; también se utilizó las opiniones del OSCE comparando la variación de su postura a lo largo del tiempo, y como instrumentos normativas esenciales la ley de contrataciones y su reglamento aplicable al contrato, la ley del procedimiento administrativo general y el código civil. / We will analyze the contractual administrative act as a form of manifestation of the will of an entity within the framework of a contractual relationship of public law regarding the liquidation procedure of the public works contract, distinguishing it from the administrative act and the manifestation of will between private parties. Considering that this work of professional sufficiency implies analyzing a contract case, we will study the arbitral award assigned during the course of the academic research seminar, identifying the arguments of the arbitrators in order to express our concordant position and the differences of opinion on what was decided. For the court, the entities express their will through administrative acts, for this reason it declares the consent of the liquidation of the contractor due to the lack of pronouncement of the entity, it maintains that, although it was pronounced within the term, said pronouncement does not comply the requirements of validity of the administrative act according to the law of the general administrative procedure. We respectfully disagree, we maintain that the aforementioned pronouncement is not an administrative act but a contractual administrative act, so that if said figure had been adopted, the result of the arbitration would be different. Leaving aside the above, we will examine as secondary problems those related to the claims for deficient preparation of the technical file, the opportunity in the delivery of the performance certificates, and finally if the figure of the contractual administrative act affects or not the arbitrability of the decisions of entities within a contract. This research would not be possible without the help of authors such as Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos among others; The opinions of the OSCE were also used, comparing the variation of its position over time, and as essential regulatory instruments the contracting law and its regulations applicable to the contract, the general administrative procedure law and the civil code.