El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el acto. En esta se explicará la problemática de los actos que reconocen el beneficio económico de promoción económica en el sistema administrativo de la Policía Nacional dicho beneficio se reconoce de manera excepcional y es cuando los policías en cumplimiento del deber fallecen o adquieren una discapacidad. La finalidad del beneficio es incrementar la pensión en un tiempo determinado de años tanto en las categorías de suboficiales y oficiales según los topes determinados por ley. Por ello la motivación administrativa es una garantía de todo procedimiento administrativo y permite una estructura sólida del acto. El presente artículo usará un enfoque de dogmática jurídica inteàreas aplicando instituciones jurídicas relacionadas a la problemática y explicativa por mostrar las causas y consecuencias que se han generado la falta de motivación administrativa de ciertos actos administrativos del beneficio que han llevado a un reconocimiento indebido a administrados y generando expectativas que el acto administrativo está debidamente motivado. Esta investigación explica las consecuencias de del error en la de motivación en los beneficios de promoción económica

El 28 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nª 31012, conocida como Ley de Protección Policial. Ésta norma comprende cambios significativos en materia del uso de la fuerza y de derechos humanos, así como en la aplicación de las medidas coercitivas de detención preliminar y prisión preventiva. Por esta razón, el presente trabajo contiene un análisis crítico de la ley, a fin de demostrar su inconstitucionalidad y vulneración de derechos humanos. Para ello se presenta una revisión bibliográfica, legislativa y jurisprudencial sobre el uso de la fuerza pública, los derechos humanos, las medidas de coerción personal y el derecho internacional, estructurada en cuatro capítulos. Como resultado, se tiene que la Ley de Protección Policial es inconstitucional porque vulnera los principios de igualdad ante la ley e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional; asimismo, pone en riesgo derechos protegidos como la vida y la integridad física. Desde una perspectiva procesal vulnera la naturaleza y presupuestos de las medias coercitivas de orden personal. También se determina que su vigencia puede generar responsabilidad internacional al Perú, por cuanto desconoce Tratados de Derechos Humanos y sobre uso de la fuerza, que han sido suscritos y ratificados por el estado peruano. Por último, mientras se presente demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección Policial y el Tribunal Constitucional la derogue, se insta a los jueces a hacer uso del control difuso e inaplicar la referida ley en los casos que sean puestos a su conocimiento.

El objetivo del presente trabajo, está referido a realizar el análisis desde Constitución Política, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO-LPAG), Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú (LRD-PNP), sentencias: de la Corte Suprema de la República, del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del recurso de apelación en el procedimiento administrativo disciplinario sumario como consecuencia de la responsabilidad administrativa de los oficiales y suboficiales de armas y servicio de la Policía Nacional del Perú. Se concluye que LRD-PNP respecto de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO-LPAG), no impone condiciones menos favorables para el administrado (infractor); el recurso de apelación forma parte implícita del debido proceso; el recurso de apelación del procedimiento administrativo disciplinario sumario y el propio procedimiento obedece a una discrecionalidad del legislador y la regulación del plazo para interponer el recurso de apelación en el procedimiento sumario no constituye una vulneración al debido proceso sin embargo restringe el derecho a la defensa del infractor en sede administrativa, sin embargo en el proceso de control judicial (proceso contencioso administrativo o acción de amparo) la autoridad judicial puede declarar la nulidad o revocación total o parcial de la resolución administrativa de sanción disciplinaria.

El presente trabajo se justifica en razón de determinar cuáles son los fundamentos para la que el personal policial presente restricciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales tales como el derecho al tránsito, el derecho a la libertad de expresión, pero fundamentalmente el derecho a la libertad religiosa. De este modo se analizan los aspectos de índole religioso existentes en la institución policial desde los inicios de su unificación y que siguen presentes hoy en día como parte fundamental perteneciente a la institución y como muestra de identidad institucional tales como el himno y el lema policial; cuestionándose por otro lado, representaciones tales como procesiones o misas donde se privilegia a una fe religiosa, específicamente la religión católica frente a las demás confesiones, por lo que a fin de determinar la existencia o no de la neutralidad religiosa en dicha institución estatal se analizó jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional quien fundamenta dicha restricción en el ejercicio de las funciones de la Policía Nacional del Perú, priorizando de este modo el mantenimiento del orden interno por sobre el derecho individual de los efectivos policiales, y concluyendo que el personal policial a diferencia de cualquier otro ciudadano presenta limitaciones sustentadas en su propia naturaleza funcional.

Este trabajo se justifica en la necesidad de reflexionar sobre potestad sancionadora de la Policía Nacional del Perú, institución jerarquizada no deliberante, cuya disciplina es vital para su correcto funcionamiento. Por ello, tiene como objetivo verificar si existe una correlación jurídica entre la regulación, el procedimiento y la aplicación o no de la sanción en los miembros del cuerpo policial y si ésta puede vulnerar al derecho fundamental al debido procedimiento. Para la realización de la investigación se aplica el método exegético y el análisis jurisprudencial con el apoyo de la doctrina especializada en derecho sancionatorio. Se recurre a los conceptos básicos del derecho disciplinario, el buen gobierno enfocados a su aplicación en la normativa sancionatoria de la institución policial. Específicamente se analiza las resoluciones de los órganos de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú y la aplicación de algunos supuestos de la Ley 30714, Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En conclusión, se advierte la existencia de supuestos normativos que propician una interpretación analógica de la sanción y que podrían, en cada caso concreto, vulnerar el derecho fundamental al debido procedimiento, si no se observan las particularidades propias del caso y su contraste con supuesto de hecho

La Sentencia N°437/2020 del Tribunal Constitucional sobre el caso de la constitucionalidad de la prestación de los “servicios policiales extraordinarios” es materia de análisis del presente informe y aborda el cuestionamiento a la regulación de este tipo de servicio policial, específicamente del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo Nº 1213, Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada. El estudio de la referida sentencia inicia con la revisión de los antecedentes, el contexto y los hechos de la demanda para finalmente decantar en el análisis de los principales problemas jurídicos. Este análisis contempla un desarrollo doctrinario, alcances de la postura del Tribunal Constitucional y una postura crítica frente a los temas abordados.