Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación se busca abordar la figura de la desviación de poder, vicio propio de los actos administrativos y que consiste en el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dado que es una institución de Derecho Público pensada para el control de las potestades discrecionales –y si bien puede configurarse en el ejercicio de potestades regladas- se analizan los principios basales del Derecho Público que justifican la figura (legalidad y control), haciéndose hincapié en la potestad administrativa como mecanismo del principio de legalidad; se revisa brevemente y en general la cuestión del control de las potestades discrecionales; y finalmente se analiza de manera más detallada la historia de la desviación de poder, sus particularidades en algunos ordenamientos estatales que la recogen, su concepto en la literatura y la jurisprudencia chilenas y las polémicas a que ha dado lugar en la doctrina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de esta memoria se dará cuenta de la evolución que los sectores económicos y servicios públicos asociados han tenido en las últimas décadas y cómo esto ha influido y determinado la evolución del Derecho Administrativo, ampliando su órbita de aplicación, análisis y ejercicio al momento de desarrollar la función ejecutiva que le corresponde. A su vez, y como contrapartida a ello, se intentará mostrar cómo la introducción del análisis del Derecho de la Libre Competencia y el conocimiento por parte de dichas autoridades de los actos realizados por la Administración Pública, ha determinado también lo anterior. Ello, para dar paso a evidenciar la tensión que esta nueva configuración tiene en relación a la función administrativa de desarrollo de políticas públicas cuando es analizada y mirada desde esta nueva óptica, revisando para ello casos concretos llevados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la Administración. Se pretende entonces, dar cuenta de los límites que el Derecho de la Libre Competencia tiene en relación al ejercicio de potestades públicas y la tensión que ello genera en relación a la aplicación de la ley

Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / Este trabajo trata el control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por la ley a la Administración del Estado, analizando para estos efectos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se explica que el control judicial de la actividad de la Administración, especialmente del ejercicio de potestades públicas, demuestra que existen diversas normas jurídicas que tienen como destinatario a la Administración y que es en este contexto donde se habla de “discrecionalidad administrativa”, término usado para describir un fenómeno bien preciso: la habilitación legal que otorga un margen de decisión a la Administración derivado de una programación normativa incompleta. En este sentido, la creación de Tribunales Ambientales en nuestro país se inserta en una discusión más amplia: el debate respecto a la intensificación del control judicial del ejercicio de potestades discrecionales, término que originalmente surge como un concepto delimitador de ámbitos competenciales entre la Administración y los jueces. Por ello, la pretendida tecnificación de las decisiones en materia ambiental no es idónea para tratar este fenómeno, sino que requiere un enfoque jurídico. Dicho enfoque se construye en base a dos elementos: en primer término se desarrolla una concepción del imperio de la ley donde el control judicial de la actividad de la Administración es esencial. En base a ello se sostiene que la atribución de potestades discrecionales en ningún caso otorga una “libertad” de acción a la Administración, sino que eleva el estándar de motivación de sus actos. Y, en segundo lugar, se sostiene que la certeza, como fundamento del control del poder público, impide dejar áreas exentas de control, de manera que los límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa sólo dicen relación con su resultado, esto es, un control negativo.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.

El presente trabajo académico busca analizar la motivación de los actos administrativos en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores de la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual, primeramente se realiza una labor dogmática, de carácter más puramente intelectual de la categoría jurídica de la motivación, posteriormente da a conocer el marco institucional en el cual se enmarca nuestro objeto de estudio, para finalmente hacer un análisis de la aplicación práctica que se viene haciendo de esta categoría en materia de procedimiento administrativo sancionador por transgresión a la legislación de recursos hídricos. Para ésta última parte, se empleó la metodología funcional-inductiva, considerando que una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis hasta lograr una generalización. El trabajo académico considera como población a la totalidad de las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS el año 2017 y la muestra comprende las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS durante el primer cuatrimestre del año 2017. Se concluye, entre otros, que en el 10% de las resoluciones emitidas por TNRCH, éste determinó que las resoluciones impugnadas fueron emitidas sin la debida motivación durante el primer cuatrimestre, lo cual hace resaltar la importancia de la motivación elemento sustancial y deber jurídico de la Administración Pública. / Trabajo académico

Los artículos 3 y 18.2 del DL 1033 (DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL) son normas que han establecido que la competencia para conocer los procesos con el INDECOPI es de exclusividad de los juzgados ubicados en la ciudad de Lima, este suceso genera de por sí una barrera de acceso a la justicia y por tanto una afectación al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ya que el ciudadano que reside en diferentes regiones del Perú debe recurrir a formular las demandas judiciales contra el INDECOPI a la ciudad de Lima, lo que ocasiona un costo adicional para el acceso a la justicia, pues una persona deberá trasladarse desde la región en que reside hasta la ciudad de Lima asumiendo el valor económico que ello implica, además por el traslado se le genera demora adicional en su trámite judicial, y , finalmente se le otorga una ventaja injustificada al INDECOPI, que como parte del estado tiene todas las ventajas de litigar en cualquier parte del país, sobre todo en los lugares donde tiene una sede regional. / Articles 3 and 18.2 of DL 1033 (LEGISLATIVE DECREE APPROVING THE LAW OF ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY) are norms that have established that the competence to know the processes with the INDECOPI is exclusive of the courts located in the city of Lima, this event generates in itself a barrier of access to justice and therefore an affectation to the right to Effective Jurisdictional Guardianship, since the citizen residing in different regions of the Peru must resort to formulating the lawsuits against INDECOPI to the city of Lima, which causes an additional cost for access to justice, since a person must move from the region where he lives to the city of Lima, assuming the cost that implies, in addition to the transfer is generated additional delay in its judicial process, and, finally, an unjustified advantage is granted to INDECOPI, that as part of the state it has all the advantages of litigating in any part of the country, especially in the places where it has a regional headquarters. / Tesis

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos. Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente, generando costos innecesarios a la Administración. Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio. / In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location, or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of legal notices. The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is inefficient, and creates unnecessary administrative costs. It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo

El proceso de cumplimiento ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de un precedente vinculante que impone una serie de requisitos que, a la postre, restringen el acceso de los justiciables a este tipo de tutela, por lo que se impone matizar el proceso vía un overruling parcial.