La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.

El presente artículo abordará el tema del análisis a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional sobre la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si los magistrados del Tribunal Constitucional resolvieron bien la sentencia correspondiente ante la posibilidad de que se pronunciaran acerca de la controversia de fondo, analizando sobre todo los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió y a través de los cuales dejaron ver sus posiciones ante la problemática. Luego de analizada la Sentencia y los fundamentos de votos de cada uno de los magistrados, se entra a proponer una alternativa de lineamientos a tomar en cuenta para una correcta interpretación constitucional, amparándose en márgenes de razonabilidad y objetividad. Finalmente, se concluye con una reflexión ante la crisis política que nos aqueja desde hace más de seis años. / This article will address the topic of the analysis of the Ruling issued by the Constitutional Court on the Presidential Vacancy due to Permanent Moral Incapacity, No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether the magistrates of the Constitutional Court resolved the corresponding sentence correctly given the possibility of them ruling on the underlying controversy, analyzing above all the singular votes that each of the magistrates issued and through which they revealed their positions on the problem. After analyzing the Sentence and the reasons for the votes of each of the judges, an alternative of guidelines to be taken into account for a correct constitutional interpretation is proposed, based on margins of reasonableness and objectivity. Finally, it concludes with a reflection on the political crisis that has plagued us for more than six years. / Trabajo académico

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville. / Tesis

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.