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Informe sobre Expediente N° 06-2001 AVFosca Gamarra, Adriana Sofía 06 August 2021 (has links)
La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años
2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen
fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para
la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a
los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de
impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este
Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público,
específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el
contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta
político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos
la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la
ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que,
finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las
elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico
(Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de
negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.
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El juicio político y la acusación constitucional como instrumentos de afianzamiento del sistema democrático en la constitución peruana de 1993Giles Ferrer, Arturo Antonio 21 March 2019 (has links)
El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de
cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres
públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el
origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su
extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro
consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y
aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo
monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o
europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción
constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia
con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas
instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes
Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de
Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así
como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las
posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la
Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para
finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación
constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro
Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la
sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del
debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica
peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de
una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el
país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último
caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville. / Tesis
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El juicio político y la acusación constitucional como instrumentos de afianzamiento del sistema democrático en la constitución peruana de 1993Giles Ferrer, Arturo Antonio 21 March 2019 (has links)
El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de
cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres
públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el
origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su
extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro
consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y
aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo
monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o
europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción
constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia
con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas
instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes
Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de
Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así
como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las
posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la
Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para
finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación
constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro
Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la
sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del
debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica
peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de
una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el
país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último
caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.
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