En el contexto nacional, se han desarrollado diversas investigaciones jurídicas en torno al entendimiento del delito de peculado previsto en el artículo 387º del Código Penal (CP en adelante); no obstante esto, hasta la fecha no se ha desarrollado un análisis dogmático-penal exhaustivo del concepto de los verbos rectores “apropiación” y “utilización” que permita razonablemente i) limitar el alcance del tipo penal y ii) sancionar ciertos casos problemáticos como la aplicación privada indebida de dinero bancario, bienes inmuebles, bienes inmateriales o, en general, bienes autorizados a ser dispuestos discrecionalmente. En tal sentido, la presente investigación cobra especial relevancia jurídica, en la medida que aporta criterios jurídicos para delimitar de mejor manera el ámbito de aplicación del delito tradicional de peculado doloso, evitando lagunas de punibilidad (impunidad) nocivas y limitando razonablemente el alcance del tipo penal.

La implementación de una estrategia no siempre sigue un camino llano, en la mayoría de ocasiones el camino se encuentra lleno de obstáculos; y para poder sortearlos es imperativo efectuar análisis previos a su puesta en marcha; así como cuestionarnos si efectivamente la vía a seguir es el más adecuada, lo que implica un estadio previo que nos permita, luego de la evaluación de opciones, tomar la que creemos es la mejor decisión en aras de obtener los resultados que deseamos.

La presente investigación se enfoca en el análisis del “Ejercicio de Funciones Públicas por Entidades Privadas Colaboradoras de la Administración” (EPCA), figura del Derecho administrativo que pretende englobar una serie de supuestos en los que la Administración traslada a los particulares la facultad de realizar ciertas funciones públicas, con el fin de obtener con ello un mejor resultado a que si dicha actividad hubiera sido realizada directamente por aquella. No obstante, este mecanismo no ha sido debidamente regulado por nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que resulta importante determinar los criterios, fundamentos y efectos que subyacen a esta forma de colaboración entre los administrados y la Administración. De acuerdo con ello, esta tesis está orientada a la consecución de los siguientes objetivos generales: i) Determinar la viabilidad jurídica de la participación del sector privado en el ejercicio de una función pública, a partir de la teoría del derecho administrativo y el análisis de la doctrina comparada; ii) Determinar el contenido del EPCA como figura del Derecho público, con el fin de identificar adecuadamente su naturaleza jurídica, estructura, procedimiento, elementos característicos y delimitación respecto de otros conceptos relacionados; e, iii) Intentar determinar el mecanismo legal por medio del cual se efectúa el traslado de las funciones públicas a la esfera de ejercicio de los particulares, de acuerdo al marco legal vigente; o, de ser el caso, evaluar una posible solución ante la indeterminación de instrumentos específicos. Al respecto, concluimos que el EPCA es una figura que carece de una regulación normativa genérica y específica que permita dar con una respuesta concisa y directa sobre la correcta manera de trasladar el poder público a los administrados. Es por ello que, a falta de un mecanismo diseñado teórica y normativamente para viabilizar este tipo de operaciones, somos de la opinión de que nuestro marco legal debe ser lo suficientemente flexible como para valerse de los distintos instrumentos que se encuentran recogidos en el ordenamiento, en función a cada actividad y contexto específico.

Los instrumentos de gobierno electrónico se han convertido hoy en herramientas claves en la gestión pública debido a que ¿gracias a los avances tecnológicos- facilitan la forma en cómo se brindan los servicios públicos, en términos de practicidad en su uso, acceso y optimización del tiempo; asimismo, son un importante instrumento en la construcción de gobernanza. Durante los noventa, se generaron una serie de herramientas de gestión electrónica para el sector público en el Perú; sin embargo, no respondían a una política pública orientada a la promoción del uso de las TICs para brindar servicios más agiles al ciudadano. Recién en los últimos años se ha logrado desarrollar lineamientos de política que orienten el uso de las TICs de manera articulada, aunque poco se conoce del proceso de diseño de la política de gobierno electrónico vigente. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué factores explican la evolución de la política de gobierno electrónico en el Perú desde el año 2003 hasta el 2013? Esta investigación realiza un estudio de caso en el periodo señalado, en el que se requirió la entrevista de una serie de actores involucrados y la revisión exhaustiva de documentos oficiales y académicos sobre el tema. Esta investigación comprueba que la evolución de la política de gobierno electrónico parte de la desarticulación, ante lo cual se presentan dos opciones: la que mantiene el statu quo, liderada por quienes ya contaban con sus propias iniciativas; y la propuesta de mayor articulación bajo la directriz de un ente rector, bajo el liderazgo de la PCM. Se puede afirmar que la segunda opción se impuso debido a tres factores: (1) el condicionamiento internacional, a través del mecanismo de transferencia de políticas en un escenario favorable; (2) la existencia de emprendedores de política que se proyectaron a escenarios futuros, buscando generar institucionalidad para que de manera organizada se generen nuevas herramientas de e-gov, y (3) finalmente, por la baja capacidad del Estado para contar con recursos humanos adecuados para contribuir en el proceso, lo que hizo que la evolución hacia el panorama deseado sea discontinua.

Desde el año 2006 el Estado Peruano ha establecido la obligación de que toda entidad pública cuente con un Sistema de Control Interno, con el fin de que proporcionar seguridad razonable a que los procesos, actividades y tareas que realicen, estén orientados al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Para fortalecer dicho mandato, la Contraloría General emitió normas de Control Interno y guías para la implantación del Sistema de Control Interno, estableciendo plazos que pasaron de efectivos a referenciales. En el poco tiempo de exigencia y hasta la fecha, las entidades públicas como son los Ministerios, no han logrado implementar sus Sistemas de Control Interno. El presente trabajo busca demostrar que aún sin la implementación integral de dicho Sistema, el ejercicio de establecer controles internos en algunos procesos, también permite mejoras en el gerenciamiento público, al fortalecer la organización de las entidades, la transparencia, la rendición de cuentas y el control posterior; no obstante, el desconocimiento de sus beneficios, sigue siendo una barrera para una implantación total.

La posibilidad de colaboración reglamentaria que ofrece el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la labor de tipificación de sanciones, no admite un ejercicio sin límites; por el contrario, exige el respeto por los principios recogidos en la norma que regula el procedimiento administrativo sancionador. El presente trabajo académico tiene por objetivo describir uno de estos -el principio de tipicidad- como límite a la tipificación de sanciones administrativas y proponer argumentos que lleven a cuestionar el tipo de normas que materializan esta regulación cuando es encomendada a la Administración Pública. El análisis de este tema es relevante, toda vez que, en nuestro país, los reglamentos son los cuerpos normativos más abundantes y frecuentemente utilizados para hacer posible la aplicación de la ley en materia sancionadora, herramienta que la Administración ha utilizado sin reparar en el respeto por los presupuestos contenidos en el principio de tipicidad (situación que se refleja en la emisión de, por ejemplo, Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo de organismos reguladores que contienen tipificación de sanciones). Para el desarrollo del presente trabajo, se ha consultado bibliografía que ha abordado el tema y del análisis de esta, se concluye que si bien es posible tipificar sanciones mediante reglamento, el marco normativo vigente prevee al Decreto Supremo como la norma de rango reglamentario mediante el cual se debe realizar la labor de tipificación de sanciones administrativas en tanto, por sus características, privilegia el respeto por los derechos de los administrados.

El sector público peruano se encuentra atravesando una serie de reformas vinculadas a la mejora de la gestión operativa, algunas con más éxito que otras. En ese sentido, el capítulo 1 presenta, por un lado, a la gestión operativa como foco actual que guía las reformas del Estado en nuestro país y, por otro lado, a los espacios de gestión u procedimientos internos implícitos como pilares que permiten implementar las reformas en las que, hoy en día, se enfoca el Estado. La gestión de las compras públicas resulta una de las reformas pendientes y tendría un gran impacto para el sector público, esto ocurre debido a la cantidad de presupuesto que atraviesa por los procesos de compra y los altos índices de corrupción de dicho espacio frente a otros. Para ello, los capítulos 2 y 3 presentan las características principales del sistema de compras públicas, sus diferencias con otros sistemas de compra que el sector público utiliza y los principales desafíos por los que atraviesa. De acuerdo a las experiencias internacionales de reforma y a partir de una serie de casos de éxito en la gestión de las compras públicas, la clave del éxito de las reformas vinculadas a esta gestión, se encuentra en el aprovechamiento de los espacios de gestión que existen en toda entidad pública, a partir de los lineamientos técnico-normativos ya explícitos y que son obligatorios seguir. De esta forma, el capítulo 4 presenta los espacios de gestión que existen en las compras públicas, los desafíos por los que atraviesa y, por último, un conjunto de buenas prácticas utilizadas por un grupo de entidades estatales que permitieron afrontar los desafíos y aprovechar al máximo los espacios de gestión antes mencionados. El capítulo 5 presenta una serie de reflexiones sobre las compras públicas; su importancia dentro de la reforma de la gestión operativa y, finaliza, con la importancia del aprovechamiento de los espacios de gestión por las demás entidades públicas, bajo el ámbito del sistema de compras de dicho sector, y para las demás áreas relacionadas a la gestión operativa. Pese a la importancia e impacto de los espacios de gestión, el último capítulo también identifica una serie de factores que no se debe perder de vista: toda reforma relacionada a la mejora de procesos es larga, requiere gradualidad e integralidad.

La temática a investigar es novedosa en la medida que son muy pocos los estudios en nuestro país que estructuran de manera general los fundamentos jurídicos aplicables en la Fiscalización. Ante tal escenario el presente trabajo busca constituir un aporte en el análisis de un instituto relativamente nuevo y de crucial importancia; así como plasmar una crítica de necesidad de cambio al binomio identificativo de Supervisión= Prevención y Fiscalización = Sanción que coexisten en muchos ordenamientos.

El procedimiento administrativo de eliminación de Barreras burocráticas ha sido el centro de un debate entre juristas que argumentan a favor de posturas encontradas: algunos sugieren que este procedimiento es de naturaleza trilateral con características especiales y otros una minoría opinan que este procedimiento no calza en ninguna forma especial tal y como lo señala la ley del procedimiento administrativo general de modo que al no ser trilateral ni sancionador sería un procedimiento administrativo como cualquier otro. Es así que el presente artículo inicia estudiando las generalidades de los distintos tipos de procedimiento administrativo ( El general y los especiales -trilateral y sancionador), las características del procedimiento de eliminación de Barreras burocráticas y rasgos fundamentales, así como un repaso de los conceptos relacionados para finalmente dar una respuesta y plantear una conclusión.

El presente artículo académico revisa el régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración Pública y pone en relieve a los principales problemas que enfrenta su actual regulación. Asimismo, compara el modelo constitucional peruano con modelos propios de la región (Chile y Colombia) y de Europa (España), con el objetivo de analizar la pertinencia de realizar posibles cambios constitucionales para reforzar el régimen establecido en la Ley. / This academic article examines the legal framework of the punitive power of the Public Administration and highlights the main problems faced by its current regulation. Additionally, it compares the Peruvian constitutional model with those of the region (Chile and Colombia) and Europe (Spain), aiming to analyze the relevance of implementing potential constitutional changes to strengthen the regime established in the Law. / Trabajo académico