Esta investigación es importante porque ayudó a conocer comó funciona el control de los bienes muebles por parte de las entidades estatales, con el fin de cumplir con las normas del control patrimonial. De la misma manera permitió conocer los bienes muebles que no se rigen de la normativa de educación. El problema que existe en la UGEL de Chiclayo, es la deficiencia en la gestión de bienes muebles de las instituciones educativas, como son las pérdidas de los insumos o materiales. Asimismo, también existe un mal control en sus bienes patrimoniales, es decir, su lista de inventario no coincide con los reportes del SIGA, esto se debe a que los colegios no informan a la UGEL adecuadamente por otro lado la falta de personal capacitado para la verificación de los bienes muebles de cada colegio dado a esto .El objetivo de la investigación es llegar a determinar la influencia que tiene la gestión de bienes sobre el control del patrimonio en cada institución educativa. El enfoque que se tuvo en cuenta es de tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo, diseño no experimental-transversal-prospectiva; la población estuvo conformada por los Centros educativos que se encuentran en la jurisdicción de Chiclayo,la nuestra estuvo conformada por 9 instituciones de la UGEL Chiclayo. Según los resultados se concluye que se encontraron bienes dados en donación, dados de baja estando aun en buen estado, reportes de hurto y perdida, por lo que se pudo deducir que no existe una buena gestión en el control de los bienes muebles.

El presente artículo tiene como tema central la inclusión de las entidades del régimen público a la competencia de inspección laboral, puesto que la existente Ley No. 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, publicada el 22 de julio de 2006 mediante Decreto Supremo No. 019-2006-TR, consigna una restricción normativa en cuanto a la competencia inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, excluyendo a las entidades públicas de mantener una forma de vigilar, promover y supervisar el correcto funcionamiento de las normas socio-laborales, de salud y seguridad, que le corresponde a los trabajadores por estar sujetos en el marco normativo de la Constitución Política vigente, los principios laborales y el Convenio Internacional de Trabajo No. 81. En ese sentido, como objetivo general de la presente investigación se plantea un régimen unificado en la competencia de inspección laboral, es decir, que se amplíe la competencia inspectiva para las entidades estatales, en el sentido de que prioriza una adecuada competencia inspectiva para quienes no tienen acceso a ella por depender de un determinado sector laboral, lo que resultaría necesario en beneficio y primacía del respeto de su dignidad humana, y resguardo de sus derechos socio – laborales por el simple hecho de ser trabajadores.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

La presente exposición recoge mi experiencia como asistente administrativa de la oficina de administración y finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, cargo que desempeño hace dos años y cuatro meses en dicha institución. Dentro de las funciones atribuidas a mi persona, está la atención de los documentos remitidos a esta oficina por parte de las unidades orgánicas, específicamente de la unidad de control patrimonial, como de las otras direcciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En este sentido, esta experiencia muestra cómo nace la idea de presentar un proyecto que modifique el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como de los percances surgidos en el camino que traen como resultado un mayor entendimiento del ámbito en el que se desenvuelve la entidad.

El derecho constitucional a la libre iniciativa privada, libertad de empresa y la libre competencia no deben contravenir el interés público; por ello, es necesario que la administración pública establezca medidas como exigencias, prohibiciones, cobros legales y razonables, a fin de proteger el interés general de la sociedad. Sin embargo, las entidades de las administraciones no realizan un adecuado análisis de impacto regulatorio, por lo que los agentes económicos se ven afectados en cuanto al acceso y permanencia en el mercado. El Decreto Legislativo N°1256 fue publicado a fines del 2016 y la finalidad de esta norma fue fortalecer las competencias del Indecopi. Una de las novedades fue el alcance de la inaplicación con efectos generales de aquellas Resoluciones que declaran ilegales las Barreras Burocráticas materializadas en disposiciones administrativas; sin embargo, en la exposición de motivos, no se evidencia una justificación adecuada respecto a la exclusión de las Barreras carentes de razonabilidad, pues en estas últimas los efectos recaerán, únicamente, a la parte denunciante y no a los demás que se vean afectados por la medida cuestionada. En este sentido, el presente informe tiene como finalidad demostrar y proponer la viabilidad de la inaplicación con efectos generales en las Barreras Burocráticas carentes de razonabilidad materializadas, únicamente, en disposiciones administrativas. Para ello, el primer capítulo versará sobre la regulación actual del procedimiento de eliminación de Barreras Burocráticas y en el segundo capítulo se desarrollará el análisis de la inaplicación con efectos particulares y generales de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad a propósito del Proyecto de Ley N°500-2021-CR. / The constitutional right to free private initiative, business freedom and free competition are not unlimited, while the exercise of said rights must not contravene the public interest; For this reason, it is necessary that the public administration, in function of the administrative police, establish measures such as requirements, prohibitions, collections, etc. legal and reasonable, in order to protect the general interests of the company. However, the entities of the administrations do not carry out an adequate analysis of the regulatory impact, which is why the economic agents are affected in terms of access and permanence in the market. However, the regulation for the elimination of bureaucratic barriers has been in constant change. Legislative Decree No. 1256 repealed Article 26 Bis of Decree Law No. 25868 and was published at the end of 2016. The purpose of this regulation was to strengthen Indecopi's powers. One of the novelties was the scope of the non-application with general effects of those Resolutions that declare illegal bureaucratic barriers materialized in administrative provisions; However, in the explanatory statement, it does not reflect an adequate justification regarding the exclusion of unreasonable Barriers, since in the latter the effects will fall solely on the complaining party and not on the others who are affected by the disputed measure. In this sense, the purpose of this report is to demonstrate and propose the feasibility of non-application with general effects on unreasonable bureaucratic barriers materialized solely in administrative provisions. For this, the first chapter will deal with the current regulation of Legislative Decree No. 1256 and in the second chapter the analysis of the non- application with particular and general effects of illegal bureaucratic barriers and care of reasonableness regarding Bill No. 500-2021-CR. / Trabajo académico

El presente informe expone mi experiencia laboral en la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID) de ProInversión, y en específico, aborda el planeamiento estratégico y gestión institucional llevadas a cabo por el equipo de gestión y planeamiento de la DID. Su importancia radica en el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes operativos y estratégicos, que más allá de obtener los productos (servicios) destinados a sus usuarios (funcionarios y/o servidores de los diferentes niveles de gobierno y representantes de empresas privadas) contribuyen a alcanzar las metas de un plan mayor expresados en el PESEM del Sector de Economía y Finanzas y el PEDN a nivel nacional. Se evidenciará la articulación existente entre los diferentes planes del Estado y los planes institucionales asignados a la dirección, y su contribución en el cierre de brechas en infraestructura social y productiva del país. Mi labor se centró en actividades vinculadas a la fase institucional y de seguimiento del planeamiento estratégico, que permite generar información sobre las deficiencias, fortalezas y oportunidades de mejora para el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos en la Dirección.

En el presente trabajo se plantea el alcance real de la aplicación de la Potestad de Autotutela Administrativa por parte de las autoridades administrativas en el Perú mediante el planteamiento de un caso en el que se ve involucrado un servicio público. Siendo ello así,se parte desde el análisis histórico de esta potestad y sus orígenes en el derecho francés,así como una comparación con el derecho español. Posteriormente,se detalla respecto de su naturaleza,y sobre su aplicación en el marco legal peruano,en el que no se tiene un reconocimiento explícito de la mencionada Potestad de Autotutela,pero que si encuentra respaldo en normativa de rango infralegal como la Ley del Procedimiento Administrativo General. En base a lo detallado,planteamos la postura respecto de que la Potestad de Autotutela resulta ser un privilegio de la Administración y no puede aplicarse en beneficio de los administrados;sin perjuicio de que,en salvaguarda de sus propios intereses,los efectos de su aplicación puedan beneficiarlos. Finalmente,se concluye señalando que existen problemáticas por resolver que implican la habilitación de una vía alternativa por la que la Potestad de Autotute la dirija las problemáticas a la vía administrativa, evitando así la excesiva carga procesal al PoderJudicial y ofreciendo una solución rauda a los administrados. / Trabajo académico

En las últimas décadas, el Estado Peruano entra en un proceso de modernización, con el fin de mejorar la gestión pública al servicio del ciudadano. Mediante la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se establece que esta visión debe traducirse en una gestión pública orientada a resultados, a través del acceso a bienes y servicios públicos de calidad. En línea con lo anterior, la Secretaría de Gestión Pública, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública impulsa una reforma en gestión de la calidad de servicios sobre la base de un diagnóstico efectuado de avances realizados en los últimos años. La presente investigación explora los factores claves que dificultan la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Para realizar este análisis, se revisa la literatura sobre fallas en la implementación de políticas y reformas, lo cual permite contrastar y problematizar los hallazgos obtenidos en el estudio. El informe encuentra que el contexto y las características de la burocracia son un factor clave a considerar en el diseño y que, en esta experiencia, la ausencia de la misma impacta en los objetivos de la reforma. Producto de este y otros factores que dificultan la aplicación de la norma en las entidades del tramo I, se generan condiciones para la suspensión del instrumento de gestión a fines del año 2021.

La débil legitimidad funcional es una problemática recurrente en la administración pública nacional, por tal motivo, la profesionalización de la función pública y, con ello, el respeto de la meritocracia, debe ser garantizada por el Estado y materializada por las instituciones públicas como EsSalud en los procesos de selección, permanencia y ascenso de su personal. Por medio de la presente investigación, se sustentará la propuesta de implementar los alcances del Decreto Legislativo 1024 en la contratación gerencial de las Redes Asistenciales de Salud – ESSALUD. Lo referido se desarrollará en virtud de una investigación cualitativa en la que implique analizar y contrastar las directivas institucionales, así como las normas nacionales sobre gestión de personal. Para ello, se evidenciará la ausencia de meritocracia en el actual proceso de contratación gerencial para ocupar el puesto de gerente de las unidades descentralizadas referidas y, posteriormente, se expondrá las ventajas de optar por un proceso de contratación gerencial que garantice la meritocracia sustentada en un perfil profesional idóneo en concordancia con los propósitos de la reforma del Servicio Civil.

De acuerdo con la información recogida de los reportes elaborados el año 2021 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, alrededor de 4.6 millones de peruanos aún no cuentan con agua potable en sus viviendas y cerca de 9.2 millones carecen del servicio de alcantarillado. Este desabastecimiento de servicios básicos de primera necesidad, incide negativamente en la economía y salud de las familias peruanas expuestas a esta brecha sanitaria y social, la cual viene siendo atendida por el gobierno a través de proyectos de inversión pública, los cuales permitirían alcanzar una cobertura integral de este servicio. La mayoría de obras públicas de saneamiento en el país presentan diversos problemas en su ejecución, siendo, uno de los principales, la inadecuada gestión al desarrollar cada uno de estos proyectos. Esta dificultad es ocasionada por las incompatibilidades o deficiencias del expediente técnico, indisponibilidad de partidas a ejecutar, intercambio ineficiente de información, manejo nulo de las partes involucradas y retrasos en la absolución de consultas, lo que conlleva a no cumplir con los plazos establecidos en los contratos y a la incursión en mayores gastos de operación, perjudicando a la empresa ejecutora y a la población (MVCS, 2018). Para poder solucionar este problema, existen diversas estrategias que permiten mejorar la gestión en los proyectos de construcción, siendo una de estas la metodología Building Information Modelling (BIM), cuyo objetivo es organizar todos los datos en un modelo de información digital creado por todas las partes involucradas del proyecto en desarrollo. Esta técnica, permite una gestión integral y una adecuada ejecución de las inversiones públicas y/o privadas en infraestructura, ya que incorpora un mayor control de los procesos de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, logrando disminuir su variabilidad (MEF, 2021) y por ende aumentando notablemente la productividad en la ejecución. A pesar de que esta metodología viene siendo la más utilizada a nivel global por reconocidas empresas constructoras, su aplicación en el Perú aún se encuentra en un proceso inicial de adopción por las Micro y/o Pequeñas empresas contratistas peruanas (Murguía, 2021). No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas busca poner en marcha una medida política llamada “Plan BIM Perú”, la cual define la estrategia nacional y los parámetros para la implementación progresiva de la adopción y uso de BIM en cada fase de los proyectos de desarrollados por las entidades públicas. La presente tesis surge con la finalidad de brindar una iniciativa para el uso de la metodología BIM, a través de la propuesta de un Plan para el uso de BIM dirigido a una obra pública de saneamiento en específico en su etapa de ejecución. El desarrollo de esta investigación comienza con la identificación del problema, el cual es la inadecuada gestión de las obras públicas en el Perú. Para poder contrarrestar esta dificultad, se realiza una revisión de la literatura acerca de la gestión de proyectos y una estrategia para combatir el problema identificado: BIM. Luego, se establecen las variables más relevantes que influyen en la gestión de los proyectos, las cuales se validan con expertos. Posteriormente, se confecciona un cuestionario con el cual se realizará entrevistas al staff de profesionales del caso de estudio, con el objetivo de determinar las técnicas o herramientas de gestión de proyectos valorados y los problemas identificados por los mismos. Con la información obtenida, se evalúa un esquema conceptual de usos BIM con los factores valorados del caso de estudio y, finalmente, se elabora una propuesta preliminar de un Plan para el uso de BIM, el cual será validado a través de una entrevista a expertos, quienes brindan observaciones y recomendaciones para mejorar, optimizar y presentar el Plan final para el uso de BIM en un proyecto público de saneamiento en específico durante su etapa de ejecución.