Mediante el presente trabajo, el autor nos ofrece dos propuestas para lograr que el arbitraje peruano sea más atractivo para el inversionista. La modificación del rol subsidiario estatal, es decir, el papel del Poder Judicial en la adopción de las medidas cautelares previas al arbitraje y la necesaria publicidad de los laudos arbitrales. La presente investigación no dejará de ser polémica para toda persona que se dedique al estudio del arbitraje.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Autores no envían autorizaciones, para ser publicada en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile. / Al cumplirse más de una década de la inserción de profesionales del área gestión en los tribunales de justicia chilenos y encontrándonos ad portas de una nueva reforma procesal que permitiría incrementar el número de ese tipo de profesionales en el Poder Judicial, es oportuno analizar e investigar la percepción del rol de los gestores y la posible existencia de conflictos de rol como producto del cambio en la estructura organizacional. La inserción de este tipo de profesionales se produce escalonadamente a través de las Reformas Procesales, lo que ha permitido modificar el procedimiento de aplicación de justicia y al mismo tiempo introdujo una reforma en la estructura de gestión interna de tribunales, al crear los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y Juzgados de Letras del Trabajo, además de la modificación de algunos tribunales civiles transformándolos en tribunales bicéfalos. La investigación abarcó una serie de entrevistas semi-estructuradas, que permitieron a los investigadores diseñar un instrumento para acceder a la opinión de un universo probable de 240 Administradores de Tribunales del país a través de encuestas online. El estudio exploró la percepción que tienen los Administradores respecto al rol que desempeñan en la organización, en el marco de las reformas procesales del Poder Judicial chileno, con el objetivo de dar a conocer variables que pudiesen estar facilitando o dificultando el comportamiento en rol de estos profesionales en relación a las expectativas de la institución, información que puede ser relevante para los futuros procesos de modernización de la gestión interna de la justicia chilena. Este, es uno de los primeros estudios que se aboca al cambio en la estructura de gestión de los tribunales chilenos, utilizando la investigación-acción como herramienta, pretende ser el inicio de una serie estudios que se aboquen a analizar las dinámicas organizacionales que afectan a las personas en rol y la gestión de éstas, que permitan buscar respuestas y contribuciones para el mejoramiento de procesos al interior de las organizaciones, con el claro objetivo de optimizar la entrega de servicios de calidad a la sociedad.

Con esta investigación me dirigiré a descubrir los problemas de la institución casación que tal vez haya sido uno de los elementos que ha contribuido en el deterioro de la imagen del Poder Judicial. Puede ser posible ya que si se considera que la casación buscaba la correcta interpretación de la ley (y de la voluntad del legislador), pues seguramente muchas leyes no incluían los intereses de los grupos minoritarios que no llegaron a estar representados en la Asamblea Legislativa. Además que debemos considerar que los conceptos de “Estado” han ido evolucionando con el tiempo. Así por ejemplo, el Estado Constitucional se presenta como una respuesta a los abusos perpetrados en nombre de la ley. La Constitución aparece como un acuerdo social cuyo contenido señala un margen mínimo de derechos sobre los cuales el legislador no puede decidir; y al mismo tiempo es elemento convergente que permite la convivencia pluralista de la población. Pues señala en principios abstractos los derechos de la población. Por ende, la labor de los jueces es fundamental porque deberán fijar el contenido de los derechos, a través del razonamiento práctico, en cada caso concreto. En este punto es necesario mencionar, aunque suene redundante, que el Ecuador se declara constitucionalmente un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. De igual forma la Corte Constitucional del Ecuador, órgano guardián y supremo intérprete de la carta política, ha pronunciado muchas resoluciones mencionando que el modelo jurídico político que el Estado ecuatoriano ha emprendido es el de un Estado Constitucional. En estas páginas se intentará confrontar si las teorías jurídico políticas del Estado Constitucional y del activismo judicial han    cumplido sus ofrecimientos en el caso práctico de la realidad ecuatoriana. Por un lado, aprovecharé estos aportes teóricos para encontrarle un espacio a la casación; y por otro lado, advertiré los riesgos de que sean utilizados por una cultura jurídica que beneficie al poder. De esta forma sugeriré como debería desarrollarse la casación en este nuevo marco estatal. También se pretende encontrar o esbozar las teorías y métodos de argumentación para que la casación se adecue al Estado Constitucional. / Tesis

El presente trabajo de investigación pretende estudiar, desde una perspectiva interdisciplinaria, el tema de la excesiva carga procesal del Poder Judicial en el Perú, encontrándose que la carga procesal aumenta año a año a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción judicial. Una de las características distintivas del presente estudio es que se utiliza la metodología del Análisis Económico del Derecho, incluyendo un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo de tipo fáctico, utilizando para ello técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas que expresen a través de modelos matemáticos las relaciones entre las variables en estudio sobre la cantidad demandada de resoluciones judiciales, que se expresa a través de los expedientes ingresados al Poder Judicial; la cantidad ofrecida de resoluciones judiciales, que está referido a la producción judicial; los costos de dilación, que son los costos en los que incurren los litigantes debido a la demora en el proceso; la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y la productividad de los mismos, entre otros. De la misma manera, el presente trabajo de investigación se plantea la aplicación del análisis económico del derecho para estudiar la situación de la administración de justicia en el Perú. Asimismo, se presenta al análisis económico del Derecho, como complemento de lo que se conoce como análisis socio antropológico del derecho, y que reúne a una serie de disciplinas que estudian al Derecho en su contexto. Para la presente tesis se está aplicando la Teoría de la Economía de la Justicia, que es una rama del Análisis Económico del Derecho. De dicho enfoque se ha recogido el aporte de autores como Rafael Ramírez Villascusa, Aurelia Valiño Castro, Santos Pastor Prieto, Bustos. Asimismo, se han recogido las nuevas concepciones teóricas de la administración de justicia que entiende la labor del juez en un marco de un mercado de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral; asi se han tomado aportes de Posner, George Priest, entre otros; todo esto desde una racionalidad económica. / Tesis

El Estado español tiene más de 100.000 construcciones ilegales. En la actualidad, la ejecución de las sentencias en materia urbanística no es eficaz. Existe, por tanto, una situación de inejecución de las sentencias urbanísticas. Un ciudadano puede construir una casa al amparo de una licencia. Sin embargo, a veces, esta licencia es ilegal porque infringe el plan urbanístico aplicable y incluso la propia ley de urbanismo. La consecuencia jurídica de la ilegal es la obligatoriedad del derribo de lo ilegalmente construido. Lo mismo sucede ante la declaración de ilegalidad de un plan urbanístico. En este caso, el juez o tribunal estimará la ilegalidad del plan y el fallo deberá ser ejecutado. La solución no es un fácil porque la demolición o derribo de la construcción ilegal trae consigo el pago de una indemnización a los propietarios que han edificado al amparo de una licencia ilegal.El derecho a la ejecución de sentencias es prescrito por el artículo 24 de la Constitución española. Este artículo 24 garantiza el derecho de todos ciudadanos a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional español en sus sentencias número 67/1984 y 28/1989, reconocieron que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales deriva del propio derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia administrativa está regulada por la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su artículo 103.1 de la Ley 29/1998, establece que los jueces y los tribunales de la jurisdicción administrativa son los competentes para hacer ejecutar las sentencias. Por otro lado, el artículo 117.3 de la Constitución Española otorga la competencia en exclusiva a los jueces y tribunales para hacer ejecutar las sentencias, como manifestación del principio de división de poderes.En último lugar, los valores que la legislación urbanística española incorpora, tales como, el desarrollo sostenible, urbanismo sostenible y la cohesión social, quedan inaplicados si las sentencias urbanísticas no se ejecutan. / The Spanish State has over 100,000 (one hundred thousand) illegal constructions.At present, legal judgments in the field of urban development are not being carried out; there is a situation of non-execution of legal judgments relating to urban matters: a citizen can build a house, after the local council has given the relevant building permit. However, sometimes, this permit is not legal, because it does not correspond to the urban development plans or perhaps to the relevant urban development law. So, the courts declare the permit to be illegal and the building has to be demolished.The same happens when a town council approves local development plans and these go against urban development laws. In this case, the judge will declare the plans to be illegal and the sentence will have to be executed.The solution is not an easy one as a demolition also brings with it the payment of compensation by the town council to the owners of the buildings, who had the building work done on the basis of an invalid permit.The right to the execution of legal decisions is laid out in article 24 of the Spanish Constitution. This article 24 guarantees the right of all citizens to an effective judicial tutelage (guardianship).The Spanish Constitutional Tribunal in its legal decisions numbers 67/1984 and 28/1989, recognized the right to the execution of legal decisions to be the very manifestation of effective judicial tutelage. Administrative judicial tribunals are regulated by their own law: "Law 29/1998, of the 13th of July, on the regulation of litigious-administrative jurisdiction".Article 103.1 of the Law 29/1998, establishes that it is the judges and tribunals of the litigious administrative jurisdiction who have the authority to uphold the execution of legal decisions. Judges and tribunal have exclusive authority in this matter according to article 117.3 of the Spanish Constitution. It is the very manifestation of the principle of the separation of powers. In consequence, in urban development, the reality is that the laws speak of environmental protection, sustainable development, evaluation of environmental impact and sustainable growth, but when the application of the law made by public administrations is challenged, the decision is not carried out.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El Poder Judicial posee como fuente de financiamiento la formulación de proyectos de inversión (Subtítulo 31), los que han experimentado un incremento explosivo de un 344% entre el período 2014-2017, aumentando el procesamiento de estados de pago y evidenciado deficiencias en el proceso de control presupuestario tales como estados de pago duplicados, procesos de revisión redundantes y que no están formalizados, basados en una división organizacional que no está acorde a las nuevas necesidades. El objetivo principal es rediseñar el proceso de control presupuestario de proyectos de inversión (Subtítulo 31) y su recuperación (Subtítulo 32). Como metodología de trabajo, se determinaron cuatro aspectos claves de análisis: personas, procesos, tecnología empleada y departamentos involucrados. Ésta se utiliza tanto al momento de describir la situación actual, la propuesta de rediseño, como también al momento de determinar las brechas respectivas y su plan de implementación. Del análisis efectuado, se han detectado fuertes deficiencias: no existe una estructura formal destinada para el control presupuestario, no existe información sistémica que permita una toma de decisiones informada y oportuna, el proceso no se encuentra formalizado en un manual actualizado, y los procesos que existen son repetitivos, ineficientes y adolecen de errores, existiendo múltiples departamentos involucrados pero que no se comunican en un lenguaje común, a pesar de existir una plataforma única. Se logró determinar una situación deseable, rediseñando los puestos de trabajo, creando un cargo para el control presupuestario (Analista de Proyectos de Inversión); la definición de procesos clave dentro del proceso general de control presupuestario, modelado con herramientas gráficas; y las tecnologías de la información que serán exigibles. De la comparativa de brechas, más una evaluación social a nivel de perfil del rediseño del control presupuestario de proyectos de inversión (considerando que la fuente de los recursos son públicos y pueden tener un uso alternativo) se ha establecido su bondad, concluyendo que los ahorros que serán generados superan con creces los costos de su implementación. Para que la implementación sea exitosa, se requiere crear el cargo de Analista de Inversiones, estandarizar el control presupuestario a través de manuales acorde a las responsabilidades con la nueva estructura y los sistemas esperados; el diseño e implementación del módulo de inversiones en el sistema CGU+PLUS, con la respectiva capacitación; y fortalecer la comunicación y coordinación entre los departamentos involucrados, principalmente, esperando aumentar la ejecución presupuestaria en un 1,93% (M$1.684.385).

Tesis para optar al grado de Magíster en Control de Gestíon / El Poder Judicial de Chile corresponde a uno de los tres pilares fundamentales que sostienen el estado democrático de derecho, junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo del país. De acuerdo al artículo 76 de la Constitución Política de la República, "La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos" (art. 76 de la Constitución Política de la República de Chile, 1980). Este artículo de ley consagra el principio de independencia de la función jurisdiccional, lo que asegura la imparcialidad en la labor de impartir justicia. El Poder Judicial de Chile está constituido por la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia, y 17 Cortes de Apelaciones ubicadas a lo largo del país, de las cuales dependen 465 tribunales de primera instancia. A la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), creada el 10 de marzo de 1990, y cuyas funciones se establecen en los artículos 506 y 507 del Código Orgánico de Tribunales, le corresponde la función de administrar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial en su conjunto. En la actualidad, el Poder Judicial de Chile cuenta con un moderno procesamiento de causas judiciales penales, ajustándose a los estándares internacionales. De un sistema inquisitivo se avanzó hacia un esquema acusatorio, en el que se dividen las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia de causas.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Las organizaciones del sector público han sido objeto de una mirada diferente a la hora de analizar su funcionamiento desde la perspectiva de la Administración. De hecho la Administración Pública aparece como una forma especializada de analizar el funcionamiento de las instituciones públicas pero se enfoca principalmente al análisis de las implicancias político-económicas que subyacen al cumplimiento del mandato ciudadano y su consecuente rendición de cuentas, sin quitar mérito a sus valiosos y constantes aportes. En la actualidad han aparecido nuevas tendencias que han permitido a la Administración general participar en el estudio y análisis del sector público, respaldadas principalmente en la modernización que el Estado debe alcanzar para ser un partícipe más eficiente en la actividad diaria de las naciones, en la que las personas y el mercado y los grupos sociales se mueven con mayor dinamismo, en una época dominada por el concepto de cambio constante y en el cual todas las organizaciones deben cumplir con su propósito de permanecer en el tiempo (Miller, 1993). Al estudiar el sector público por medio de las herramientas de la Administración de recursos humanos, encontramos un alto grado de protección de las relaciones laborales de los trabajadores públicos, la cual tiene válida defensa en un problema de agencia, por cuanto el “principal” cambia cada cierto tiempo y asimismo hay una variabilidad en los incentivos de éste, los cuales pueden colisionar con el trabajo de largo plazo de los funcionarios. Sin embargo, estudios comprueban que estas medidas, si bien son de protección, también generan problemas de escasa movilidad y evaluaciones de desempeño superfluas que desincentivan a una mejor gestión del desempeño de los empleados públicos, quienes son constantemente puestos en la palestra por la opinión pública en relación a su gestión. El Poder Judicial de la República de Chile es un poder del Estado autónomo e independiente, y administra a su personal de acuerdo a un código orgánico que asegura su independencia y supletoriamente por medio de las normas generales de la administración pública. Los actuales procesos de cambio que han vivido en la última década las diversas instituciones del Estado, y en nuestro caso particular el Poder Judicial, dan cuenta de un proceso de cambio potente; y en el cual las personas deben dar lo mejor de sí para el logro de estas modernizaciones. Pero cuando no se dispone en el trabajo diario, de las mejores herramientas formales y de la gestión laboral necesaria para lograr desempeño y sobrellevar los procesos de cambio con mayor flexibilidad, debemos buscar nuevas líneas de acción o implementar dispositivos que permitan motivar a los trabajadores en relación a este dinamismo. Para ello resulta importante comprender qué es lo que motiva a los trabajadores a mejorar, participar y desempeñarse mejor en una organización. El Comportamiento Organizacional es una de inter-disciplinas del área de la Administración que se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de esta; ello permite comprender e intervenir en aspectos fundamentales del funcionamiento de las organizaciones. Entonces nos permitiremos por medio de este trabajo, en una primera etapa explorar las actitudes de los miembros del Poder Judicial en relación a qué percepciones tienen ellos del sentido o de como el trabajo dictamina su relación para con ellos y les permite trabajar en determinados niveles de motivación o compromiso y en definitiva, haciendo que tengan un mejor o peor desempeño. Un constructo que aparece como adecuado de abordar es el de Justicia Organizacional, el cual corresponde a la percepción de trabajo que los empleados creen que derivan en un trato justo hacia ellos. Aparece interesante de abordar por cuanto las personas que trabajan en una organización que vela por la administración de la Justicia para el Estado, se ven propensas a evaluar con qué tanta justicia les tratan en su propia institución. Con el fin de proporcionar validez a los resultados de la percepción de Justicia Organizacional por parte de los trabajadores del Poder Judicial, intentaremos replicar una correlación encontrada por Colquitt (2001) en relación al constructo de Compromiso Organizacional, el que consiste en el grado de identificación que tienen los trabajadores con la organización y el grado de interiorización de los elementos organizacionales. En el presente documento, expondremos en primer lugar como antecedentes una recopilación de investigaciones sobre el funcionamiento del sector público, con el fin de enmarcar el estudio, contextualizando las características que hacen tan particular a la administración pública y las diferencias de enfoque con que se ha abordado su análisis. En una segunda parte, pasaremos a un acápite de observación exploratoria realizada por el suscrito, que nos proporcionará un encuadre situacional del actual proceso de cambio en el que se encuentra inmerso el poder judicial chileno. En tercer lugar exploraremos de qué manera en los procesos de cambio puede ser viable verificar las contribuciones de la percepción de Justicia y Compromiso Organizacional, para posteriormente proceder a sus definiciones y a la revisión de investigaciones en las cuales se sustenta empíricamente la propuesta. En un quinto punto, revisaremos los objetivos de la investigación, formulando a su vez las hipótesis que dan los lineamientos medulares de la tesis. En una sección de más campo, se explicitarán las hipótesis, aspectos de diseño de investigación y la metodología que se pretende utilizar en la realización de este proyecto. Se verificará los problemas reales de la institucionalidad para poder permitirse realizar esta investigación, y de cómo el suscrito debió realizar pruebas pequeñas para poder validar sus instrumentos de medición de la percepción de Justicia Organizacional (Colquitt, 2001) y de Compromiso Organizacional (Allen & Meyer, 1990) que permitan la obtención de los datos del trabajo de campo a nivel masivo. Se presentan los resultados y discusión de la investigación y finalmente las conclusiones más significativas y los planes de acción a seguir desarrollando en colaboración con la institución para la prosecución de los aportes metodológicos obtenidos.

Esta tesis hace un análisis de las sentencias denominadas precedentes vinculantes que han sido emitidas por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que a la fecha es una de las 7 Salas Supremas que conforman la Corte Suprema de Justicia de la República, y que no sólo son de obligatorio cumplimiento para las partes que intervienen en un proceso judicial, sino que también establecen un criterio de solución de conflicto que debe ser cumplido por jueces de menor jerarquía. Sobre el cumplimiento de dichos precedentes vinculantes, que se encuentran regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, no hay estudios previos sobre su aplicación y cumplimiento, pero según lo investigado en la tesis, pueden convertirse en una gran herramienta para la eficiente y competitiva gestión del Estado, ya que de aplicarse correctamente, podrían evitar una gran cantidad de procesos administrativos y judiciales. Para este análisis, se hace un previo estudio de las instancias judiciales que tiene que seguir una persona cuando recurre al Poder Judicial, hasta llegar a la Corte Suprema, donde nos detenemos para describir su conformación y proceso de revisión que debe seguir un expediente en la Sala Suprema bajo estudio, ello para determinar las acciones y tiempo que se invierten en un solo expediente judicial. Una vez ello, se hace una breve revisión de los precedentes vinculantes en el Perú, señalando cual es su ubicación dentro de nuestro ordenamiento legal, así como las denominaciones que tiene en las diferentes normas que lo regulan. Con los conocimientos básicos sobre las instancias judiciales, y el contenido doctrinario y legal de los precedentes vinculantes, se procede a analizar un caso práctico que tiene que ver con el artículo 48° de Ley N° 24029, Ley del Profesorado, que establece una bonificación especial para los profesores del magisterio, en cuyo caso existe una controversia en cuanto a la forma de cálculo que debe tomarse para su otorgamiento. Dicha controversia fue resuelta por la Corte Suprema desde el año 2009 mediante una sentencia que resolvió el caso únicamente para las partes que intervinieron en el proceso, elevando dicha fórmula de solución al nivel de un precedente vinculante, es decir obligatorio para los demás jueces a nivel nacional, recién en el año 2013. Con ello la investigación se centró en revisar los casos de uno de los 5 Jueces Supremos que conforman la Sala bajo análisis, de quien se revisó los informes de uno de sus 3 Secretarios de Confianza, logrando determinar que de 324 expedientes vistos en el año 2014, hubo 37 referidos al artículo 48° de Ley N° 24029. Dichos procesos, que duraron en conjunto 116 años y 10 meses, podrían haberse evitado si el precedente vinculante se hubiera emitido en el año 2009, desde la vez en que la Sala Suprema asumió criterio en cuanto a la forma de cálculo de la bonificación, evitando también que el Estado y el mismo Poder Judicial inviertan tiempo y recursos en procesos judiciales que ya tenían una fórmula de solución. Con el análisis hecho se hizo una descripción de la situación de los precedentes vinculantes en la Corte Suprema, planteando alternativas para su mejor implementación como instrumentos de gestión para el fortalecimiento de la institucionalidad del país, presentando con ello una propuesta de procedimiento para su mayor efectividad para el Poder Judicial, para la sociedad, pero sobre todo, para el país. / Tesis

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