Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Autores no envían autorizaciones, para ser publicada en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile. / Al cumplirse más de una década de la inserción de profesionales del área gestión en los tribunales de justicia chilenos y encontrándonos ad portas de una nueva reforma procesal que permitiría incrementar el número de ese tipo de profesionales en el Poder Judicial, es oportuno analizar e investigar la percepción del rol de los gestores y la posible existencia de conflictos de rol como producto del cambio en la estructura organizacional. La inserción de este tipo de profesionales se produce escalonadamente a través de las Reformas Procesales, lo que ha permitido modificar el procedimiento de aplicación de justicia y al mismo tiempo introdujo una reforma en la estructura de gestión interna de tribunales, al crear los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y Juzgados de Letras del Trabajo, además de la modificación de algunos tribunales civiles transformándolos en tribunales bicéfalos. La investigación abarcó una serie de entrevistas semi-estructuradas, que permitieron a los investigadores diseñar un instrumento para acceder a la opinión de un universo probable de 240 Administradores de Tribunales del país a través de encuestas online. El estudio exploró la percepción que tienen los Administradores respecto al rol que desempeñan en la organización, en el marco de las reformas procesales del Poder Judicial chileno, con el objetivo de dar a conocer variables que pudiesen estar facilitando o dificultando el comportamiento en rol de estos profesionales en relación a las expectativas de la institución, información que puede ser relevante para los futuros procesos de modernización de la gestión interna de la justicia chilena. Este, es uno de los primeros estudios que se aboca al cambio en la estructura de gestión de los tribunales chilenos, utilizando la investigación-acción como herramienta, pretende ser el inicio de una serie estudios que se aboquen a analizar las dinámicas organizacionales que afectan a las personas en rol y la gestión de éstas, que permitan buscar respuestas y contribuciones para el mejoramiento de procesos al interior de las organizaciones, con el claro objetivo de optimizar la entrega de servicios de calidad a la sociedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos, introduce una serie de consideraciones elementales que debemos precisar tanto en Derecho Penal como asimismo, en Derecho Procesal Penal, a fin de interiorizarnos en el área de conocimiento que se escogió como tema de estudio. La orientación de su contenido refiere una breve presentación del Sistema Penal y de los Sistemas Procesales Penales, todo ello con la finalidad de conocer la naturaleza jurídica del modelo adoptado por nuestro país y que posee más de cien años de vigencia. Luego, un segundo capítulo entra a indagar en todas aquellas cuestiones relativas a la gestación de la reforma, tanto en el medio Latinoamericano, como en el nuestro. En este acápite se intentó una caracterización del modelo inquisitivo aún vigente en Chile y sus principales modificaciones, para concluir con la reforma misma en cuanto a su origen, materialización y proyección legal. Luego, un tercer capítulo pretende analizar el Marco Legal Regulador de la Reforma Procesal Penal estudiada. Para ello, se procuró analizar someramente las leyes introducidas al efecto, eso sí, sin las concordancias que serían propias del caso pero que sobrepasan los objetivos de la presente investigación. Por último, un cuarto capítulo intenta un análisis pormenorizado respecto del Juez de Garantía, considerado éste como una de las instituciones más importantes dentro de la nueva estructura procesal penal. Finalmente, valganos pedir las disculpas por las posibles falencias que el presente trabajo de investigación pueda presentar, no son sino las propias de una labor desarrollada en un tiempo muy limitado y por una persona que recién inicia su recorrido en esta querida profesión. Pasemos entonces a revisar de lleno el proyecto propuesto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de la presente investigación presentamos un problema que se encuentra escondido prometedoramente en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, actualmente en trámite legislativo. Este problema se centra en la aplicación del artículo 320 NCPC que establece la posibilidad de que testigos domiciliados en el extranjero puedan declarar en procesos judiciales chilenos. Es prometedor, porque como hemos analizado a lo largo del presente texto, el tráfico jurídico actual, cada día más internacionalizado, necesita una legislación que responda a esta internacionalidad. De esta manera, surgió como manera interesante la propuesta del legislador, escondida en un solo artículo, el artículo 320, que permite la declaración de testigos domiciliados en el extranjero. Sin embargo, es necesario que el legislador regule de qué manera sabrá de llevarse a cabo dicha declaración testimonial, para que esta nueva forma de prestar testimonio realmente cumpla con los imperativos de eficiencia y eficacia que se espera de ella. Esta investigación busca contribuir a este debate, entregando algunos elementos que consideramos importante para atar los cabos sueltos señalados y contribuir a la praxis legal y mantenga vigente el espíritu modernizador de la reforma NCPC. Para resolver las preguntas que han inspirado la investigación se analizó la normativa de España, de Inglaterra, Francia y la del País de Gales entorno latinoamericano se analizó la situación de Argentina, Colombia y Costa Rica, además de la legislación vigente en Chile y el proyecto de ley de NCPC.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado es la Sociedad jurídicamente organizada. Es la máxima institución social y, entre otros atributos, goza de una completa potestad jurisdiccional para realizar el Bien Común de las personas y entes que integran la sociedad. En gran parte, este objetivo se cumple con el Derecho, que es un conjunto de reglas de conducta que el hombre debe acatar, so pena de una sanción. En el Derecho hay que distinguir la forma del contenido: este es lo garantizado, lo que protege, como bienes, personas, intereses de la vida; la forma es la garantía misma, el precepto que ordena y sanciona. Según el contenido, la materia, los bienes protegidos, es privado o público, dando origen al Derecho Privado y al Derecho Publico. El fenómeno que caracteriza al primer sector es el contrato, así como el delito es lo que singulariza al segundo. El Estado, dentro de una multiplicidad de materias, reglamenta las relaciones contractuales del ordenamiento privado, que corresponden al Derecho Civil y al Mercantil, preferentemente, y las delictuales que se incluyen en la órbita del Derecho Penal. Contrato y delito son los dos fenómenos fundamentales de la sociedad que el Estado ha debido regular para una mejor convivencia: el primero, aunque expresión de la autonomía de la voluntad, es "dirigido" por el Estado para evitar abusos del derecho e injusticiasNote1. ;el otro, es expresión antijurídica que el Estado debe prevenir y reprimir para asegurar el orden público y la paz social

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las principales críticas que se hacen al derecho procesal civil chileno dice relación con el excesivo tiempo que lleva para las partes la resolución de un conflicto de relevancia jurídica. En especial al excesivo tiempo que le lleva a la parte vencedora dentro del proceso civil, toda vez que no sólo debe contemplar el tiempo para conseguir la sentencia condenatoria a su favor, si no también la fase de ejecución de la misma, asumiendo una carga de tiempo y económica muchas veces excesivas, no pudiendo acceder a una tutela judicial efectiva. Una de las instituciones que vendría a solucionar de cierta manera dicha situación, sería la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, la cual se encuentra contemplada dentro del Proyecto de Código Procesal Civil chileno. El presente trabajo tiene por finalidad analizar dicha institución desde su concepto, pasando por su naturaleza jurídica, procedimiento, hasta las ventajas y criticas de la aplicación de ésta en nuestra legislación procesal, permitiéndonos determinar en que contexto y bajo que criterios se podría llegar a aplicar en Chile, teniendo en consideración la forma en que se regula en el proyecto, como también teniendo a la vista la doctrina comparada, especialmente, la legislación procesal española, modelo de la regulación que se pretende adoptar. Concluyendo que la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, sería un instrumento idóneo, ya sea en este proyecto o para futuras modificaciones procesales, para acelerar el proceso en su etapa de ejecución trasladando la carga de soportar el factor tiempo al ejecutado. No obstante lo anterior, sólo tendremos certeza del mayor o menor éxito de la Ejecución Provisional sólo una vez que se comience aplicar dicha normativa por parte de jueces y abogados, encontrando en dicha aplicación los verdaderos límites a dicha institución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

No description available.

La temática abordada en esta tesis se inscribe en el campo de la Psicología Forense que se ha visto impulsado por los requerimientos desde el sistema de justicia a partir de la Reforma Procesal Penal iniciada en Chile a fines del año 2000. El nuevo proceso, de carácter adversarial, ha significado la transformación respecto de las prácticas periciales, modificando las condiciones en las que el Psicólogo entrega información relevante, siendo los Delitos Sexuales una de las áreas más frecuentes de participación. Respecto de los casos que involucran a menores, el Abuso Sexual Infantil representa más de la mitad de las denuncias, caracterizándose, a su vez, por la gran connotación social. En este contexto, la presente tesis está dirigida a conocer y comprender las características de los informes sobre peritajes psicológicos forenses realizados a niños y niñas presuntamente víctimas de abusos sexuales en el marco de la RPP chilena para analizar la relación de algunas de estas características con las conclusiones de los informes y con los resultados del proceso judicial penal. Para cumplir estos objetivos se incorpora un cuerpo de antecedentes teóricos y de investigación que sirven de marco comparativo para el análisis de informes periciales a partir del cual se reflexiona sobre los aportes de la Psicología en el área

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tomando en cuenta lo anterior, es que surge este trabajo de investigación, con el objeto de tratar el impacto de la Reforma Procesal Penal en la Constitución de 1980 y la situación de las Garantías Constitucionales o Derechos Fundamentales de orden procesal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.