Memoria licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país, desde el año 1993 se han generado intentos tanto doctrinarios como legislativos por modificar la situación a que están sometidos los privados de libertad, destacando en este trabajo el actual Reglamento Penitenciario chileno, contenido en el Decreto 518. Sin perjuicio de lo expresado, dicho Decreto presenta un sinnúmero de falencias que no han generado un cambio significativo de la realidad a la que están sometidos los usuarios de las cárceles en Chile. Dado lo anterior, se ha planteado la creación de una Ley de Ejecución de Penas, que permitiría generar un avance en el campo penitenciario, mas, como muchos intentos, no ha logrado concretarse normativamente. Debido al poco avance de los proyectos presentados, es que nos permitimos realizar el presente estudio, que tiene por objeto contribuir al conocimiento del estado actual del derecho penitenciario y desde esa perspectiva, representar una base en la discusión en torno a la reforma del mismo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación presenta al lector las bases teóricas, los orígenes y los principales elementos de una iniciativa- Programa de Tribunales de Drogas- destinada a la reinserción social y a la rehabilitación de drogas. La población objetivo de esta iniciativa son sujetos que hayan cometido delitos que pueden acceder a la suspensión condicional del procedimiento y cuyos análisis de consumo de drogas, arrojen positivo. Los mecanismos utilizados para la consecución de los fines planteados, están orientados a aumentar y extender la función jurisdiccional de los tribunales hacia la supervisión de las medidas decretadas. No obstante, hay quienes consideran que dichos fines escapan a las atribuciones constitucionales entregadas a los tribunales. En este estudio plantearemos algunas ventajas de ampliar dicha función, lo cual se traduce- en términos prácticos- en reforzar el rol social y que pueden llegar a tener el juez y los demás sujetos procesales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El nuevo sistema de justicia penal introdujo vías alternativas de solución a los conflictos penales. En este sentido, las salidas alternativas son herramientas que tiene el Estado para suspender la función persecutora, renunciando al juicio penal respectivo. La acogida de estas salidas por parte de los Tribunales se ha evidenciado en la aplicación de estos mecanismos en un sinnúmero de casos de diversa naturaleza, tales como aquellos que dicen relación con delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, en causas relacionadas con delitos económicos y de corrupción, entre otros. Así las cosas, las salidas alternativas se constituyen como una solución rápida y eficaz del conflicto penal. En general, la aplicación de las salidas alternativas resulta pertinente e idónea en un gran número de casos, sin embargo ha sido ampliamente discutido su uso en cierto tipo de delitos en atención a la gravedad y trascendencia de los hechos y personas involucradas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en el ámbito de los delitos de corrupción; este tipo de ilícitos ha adquirido gran relevancia en los últimos años por la cantidad, complejidad y exposición pública que traen aparejados los mismos, además, por sus características particulares, y a pesar de no ser un fenómeno exclusivo del sector público, estos hechos no sólo menoscaban las bases del sistema político imperante, sino que también producen un gran impacto en la sociedad y socavan las instituciones que sustentan el régimen democrático. El objetivo por tanto de este trabajo es analizar la utilización de cada salida alternativa en los distintos tipos de delitos relacionados a la corrupción y el rol que cumplen en su aplicación ciertos intervinientes procesales, desde una perspectiva crítica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En Chile cada 21 de mayo1 el Presidente de la República da cuenta al Congreso pleno del estado administrativo y político de la nación a través de un discurso o también llamado mensaje presidencial. Por medio de este discurso podemos saber cuáles son las políticas públicas que la administración de turno logró hacer en el último año y además cuáles pretende hacer en un futuro cercano. El objeto de este trabajo es analizar una muestra de estos discursos e identificar rasgos punitivistas en cuanto a las propuestas de las políticas criminales. Las administraciones que serán analizadas serán (i) la del primer periodo de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, la cual tuvo entre los años 2006 y 2009; y (ii) la del periodo correspondiente del Presidente de la República Sebastián Piñera, la cual se extiende desde el año 2010 al año 2013. Estas administraciones fueron seleccionadas porque son administraciones que operan bajo el mismo sistema procesal penal, el cual fue reformado el año 2000, lo que permite presumir que actuaron en un escenario similar en cuanto legislación vigente y los principios en que esta última se sustenta. Además, estas dos administraciones permiten analizar el punitivismo desde perspectivas distintas en cuanto pensamiento político, ya que éstas representan visiones contrapuestas de la política chilena. Los discursos seleccionados corresponderán a los dos primeros de cada administración, con el fin de analizar la primera reacción que tiene la administración, en el momento de asumir como gobierno de turno, en cuanto a punitivismo y luego se analizará el del año siguiente para así lograr apreciar una posible variación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tratará acerca de cómo se presenta el Principio de Especialidad en el Derecho Penal Adolescente chileno. En particular, se abordará la forma en que este principio se ha manifestado en relación a la figura de los jueces intervinientes en el proceso penal adolescente, actualmente regido por la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Para comenzar, el Capítulo I ilustrará las características de cada uno de los modelos de justicia penal juvenil presentes a lo largo de la historia. Se hará referencia a sus orígenes, al concepto que se tenía en ellos de Niño y Adolescente, a la finalidad atribuida a la justicia penal adolescente en las distintas etapas, al rol del juez y a las singularidades del procedimiento. Para culminar de darle esta necesaria ambientación a nuestra investigación, se hablará de la Doctrina de la Protección Integral y algunos detalles de su presencia en Chile. Acto seguido, en el Capítulo II se expondrá acerca de las exigencias que en el ámbito internacional se plantean en materia de adolescentes y su responsabilidad penal, con énfasis en lo que ocurre en relación a los jueces penales juveniles, cuestión central de esta memoria. El Capítulo III ofrecerá un estudio del tratamiento que distintos países, tanto americanos como europeos, han dado a la responsabilidad penal adolescente y, al mismo tiempo, se revisará en qué medida ha sido acogida la especialidad del juez en ellos. Para estar más cerca del objetivo planteado, el Capítulo IV aportará elementos para conocer y entender la realidad por la que atraviesa el país en el tema. Empezando por dar una pincelada a lo que ha sido la historia del Derecho Penal Adolescente en Chile, para continuar con el análisis de la ley vigente. A lo anterior, se agregará un apartado dedicado a los órganos judiciales y administrativos involucrados en el proceso penal de adolescentes, su enumeración y descripción, y, las que, a juicio de las autoras, son sus falencias. Finalmente, en el Capítulo V se darán a conocer las reformas propuestas al sistema imperante en el territorio nacional, modificaciones que aspiran a convertirlo en un modelo acorde a los nuevos estándares