El Estado garantiza el bienestar en el ámbito de la salud de las personas a través del acceso a medicamentos de calidad, y en el momento oportuno mediante la contratación pública eficiente, haciendo uso de la tecnología y de procesos más ágiles, menos burocráticos. Asimismo, otorgando un marco regulatorio a la actuación de los funcionarios y servidores públicos que cumplen sus funciones en pro del beneficio de la población. Toda compra ejecutada requiere del uso de los recursos públicos; es decir, del dinero de la población. En el Perú es un derecho acceder a medicamentos, aún persiste algún sector de la población que no puede beneficiarse, según la Encuesta Nacional de Usuarios en Salud [SUSALUD], en el 2015 el 55% de los pacientes del Ministerio de Salud [MINSA], a través del Seguro Integral de Salud [SIS], no consigue sus medicamentos recetados por falta de stock en las farmacias de los hospitales retardando la cura de las enfermedades y sus tratamientos, que probablemente sea origen de mayores dolencias, incluso, la muerte por falta de medicamentos. Por lo mencionado, es importante contar con procesos de adquisición de medicamentos eficientes y oportunos. En ese marco, se han impulsado reformas en la gestión de adquisiciones, algunas de las cuales incluyen la aplicación de modalidades modernas como es el caso de la Subasta Inversa como un mecanismo de selección de proveedores, que responde a un tema de actualidad, en la que interactúan las entidades públicas contratantes y a proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores [RNP] para proveer una gama de productos, entre los cuales están productos en salud descritos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes [LBSC] cuyas especificaciones de diseño, cantidad, calidad, entrega y términos relacionados a las condiciones se definen previo a la fase de Convocatoria. El presente estudio propone como principal objetivo analizar elementos más importantes que hacen más eficiente el proceso de compra centralizada de medicamentos a través de Subasta Inversa, herramienta estratégica de selección de proveedores, realizada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), que es la central de compras de recursos estratégicos en salud para el MINSA, desde la postura del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y del Área Usuaria (AU) de las instituciones de salud, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016. La información analizada es extraída de la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado [OSCE], del CENARES y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], que es información pública. Así como entrevistas xii semiestructuradas realizadas a los funcionarios y servidores públicos involucrados en las compras públicas de medicamentos de los hospitales de Lima metropolitana a través de las compras corporativas descentralizadas y facultativas. La importancia de estudiar y analizar el proceso de Subasta Inversa surge del reconocimiento de la búsqueda de eficiencia para adquirir bienes (medicamentos) y servicios canalizados a través de la materialización de las compras públicas. La experiencia internacional muestra que el incremento en el uso de las herramientas electrónicas como Subasta Inversa ha dado resultados positivos. De esta la manera, la investigación contribuye a identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la Subasta Inversa esperando contribuir directamente a mejorar los niveles de disponibilidad de medicamentos. Entre los más importantes hallazgos de la investigación se tiene evidencia de que i) las compras por Subasta Inversa han permitido, efectivamente, reducir el precio de los medicamentos, esto es visible en el ahorro en 22.5%, en promedio para periodo 2012-2016, con respecto al Valor Referencial1, ii) el uso de las Fichas Técnicas de los medicamentos permite asegurar las condiciones de la adquisición en teoría; no obstante, en la simplificación de las especificaciones se ha perdido parte del proceso que garantizaba la calidad, es una diferencia con respecto al modelo clásico de compras, iii) el ahorro en tiempo con respecto a la modalidad clásica disminuye en 41.6%, equivalente a 81 días hábiles en la etapa de selección de proveedores, y iv) el Área Usuaria se encuentra poco satisfecho con la gestión de la compra corporativa gestionada por el CENARES. A modo de recomendación, tras la evidencia de implementar una herramienta con predictibilidad documentaria y mejora de precios con la cual se ha logrado pues una mejor experiencia, aún los problemas de desabastecimiento de medicamentos persisten, pues requerirían abordar el análisis de la cadena de suministro. Es necesario destacar que para el éxito de la gestión de compra, la elección de una herramienta mediante la cual se ejecute deberá caminar adaptándose a la demanda de los usuarios finales y a cambios en el sistema de salud. Por ello, la importancia de mejorar la comunicación y coordinación de las entidades involucradas en las etapas de programación y ejecución contractual.

El presente artículo tiene como finalidad determinar si es viable el otorgamiento de autonomía presupuestal de los Consejos Regionales. (i) Desde el 2002, nuestro país se encuentra en constante y progresivo desarrollo de la descentralización. La Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización, determinan que los gobiernos regionales como organismos cuentan con autonomía política, administrativa y económica. Sin embargo, los Consejos Regionales son un órgano regional, los cuales ejercen funciones de carácter normativo y fiscalizador. Los Consejos Regionales están constituidos por consejeros regionales quienes representan a cada una de las provincias de una región. (ii) La función fiscalizadora permite que se realicen los controles necesarios al ejecutivo regional con la finalidad de determinar el cumplimiento de sus labores. Para el cumplimiento de dicha función, los recursos que le son asignados a los Consejos Regionales se encuentran supeditados a la disponibilidad y discrecionalidad de los gobernadores de turno, lo cual podría ser un factor limitante para la potestad fiscalizadora (iii) La normativa vigente requiere de reformas de carácter constitucional y legal, lo que se permitiría tener una independencia presupuestaria a los Consejos Regionales a fin de potenciar sus facultades fiscalizadoras a través de la contratación de servicios y adquisición de bienes. / The purpose of this article is to determine if the budgetary autonomy of the Regional Councils is necessary. (i) Since 2002, our country has been in constant and progressive development of decentralization. The Political Constitution of Peru and the Decentralization Bases Law determine that regional governments as organizations have political, administrative and economic autonomy. However, the Regional Councils are a regional body which exercise normative and supervisory functions towards the Regional Governments. The Regional Councils are made up of regional councilors who represent each of the provinces of a region. (ii) The supervisory function allows the necessary controls to be carried out by the regional executive in order to determine compliance with its tasks. In order to fulfill this function, the resources assigned to the Regional Councils are subject to the availability and discretion of the governors on duty, which could be a limiting factor for the supervisory power (iii) Current regulations require reforms of a constitutional and legal nature, which would allow the Regional Councils to have budgetary independence in order to strengthen their supervisory powers through the contracting of services and acquisition of goods. / Trabajo académico

El informe abordará la experiencia profesional obtenida durante el análisis de la intervención pública respecto a la implementación de las mesas de diálogo para el tratamiento de los conflictos sociales generados por la gran y mediana minería. El trabajo se realizó, en el año 2016, en el marco de las auditorías de desempeño de la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de mejorar la gestión pública; ya que se pretendía comprender la problemática en torno a las mesas de diálogo partiendo de la identificación de los cuellos de botella y sus posibles causas. Para ello, se usó técnicas cuantitativas (manejo de bases de datos, diseño y construcción de indicadores, selección de muestra y aplicación de criterios) y cualitativas (entrevistas a expertos, revisión documental y de la literatura) que permitieron encontrar los hallazgos entorno a las mesas de diálogo. A los hallazgos encontrados se les da una interpretación bajo la teoría económica con la finalidad de entender su plausibilidad.

La Contraloría General de la República cumple un rol estratégico en la gestión pública, es por ello que la función control que realiza se orienta a brindar los mejores resultados a la sociedad supervisando la labor de los gestores públicos, para que los recursos del Estado se destinen en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. El presente trabajo tiene por objeto evaluar porqué existen informes de auditoría en los que el Órgano Superior de Control frente a un mismo hecho administrativo, otorga tratamientos distintos en la aplicación de recomendaciones que los auditores formulan, para luego determinar responsabilidad a funcionarios y servidores por supuestas faltas administrativas. En ese sentido, me pregunto, ¿existe predictibilidad en las recomendaciones que formulan los auditores en los informes que emiten? Para imputar responsabilidad administrativa se debe investigar para sancionar o comprobar la probidad de quien eventualmente pudo ser injustamente comprendido en una acción de auditoría, motivo por el cual se requiere un régimen disciplinario que incluya mecanismos de quien no ha actuado en forma diligente al emitir un informe de control, así como un procedimiento que garantice el derecho de defensa previo al inicio de las correspondientes acciones administrativas o legales. En mi tesis explicaré, entre otros, cómo aparece la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos delegados por la sociedad al aparato estatal y cómo la función control es asumida por instituciones que en representación de la comunidad aportan bien común. Si bien es cierto la Contraloría General de la República cumple un rol preponderante en nuestra sociedad, también debe garantizar la calidad de los informes de control. Es por ello que los auditores deben contar con las competencias y capacidades técnicas suficientes en gestión pública y en otras especialidades, para evitar fiscalizar lo que no se conoce; asimismo, debe promover una conducta orientada a presumir la licitud del actuar del funcionario o servidor, priorizando el logro de las metas fijadas por las instituciones auditadas, respetando la discrecionalidad de los gestores públicos en las decisiones que adoptan, situación que coadyuvará a optimizar la gestión pública.

El presente informe evidencia mi experiencia laboral en el Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL) como asistente y analista de la Unidad de Presupuesto y Ejecución Presupuestal de la Oficina de Planificación y Presupuesto. En específico, abordará el trabajo realizado para la creación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del AF-2023 y como este está relacionado con los otros planes institucionales, esencialmente enfocado en el Plan Operativo Anual (POA) del AF-2023, ya que esté nos muestra las actividades a realizar en el presente año fiscal con un enfoque presupuestal. La importancia de llevar un correcto control de la ejecución del presupuesto es que, a través del mismo, se puede medir de la calidad del gasto y la eficiencia operativa del FOVIPOL. Asimismo, expongo la problemática encontrada al momento de hacer las estimaciones de ingresos y egresos de manera eficiente con las mejoras implementadas.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

El presente trabajo pretende presentar las principales características del procedimiento de saneamiento físico legal de bienes estatales, a la luz de las reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y del Sistema Nacional de Abastecimiento. Profundizaremos sobre las implicancias teóricas y prácticas que supone la creación de un nuevo sistema administrativo, la distinción entre “predios” e “inmuebles” y cómo ello influye en el saneamiento físico legal. Para ello, realizaremos un análisis predominantemente normativo de las leyes, reglamentos y directivas que regulan ambos sistemas, así como de las disposiciones que definen el saneamiento. Complementariamente, nos referiremos a otras entidades que realizan actos de saneamiento físico legal para entender los alcances de este concepto. Asimismo, identificaremos los elementos relevantes que las entidades públicas deberán tener en cuenta para la elaboración de los documentos administrativos que contengan actos de saneamiento, los que serán sometidos a calificación registral, a fin de lograr el objetivo principal del procedimiento: que los registros públicos reflejen la situación física y jurídica actual del predio o inmueble por medio de la inscripción. Nuestra investigación encontró que la distinción entre predios e inmuebles obedece a propósitos operativos, lo que produce contradicciones teóricas en la aplicación del procedimiento de saneamiento; es decir, demostraremos que las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que deberían regir solo para predios, terminan aplicándose a inmuebles, a pesar de pertenecer al Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que puede causar problemas de interpretación y aplicación a futuro. / The current article pretends to introduce the main characteristics of the regularizarion process of state property, according to the rules of the National System of State Property and of the Narional Supply System. We will delve into the theoretical and practical implications that supposes the creation of a new administrative system, the distinction between “land” and “edification” and how that weights on the regularization process. To that purppose, we will perform a predominantly normative analysis of the laws, regulations and guidelines that regulate both systems, as well as the legal provisions that define regularization. As a complement, we wil reffer to other state entities that carry out acts of regularizarion to understand the range of this concept. Furthermore, we will identify the relevant elements that public entities must take into account for the elaboration of administrative documents that contain regularization acts, which will be subject to registry qualification, in order to achieve the main objective of the process: that the public registry reflects the current physical and legal situation of the land or edification through registration. Our research has found that the distinction between land and edification obeys operational purposes, which produces theoretical contradictions in the application of the regularizarion process; in other words, we will demonstrate that the norms of the National System of State Property, that should apply only to lands, also applies to edifications, despite belonging to the National Supply System, which can cause problems of interpretation and enforcement in the future.

En el 2007, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impulsó un proceso de desconcentración de sus servicios de orientación y atención a usuarios de telecomunicaciones, supervisión al comportamiento de las empresas de los servicios de telecomunicaciones y resolución de los Recursos de Apelación de los Reclamos de usuarios y quejas en cada departamento. Veintitrés (23) Oficinas y nueve (09) Centros de Orientación fueron implementadas. Esta investigación se pregunta ¿cuáles fueron los factores o condiciones que afectaron el proceso de desconcentración del OSIPTEL? e identifica los aspectos que facilitaron y limitaron los cambios entre el 2007 y el 2017. La información ha sido recogida de documentos oficiales, informes y entrevistas semiestructuradas a actores que intervinieron en el proceso. Se concluye que los factores que afectaron positivamente el proceso son: el liderazgo y compromiso de sus líderes, el entorno político favorable, disponibilidad de recursos económicos (presupuesto asignado), el fortalecimiento de capacidades del personal y la gestión de la información. Los factores que limitaron el proceso fueron la resistencia al cambio, las dificultades de adaptación y la burocratización. El trabajo abre la oportunidad a nuevas investigaciones y permite comprender procesos de reformas de gestión institucional en el Perú. / In 2007, the regulatory body for telecommunications (OSIPTEL) initiated a deconcentrating process of its service delivery to consumers (orientation to consumers, oversight to companies, and complaints appeal procedures). Twenty-three (23) offices and nine (09) orientation centres were implemented. This investigation aims to ask the research question ¿which were the factors that affected the deconcentrating process of OSIPTEL? This research seeks to identify the enabling and limiting factors that affected changes between 2007 and 2017. The information has been collected from official documents, reports, and semi-structured interviews to actors involved in the process. Conclusions derived from the analysis identify factors that positively affected change: i) the leadership and commitment of its leaders to processes, ii) the favourable political environment, iii) availability of economic resources (assigned budget), iv) capacity building of staff and information management. Moreover, negative factors were: i) the resistance to change, ii) adaptation difficulties, iii) bureaucratization, and iv) processes delays. This work opens the opportunity for new research and allows to understand processes of institutional management reforms in Peru.

El constante incumplimiento de los compromisos que asume el Estado peruano en conflictos mineros es una problemática sobre la cual aún no se identifican sus principales causas. Se reconoce que existe una dinámica procedimental recurrente, con énfasis en el periodo 2004-2019, en la que el Estado interviene y asume acuerdos, pero, posteriormente, se incumplen y el conflicto resurge. Por tanto, resulta apremiante determinar los factores que explican las brechas en la gestión del cumplimiento de acuerdos que, finalmente, dificultan a que estos se concreten. Al respecto, se proponen cuatro hipótesis, las cuales acercan sus consideraciones sobre: la baja capacidad de las entidades a cargo de los acuerdos y de las entidades responsables del monitoreo de estos, la deficiente coordinación multisectorial, la ausencia de voluntad política, y el negligente diseño de los compromisos en las mesas de diálogo. El referente empírico que escogemos, mediante una selección intencional, es el conflicto en Las Bambas, dado que es un caso representativo de la dinámica procedimental en mención. En ese sentido, empleamos un estudio de caso que nos aproxima a realizar generalizaciones sobre los conflictos mineros con esa secuencialidad. Asimismo, nos apoyamos en la metodología de process tracing para hacer la reconstrucción del proceso que siguen determinados compromisos y, de esa forma, analizamos evidencia que sustente las afirmaciones causales de nuestra hipótesis. Se concluye que, debido a que existe un vacío en la literatura respecto a las causas de dicha problemática, el aporte de este proyecto de tesis cobra relevancia, ya que contribuye a evidenciar los factores que explican la generación de brechas en la gestión del cumplimiento de acuerdos.

La experiencia laboral que abordaré para el Trabajo de Suficiencia Profesional será la de asistente en la consultoría contratado por USFS Forest Program. Esta consistió en brindar asistencia técnica a OSINFOR y la Gerencia Forestal Regional de Loreto, en la elaboración de la estructura de costos de sus actividades, vinculadas al Programa Presupuestal 0130 ‘‘Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre’’ (PP-0130). La importancia de esta consultoría recae en el poder brindar facilidades a los encargados, así como a sus diversos equipos, sobre cómo gestionar y estructurar sus gastos operativos. De tal manera, que las estructuras que manejen vayan de la mano con las que presenta PP-0130 y puedan ser sustentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de manera rápida, sencilla y eficiente. En ese sentido, mi trabajo como asistente de la consultoría consistió principalmente en cuatro actividades: la revisión de las diferentes actividades operativas y presupuestales que contempla el Programa Presupuestal 0130; el repaso y comprensión de la “Guía para el desarrollo de línea de producción y costeo de productos de programas presupuestales” del MEF; y finalmente, la implementación de la “Guía para el desarrollo de línea de producción y costeo de productos de programas presupuestales” en la formulación presupuestal de una de las diferentes actividades que conforman el PP-0130.