Memoria para optar al título profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / La modificación al Código de Aguas realizada el año 2005 estableció la patente por no-utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas, debido a que el sistema implementado en 1981 permitía obtener recursos hídricos sin obligación de utilizarlos, produciendo que derechos en desuso agotaran legalmente fuentes de agua e impidiendo que proyectos de uso efectivo accedieran al recurso. El propósito de este estudio es revelar los efectos de la aplicación de la patente. Su justificación nace de lo inusual e interesante que resulta un cobro por no-utilización del agua, en un contexto internacional donde predomina el cobro por tenencia del agua. Los objetivos específicos para examinar los efectos de la aplicación de la patente fueron determinar si ha sido un desincentivo eficaz para poseer derechos sin uso, y determinar externalidades socio-ambientales reales y potenciales asociadas. Para el primer objetivo, la metodología consistió en analizar descriptivamente dos comparaciones: i) montos cobrados versus pagados por concepto de patente, y ii) precios de mercado de derechos versus montos cobrados por la patente. Para el desarrollo del segundo objetivo, se aplicó una entrevista semi-estructurada a funcionarios de la Dirección General de Aguas y a expertos internacionales conocedores del modelo chileno de aguas. Los resultados muestran que en los sucesivos procesos ha ido aumentando el porcentaje de pago respecto al monto total afecto a patente, desde un 67% en 2007 hasta un 81,4% en 2009. Además, se determinó que son necesarios varios años de pago de patente para superar los precios de mercado de los derechos de agua. Aparte, se revelaron seis externalidades socio-ambientales. Las conclusiones muestran que la patente no está desincentivando eficazmente la no-utilización de derechos, puesto que en general los titulares pagan para no perder derechos cuyos precios superan los equivalentes en patentes. Adicionalmente, se concluye que las externalidades socio-ambientales negativas son temáticas complejas que incluso podrían motivar modificaciones legales. / The Water Code modification (2005) established the fee for non-use of water rights, given that the system implemented in 1981 allowed obtaining water rights without an obligation to use them. The objective of this work is to reveal the effects of fee application. Its justification stems from the unusual charge for non-use of water in an international context dominated by charge for water possession. The specific objectives to examine the effects of fee application were: 1. determining whether it has been an effective disincentive to own rights without use, and 2. determining real and potential associated socio-environmental externalities. The methodology was: 1. analyzing descriptively two comparisons: i) amounts billed versus amounts paid for fee concept, and ii) rights market prices versus amounts charged by the fee; and 2. applying a semi-structured interview to state officials and international experts. The results show that in the successive processes an increase of the payment percentage respect to the total amount subject to fee. Furthermore it was determined that it takes several years of fee payment to overcome market prices of water rights. Separately, six socio-environmental externalities were revealed. The conclusions show that the fee is not effectively discouraging the rights non-use. Additionally, the negative social-environmental externalities are complex and could motivate legal changes.

La presente investigación busca aproximarse al conflicto por el agua en la comunidad de Chusmiza en la Región de Tarapacá, desde la observación de segundo orden, y cuyo objetivo se orientó a identificar las distinciones, cómo se construyen y cómo se ponen en funcionamiento desde los actores, junto al papel que juega el estado en dirimir estos conflictos. Se recopiló información a partir de entrevistas y el análisis de contenido de 25 documentos que ilustran el conflicto, centrándonos en las demandas judiciales por ser éstas el plano en que las distinciones operativas de los involucrados se ponen en juego, lo que denotó el surgimiento de una interesante paradoja que posiciona a ambas partes con similares derechos sobre el agua en disputa, lo que genera importantes cuestionamientos sobre el papel del Estado a la hora de generar los marcos adecuados para la resolución de conflictos no solo hídricos, sino ambientales en general.